El proceso legal que inició en contra de Giovanni Fratti, quien desde hace algún tiempo ha trabajado en algunos medios de comunicación, ha sido la génesis de una discusión que seguramente tomará un sentido: levantar la bandera de la libertad de expresión, como que ésta fuera un campo privilegiado del ejercicio periodístico. Se desgarrarán vestiduras, más de alguien tratará de inmolarse (metafóricamente) defendiendo la libertad de prensa y confundiéndola con la libertad de expresión y otros resucitarán a los mártires de la libertad de expresión.
Quienes intervengan y quienes estén interesados en mantener el statu quo del derecho de la información en este país (obsoleto y miope) seguirán sosteniendo que todo debe regirse a lo que establece la Ley de Emisión del Pensamiento, la cual establece un procedimiento que vomita una lógica de corporativismo, privilegio, inequidad e, incluso, impunidad.
Este caso seguirá una senda legal, en donde el resultado se analizará desde el lugar en que se encuentre cada quien. Los que pierdan el proceso, ya sea el sindicado o los demandantes, se sentirán ofendidos y señalarán que la decisión de las autoridades del jurado o en su defecto del tribunal no estuvo en ley y que seguramente recibieron presiones políticas e incluso mordidas. Quienes ganen gritarán a los cuatro vientos que en el país al final hay una luz al final del túnel y que la justicia llegó tarde, pero llegó.
No obstante, en lo personal, me gustaría que esta discusión tomara otro sentido y se deliberara finalmente sobre lo que implica la libertad de expresión, como ámbito del derecho a la información. Cuáles son sus alcances, pero también cuáles son los límites. Cuál es su función y beneficio a la democracia, pero también cómo puede convertirse en un asidero para justificar excesos que también son perjudiciales para un sistema que aspira cada día más a ser abierto, democrático y plural.
Creo que la discusión debe enfocarse en primer lugar en la obsolescencia de la ley, lo acotado de los ámbitos que regula y la inexistencia de algunos principios que se han desarrollado doctrinalmente (desde el campo jurídico como de los derechos humanos) en los últimos 45 años. Es preciso que el país cuente con un cuerpo legal que promueva la garantía del derecho a la información (que incluya todos los ámbitos ya reconocidos). En segundo lugar, debe aprovecharse para discutir el estado del arte de todas las normas propias del derecho de la información. El desarrollo de las nuevas tecnologías implica un desafío en materia legal, no sólo por la necesidad de contar una legislación moderna, incluyente y completa, sino sobre todo que sea modelo de respeto y garantía de los derechos más fundamentales de las personas. Y un tercer punto radica en los abusos que se hacen justificando la libertad de expresión: el derecho de los terceros (la honra, la imagen, el nombre, la dignidad, así como la intimidad), lo relativo al orden público y la seguridad nacional.
El contexto político y las razones que condujeron al país a aprobar dichas normas (Ley de emisión del pensamiento, el artículo 35 constitucional, entre otras) con semejante diseño institucional, no son los mismos. La imposición, el autoritarismo y las restricciones impuestas por el conflicto armado han dado paso a un sistema en donde prima la negociación, el consenso, el disenso y sobre todo la libertad.
El argumento de que cualquier cambio a la legislación en esta materia puede representar una implantación de censura no se sostiene si ponderamos la existencia de una regulación que está desactualizada, que promueve procesos de discriminación y que en el fondo permite la pervivencia de privilegios y prebendas para un sector en particular: los periodistas, pero en especial, los empresarios de los medios de comunicación. Cuesta entender cómo se puede criticar desde el periodismo la desigualdad ante la ley, la arbitrariedad y la impunidad de los funcionarios públicos, cuando se promueve y se defiende la permanencia de una legislación que también promueve lo mismo que se critica.
Pensar, opinar, expresarse e informarse son ámbitos de un derecho, no obstante, también implican una responsabilidad. Nadie está exento de esto.
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