El Gobierno se vale de la ambigüedad de la Corte de Constitucionalidad para desafiar a la ONU

Jovel explicó que el presidente Jimmy Morales “instruyó que se remita una nota diplomática a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas para que se proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado de la CICIG”.

Todo ello ante la inacción del Ministerio Público. La fiscal general, María Consuelo Porras, dijo que la Fiscalía no iniciará ninguna investigación de oficio ante la supuesta desobediencia en la que habrían incurrido los altos funcionarios del Gobierno. Es a la Corte de Constitucionalidad, señala, a la que debe determinar si existe o no la comisión de ese delito.

La misiva, a la que tuvo acceso Plaza Pública, muestra a una canciller desafiante, que afirma que la decisión sobre el desconocimiento de Velásquez como comisionado “es definitiva y no negociable”. En un lenguaje alejado del diplomático, “conmina” al secretario general de la ONU, António Guterres, a que en un plazo de 48 horas —que concluirán el miércoles por la mañana— designe a un sustituto o sustituta que tenga el beneplácito del Gobierno. Y que será el responsable de concretar "la transferencia de capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas y acciones administrativas para el retiro correspondiente”.

En la nota diplomática, Jovel llega incluso a abroncar a Guterres, acusándole de generar una “confusión”, a su juicio “inaceptable” por los comunicados de apoyo al comisionado, y de antemano lo responsabiliza de las consecuencias en caso de no plegarse a sus demandas. “Se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de un comisionado en los plazos que se ha solicitado”, dijo Jovel, acuerpada por Degenhart y por el procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, los otros pilares de la terna que ha secundado a Morales en su ofensiva contra la agencia anticorrupción.

La canciller no aceptó preguntas de la prensa. A gritos, los periodistas lanzaron varias interrogantes. La más preocupante: “¿A qué se refieren con ‘cualquier consecuencia’?”.

A falta de Jovel, fueron Degenhart y Donado quienes respondieron. No concretaron cuáles serán las posibles repercusiones de que Guterres no nombre un nuevo comisionado en el plazo exigido.

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El ministro de Gobernación dijo que su cartera “se encuentra en apresto” para cumplir la resolución de la Corte, con la salvedad de que Velásquez “no ingresará a territorio nacional”. Para respaldar su decisión, Donado Vivar señaló que, como abogado del Estado, realizó una interpretación del dictamen de la Corte de Constitucionalidad: “La resolución en ningún momento refiere permitir el ingreso del comisionado”.

Aquí entra el debate fundamental. El Gobierno se aferra a una idea: que la Corte no menciona el nombre de Velásquez en su fallo. Esto sí lo hizo hace un año, cuando aceptó el amparo contra la decisión de Morales de declararle “non grato”. Según explicó Santiago Palomo, vocero de la Corte, esta omisión obedece a que se toma en consideración el convenio suscrito en 2006 entre el Estado de Guatemala y la organización de Naciones Unidas.

Palomo hizo mención el artículo 10, que dice que “el Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”. Esto incluye la “exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros”.

Sin embargo, aquí hay otros dos puntos relevantes. Por un lado, el artículo cinco del convenio dice que es el secretario general de la ONU quien designa al comisionado. Por otro, el artículo 12, señala que cualquier controversia “se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”.

El gobierno obvia el punto cinco e insiste en arrogarse derecho a veto sobre el comisionado, ya que exige acuerdo entre las partes.

El reclamo de que la ONU nombre a un sustituto para Velásquez no es nuevo en esta crisis. Lo formuló el presidente el 6 de septiembre, en el momento en el que compareció para explicar la prohibición de ingreso al país del jurista colombiano. En aquel momento, solicitó a António Guterres que la institución que dirige escogiera a otro responsable de la Cicig que se encargue de la transición hasta el cese definitivo de trabajos, previsto para septiembre de 2019.

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En ese momento, el secretario general de la ONU reaccionó expresando su apoyo a Velásquez. De hecho, le pidió al comisionado que se mantuviese en el puesto y trabajase desde el exterior de Guatemala hasta que la situación se aclarase. El domingo por la noche parecía que ese momento había llegado. De hecho, el vocero de la Cicig, Matías Ponce, señalaba que “el comisionado está trabajando en Nueva York siguiendo la decisión del secretario general y esperamos, según el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que pueda retornar en breve plazo a Guatemala”.

Para conocer cómo se recibió la noticia en Nueva York, Plaza Pública se puso en contacto con Stephan Dujerric, portavoz del secretario general de la ONU. A la hora de cerrar la nota no había recibido respuesta. Hace once días, cuando se inició la crisis y la canciller Sandra Jovel cuestionó al comisionado, Dujerric rehusó hacer comentarios más allá de reiterar que “el secretario general ha expresado repetidamente su apoyo al trabajo de la comisión y el comisionado”.

Cabe recordar que el martes 18 comienza en Nueva York el período 73 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Ahí tendrá su turno de palabra Jimmy Morales, quien podrá explicar, ante Guterres y los socios financiadores de la Cicig, su guerra contra el comisionado Velásquez. Este puede ser un buen escenario para que se debata sobre la idea de una “Cicig reformada”, tal y como ha sugerido el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

Según la magistrada Gloria Porras, en entrevista con Emisoras Unidas, este planteamiento era el que tenía en mente la Corte cuando incluyó en su fallo el llamado al presidente a negociar con Naciones Unidas. Sin embargo, esa opción ya había sido descartada por Jorge Skinner-Klée, embajador guatemalteco ante la ONU. Esto hace que, si nadie lo remedia y con año electoral por delante, la agencia anticorrupción tenga sus días contados: su mandato expira el 3 de septiembre de 2019.

El domingo, la Corte resolvió denegar los cuatro amparos que se habían presentado contra la orden de Morales de no renovar el convenio. Era esperable. Había unanimidad en que esa decisión entra dentro de las competencias del presidente.

Dos formas de explicar un fallo unánime y ambiguo

Horas antes de que Jovel, Degenhart y Donado ratificasen el desafío, Plaza Pública cuestionó a dos abogados constitucionalistas sobre el fallo: Alejandro Balsells y Alexander Aizenstatd. Ambos consideraron que no dejaba lugar a dudas, que el Gobierno debía permitir la entrada a Velásquez y que incumplir este mandato era incurrir en un delito. “La resolución es clara, (el comisionado) entra. El presidente tiene que negociar con la ONU, pero eso es el fondo del asunto”, dijo Balsells. “Un amparo es contra un acto. Cuando se acepta, se detiene el acto. El acto es la prohibición de Iván Velásquez. Si eso queda suspendido, puede ingresar”, afirmó Aizenstatd.

El problema llegó cuando integrantes de la propia Corte comenzaron a enmendarse en público. Hablaron en Emisoras Unidas tanto la presidenta, Dina Ochoa, como la magistrada Gloria Porras. Su lectura sobre lo firmado no era tan unánime como las cinco firmas que se estamparon en el fallo.

Preguntada sobre si el comisionado podría ingresar al país inmediatamente, Ochoa dijo que “la resolución en su inciso segundo habla de permitir el ingreso del comisionado, deberá realizarse en armonía con el acuerdo 12 del mandato de Cicig”. Es decir, que podría interpretarse que el regreso está condicionado a una negociación entre Guatemala y la ONU.

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Ochoa se negó a aclarar si, de acuerdo con el fallo, el presidente Morales insiste en impedir el ingreso de Velásquez al país, eso constituiría un acto de desobediencia al máximo tribunal constitucional. “No le podré contestar eso, especialmente a que lo dije enfáticamente que por ética, los magistrados hicimos términos y compromisos de que no contestaríamos ni especularíamos en cuanto al conocimiento de la resolución emitida”.

Porras, en cambio, afirmó que la sentencia “es absolutamente clara”, en el sentido de que permite la vuelta de Velásquez de inmediato. En su opinión, no cabía “caer en juego de palabras, interpretaciones que llevan a confusión o falsa expectativa de que la resolución no debe cumplirse”.

Eso es, precisamente, lo que hace el Gobierno, que trata de dejar la pelota en el tejado de la ONU e incluso minimiza lo dicho por Porras. “Si la magistrada emitió una opinión distinta a lo que se resolvió por parte del pleno de la Corte, ella asumirá la responsabilidad”, dijo el procurador, arrogándose la interpretación sobre la sentencia.

La ambigüedad respecto a si de acuerdo con el fallo de la Corte de Constitucionalidad, Iván Velásquez podrá ingresar al país cuando lo desee o hasta que el Gobierno y las Naciones Unidas resuelvan sus diferencias, se podrá despejar hasta que se pida a los magistrados aclarar los términos de la resolución. Hasta el cierre de esta nota nadie lo había solicitado, y según la ley el plazo para ello vence la noche del martes.

El debate pasa de la desobediencia a la interpretación

Hasta el mediodía del lunes, el gran interrogante era saber qué ocurriría si Morales desobedecía la orden de la Corte. Había preparado el terreno el presidente cuando, hace dos semanas y rodeado de policías y militares, advirtió por primera vez su disposición a “no acatar órdenes ilegales”. Con su maniobra, el gabinete ubicó la discusión en otros términos: la interpretación de la propia sentencia. “Yo no contradigo a ningún funcionario, simplemente estoy leyendo la resolución, y la resolución es clara”, dijo Donado antes de abandonar apresuradamente la conferencia del lunes.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad marca las pautas sobre qué ocurre en caso de desobediencia y hasta dónde llega la autoridad de la Corte. En su artículo 32, establece que “si la persona a quien se haya notificado la suspensión desobedece la orden judicial y sigue actuando, el tribunal que conozca del proceso ordenará inmediatamente su encausamiento, librándose para el efecto certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal que corresponda”. En el artículo 69, indica que “contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad solo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a ley”. En el 185, subraya que “las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder público y órganos del Estado, y tienen plenos efectos frente a todos”.

“La Corte puede destituir a cualquier funcionario que no haya sido electo”, explica Alexander Aizenstatd, preguntado sobre qué mecanismos podría aplicar para hacer cumplir su mandato. Esto aplica desde un ministro hasta el último funcionario que desacate. El constitucionalista recuerda que esto ya ocurrió en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando los magistrados cesaron, en 2010, a Bienvenido Argueta, ministro de Educación durante el mandato de Álvaro Colom.

Antes de valorar los mecanismos de la Corte, es imprescindible fijar qué entiende el fallo por “desobediencia”. “Esta orden se considerará incumplida en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del Comisionado o la Comisionada”, dice la sentencia. Y aquí nos encontramos con la duda fundamental: ¿desobedecen los funcionarios del gobierno al anunciar que impedirán el ingreso de Velásquez si este intenta regresar a Guatemala?

El abogado constitucionalista y excanciller Gabriel Orellana lo ve claro: “El presidente está desobedeciendo la disposición de la Corte de Constitucionalidad. Estamos configurando un golpe de estado técnico”.

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Orellana hace hincapié en que “procesal y constitucionalmente hablando” ni Sandra Jovel, ni Enrique Degenhart, ni Jorge Luis Donado Vivar “tienen legitimación procesal para hablar en boca del presidente”. Esto, porque la resolución de la Corte únicamente menciona a Jimmy Morales, a Carlos Emilio Morales, director General del Instituto Guatemalteco de Migración y a Raquel María Vicente, coordinadora de la subdirección de Control Migratorio, quien firmó la carta en la que se prohibía el ingreso de Velásquez. “De aplicarse las responsabilidades jurídicas, los que va a salir pagando las cuentas penales van a ser ellos tres”, concluyó.

Pero según la fiscal general, Consuelo Porras, las cosas no son tan sencillas. El Ministerio Público, aseguró la tarde del lunes, está esperando a que sea la Corte la que determine si hay desobediencia para actuar. No lo hará antes. “Le corresponde a la Corte establecer, en primer lugar, si hubo cumplimiento o incumplimiento de lo ordenado. Será esta la que dice la ley, que de oficio o de parte, debe certificar lo conducente para que el Ministerio Público pueda proceder”. Dicho de otro modo: no actuará hasta que lo ordenen los magistrados.

En el mismo momento en el Porras explicaba sus razonamientos jurídicos a los periodistas, organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos presentaban ante la Fiscalía una denuncia contra Morales, Jovel, Degenhart y Donado. “No se requiere que capturen a Iván Velásquez en el aeropuerto. Ellos ya anunciaron su desobediencia y esa es la consumación del delito”, dijo Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua).

A pesar de todas las miradas están puestas sobre ellos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tampoco mueven ficha. “El fallo ya fue emitido. No hay postura del pleno”, explicó a los periodistas el vocero de la Corte, Santiago Palomo.

Toca esperar a que Guterres reaccione ante el desafío del gobierno de Guatemala, y a que Alfonso Carrillo, el abogado al que la Corte otorgó el amparo, presente una petición de aclaración en la que pida que los magistrados detallen si Velásquez puede o no entrar al país.

Mientras, la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos ha convocado a una movilización masiva en la capital para el jueves 20 de septiembre, en la que exigirán la renuncia de Morales. A esta se unirán estudiantes de 16 centros regionales de la universidad estatal, que manifestarán en sus respectivos departamentos, así como colectivos urbanos y otras organizaciones sociales.

La crisis sigue en ciernes.