Es la de nunca acabar

Cada nuevo gobierno llega con ofrecimientos y promesas que se formularon para ganar los votos en la campaña, pero la realidad, una vez montados en el macho, es bien diferente a lo ofrecido y al final de cuentas todos terminan buscando la oportunidad para hacer sus negocios particulares y cumplirles a los financistas de las campañas que son los únicos que tienen el futuro asegurado.

Qué enorme diferencia haría para el país si de pronto tuviéramos la suerte de que llegara al poder un grupo distinto, con la vocación e interés por servir al pueblo de manera transparente y que enmarque todos sus actos no sólo en la letra y el espíritu de las leyes, sino en las más exigentes normas de la ética, la decencia y el compromiso de servir al país. Un grupo que se esmere no por encontrar los vericuetos de la legislación para hacer micos y pericos con los bienes públicos, sino que se dedique seriamente a promover proyectos de beneficio colectivo en los que cualquier participación de particulares sea buscando el mutuo beneficio, es decir, el lucro razonable del contratista o concesionario, pero a cambio de un buen servicio para los habitantes del país y un rendimiento adecuado para la economía de los guatemaltecos.
 
 Pero es evidente que desde tiempos de campaña los políticos empiezan a armar sus equipos con otra mentalidad. Nombran funcionarios no en función de su vocación de servicio sino de su astucia para hacer negocios y para manosear a su antojo la legislación. Una de las “cualidades” más valoradas a la hora de hacer la selección es la más absoluta falta de escrúpulos para que no se le haga asco a nada de lo que hay que hacer. No digamos el cuero necesario para defender lo indefendible y la astucia para jugarle la vuelta a la ley.
 
 Hace algunos años, cuando se buscó a “prestigiosos” abogados para agilizar la venta de activos sin que el Congreso tuviera arte ni parte, se abrió la caja de Pandora porque se marcó la ruta que, en temas como los fideicomisos o los usufructos, han prostituido instituciones del derecho privado que, incrustadas en el derecho público, se convierten en mecanismos para evadir los controles y obviar toda forma de fiscalización. Las instituciones del derecho público son distintas a las del derecho privado porque en estas últimas es la voluntad de las partes la que cuenta, mientras que en las primeras lo que se busca, por naturaleza y definición, es el bien común que no siempre cuadra con los intereses de quienes suscriben los contratos.
 
 Ciertamente en el país ha habido cambios en los últimos años y la corrupción de ahora no es la misma que se vivió en tiempos de los gobiernos militares. Hoy la sofisticación legal es mucho más depurada y se valora mucho el mérito y la capacidad de quienes se promueven como artífices de la manipulación de la ley para manejar los asuntos públicos como si fueran cuestiones privadas. Antes se decía que los déspotas actuaban como si el país fuera su finca. Hoy los gobernantes “demócratas” han hecho literalmente de las instituciones su finca, al punto de que un interventor se convierte en amo y señor del patrimonio nacional, con capacidad para emitir las normas y regulaciones que determinen su propio accionar. Aquello de amarrar los chuchos con longaniza es calleja comparado con lo que ahora se hace de manera sofisticada, elegante y “legal”.
 
 Por eso nos toca la de nunca acabar. Con cada nuevo gobierno hay que librar las mismas batallas y lo único que cambia es que cada día son más los especialistas en el fraude que hasta se dan el lujo de promocionarse como tales en sus portales de internet.

* En La Hora, 14 de agosto