El primer golpe de la fiscal Porras: un gancho al hígado al financiamiento ilícito

El primero de los casos, el encausado en contra del mandatario, conocido desde el año pasado, se refiere a los millonarios aportes que al menos cinco empresarios vinculados a las compañías más poderosas del país otorgaron al partido Frente de Convergencia Nacional (FNC), de manera anónima; y el segundo, en el que se implica a Montenegro y su partido, se deriva de una denuncia presentada a finales de 2016 cuya investigación apenas empezó a rendir frutos meses atrás, está relacionado con aportes hechos para la campaña electoral de 2015, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La brasa en las manos

Dos días antes de concluir su mandato, le exfiscal Aldana anunció en una conferencia de prensa ofrecida junto al comisionado Velásquez, que “existen elementos abundantes para pensar en la posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la República” por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito del partido oficial. Sus palabras fueron como una especie de brasa ardiente que dejaba en manos de Porras, quien desde el primer momento de su administración empezó a recibir presiones mediáticas para le diera seguimiento a lo anunciado por su predecesora.

Al menos en lo que se ha observado hasta ahora, la fiscal general ha sido cauta en sus actuaciones y consecuente con su posición de que no atenderá a ningún tipo de presiones y que cada caso que lleve a tribunales estará respaldado por una sólida investigación. Para darle seguimiento al caso que involucra al presidente Morales se tomó 85 largos días de silencio. El anunció lo hizo durante una conferencia de prensa ofrecida junto a Velásquez en la sede del MP, la que, a diferencia de las conferencias que solía ofrecer Aldana, apenas duró 15 minutos de exposición (más 30 de preguntas de los reporteros) y careció de presentaciones en Power Point donde se daban detalles de los casos.

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“Hasta el día de hoy se hizo efectiva la entrega de los antejuicios relacionados en virtud de que de la investigación inicial surgieron nuevos hechos”, dijo Porras al explicar el caso de Financiamiento Electoral Ilícito, por el cual la Fiscalía de Delitos Electorales del MP solicitó al retiro de la inmunidad al presidente, para poder investigarlo por sus actuaciones como secretario general del FCN-Nación durante la campaña electoral de 2015.

Según las investigaciones del MP, el partido oficial no presentó ante el TSE los informes de los gastos de campaña electoral como ordena la Ley Electoral y de Partidos Políticos para efectos de fiscalización, y utilizó a la empresa Novaservicios, S.A. para ocultar aportes económicos para el pago de fiscales de mesa durante la primera y segunda vuelta electoral de 2015. De acuerdo a las investigaciones el FCN-Nación no reportó Q7 millones por el pago de fiscales y mintió al TSE al señalar que el gasto incurrido en rubro fue de Q103,706.

La primera parte de la investigación por financiamiento electoral ilícito del FCN-Nación involucra al exdirectivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), Rodrigo Arenas, y al empresario José Andrés Botrán Briz, quienes en abril pasado comparecieron a una audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”. A ambos se les acusa de gestionar la recaudación de los recursos financiaros para el pago de fiscales de mesa. Fueron ligados a proceso el pasado 3 de mayo, tras reconocer ante la jueza Erika Aifán que lo hicieron para “defender el voto de los guatemaltecos”.

Días antes, el 19 de abril, Aldana y Velásquez presentaron los detalles de la segunda parte de la esa investigación. Los empresarios Felipe Bosch Gutiérrez, Fraterno Vila Girón, José Miguel Torrebiarte Novella, José Castillo Villacorta, y Salvador Paiz del Carmen, fueron señalados de haber financiado de manera anónima al partido oficial en las elecciones de 2015. Ese mismo día, los señalados emitieron una disculpa pública en la que admitieron los hechos y justificaron que “fue por Guatemala”. El 6 de junio fueron ligados a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito.

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“El financiamiento electoral no es delito. Todos los ciudadanos, todas las empresas pueden continuar financiando las actividades electorales. El delito es, como está previsto en el artículo 407 N, (es) específicamente financiar anónimamente”, señaló el comisionado Velásquez durante la conferencia.

En esta tercera parte del caso, cuya investigación corresponde ya a la administración de Porras, dos nuevos hechos se suman en contra de Morales: la obtención de material publicitario (volantes y calendarios de bolsillo) valorado en Q270 mil, además de un aporte por Q359, 899 que habría otorgada la “Fundación G”, recursos que supuestamente fueron utilizados para capacitaciones que recibieron Morales Cabrera y el entonces candidato a vicepresidente Jafeth Ernesto Cabrera Franco.

El material publicitario fue pagado con dinero que entró a Novaservicios, S.A. De acuerdo a las autoridades, fue el ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Othmar Sánchez, quien solicitó a la empresa Panagrafic 3,6 millones de volantes por un precio de Q294,320, y 2,3 millones de calendarios de bolsillo por un precio de Q234,300. Sánchez supuestamente indicó a la empresa que el material lo pagaría Novaservicios, pero únicamente canceló Q270 mil que no fueron reportados al TSE.

Contra Othmar Sánchez hay iniciado un proceso de antejuicio desde octubre del año pasado.

La fiscalía también tiene indicios de que la Fundación G (de la cual no se conocen detalles) pagó US$22 mil (unos Q359,899) para que el l binomio presidencial recibiera capacitación de técnicas y estrategias de comunicación, imagen pública, relaciones públicas, planeación de medios y estrategias básicas de comunicación audiovisual. El curso fue impartido por un asesor identificado como César Martínez. 

Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, explicó que el pago de los volantes se detectó a través de los pagos de los empresarios y que durante la audiencia de primera declaración de estos ya se tenía conocimiento de este hecho. Sin embargo, la información la corroboraron porque la entidad que realizó los volantes se acercó al MP con la información.

Horas después de que la solicitud de antejuicio en contra de Morales fuera presentada en los tribunales, el gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que asegura que el mandatario es “respetuoso del Estado de Derecho” y que “confía en un procedimiento enmarcado en derecho ajeno a intereses políticos”.

Vallas para Encuentro por Guatemala

La solicitud de antejuicio en contra la diputada Montenegro Cottom, se deriva de una investigación iniciada por una denuncia registrada el 13 de diciembre de 2016 por el inspector general del TSE, y también vinculada de manera indirecta por el caso en contra de FNC-Nación, por hechos relacionados con las campañas electorales de 2011 y 2015.

Velásquez explicó que, al igual que FCN-Nación, el partido EG no presentó los estados financieros del informe de campaña electoral por cuenta bancaria, es decir: el informe bimestral del financiamiento privado, el informe de origen y destino de financiamiento público y privado, el informe de origen y destino del financiamiento de la campaña electoral, y las declaraciones juradas por aportaciones superiores a los US10 mil. Esta falta de información “impidió determinar y conocer el origen lícito o ilícito de estas contribuciones”, afirmó el comisionado.

El monto no reportado al TSE por EG fue asciende a Q1,7 millones.

Además del dinero no reportado, los investigadores detectaron dos casos de supuesto financiamiento ilícito. El primero se remonta a 2011, cuando el partido no reportó un aporte de Q197,500 otorgado para cubrir gastos de publicidad electoral de Publicidad Avance, S.A. Schaad aseguró que obtuvo recientemente la información de este aporte, a pesar de tratarse de un hecho de siete años atrás. La información, según fuentes cercanas a la investigación, fue brindada por la colaboradora eficaz del caso de FCN-Nación, Paulina Paiz Riera.

El segundo caso, registrado durante la campaña de 2015, se refiere a un aporte de Q76,784 (equivalente a US$10 mil) que según el MP el partido recibió para arrendar seis pasarelas digitales con fines publicitarios a la empresa Yeyo, S.A.

Salvador Paiz del Carmen, ligado a proceso por el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación, expuso a la fiscalía que el ese aporte provino de la entidad Maximum Financial and Investments Services.

Montenegro aseguró desconocer sobre ambos aportes, pero reconoció que “pudo haber sido algún candidato a mis espaldas” el que recibió y utilizó los mismos. La diputada, quien se ha destacado por su apoyo a la lucha contra la impunidad y la corrupción, dijo que los señalamientos en su contra no modificarán su posición al respecto. “Sigo siendo respetuosa del trabajo de la Cicig y el MP”, indicó.

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El fiscal Schaad aseguró que el siguiente paso en este proceso, de acuerdo con la ley, será iniciar “el procedimiento administrativo correspondiente” ante el TSE para que este procesa a “la cancelación del partido” EG. De la misma manera que lo hicieron desde octubre del año pasado con FCN-Nación, cuya cancelación se encuentra en trámite.

La fiscal general aclaró que el futuro de ambos casos queda en manos de las instancias correspondientes, que deberán decidir sobre si acceden a retirar la inmunidad al presidente Morales y la diputada Montenegro para continuar con las investigaciones y los procesos judiciales. Porras indició que cumplieron con su trabajo al presentarlos y no puede tener ninguna “interferencia” en lo que resuelvan las demás instancias.

En el caso de Morales, corresponde a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inhibirse de conocer la petición y enviarla al Congreso de la República, que es al que en última instancia le corresponde resolver sobre la petición de antejuicio en contra del mandatario. En el Legislativo se deberá conformar una comisión pesquisidora para analizar el caso. Si esta comisión considera que hay indicios suficientes, llevará su informe al pleno en donde se votará para retirarle o no la inmunidad al mandatario. Se necesita de 105 votos para lograrlo.

En el caso de la diputada, si los magistrados aceptan la solicitud deberán nombrar a un juez pesquisidor quien tendrá 60 días para elaborar un informe. La decisión final quedaría en manos de la CSJ.

Velásquez señaló que la razón fundamental de estos casos es “contribuir a un proceso (electoral) transparente que garantice en mayor medida un certamen democrático el próximo año en Guatemala”, para que “prácticas de esta naturaleza no se repitan en el futuro”.

Desde mayo pasado, en el Congreso se discute una reforma al artículo que tipifica y sanciona el delito de financiamiento electoral ilícito. El comisionado Velásquez ha dicho en reiteradas ocasiones que no se debe buscar una “amnistía disfrazada” con este cambio, y lo repitió en la conferencia del viernes. Porras afirmó que no opinaría hasta no tener la reforma ya aprobada.