El negocio de las farmacéuticas con pacientes de cáncer terminal

En este lugar la vida va a contrarreloj:

—Veinticuatro semanas o menos.

—Es un caso avanzado: dos meses nada más.

—Es la etapa final, lo sentimos, es probable que este domingo sea el último domingo en familia.

Los diagnósticos de cáncer suelen ser duros y tajantes. Son como un golpe, seco, directo al abdomen y te deja quieto, sin aliento. Justo ahí, en una sala de consulta externa del área de oncología y hematología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), te lo dicen y te quedas tirado sobre la lona de un cuadrilátero de boxeo. Pueden hasta decir el número de horas, días, semanas o meses en que se estima que todo dejará de funcionar. Los médicos pronostican el día del KO final, mientras el mundo de los pacientes se viene abajo.

Entonces muchos de los pacientes y sus familiares se aferran a la vida, con todas sus fuerzas, pelean con toda la desesperación que les puede permitir una noticia así.

La mayoría ha llegado a una primera consulta en un punto de no retorno. Ya invadidos por las células contaminadas que no mueren y que como zombis parecen morder a otras para reproducirse sin control dentro del organismo. Etapas III o IV (metástasis: cáncer en todo el cuerpo). Muchos son los pacientes que llegan con la idea de que su primer diagnóstico —una úlcera o una infección, la mayoría dictámenes realizados en otro hospital u otra clínica— seguirá siendo algo para no preocuparse. Es la fe con la que vienen. Pero luego de exámenes, de peregrinajes por laboratorios, el doctor anuncia la posibilidad de una hora exacta en que el reloj se detendrá para siempre.

—Ocho semanas de vida.

—Quizá un año, pero depende del tratamiento… —dicen los médicos especialistas.

El bolsillo, entonces, también forma una parte vital dentro de este cuadro de impotencia. Un tratamiento para controlar el cáncer es caro y son contados los pacientes que pueden pagarlo por su propia cuenta. “Precisamente porque nadie puede pagar es que el último recurso es el IGSS. Un tratamiento de cáncer cuesta entre Q40 a Q50 mil al mes. El más barato es el tratamiento de cáncer de mama (Herceptin/Her+) y cuesta alrededor de Q22 mil al mes” explica el cirujano oncólogo, Eduardo Gharzouzi Bassila, especialista del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). Ocho meses de trabajo, con salario mínimo, para pagar un mes de tratamiento.

Los pacientes, en consecuencia, con todos los pronósticos en su contra, hacen lo que sea para sobrevivir. Pedirán opciones a los médicos especialistas del IGSS y luego —casi de inmediato— desconfiarán del tratamiento que ofrece el Seguro Social. Serán referidos por lo médicos del IGSS a empleados de diversas farmacéuticas en busca de alternativas. Buscarán abogados. Se afiliarán a fundaciones de pacientes. Buscarán médicos particulares para validar un nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento. Todo lo necesario para ganar algo de tiempo. Porque el reloj avanza y el cáncer también. Y, poco a poco, los pacientes serán el recurso humano de un entramado legal que se repite una y otra vez y que es utilizado por médicos, farmacéuticas, abogados, laboratorios y asociaciones cuyo fin es que el Estado, a través del IGSS, compre tratamientos onerosos, muy específicos, de más reciente fabricación, aun cuando este instituto tenga los suyos propios, de menor costo.

—Es estar contra la espada y la pared. Tu papá o tu mamá tienen los meses contados. ¿Qué te queda por hacer? Haces lo que sea, lo que se te pide. Aunque te parezca raro, aunque sean extrañas las vueltas que toca dar, lo haces. No cuestionas. No piensas —dice M desde su intensa solicitud de anonimato. Su madre murió en 2015 de cáncer en el colon. A M los médicos especialistas del IGSS, desde la consulta externa, le proporcionaron un número de teléfono para seguir instrucciones. Una empleada de Bayer S.A. contestó el celular…

Doblegar al IGSS

Entrada a las salas de oncología del IGSS

Desde 2004 el IGSS se ha visto obligado a cambiar parte de la lógica de inversión de su presupuesto. A través de órdenes judiciales –sentencias–, una tras otra, cientos, se ha debido comprar sistemáticamente productos farmacéuticos que no forman parte del “listado básico de medicamentos” del Seguro Social. Se ha tratado en todo caso de una dinámica, una forma legal para incentivar la adquisición de productos en distintas unidades del IGSS. Era —y ha sido desde entonces— torcer el brazo de esta institución con el fin de generar, poco a poco, necesidades institucionales donde el gran beneficiario —millones y millones de quetzales, cientos y cientos de compras directas— son las farmacéuticas.

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En octubre de 2015, con el caso denominado “Negociantes de la Salud”, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) desarticularon una estructura criminal integrada por funcionarios, empresarios y empleados del IGSS que se dedicaban a modificar el “listado básico de medicamentos” del Seguro Social en beneficio de los grandes proveedores farmacéuticos. Entre los acusados se encontraba Gustavo Alejos Cámbara, el poderoso secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), catalogado como uno de los hombres de mayor influencia en el país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Alejos Cámbara, para ese caso fue ubicado como el operador de las farmacéuticas droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A. y Sabiapharma S.A.

“La lógica era intervenir en el modo en que el IGSS compra medicamentos, en beneficio de los proveedores”, explicó entonces el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

En las Cortes de Apelaciones del Organismo judicial, y sobre todo en el Sistema de Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, hay cientos de sentencias que evidencian un patrón particular: un afiliado del IGSS presenta un amparo en contra de esa institución por no brindarle cierto medicamento. La Corte analiza la solicitud. Hay un abogado que lo representa y que al mismo tiempo ha representado a más de un centenar de pacientes en cinco años, en las mismas circunstancias. También, detrás, hay un médico particular que ha atendido este caso, y cientos de casos similares, que además respalda el diagnóstico de cáncer, y que receta un medicamento que sólo vende una casa farmacéutica en toda Guatemala. En cada sentencia siempre hay un medicamento que el IGSS está obligado a comprar, fuera de su planificación, fuera de su listado básico de medicamentos.

Una fuente cercana a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), tras conocer esta manera de alterar la compra de medicamentos mediante amparos, y los cientos de sentencias que generan un patrón que se repite, no descarta que este caso pueda ser analizado como una estructura dedicada a la modificación del listado básico de medicamentos del IGSS, donde podrían estar involucrados médicos, abogados, farmacéuticas y funcionarios públicos. “El paciente es un negocio. El paciente con poco tiempo de vida es el mejor salvoconducto que estos grupos tienen para esconder la corrupción”, indica la fuente.

La odisea de los pacientes

El oncólogo Luís Fernando García

Es lunes 7 de abril de 2014 y JS ha salido de la consulta externa del IGSS, preocupada. Se trata de su tercera visita con el oncólogo especialista Hugo Raúl Castro Salguero. Esta vez le ha dicho que hay una regresión en su caso. El cáncer está de vuelta, con más fuerza, en otras partes del cuerpo: colon y pulmón. Hay metástasis. El Dr. Castro le ha dicho a JS que la quimioterapia y el medicamento dado hasta ahora ya no son suficientes. Le ha dado un tiempo de vida estimado de un año, como la primera vez que solicitó una cita con el IGSS. Pero el médico ha sido amable y, sin dejar de sonreír, dándole una palmadita en la espalda, le ha indicado que hay un medicamento, el mejor de todo el mercado, que puede ayudarla: Stivarga. El problema, ha dicho el especialista del IGSS, es que el medicamento que puede curar la mutación del cáncer de JS no está dentro del listado básico de medicamentos. JS  no sabe qué sucede. JS no quiere escuchar que el IGSS no puede proporcionar su tratamiento. JS blasfema, insulta al IGSS. JS sabe que la muerte es una posibilidad. Pero JS no quiere morir, se lo ha dicho a M, su hijo, que la acompaña, que llora junto a ella afuera de la consulta externa de oncología del IGSS en zona 9.

JS tiene un papelito entre sus manos. El doctor del IGSS se lo dio. Es el mecanismo, le ha dicho, para salvarse. En el papelito hay un número de teléfono. Al otro lado de la línea está la forma de obtener el medicamento que el IGSS no tiene en su listado básico de medicamentos. El IGSS se negará a darlo, le han dicho. Pero hay una posibilidad…

—Sí sí sí, sabemos de su caso. Estamos enterados —le dice Zulema Cruz, representante de ventas de Bayer S.A., a M al otro lado del teléfono.

—Nos dijeron que… Stivarga —contesta M.

—Mire, lo primero que hay que hacer es buscar un médico particular para hacer respaldar el diagnóstico. Luego un abogado. Poner un amparo. El IGSS no le puede negar el derecho a la vida, a la salud. Usted entiende, verdad.

–¿Cómo?, ¿cuánto cuesta? —murmura M.

—Tiene que afiliarse a una fundación. Le doy el número. Alma de Robles, de Héroes de Esperanza le dirá cómo es el trámite…

A JS le suena raro. No entiende. Sólo sabe que no quiere morir. Lo intentará.

Lo que sigue es una odisea por la ciudad, de ir y venir, de visitar clínicas y bufetes jurídicos, donde JS nunca entrará a consulta con su nuevo doctor, nunca conocerá al abogado que llevará su caso. Llegan a los edificios (zona 14, zona 10, zona 4), y JS y M esperan juntos en la calle a que doctores y abogados les proporcionen los documentos necesarios para solicitar su medicamento. Ahí está el diagnóstico. Ahí está el amparo. Todo listo para presentar una acción legal en contra del IGSS. JS no sabe de leyes, pero le han dicho que así funcionan las cosas. Lo único que le interesa es que sólo pagó Q100 de afiliación en la fundación Héroes de Esperanza y listo, no se sabe quién pagó al abogado, al médico, el trámite de amparo. M sospecha de alguna farmacéutica que vende los medicamentos. Pero no importa; importa sí, JS, su vida.

El IGSS recibe en menos de un mes la notificación desde una Sala de Apelaciones. Es una orden legal para comprar el Stivarga. JS se puede salvar. JS siente alivio. JS recibirá su medicamento. M está contento. M debe llevar el número de amparo hasta la farmacia del IGSS para recibir el tratamiento. Q60 mil al mes, algo que de otra manera no podría pagar. El IGSS lo paga. Pero JS no presenta mejoría. No reacciona al tratamiento como esperaban. El médico especialista del IGSS le dice que espere, que pronto el cuerpo reaccionará. El IGGS apela la decisión de los magistrados de Sala de Apelaciones pero JS muere tres meses después de haber sido amparada por la Corte de Constitucionalidad (CC). El IGSS, aún después de su fallecimiento, compra durante dos meses el tratamiento de JS (Q120 mil) hasta que M es llamado por los abogados para presentar la renuncia total al amparo ante el IGSS y la CC luego del fallecimiento de su madre. M se siente como si JS lo regañara, aunque ya no esté presente. M se siente usado por los médicos, por las farmacéuticas y por los abogados. “El pisto fue para ellos”, dice y M blasfema, y se recuerda a sí mismo frustrado, sin nadie con quién llorar afuera del IGSS el día en que tuvo que indicar que JS había fallecido para que dejarán de comprar su medicamento a la Bayer S.A.

Plaza Pública pidió la versión de Bayer S.A. sobre esta dinámica de amparos que forzó la compra de Stivarga. La farmacéutica, por medio de un correo electrónico, contestó: “En Bayer somos absolutamente respetuosos de la legislación de cada país en el que operamos; en este sentido y en relación con el proceso al que su consulta se refiere, debemos indicarle que, por tratarse de un asunto legal ajeno directamente a nuestra operación, no nos corresponde referirnos. Como laboratorio ético, nuestra principal responsabilidad es brindar información médico-científica seria y precisa, sobre nuestros productos y las indicaciones aprobadas, a la comunidad científica. Bayer no fomenta de ninguna forma a que pacientes o familiares interpongan acciones legales de ningún tipo”.

El amparo, metástasis del IGSS

El IGSS parece ser el gran perdedor ante el Sistema de Justicia. Son cientos de sentencias en su contra con la orden, tajante, de comprar productos farmacéuticos que no están en su listado básico de medicamentos. No hay mayor cosa qué hacer más que obedecer. La mayoría de amparos otorgados por la CC o por las Cortes de Apelaciones son individualizados, a título personal de los afiliados, y casi nunca en colectivo. El IGSS suele alegar, apelar, pero su voz apenas tiene fuerza ante los magistrados que argumentan en sus sentencias que “el derecho a la vida es prioridad número uno (SIC)”.

No resulta una tarea sencilla sistematizar las sentencias que Plaza Pública obtuvo mediante acceso a la información pública. El programa de análisis de texto DocumentCloud otorga un panorama más limpio, donde nombres de abogados se repiten, al lado de nombres de medicamentos que se solicitan una y otra vez, y médicos particulares que prestan su nombre para validar diagnósticos ante la CC. Desde las sentencias de amparo de la CC se puede establecer que hay una red, un vínculo entre médicos y abogados que se articulan en un eje: medicamentos y casas farmacéuticas. 

Por distintos productos farmacéuticos que no se encuentran en el listado básico de medicamentos del IGSS, existen redes de abogados que trabajan en conjunto con médicos particulares que interponen amparos en favor de las farmacéuticas. Algunos médicos han trabajado para las empresas que benefician, y diagnostican los medicamentos que sus patrocinadores venden.  

En esta red de abogados y medicamentos específicos resalta la participación desde 2007 a 2011 de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), cuando Sergio Morales dirigía la institución en defensa del pueblo. De hecho, en un reciente número de la revista ContraPoder, Morales anuncia su regreso a partir de sus “logros” en la interposición de amparos contra el IGSS.

“Se desnaturalizó una noble institución como el amparo para hacer negocio”, dice cortante la abogada constitucionalista Annabella Morfin Mansilla, asesora legal de la PDH, a cargo de Jorge de León Duque desde 2012. A  partir de los casos de corrupción en el IGSS y el caso Pisa, explica la abogada, la PDH realizó una investigación para verificar contratos de compra provocados por esta procuraduría. “Establecimos que vía amparos se estaba comprando medicamentos con nombre y apellido para favorecer a determinadas casas farmacéuticas”, dice la constitucionalista. “No era posible que obligáramos a una institución a comprar determinados medicamentos”, añade.

La PDH dejó de presentar acciones en contra del IGSS una vez que, mediante amparo, una de las muchas asociaciones de enfermedades desastrosas que existe en Guatemala, solicitó un medicamento que era para cáncer en el páncreas, cuando el paciente padecía cáncer en otro órgano. “Detectamos esa anomalía y no nos íbamos a prestar a ese juego”, dice Morfin.

Luís Fernando García presencia una conferencia sobre nuevos métodos terapéuticos patrocinada por casas farmacéuticas

Hoy la PDH tiene las puertas cerradas para este tipo de fundaciones como Héroes de Esperanza. Alma de Robles, presidenta de esta fundación, indica que es lamentable que la PDH ya no los apoye. Robles es entrevistada durante una reunión de la fundación en la que sus asociados recibirán una charla sobre el cáncer de colon. Hay al menos diez nuevos asociados. El ambiente es extraño. Hay logos de productos farmacéuticos  en el salón. El patrocinio —el que agradecen durante la oración inicial— está a cargo de Asofarma Centroamérica, una de las farmacéuticas beneficiadas con los amparos presentados en contra del Seguro Social. La charla es impartida por Luis Fernando García, médico especialista en oncología del IGSS. En resumen: farmacéutica-médico-fundación en un solo lugar. “El seguro social  está en obligación de darle los medicamentos y los tratamientos a los pacientes. Buscamos que, mediante amparos, los tratamientos sean de alta calidad. Somos —Robles es sobreviviente de linfoma— un costo para el IGSS. Pero tenemos evidencia de pacientes que luego de los amparos tienen mejor calidad de vida. Hay una sobrevida con los medicamentos que solicitamos”, asegura.

—¿Las farmacéuticas están detrás de los amparos que presenta la Fundación Héroes de Esperanza? —se pregunta a Robles (a pesar del evidente patrocinio de la reunión).

—Eso es muy negativo. No tenemos ningún vínculo con farmacéuticas, nos debemos a los pacientes. Porque nos interesan. Hay pacientes que bajo su misma pobreza han podido financiar sus amparos —dice Robles.

Después de los casos de defraudación (Pisa y Negociantes de la Salud), el IGSS ha realizado muy pocas convocatorias para adquirir nuevos medicamentos. “Hay un desabastecimiento que obedece a los muchos vicios en los procedimientos. Falta de estadísticas sobre la demanda de atención de ciertas enfermedades. Pero lo más grave era que los productos amparados se estaban comiendo el presupuesto del Seguro Social, más del 40% para este rubro, muy específico para enfermedades desastrosas”, dice la abogada Morfin.

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En el IGSS todo es opaco y cada quien juega un papel para mantener algo oculto. Los guardias de seguridad, por ejemplo, cierran el paso en el momento en que alguien se identifica como periodista. Y cuando se pide entrevistar a doctores o pacientes, en el área de hematología y oncología, los encargados del Departamento de Comunicación  se convierten en centinelas, vigilantes, protectores de la institución. Así Plaza Pública entrevistó al oncólogo especialista del IGSS, Luis Fernando García, que habló de cáncer y los tratamientos especializados, pero una vez planteadas las preguntas sobre los vínculos de las farmacéuticas y las recetas de medicamentos que él mismo firma, la encargada de comunicación, Ana Alvarado, intervino para que varias dudas no fueran aclaradas. Imposible saber cuántos pacientes se han salvado del cáncer gracias a esos procedimientos. Los encargados de Comunicación Social se manifestaron “preocupados” por el tema de los amparos, pero no tramitaron las entrevistas solicitadas con los directivos de la institución. Lucía Dubón, jefa de esa oficina, dejó de atender las llamadas de los periodistas.

Médico-abogado-farmacéutica-medicamento

El abogado Guillermo Cifuentes

En las sentencias de amparo hay medicamentos que podrían catalogarse como los grandes ganadores, que en términos estadísticos podría decirse que casi están controlando brotes epidemiológicos de cáncer. Son medicamentos que se repiten —tanto en médico como abogado— una y otra y otra vez, durante varios años, en cientos de sentencias: una metástasis de amparos. Para cáncer de mama, de ovario: Herceptin (Tykerb) de Roche JI Cohen, al menos 16 sentencias consultadas por Plaza Públcia. Para tumores cerebrales: Avastín (Bevacizumab) de Roche JI Cohen, al menos once. Para mieloma múltiple: Revlimid de Asofarma Centroamérica al menos 31 amparos. Para cáncer en artritis: Infliximab (8 amparos), Tocilizumab (6 amparos), Tofasitinib, de Merck y Co. Para cáncer de cabeza, cuello o colon: Erbitux de JI Cohen al menos 24 amparos... la lista es enorme. Plaza Pública analizó 146 sentencias en las que se solicitan productos fuera del listado básico de medicamentos. Los amparos piden y piden, son cientos y cientos de pacientes que solicitan de forma individualizada y sistematizada. Mismos abogados, mismos médicos particulares. Productos que no están en el listado básico de medicamentos del IGSS. Tratamientos de Q50 mil a Q90 mil al mes.

El medicamento Revlimid cuenta con una tendencia firme, estadística, que describe cómo funciona la lógica del amparo: un abogado que utiliza el diagnóstico de un médico particular para solicitar un medicamento a nombre de un paciente. Son así decenas y decenas de pacientes que solicitan medicamentos amparados en contra del IGSS. Por ejemplo: 27 amparos en los que figuran el abogado Guillermo Cifuentes de León y el presidente de la Asociación de Oncólogos de Guatemala, el hematólogo Óscar Avendaño Flores.

El mieloma múltiple es una enfermedad rara. En Guatemala, sólo 14 de cada 100 mil habitantes, padece este tipo de cáncer que destruye la médula ósea, como asegura una investigación de la hematóloga María Eugenia Samcam. El número de sentencias de amparo que solicitan este medicamento (31 a las que tuvo acceso Plaza Pública), por tanto, resulta elevado para las estadísticas epidemiológicas de esta enfermedad en Guatemala.

Durante varias semanas Plaza Pública intentó contactar con el médico Avendaño Flores, pero siempre se excusó por motivos de viaje. En su perfil de Linkedin, el hematólogo Avendaño resalta su faceta de vendedor profesional para Farmacéutica Janssen. Como representante legal de la empresa Medical Solution, Avendaño ha trabajado bajo el patrocinio de Asofarma Centroamérica. El Revlimid, el medicamento que Avendaño recomienda a sus pacientes mediante amparo, es vendido por esa farmacéutica. En otras palabras: el médico Avendaño, como diagnóstico externo, recomienda la compra del medicamento que él vende y utiliza el amparo para forzar la adquisición de parte del IGSS.

El abogado Cifuentes de León afirma que desde 2004 ha presentado amparos a favor de pacientes que el IGSS ha violado sus derechos. En promedio, dice, son 35 a 45 amparos por año. Por cada uno cobra Q5 mil. “No conozco al doctor Avendaño Flores”, afirma Cifuentes a pesar de que es el médico particular que aparece en más de 30 amparos interpuestos por él mismo. “A mí lo que me interesa para plantear un amparo es que llenen los requisitos de solicitud. Lo más importante es la vida digna de las personas. Todos los gané. Todos fueron apelados por el IGSS. Sí perdí, fueron como tres porque se presentaban en asociación o colectivo. Pero la CC cuando es por asociación los deniega, por falta de legitimidad activa”, explica el abogado.

Desde su bufete, Firma Regional, Cifuentes de León explica que antes la PDH era un gran aliado. Ahora, sin la PDH involucrado en el tema de los amparos, y el sentido de proyección social como abogado, Cifuentes dice que su trabajo ha llenado un vacío que ampara a los pacientes para solicitar medicamentos. “La PDH era como el bufete popular para plantear amparos. Un consuelo. ¿A quién se haya favorecido económicamente y a qué casas farmacéuticas se benefició con los amparos? De mi parte nunca volteé a ver eso. Mi enfoque es el sentido social del amparo”, dice. 

Enrique Aguilar, presidente de la Gremial de Productos Farmacéuticos (Grefarma), indica que el sector empresarial es consciente de lo que ocurre con los amparos, que la gremial ha analizado el tema. “A la fecha no se han hecho investigaciones serias. Se debería investigar por los entes correspondientes porque es algo que ha afectado al sistema de salud pública”, dice Aguilar. Todo el sistema de compras debe ser transparente, agrega. “Si hay anomalías es importante investigar”.

Obligados a comprar

De las compras obligadas a partir de los amparos, hay poco rastro. Es difícil seguir la pista. El IGSS no cuenta con información al respecto. Y Lucía Dubón, jefa del departamento de Comunicación, no pudo aclarar las dudas en torno a la modificación del listado básico de medicamentos y cómo ejecutan su presupuesto para solventar el tema de los amparos. Y en Guatecompras, aparecen como compras directas esporádicas: un paciente, un medicamento, un amparo, una compra. Es casi como una manera de evadir la publicación de los concursos, dar un tratamiento de Q50 mil al mes, y no dejar demasiada evidencia gracias al amparo. “Si hay decenas de amparos hay decenas de compras directas y no un concurso para abastecerse por completo”, explica la abogada constitucionalista, Annabella Morfin.

A partir de diciembre, con las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, se añadieron tres nuevas modalidades de compra a la cinco que existían. “Fue como una especie de candado para la compra de medicamentos por compra directa. Ahora se tiene un monto, un techo presupuestario para la compra de medicamentos vía amparos”, dice la abogada constitucionalista Anabella Morfin.

“En el panorama actual de la Ley de Contrataciones del Estado, sólo es posible adquirir cierta cantidad de medicamentos cada mes. Esto reduce la vida de los pacientes amparados en 50 y 48 %. Es grave, no todos quedan protegidos, no todos conseguirán sus medicamentos”, dice el abogado Cifuentes de León.

En Guatecompras ya hay indicios de estos ajustes en la compra de medicamentos vía amparo. Por ejemplo, el Revlimid, para atender el mieloma múltiple, el IGSS ha solicitado en dos ocasiones —una en mayo y otra en abril de 2016— más de mil tratamientos para la consulta externa del Seguro Social. En total son compras millonarias, aún no adjudicadas. Las únicas casas farmacéuticas que venden Revlimid en Guatemala son Asofarma Centroamérica, a un costo que ronda entre los Q3,700 y lo Q4,200 cada unidad. El IGSS, a través de los encargados de comunicación, se abstuvo de aclarar este tipo de compras por más de Q4 millones en un mes, tampoco si existe el número de pacientes que pueda llenar las estadísticas de una enfermedad como el mieloma múltiple cuya epidemiología es de sólo 14 por cada 100 mil habitantes, cuando la prevalencia mundial de Mieloma Múltiple es entre 8 a 10 casos por cada 100 mil habitantes.

En principio, Evelyn Castillo, asistente de la gerencia de Asofarma Centroamérica, se comprometió a explicar la forma en que Asofarma distribuye el Revlimid para el tratamiento del mieloma múltiple, la opinión institucional de la farmacéutica en torno los abogados y médicos particulares que solicitan la compra de sus productos mediante amparos en contra del IGSS. Luego de decenas de intentos de contacto durante dos semanas, Castillo dejó de atender los correos y las llamadas telefónicas de Plaza Pública.

A pesar de que la PDH ya no los apoya, y que las miradas están puestas sobre el Seguro Social, los amparos siguen llegando contra el IGSS. Los mismos abogados, los mismos médicos, las mismas farmacéuticas. Ahí donde todo es ganar a partir de quienes, desesperados, intentan cualquier cosa en contras de sus diagnósticos desfavorables.

Aclaración: El doctor Rodolfo Gutiérrez Longo envió a Plaza Pública esta carta para aclarar que aunque su nombre aparece en las sentencias, él no pertenece a ninguna red.