El pretexto ha sido el asesinato, en condiciones aún nada claras, de tres soldados de la fuerza naval guatemalteca, sucedido en una aldea del abandonado municipio de El Estor, de una importancia estratégica nada común. La suspensión de todas las garantías individuales y colectivas afecta no solo a todos los habitantes de los 5 municipios del departamento de Izabal, sino a los de 9 municipios de Alta Verapaz, 4 de Zacapa, 2 de El Progreso, 1 de Baja Verapaz y 1 del Petén, para un total de 22 municipios, en su mayoría de población indígena que sufre y padece el abandono de casi todas las instituciones del Estado.
El decreto gubernativo 1-2019 que lo establece parte de la afirmación del presidente Morales y de sus ministros de que «los hechos acaecidos recientemente en el área nororiente de Guatemala, donde han proliferado los grupos insurgentes, los que se han vinculado con el narcotráfico, se ha perdido [sic] por completo la seguridad y la gobernabilidad de determinados municipios, que afectan el orden constitucional y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esa región, y para prevenir que se agrave esa situación […] deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de estado de sitio».
Al margen de la pésima redacción de ese segundo considerando del decreto en mención, que parece elaborado por un estudiante de ciclo básico de algún colegio privado de cuarta categoría, es importante hacer notar que se habla, sin mayor cuidado ni miramiento, de que en esa región existen «grupos insurgentes», es decir, población alzada en armas contra el Estado, afirmación a todas luces falaz y temeraria.
Lo que por allí existe y no sucede en todos los municipios a cuyos habitantes se les han eliminado las libertades y derechos con ese decreto son grupos paramilitares del narcotráfico. Y si se ha perdido la seguridad, que no lo ha sido por completo, es porque el gobierno actual y el anterior han sido incapaces de proveerla, en muchos casos porque parece evidente que la industria del transporte de estupefacientes cuenta con el apoyo y la protección de altos mandos del Ejército de Guatemala.
Sin embargo, esos hechos no afectan la seguridad del Estado. Tampoco se sabe que haya estado en riesgo el desarrollo patrimonial de los miles de campesinos que apenas consiguen recursos para sobrevivir.
[frasepzp1]
El asesinato de los tres servidores públicos, de alta en el Ejército, fue consecuencia del abandono en el que esas comunidades han vivido, alejadas de toda protección y justicia, y no porque en algún lugar del país existan «grupos insurgentes». Su muerte es producto de la irresponsabilidad de sus jefes y superiores, pues denota falta absoluta de estrategia en el combate del narcotráfico y en la protección de la población civil.
No son, en consecuencia, los narcotraficantes y sus grupos paramilitares el objeto de esta autoritaria y antidemocrática disposición. Las víctimas fatales de los sucesos recientes han sido apenas el pretexto que el régimen de Jimmy Morales y la camarilla que actualmente dirige el Congreso de la República han encontrado para acallar a opositores y a defensores de derechos humanos y de la naturaleza que en toda esa región se han manifestado, precisamente porque el Estado de Guatemala se ha mostrado ausente e ineficaz para protegerlos.
Morales y sus cómplices se han aprovechado de una ley de orden público que, aprobada durante el régimen de Peralta Azurdia, resulta totalmente contraria a los mismos preceptos constitucionales actuales que tutelan los derechos individuales y está en abierta oposición a todos los convenios internacionales que sobre los derechos humanos ha asumido el Estado de Guatemala.
Con este decreto, los delincuentes que nos gobiernan podrán detener, y hasta torturar, a quienes consideren que afectan sus intereses, por lo que está en peligro la integridad de los defensores locales de los derechos humanos y de la naturaleza, a quienes, según parece, este gobierno considera insurgentes.
Es de esperar que al menos buena parte del arsenal actualmente en manos de los grupos paramilitares del narcotráfico sea incautado, lo que vendría a demostrar el rumor de que sus principales proveedores de armas largas han sido altos mandos del Ejército.
Es más que notorio, en consecuencia, que este estado de sitio no es contra el narcotráfico y sus carteles, los cuales podrán transitar en paz por las zonas y regiones habituales. Para nada se afecta la región que controla el ahora detenido Mario Estrada, cuyos intereses parece cuidar más que bien el aún gobernante.
En paz también pueden estar los narcotraficantes que a diario transitan por el Petén, pues, a pesar de todo lo demostrado, este estado de sitio no los toca ni con el pétalo de una rosa.
Más de este autor