Un pueblo acorralado y el espejismo de un estado de sitio

La mañana del 3 de septiembre una bala perforó la pared de la escuela primaria del caserío Semuy II, en el sur de El Estor, en el nororiental Izabal. El agujero tiene forma ovalada, y parece como si hubiese caído del cielo hasta atravesar un bloc que se eleva apenas 50 centímetros del suelo. Los niños, que estaban en clases cuando ocurrieron los disparos, ahora meten los dedos en el boquete por pura curiosidad.

La herida en la pared queda como recuerdo de un confuso crimen en el que murieron tres integrantes del Ejército y dos pobladores quedaron heridos. ¿Qué tipo de arma provocó el impacto? ¿Quién disparó hacia la escuela? Son preguntas que los mismos pobladores no quieren o no pueden responder.

En Semuy II se vive un estado de sitio muy extraño

El comportamiento del Ejército en el área ha pasado por una metamorfosis. Primero llegaron para allanar y buscar armas y sospechosos, e incluso encerraron a una familia en su propia casa por cinco días. Ahora buscan amistar con la comunidad. Fuera de Semuy, en los otros municipios afectados, la presencia policial o militar es exigua.

El gobierno justificó que el estado de sitio permitiría combatir al narcotráfico, aunque no ha podido especificar a qué cartel o grupo criminal persigue. Mientras los hallazgos de sembradíos de droga y pistas clandestinas ocurren a kilómetros de distancia de Semuy II, diputados, organizaciones sociales como el Comité de Unidad Campesina, Waquib Kej, la Asamblea Social y Popular, e incluso Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) opinan que la medida es desproporcionada.

En una entrevista para Plaza Pública, Velásquez señaló que la muerte de los tres soldados era «un hecho naturalmente grave» pero que el estado de sitio le parecía una medida «desproporcionada si no existía una situación generalizada de afectación del orden público». Para el excomisionado, la desmesura en el estado de sitio es una mala coincidencia con las decisiones de la Corte de Constitucionalidad que ha cerrado y suspendido proyectos mineros, pues podría interpretarse que una acción es la respuesta de la otra.

Cinco días encerrados

Un día después del asesinato del alférez de fragata Carlos Steven Mayen Cabrera y de los sargentos Isaías Beleu Caal y César Augusto Leonel Seb Tun, el Ejército fue enviado a tomar el control de Semuy II.

Los soldados allanaron las viviendas, rastrearon la zona e interrogaron a varios pobladores a quienes trataron como sospechosos. Una familia confirmó que los militares rodearon su vivienda, los retuvieron y les quitaron los Documento Personal de Identificación (DPI) durante cinco días. La razón la supieron después: forman parte de una lista de por lo menos cinco personas cuyos nombres circularon en redes sociales como los supuestos responsables. La publicación de estos datos que tuvo más revuelo, fue la realizada por Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que estos datos provienen del Sistema Único de Información (SUI), una base de datos a la que solo tiene acceso personal del Ministerio de Gobernación.

Mariano Juc y su hijo Joel recibieron a Plaza Pública en el patio de su vivienda, la misma en donde fueron retenidos. Mariano es intermediario en la compra-venta de cardamomo, tiene 50 años y no habla castellano. Joel estudió enfermería y por un tiempo trabajó en la clínica móvil en Sepur Zarco, en otra parte de El Estor, Izabal. Ahora ayuda en los negocios de su padre, que también posee unas cabezas de ganado y cultiva, al igual que sus vecinos, cacao y tilapia como parte de un proyecto de la organización Heifer Internacional.

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 El 6 de septiembre, a las 16:00, a Mariano lo tomaron del cuello y lo llevaron al patio de la casa, en donde lo arrodillaron para interrogarlo con ayuda de un traductor. Le exigían una confesión, pero Mariano no les dio la respuesta que buscaban. Joel cuenta que en la noche, mientras la familia se refugió en una habitación del segundo nivel, les golpearon la puerta para intimidarlos. «Qué voy a hacer, mi padre está muriendo, quién puede ayudar», narra Joel, al recordar que su padre, que padece diabetes, tuvo una crisis por la impresión. En medio de un estado de sitio los militares tienen la libertad de allanar e interrogar, aunque no exista una orden de detención. Mariano y su hijo Joel respondieron a las preguntas del personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), pero fue hasta que llegó una representación de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) que consiguieron que les devolvieran el DPI y les permitieran la libre locomoción.

Sin embargo, el viernes 13 de septiembre, Joel comprobó que algo no anda bien. Salió en un picop hacia El Estor y lo detuvieron en dos retenes diferentes. En cada uno la inspección fue minuciosa y extraña porque le prohibieron usar el celular. «Algo pasa, pero no me dicen qué», expresa preocupado.

Oficialmente solo se ha girado la orden de detención en contra del exguerrillero Julio César Macías, alias César Montes. Un personaje históricamente relacionado con los pobladores en la zona del Polochic, en donde opera la Fundación Turcios Lima, que él lidera.

Hasta mediados de septiembre había aproximadamente 250 soldados apostados en el caserío. Sergio Samayoa, jefe del puesto de mando, no está autorizado para dar declaraciones.

Un grupo usa chaleco anaranjado sobre el uniforme camuflado. Pertenecen al área de Relaciones Civiles y Humanitarias del Ejército y son los que organizan a los niños para cantar una ronda o forman los equipos de fútbol.

En el mismo lugar donde se cometieron los asesinatos, los soldados pintaron la escuela –la misma que aquella mañana fue el escenario del crimen y que por lo tanto aún podría tener trazos de pólvora y sangre–, han regalado ecofiltros y organizaron la celebración del Día de Independencia en Semuy II con la presencia de 21 comunidades. Y el 21 de septiembre festejaron el Día Internacional de la Paz, con globos blancos y una caminata con los niños.

En medio de un clima soporífero se vive un verdadero, aunque extraño estado de excepción.

Soldados de 18 años y un pueblo fantasma

Semuy está a más de 200 kilómetros de la capital. Para llegar a este pueblo, instalado entre grandes extensiones de palma que quedan cobijadas por la Sierra de las Minas, hay dos accesos: una ruta por El Estor, que requiere pasar un una parte del lago y la otra por la aldea Mariscos, en el municipio de Los Amates, Izabal. 

Mariscos, una zona turística famosa por sus playas con arena dorada, padeció indirectamente el estado de sitio. En el ingreso a la aldea, a 37 kilómetros bien asfaltados e iluminados desde la carretera CA9 Norte, se ubicó un puesto de control con una treintena de soldados y policías. El cuadro es intimidante al inicio, porque después del silbato, todos los uniformados rodean cada vehículo. Pero esa sensación se transforma cuando debajo de esas gorras verdes aparecen los jóvenes rostros. Son soldados que apenas han cruzado la mayoría de edad y se incorporaron al servicio militar por 24 meses a cambio de una remuneración de mil quinientos quetzales al mes.

Mariscos se quedó sin visitantes y con apariencia de pueblo fantasma durante varios días. Los hoteles estaban vacíos, los restaurantes cerraban temprano ante la falta de comensales y las tiendas estaban abiertas sin un solo comprador.  El estado de sitio ahuyentó a los turistas, porque hubo desinformación, asegura el gobernador, Erick Martínez.

Las personas creían que habría toque de queda y que no se podrían realizar los desfiles, ni las antorchas y que no se podría expender licor. Pero el 14 de septiembre, en Mariscos hubo venta de cervezas, música para animar las comidas y fuegos artificiales y actos cívicos de los estudiantes cerca de la medianoche del 14 de septiembre.

Lo mismo ocurrió en Puerto Barrios, cabecera de Izabal (el único departamento con todos sus municipios en estado de sitio). Ahí el mismo gobernador junto al alcalde participó en el encendido de la antorcha, mientras en las dos playas (la de Puerto Barrios y la de Santo Tomás de Castilla) ni siquiera se observó personal policial. 

El estado de sitio, cuyos resultados más significativos han sido la ubicación de dos laboratorios para supuesta fabricación de droga y cuatro plantaciones con pequeñas plantas de coca y marihuana, ocurre en una zona de conflictos: históricos reclamos por tierra, las ocupaciones violentas o la conflictividad por las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel.

El estado de sitio se impuso en los municipios que abarcan la Sierra de las Minas, entre los valles del río Polochic y el río Motagua (en el territorio de las Verapaces, El Progreso, Izabal, Zacapa. Aunque el gobierno incluyó en el estado de excepción a un municipio de Petén).

Un solo vocero para el pueblo que se convirtió en noticia

Si llegar a la comunidad es difícil, recolectar testimonios de lo ocurrido lo es más. Domingo Mucu Sep, el alcalde auxiliar y presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del caserío Semuy II, es el único que concede entrevistas en representación de las 110 familias. Ha tenido que hablar con por lo menos una docena de periodistas en lo que va del mes.

En realidad lo suyo parece un monólogo, porque este agricultor q´eqchi ´de 37 años no habla castellano. Conversa a través de Rolando Maas, quien hace de intérprete voluntario. Antes que estos dos locales pudieran informar al mundo lo que había ocurrido en su comunidad, César Montes apareció entrevistado por los medios debido a su histórica relación con las comunidades del área del Polochic, en donde ha operado a través de la fundación Turcios Lima que este dirige.

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Montes, al igual que el presidente Jimmy Morales, dijo que la gente desarmó a los militares y los mató con sus propias armas. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) los desmintió cuando informó que todos, incluso los heridos, fueron lesionados con armas de fuego de carga múltiple, «posiblemente escopeta». César Montes hoy es un personaje ajeno para la gente de Semuy II. No niegan conocerlo, pero sí cualquier vínculo con él.

Rolando Maas, el traductor, niega que sean una población aliada al narcotráfico, como lo dijo el presidente Jimmy Morales en conferencia de prensa. « ¿Qué es el narco? Aquí no sabemos qué es eso. Nos dolieron las informaciones falsas que dieron, nos dolió lo que dijo el Presidente» afirma.

Ni Domingo, su familia o sus vecinos terminan por acostumbrarse a los visitantes. Desde que salieron del anonimato, o más bien del olvido, ven con curiosidad la llegada de nuevas personas, son cordiales, pero les incomodan las preguntas.

Domingo Mucu Sep ha hablado mucho, pero no sabe qué se dice de él o de su comunidad en los medios. Lo único que supieron es que alguien publicó los nombres de varios de sus vecinos, que uno de ellos se suicidó después de esa publicación, y que una familia más fue llevada por las autoridades para incorporarla al sistema de protección de testigos.

El pueblo entero fue noticia, lo saben, pero no tienen idea de qué hacer o qué efecto tendrá tanta atención mediática. Lo único que ha cambiado hasta ahora es que el Ejército está en todos lados.

Hay decenas de carpas para los soldados. Llegaron estufas tipo militar, camiones y carros que reciben dotación de combustible. Disponen de una doctora y un sastre que repara uniformes de los jóvenes soldados.

Las tropas del coronel Samayoa no es lo único en lo que el Ejército ha invertido. Recientemente ordenó la compra ocho mil fusiles Galil a la Industria Militar de Colombia, por diez millones de dólares, a 1,250 dólares cada uno. La adquisición responde a la estrategia contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de personas y el contrabando, según declaraciones del portavoz de la institución.

Esta es la segunda compra exitosa que el gobierno de Guatemala concreta con Colombia. La anterior fue un buque de apoyo logístico que costó 90 millones de quetzales.

La escueta reconstrucción de hechos, según Semuy II

La mañana del 3 de septiembre, mientras las mujeres iban y venían del centro de convergencia por una jornada de vacunación, quedaron sorprendidas al encontrase con un grupo de soldados armados.

«Una mujer sacó su fuerza para preguntar qué hacen aquí y qué quieren», asegura Rolando Maas. El Ministerio de la Defensa aseguró que la tropa volvía de una misión para seguir la traza de una nave con estupefacientes, aunque después la versión varió al indicar que buscaban sembradíos de droga.

Durante el enfrentamiento, el primero en ser atacado fue el alférez Carlos Steven Mayen Cabrera, el radio operador, lo que provocó que el grupo quedara incomunicado, según las declaraciones del portavoz del Ejército a una radio local.

En Semuy II nadie admite haber presenciado el enfrentamiento. Los cinco maestros sacaron a los niños en medio de los disparos y los gritos, les pidieron que corrieran a sus casas. Los docentes desaparecieron desde ese momento, a pedido de la PDH deberán volver para terminar el ciclo escolar.

El día del crimen, nueve hombres pintaban la única iglesia evangélica del lugar, a unos 300 metros de la escuela. Hoy todos dicen que no se asomaron a ver qué sucedía. Esa versión está sobre arenas movedizas, porque Enrique Cuc Tiul, uno de los pintores de ese día, resultó herido por perdigones de escopeta en el abdomen.

Plaza Pública lo visitó en su casa y apenas pronunció unas palabras, todas en q´eqchi´. «Fue una bala perdida cuando iba para la casa», traduce Rolando Maas. El rompecabezas luce más desordenado con este tipo de declaraciones.

Los oficiales entrevistados por el gobierno aseguran que nunca abrieron fuego contra quienes los rodearon y todavía no logran explicar bien cómo es que escaparon. En Semuy II algunas casas están separadas por pequeñas veredas, con riachuelos a flor de piel. Lo único que hay hacia arriba es la montaña pedregosa, y hacia abajo las planicies de solitarias plantaciones de palma. Para llegar a una salida hay que avanzar muchos kilómetros.

Los cuerpos de los tres integrantes de la marina del Ejército quedaron tirados casi 24 horas detrás de la escuela. Pero si ahí fueron acorralados, ¿en dónde o cómo comenzó el enfrentamiento?, ¿qué hacía un disparo en la parte frontal del edificio en donde los niños de Semuy II estudian?

El presidente Jimmy Morales condenó el ataque y describió la saña con que fueron tratados los militares. A partir de la descripción de una fotografía, dijo que a uno de los oficiales le dispararon en el rostro y al otro le arrancaron la cabellera y la colgaron en una estaca. Domingo Mucu Sep y Rolando Maas no caben del asombro cuando se les relata esta descripción.

Abren los ojos, se miran mutuamente, impresionados. Ellos, que insisten en no haber estado presentes durante el hecho, pero aseguran haber visto los cuerpos, dicen que nadie tocó a los fallecidos. La descripción es macabra.

Los cuerpos quedaron tirados toda la noche, nadie siquiera los cubrió con una manta, no hubo veladora ni vaso de agua, ni rezos ni llantos.

Los perros fueron los únicos que se acercaron para carcomer un cuerpo. Los restos de los tres oficiales de marina fueron recuperados por la Policía Nacional Civil al día siguiente. Les hicieron la necropsia y los trasladaron a la capital en donde Jimmy Morales y el Ministro de la Defensa les rindieron honores. Los tres fueron elevados a la categoría de héroes.

Rolando Maas declara: «Nos dio lástima, pero nos dio miedo que fuera a perjudicarnos (si tocaban los cuerpos). Que Dios nos perdone, ya el culpable ya lo hizo pero no sabemos quién».

Ante la falta de culpables confesos, la sospecha de la responsabilidad recae en Agustín Chub Chub, quien se quitó la vida al colgarse de la viga de su propia casa. Sus vecinos son quienes dicen que quizá no soportó la culpa y por eso se mató. No hay quien lo defienda, su viuda y sus hijos han pasado desapercibidos. No hubo velorio comunitario, y fue enterrado casi en silencio.

En Semuy II falta una familia, que fue integrada al programa de protección de testigos del MP. Son, al menos de manera oficial, los únicos que se han ido. Mariano y Joel Juc, padre e hijo, cuya vivienda fue rodeada por el Ejército, no piensan marcharse. Aunque para evitar problemas, no salen del pueblo.

Hasta el momento, la Policía reporta como resultado del estado de sitio ha capturado a poco más de 300 personas. De estas, 82 tenían orden de captura autorizada por juez, pero ninguna c relación directa con el crimen en Semuy II.

El Ministerio Público de Izabal, a cargo de la investigación, la mantiene en reserva y todavía no ofrece resultados. En los primeros días de su presencia en Semuy II, el Ejército notificó el hallazgo de arsenal, entre escopetas (cinco según una fotografía), municiones y granadas de uso militar que estaban envueltas en plástico y escondidas al pie de una palma..

El gran despliegue militar dio con un campo con almácigos de mariguana, es decir en su primera fase de cultivo, que ya fueron destruidos. Estaban, dice el Ejército, a tres horas de camino en la sierra. Lejos de donde los campesinos aseguran tener sus plantaciones de cardamomo.

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