El modelo de aldea de Oxec: “éxito” basado en “capacidad productiva y posibilidad de cancelar sus deudas”

Este plan está dirigido por el antiguo cónsul israelí en Guatemala. Entre sus líneas de actuación: un modelo para mejorar la productividad de las aldeas y transformar su estructura social. “El éxito a largo plazo de cada una de las familias está basado en su capacidad productiva y su posibilidad para cancelar sus deudas”, dice. Una idea que justifican por la pobreza de sus pobladores pero que puede afectar a la cohesión del territorio, dividido ante la presencia de la planta energética.

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En febrero de 2017, el sacerdote Felipe Cotzalo, cura en la Iglesia de Santa María Cahabón, recibió una extraña visita. Se trataba de un ciudadano israelí acompañado por otro hombre. Venía con una oferta. Mientras que el primero accedía al interior del templo, segundo se quedó en la puerta, en la zona más alta del municipio, desde donde se tiene una vista de todo el casco urbano, una sucesión de casas humildes que se elevan de forma desordenada. “Me planteó que quería ayudar a los comunitarios a ser más productivos. Y me dijo que podía conseguirnos proyectos”, recuerda. El religioso explica que tiene por costumbre sentar a las visitas en un patio en el interior de la iglesia. Se trata del mismo porche en el que se realiza esta entrevista. Nada más atravesar la puerta se abre un jardín. A la izquierda, el acceso a una de las salas parroquiales. En la pared, de piedra, permanece colgada una imagen de monseñor Óscar Romero, asesinado en El Salvador en 1980.

Algo le decía al sacerdote, perteneciente a la orden de los dominicos, que aquel israelí cargado de promesas ocultaba algo. Por eso optó por mantenerse callado la mayor parte de su conversación. El instinto no le falló.

“Tuvimos en Cahabón un interesante encuentro con dos sacerdotes de la iglesia católica (el padre Felipe y el padre Cristóbal), luego de una amena charla (sin dar a luz nuestra conexión con el proyecto Oxec), convenimos que si las comunidades en forma organizada piden misa, ellos estarán dispuestos a incrementar las visitas a las comunidades del Proyecto Nueva Vida”.

Este párrafo aparece dentro del informe que la empresa GU-IS Corporation Sociedad Anónima (acrónimo de las dos primeras sílabas de Guatemala e Israel) realizó para Oxec S.A., compañía propietaria de las dos hidroeléctricas que, con el mismo nombre, operan en los ríos Oxec y Cahabón, en Alta Verapaz. Se trata de un documento en el que se analiza la situación económica y social del municipio, centrándose en las once aldeas que en 2012 suscribieron convenios con la generadora de energía. En él se establece un plan para desarrollar un proyecto agrícola y ganadero denominado “Nueva Vida” que debería ser aplicado en cinco de esas comunidades. En concreto, en Seasir, La Escopeta, Pulisibic, Chacalté y Sactá Sector 8, todas ellas situadas dentro de la denominada “área de influencia” de la planta energética.

Las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II forman parte de un proyecto ideado en 2012, que recibió su primer permiso en 2013. Funciona desde 2015 y en 2018 se prevé poner en marcha su segunda planta. Su presencia ha generado controversia. Un total de 18,000 vecinos mayores de edad de Santa María Cahabón votaron contra ella en la consulta de buena fe celebrada el 27 de agosto. El municipio cuenta con 26.000 habitantes empadronados, una cifra que se duplica, hasta los 70.000, según los organizadores de la consulta de buena fe, si se toma en cuenta aquellos que no cuentan con DPI. La Corte de Constitucionalidad obligó a través de una sentencia emitida el 26 de mayo, a celebrar una consulta en las once comunidades del “área de influencia”. El proceso está en manos del MEM.

Si se trataba de un plan para mejorar la vida de los comunitarios, era raro que en su primera visita sus promotores ocultaran su verdadera condición.

“Cierra la boca y no digas nada”, asegura el padre Felipe que pensó en cuanto el israelí comenzó a hablar. Le dejó una tarjeta con su nombre y su correo electrónico. El sacerdote nunca le respondió. Ahora dice que ha perdido aquella identificación.

Roi Yaacov, responsable de GU-IS, la consultora contratada por Oxec, declina responder a las preguntas de Plaza Pública. Así que desconocemos la identidad de su empleado. Solo sabemos que es calvo, de complexión ancha y con barba. Que se presentó como antropólogo. Y que no dijo que, en realidad, era enviado de una empresa pagada por la hidroeléctrica.

Roi Yaacov fue cónsul de la Embajada de Israel en Guatemala entre los años 2010 y 2013. También responsable del Área de Negocios en la legación hebrea. Actualmente, según su cuenta de Linkedin, trabaja como responsable de Negocios del Ayuntamiento de Jerusalén. Ambos países han mantenido históricamente una estrecha relación política, comercial y militar. Guatemala fue el segundo país, tras EEUU, que reconoció al Estado judío en 1948. Durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, entre 1980 y 1982, Tel Aviv ya era el principal proveedor de armas a un Ejecutivo responsable de crímenes de genocidio. Una de las reglas de la guerra es que quien provee de armas, si su cliente no sale malparado, se queda con parte del pastel de la reconstrucción.

El socio de Yaakov como administrador único es Hugo Rodolfo Roitman Braier, empresario argentino-israelí también conocido como Uri Roitman. Roitman adquirió relevancia pública en febrero de 2016, cuando fue arrestado como uno de los principales responsables de la estafa del “agua mágica” del lago de Amatitlán. Se trata de un fraude multimillonario por el que la empresa Tarcic Engineering Ltd. obtuvo un contrato por Q137 millones a cambio de una supuesta fórmula que debía descontaminar el río. Finalmente, trece personas fueron detenidas, acusadas de diversos delitos. Entre ellas se encontraba Mario Alejandro Baldetti, hermano de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Esta última también se encuentra sindicada por el caso.

Valeria Prado asegura que en Oxec desconocían que Roitman Braier se encontraba detrás de la empresa que contrataron para el proyecto agrícola.

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La compañía GU-IS se constituyó en febrero de 2014, con un capital de Q10 millones. Según su patente, el objeto de la empresa es “desarrollo de todo tipo de actividad y proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento, manejo de aguas vivas potables, drenaje, infraestructura, perforación, energía solar, ganadería, agricultura y agroindustria, acuaculutura, industria de aves, avicultura, agropecuaria, industria lechera, servicios de catastro, tecnologías de información y electricidad, servicios por contratación municipal y otros servicios de logística y marketing”.

GU-IS no es la única empresa de origen israelí vinculada a Oxec S.A. Levantar las plantas energéticas está en manos de Solel Boneh, la principal constructora del Estado asiático. La hidroeléctrica, sin embargo, es propiedad de la familia González Asturias, tiene capital guatemalteco y se estructura como filial de la firma Energy Resources Corp., con sede en Panamá.

Según explica el sacerdote, el israelí aseguraba que su objetivo era colaborar con las comunidades, aldeas rurales en un entorno, el de Alta Verapaz, terriblemente empobrecido. Le dijo que, tras hablar con los pobladores de las aldeas, estos le habían transmitido su voluntad de recibir más servicios religiosos. Que quería conocer las necesidades de la iglesia para poner fondos a su disposición.

Nunca dijo que ese dinero procedería de Oxec.

El sacerdote Cotzalo lee la parte del documento en la que se reconoce que el emisario de la empresa trató de engañarle. No se sorprende, aunque se siente molesto. Le preocupa que pueda utilizarse para vincular su nombre con la hidroeléctrica.

“Le dejé claro que yo estaba en contra, eso sí que se lo aseguro”, insiste, y quiere hacer una fotocopia de esa parte del informe, por si acaso.

En un contexto de disputa en el interior de las once comunidades, la Iglesia es un factor de cohesión, que media para que la sangre no llegue al río. Eso hizo recientemente con la aldea de Las Tres Cruces, en la que celebró una misa de reconciliación debido a las tensiones que se habían desatado entre partidarios y detractores de la empresa. Aquí los pleitos también tenían que ver con el uso de los Q 100 mil que la compañía entrega anualmente a la aldea cambio de apoyo y de que los pobladores den la espalda a las organizaciones contrarias a la infraestructura. Una cláusula que, según promete Oxec, va a ser eliminada dentro del proceso de diálogo iniciado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El sacerdote asegura que el documento de la empresa incurre en una inexactitud. Afirma que el israelí solo habló con él y no con "Cristóbal", otro cura miembro también de la congregación. Pero reconoce que el texto es fiel a la conversación en lo referido a la demanda de oficios religiosos. Es decir, si las comunidades le reclamaban más misas, él no tendría inconveniente en desplazarse. La única condición era que pagaran los Q 200 con los que se financia cada servicio. Con eso se sufraga el combustible, el chófer y el desplazamiento.

Recuerda que habló con sus compañeros religiosos y que todos convinieron en guardar prudencia. Que aquella visita no les olía bien.

“En una reunión que hemos tenido en nuestra junta directiva hemos decidido evitar hacer la entrevista”, responde por Whatsapp Roi Yakov, responsable de la consulta contratada por Oxec. Somos una empresa profesional y no queremos involucrarnos en estos asuntos. “Toda la información está en nuestro informe”. Días más tarde, accederá a responder las preguntas si se le envían por escrito. A la fecha no lo ha hecho.

“Queríamos un informe independiente y es posible que considerasen que esta era la mejor manera de obtener la información”, explica Valeria Prado, responsable de Sostenibilidad de la hidroeléctrica. Afirma que no es ningún secreto que determinados sectores de la Iglesia católica son contrarios al proyecto. Como ocurre con el sacerdote Felipe Cotzalo.

El informe: mejoras en la producción y adhesión a la empresa

Si todo lo que es necesario saber sobre “Nueva Vida” está en el informe, hay mucho que analizar de sus 170 páginas. Ahí se profundiza en la situación económica y social de las comunidades, se detallan debilidades y fortalezas y se establece un plan para introducirse en las aldeas con dos objetivos: mejorar la productividad y ganarse el favor de los comunitarios para la hidroeléctrica Oxec. De fondo, subyace la idea de modificar el modo de vida de este territorio.

Así lo explican:

“El proyecto efectivamente creará un nuevo tipo de comunidad. Esta comunidad se basará en la creación de los valores comunes. El proyecto desarrollará una comunidad agrícola moderna basada en méritos y capacidades y no a una pertenencia étnica, una tradición específica o lengua local”.

Así definen el proyecto los responsables de Guis en el Anexo 2 de su informe, el que habla del “Contrato de inclusión al proyecto Nueva Vida” y donde se marcan las “Directrices para la interacción entre la familia, la comunidad y el proyecto”.

“Una lógica económica se deberá aplicar a todas las unidades familiares que participaran del proyecto, incluyendo por supuesto, el nivel del hogar. Significa que cada familia, sus tierras de cultivo y los animales que estas produzcan serán juzgados de acuerdo a su eficiencia económica. Sin eficiencia económica no habrá sostenibilidad del proyecto”, aseguran los expertos israelíes, que remarcan que “el éxito a largo plazo de cada una de las familias está basada en su capacidad productiva y su posibilidad para cancelar sus deudas”.

Oxec S.A. pagó $ 100.000 por este informe, que constituye la base de un plan que durará, al menos, dos años. A partir de ahí, los comunitarios que se sumen deberían ser autosuficientes y no necesitar apoyo externo.

En sus páginas se refleja que la inversión prevista para el primer año debería ser de $ 848.000. Esta suma se divide entre los salarios de los expertos israelíes y la construcción de infraestructuras, así como de préstamos a las familias que tomen parte. Por el momento, según indica Valeria Prado, su desarrollo se ha paralizado a la espera de que tenga lugar el diálogo previsto en la consulta ordenada por la Corte de Constitucionalidad. La compañía preve que el gasto sea a fondo perdido, según Prado, y que únicamente se recuperen los microcréditos, si finalmente la empresa actúa como fiduciaria. Prado reitera que ellos son los únicos financistas, aunque desconoce si GU-IS recibe dinero por otros proyectos.

Según Prado, Oxec tiene previsto gastar en las comunidades $4 millones en los próximos 20 años. Ahí se incluyen los fondos destinados al proyecto “Nueva Vida”. La licencia para generar energía en los ríos Oxec y Cahabón se extiende durante las próximas cinco décadas.

“El Grupo Energy Resources Oxec juntamente con la empresa Guis desarrollan el concepto Nueva Vida”, asegura el documento en el que se explica todo el plan y donde se califica el modelo como “un concepto innovador único de desarrollo rural con características sociales y económicas”. Además de establecer tres centros de “capacitación y producción agrícola” el proyecto busca incidir en la vida de los comunitarios, tanto en su familia como en el desarrollo social y la construcción de liderazgos.

El documento no oculta la relación del proyecto agrícola con Oxec. De hecho, en los análisis previos sobre las aldeas se incluye, por ejemplo, que en Seasir existe “disonancia” entre el Cocode y el comité de la localidad, ya que el primero es reacio a la hidroeléctrica, mientras que los segundos son favorables. También se menciona que todos los miembros de Pulisibic “trabajan parcialmente en Oxec”. Posteriormente se llega a definir el proyecto como “modelo en la región y en un futuro próximo en las comunidades que estén ligadas a las iniciativas de la empresa Energy Resources”, matriz de Oxec inscrita en el registro de la propiedad de Panamá.

Más claro aún: “Después de nuestro estudio, hemos llegado, todos los expertos, a la conclusión de que los resultados serán evidentes rápidamente cambiando la economía familiar en un impacto rápido en la región y posicionando a Oxec positivamente”.

A la productividad o los beneficios comunitarios se les suma una necesidad: que los pobladores vean con buenos ojos la presencia de la hidroeléctrica y se comprometan con ella. La misma línea de trabajo que aparece en los convenios de 2012.

Estos acuerdos los suscribieron representantes de Oxec y de las once comunidades del área de influencia entre junio y noviembre de 2012. Se trata de las aldeas La Escopeta, Pulisibic, Pequixul, Las Tres Cruces, Sacaltacab, Sepoc, Sector 8, Chacalté, Seasir, Salac I y Sactá, todas ellas en el municipio de Santa María Cahabón. Los pactos garantizaban el apoyo comunitario a la infraestructura, que todavía carecía del permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a cambio de ayudas económicas. Los pobladores debían firmar su rechazo explícito a organizaciones campesinas, indígenas o ambientalistas que se oponen a las plantas energéticas. Entre los beneficios a percibir solo se recogen fondos económicos, no los planes sanitarios o agrícolas, como el que desarrolla GU-IS.

El informe evalúa cómo establecer tres centros de producción agrícola y ganadera en el entorno de Oxec con el objetivo de mantener la ligazón entre comunitarios y empresa. El primero de ellos, el centro piloto, dará servicio a Seasir y Pulisibic y estará ubicado dentro de la propia finca de la hidroeléctrica. Otro estará dedicado a La Escopeta y el tercero, para Sacalté y Sector 8.

Reconoce la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran sus pobladores (afectados por, entre otros problemas, la pobreza y la desnutrición) y aboga por facilitarles medios y formación para que sean ellos quienes produzcan y vendan, de modo que se conviertan en núcleos autosuficientes. La agricultura es el principal medio de subsistencia en el territorio, donde la mayoría de sus habitantes trabaja el campo por salarios promedio de Q34 por día.

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El proyecto también busca incidir en el modo de organización social, los liderazgos comunitarios e incluso las relaciones familiares.

La dinámica, según el informe de los israelíes que se harán cargo del proyecto, es la siguiente: se construyen invernaderos y se ponen a disposición de determinadas familias útiles agrarios y ganaderos. También se les facilita unos microcréditos para que puedan comprar aperos y semillas. Se les ofrece formación y se confía en que se conviertan en partes “productivas” del proyecto. Está previsto que reciban cursos sobre administración, mercadeo, formación comunitaria, seguridad alimentaria, empoderamiento de mujeres, presupuesto familiar y educación no formal.

“Una fase futura puede ser el establecimiento de la marca Oxec dedicada a la distribución y venta de todos los productos de alta calidad como un medio separado de ganancias que puede financiar el proyecto y hacerlo rentable”, considera el documento.

Para ello, resulta clave la selección de las familias y la inclusión de las comunidades en el plan. Únicamente 20 familias de cada aldea podrán tomar parte cada año. En el documento se detalla exactamente cuál es el proceso. “La invitación a estas reuniones se deberá hacer a través del proyecto Oxec. Los encuentros con los Cocode (Consejo Comunitario de Desarrollo) deberán realizarse dentro de las instalaciones del Oxec, en tanto que las reuniones con los comités se realizarán en los espacios comunitarios de cada comunidad, solo después que estas hayan sido coordinadas por el Cocode”, asegura.

Todo esto tiene una explicación.

“La razón de este orden de actividades es la necesidad de recibir el apoyo total de los Cocode al proyecto antes de entrar a las comunidades, darle el tiempo a los mismos para convencer a la comunidad y abrirnos las puertas para poder hacer el esclarecimiento del proyecto dentro de las mismas a través de medios visuales, ejemplos y presentación de productos, reduciendo a cero cualquier tipo de resistencia”, continúa.

Por un lado, la empresa busca el apoyo de los cocodes antes de aterrizar en las aldeas. Posteriormente, entre los planes de GU-IS aparecen mecanismos para “fortalecer” la figura de los propios cocodes dentro de la comunidad. Ambos ganan. La empresa recibe apoyo y los cocodes refuerzan su autoridad.

Una vez lograda la aquiescencia de los cocodes, el proyecto prevé la selección de familias. Para ello, se detallan las características que deben tener los núcleos familiares. Ellos serán los receptores de los microcréditos. Valeria Prado, de Oxec, señala que todavía no han decidido si los préstamos los realizará la propia hidroeléctrica o serán entidades bancarias para las que la compañía ejercerá como garantía. Ya han iniciado conversaciones con grupos financieros.

El 86% de la población en Alta Verapaz se encontraba en situación de pobreza en 2011 según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE).

Cada área del proyecto (agricultura, social, postcosecha) estarán dirigidas por un experto israelí. A ellos se les suma el director, también israelí. Entre ellos se llevan más de la mitad del presupuesto anual, en total, Q 495 mil de los Q 848 mil previstos.

Las familias como base del proyecto

La empresa israelí considera a las familias como base del proyecto. De hecho, llega a proponer el establecimiento de sanciones en caso de que se produzca un divorcio. “Se espera que relaciones familiares duraderas permitan una mejor gestión del hogar. Una relación conflictiva podría representar una pérdida de la inversión en formación y de experiencia duramente adquirida. El proyecto debe fomentar relaciones a largo plazo presentando sanciones en caso de desintegración familiar”.

En los anexos, la documentación hace referencia a cuestiones como la salud o la educación, servicios básicos a las que la población de la zona tiene muy difícil acceso.

En el ámbito escolar, GU-IS plantea determinar cuáles son las materias que deberán recibir los niños. “Optaremos por reforzar los contenidos en las escuelas de cada comunidad, esta medida dará mayor control sobre los contenidos que serán transferidos a la comunidad, por ejemplo alfabetización, normas de higiene, valores, contenidos agrícolas, etc. Incentivando a los niños y jóvenes y transformándolos en agentes del cambio. Esto debe realizarse a través de los conductos oficiales (ministerio de Educación) ya que son ellos quienes determinan las políticas educativas en las comunidades. Sin embargo, el proyecto podrá a través de los formadores sociales y agrícolas impartir contenidos que sean útiles para el proyecto y para los pobladores”.

En el ámbito sanitario, Oxec ya desarrolla un plan de vacunación, que ha sido ampliado a petición del ministerio de Salud, según otro documento de la empresa en el que se indica que ya no se atiende solo a las 11 aldeas del área de influencia sino que llega al 50% del municipio. Entre las medidas que se aplican está la desparasitación, consultas médicas, capacitación de comadronas o entrega de bolsas de alimentos. “Hoy día el proyecto de Oxec está dando un servicio de medicina preventiva en el marco de las comunidades, este servicio es sumamente valioso, ya que es la primera vez que los pobladores de las comunidades pueden tener acceso a un servicio básico de medicina lo que ayuda a posicionar a la empresa y al proyecto positivamente”, asegura el informe de “Nueva Vida”. 

“No es una actividad que corresponda a la empresa, sino al Estado”, admite Valeria Prado, responsable de Sostenibilidad de Oxec. Insiste en la idea de que “una comunidad que depende económicamente de un tercero no es sostenible”.

En la práctica, según estos planes, la hidroeléctrica se ubica en el centro de la vida de los comunitarios a través de planes sanitarios, educativos o el proyecto “Nueva Vida”. Ocupa el espacio de un Estado inexistente.

Preguntada por si el plan forma parte de una estrategia para comprar voluntades, la responsable de Sostenibilidad, Valeria Prado, lo rechaza. “No tiene nada que ver con la aceptación de la empresa. Es voluntaria. No puedes obligar. Puedes extender la invitación”, asegura. Según reitera, “la implementación del programa es al inicio, luego son independientes completamente de nosotros. A través del contratista hay generación de empleo, pero una hidroeléctrica no necesita gran cantidad de empleo. Cuando finalice la construcción, estas personas, estas familias, podrán tener otra actividad económica”. Las once comunidades del área de influencia reciben apoyo económico de la empresa durante dos décadas, aunque la hidroeléctrica tiene concesión por 50 años. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado en 2013 advertía que la dependencia sobre la empresa que se generaría entre los empleados constituía un riesgo para la comunidad. Paradójicamente, el mismo documento aseguraba que el incremento de puestos de trabajo es uno de sus principales beneficios a la comunidad. Esta es una frase que se escucha en boca de muchos de los vecinos que apoyan a la hidroeléctrica. Durante el período de construcción de Oxec I se empleó a 200 personas, aunque cuando ya está en funcionamiento este número se reduce a 10. Lo mismo ocurrirá con Oxec II, que todavía se está levantando y donde, según Pedro Lemus, gerente de la empresa, trabajan 400 empleados no cualificados. Según él mismo explicó, la mayoría procede de Tactic, en Alta Verapaz, pero fuera del área de influencia.

“El Estado de Guatemala no existe”, censura el padre Felipe Cotzalo. Pone como ejemplo el hospital de Santa María Cahabón, un edificio completamente vacío que de hospital tiene el propósito, pero poco más.

En el centro del apoyo comunitario a la hidroeléctrica

“El proyecto agrícola todavía no ha empezado. Vinieron a evaluar pero no hemos sabido nada más”. José Chun es el tipo que manda en La Escopeta, probablemente la comunidad más vinculada a Oxec. Él asegura que tiene tanta autoridad como el alcalde, Javier Chocoj Mo, que permanece sentado a su lado. Sin embargo, teniendo en cuenta que trabaja como planillero en la hidroeléctrica y que él es quien reparte los turnos de los empleos rotativos, parece evidente que su influencia es mucho mayor.

Para acceder a La Escopeta hay que caminar 30 minutos entre los cultivos (maíz, café, cardamomo). Las viviendas están alejadas unas de otras y el núcleo del caserío se ha levantado gracias al dinero Oxec. Ahí se ubican la iglesia y el centro comunitario. El convenio suscrito en 2012 les permitió edificar el templo. Posteriormente, con las ayudas anuales pactadas con la hidroeléctrica, construyeron un centro comunal y equiparon con techo mínimo los domicilios de las 56 familias que componen la aldea. Para el próximo año están pensando conectarse al tendido eléctrico. Resulta paradójico que uno de los núcleos urbanos más cercanos a la planta generadora de energía carezca de luz eléctrica en sus viviendas, edificadas con madera y que confirman la humilde condición de sus moradores.

Este caserío es un modelo para la empresa. Es el segundo, tras Pulisibic, que suscribió el convenio con la hidroeléctrica. Está a la cabeza en cuanto a fondos a percibir, a pesar de que es de los más pequeños. Formarán parte del proyecto “Nueva Vida”. Y sus habitantes se incluyen dentro de los turnos de trabajo bimensuales o trimestrales que José Chun elabora. Los Q750 por semana de empleo dentro de la hidroeléctrica son buen argumento. El planillero, que es quien reparte, recibe Q 3000 por su condición de trabajador fijo. “La gente confía en mí. Cuando hay algo que hacer, yo soy el que lo maneja”, asegura, satisfecho. Tiene experiencia en organizar equipos humanos. Antes de Oxec trabajaba en Quiché, en una plantación de palma africana, también repartiendo los empleos temporales.

“La hidroeléctrica es la que nos ha permitido crecer”, afirma Chun. “La gente está a favor, contenta”, insiste, y reitera beneficios como los medicamentos o las vacunas que, mensualmente, las enfermeras contratadas por Oxec distribuyen entre la población.

En La Escopeta no se reproducen las divisiones de otras aldeas cercanas. Chun observa con desconfianza a quienes rechazan la infraestructura. “Los mismos que hace cuatro años firmaron los convenios con Oxec son los que ahora los rechazan”, denuncia. Habla, por ejemplo, de la vecina aldea de Tres Cruces. “El alcalde, que está en contra, trabajó en la hidroeléctrica. Y así, muchos”, sostiene.

El pecado original de las medias verdades

El pecado original de no mostrar las verdaderas intenciones, como ocurre en el caso del israelí que visitó la iglesia de Santa María Cahabón, está presente en las comunidades que actualmente se encuentran divididas. Lo denuncian, por ejemplo, en Tres Cruces, donde el quiebre se observa con toda su crudeza. Hablamos de amenazas de muerte. De firmas falsificadas. De una aldea rota cuya convivencia es difícil de recuperar.

“Cuando llegaron a explicarnos el proyecto no nos dijeron la verdad. Nos llevaron a Cobán y nos mostraron una pequeña hidroeléctrica. Nos dijeron que sería así. Que no taparían el río. Nos engañaron”, protesta Gilberto Cucul, alcalde auxiliar y presidente del Cocode. Según asegura, ahí está el origen de la división en la aldea. Tras sentirse estafados, un sector de la comunidad le dio la espalda al proyecto. Otro, sin embargo, se mantuvo fiel a Oxec. Esto provocó una duplicidad en las propias instituciones comunitarias. Es como si existiesen dos autoridades paralelas. Una, la del Cocode que ahora habla, el que fue electo. Otra, la de su antecesor en el cargo, apoyado por un antiguo ministro de la Iglesia Católica (actualmente expulsado), que defienden a la hidroeléctrica.

En Las Tres Cruces, como en Sepoc, se escuchan razones concretas por las que oponerse a la hidroeléctrica. Un grupo de vecinos, reunido en la iglesia y encabezado por el alcalde, asegura que la represa ha causado la muerte de animales como mojarras, camarones o jutes. Afirman que todos ellos recurrían a la pesca y que ahora se les ha vetado el acceso al río. Denuncian la tala de árboles. Aunque el principal quiebre existente desde que llegó la hidroeléctrica es el social. Este grupo denuncia que los partidarios de la empresa se han quedado con los Q 100 mil que entrega anualmente Oxec y se lo han dividido entre 20 familias. El informe de “Nueva Vida” reconoce que existen problemas con la transparencia y los “mecanismos de control del dinero transferido a las comunidades”.

Las tensiones en este municipio han llegado hasta las amenazas directas. Así lo denuncia el alcalde, que muestra como prueba una denuncia presentada ante el Ministerio Público. Según consta en la querella, se encontraba trabajando en el campo cuando su cuñado, menor de edad, realizó varios disparos al aire. Le instó a marcharse del lugar o le mataría. Él se encontraba con su hijo pequeño, que se asustó y comenzó a llorar. Ambos marcharon. El proceso judicial sigue pendiente de resolución. El alcalde auxiliar asegura que esta amenaza tiene que ver con posiciones divergentes sobre la presencia de Oxec. No es el único caso de violencia. El propio Cucul muestra la puerta de la vivienda de una familia identificada como crítica con la hidroeléctrica. Tiene una grieta abierta a golpe de machete. El alcalde de Las Tres Cruces denuncia que se trata de una amenaza motivada por el rechazo a la planta energética.

El “divisionismo” es el gran problema social que se escucha en Sepoc, Las Tres Cruces o Salac, aldeas dentro del área de influencia de la hidroeléctrica y cuyas comunidades se han roto entre los que defienden a la empresa y los que quieren que se marche.

Desde el sector de los vecinos que apoyan a Oxec también han alertado sobre casos de violencia. En un documento fechado a 16 de marzo de 2016, representantes de las once comunidades que firmaron convenios con la hidroeléctrica relatan el caso de una manifestación celebrada el 15 de octubre (de 2015) en la que uno de los guardianes de la finca, Rubén Sacul, resultó herido con la rotura de seis costillas y “daños en la cabeza ocasionados por piedras”.

Siguiendo la línea de los convenios suscritos en 2012 por las once comunidades con la empresa, en este documento se señala directamente tanto a líderes comunitarios (Bernardo Caal, Francisco Tec, Pedro Ramírez y Raúl Caal) como a organizaciones como Madre Selva, CUC, Conic o Codeca. “Estas personas llegan a organizar supuestamente manifestaciones pacíficas LO CUAL NO ES CIERTO (en mayúsculas en el original), ay que en realidad terminan en violencia, trayendo gente de otras comunidades a las cuales embriagan, para que se llenen de valor, destruyan la propiedad privada y agredan a nuestros compañeros”, asegura el texto.

Este documento está dirigido al alcalde de Santa María Cahabón, Mariano Caal, y exige que no se permita el acceso de los activistas o miembros de organizaciones ecologistas. Da un paso más en la línea de aquellos convenios en los que las comunidades se comprometían a rechazar a estos grupos a cambio de apoyo económico durante dos décadas. En el caso de Las Tres Cruces, incluye un listado de 69 firmas. Gilberto Cucul denuncia que estas rúbricas fueron falsificadas. Pone su caso como ejemplo. Ahí aparece su nombre, su DPI y una firma, que no coincide con la grafía de su documento de identificación. Explica que han denunciado el caso ante la municipalidad de Santa María Cahabón.

No es el único caso de estas características. En un acta de una reunión celebrada en 2016 en Las Tres Cruces, uno de sus vecinos, de nombre Sebastián Coc Tiul, denuncia que tanto su nombre y sus datos como los de su esposa, Rosario Maaz, “fueron falsificados” en otro documento y se muestra dispuesto a testificar antes las autoridades.

Puede parecer que ambos casos, el proyecto de GU-IS y la confrontación en aldeas de las once aldeas, son asuntos paralelos pero que no se tocan. No obstante, todo tiene que ver con un elemento fundamental: la cohesión de las comunidades y el efecto que tiene la intervención de agentes externos como la empresa en un territorio donde la ausencia del Estado provoca graves deficiencias en servicios básicos como la educación y la salud. Aunque actualmente paralizado, da la sensación de que el proyecto “Nueva Vida” sustituya al Estado en aspectos que éste debería de garantizar. Sin embargo, está vinculado a una empresa cuyo principal objetivo es sacar beneficio económico. No se puede equiparar el papel de comunitarios y el de la compañía, que tiene las de ganar. En este contexto, el MEM prepara su consulta siguiendo los lineamientos marcados por la Corte de Constitucionalidad. Al mismo tiempo, más de 26.000 personas (uno de cada tres habitantes de Santa María Cahabón) tomaron parte en la consulta de buena fe organizada por quienes se oponen al proyecto y defienden que se pregunte a todo el municipio. No se puede conocer qué impacto tendría el modelo que propone GU-IS, basado en una lógica de mercado y que rompe con el modelo tradicional de organización. Las pistas, sin embargo, están en la fractura social que ya se percibe en las comunidades desde hace cinco años.