El ministro de la Defensa explicó que «el objetivo principal del estado de sitio es eliminar las 49 pistas clandestinas del área, en donde han contabilizado el aterrizaje de 60 aeronaves durante este año». Ahora bien, si ya están detectadas, es solo cuestión de llegar a ellas y, judicializado el proceso, inutilizarlas, para lo cual no era necesario amedrentar a la población civil con un ostentoso estado de sitio.
Cierto: muchas de ellas están ubicadas en propiedad privada, en tierras de nuevos ricos, con quienes la alta oficialidad del Ejército y el Gobierno tienen muy buenas relaciones, pero para dejarlas fuera de uso no se necesita acusar a los campesinos de proteger a los narcos. Es solo cuestión de poner al Ejército y a la Policía del lado de la ley, tomando medidas severas contra los dueños de esas tierras, así hayan sido financistas de las campañas electorales de los partidos asociados en el pacto de impunidad.
Pero, como en toda acción social y política, los actores obtienen efectos no esperados, que esta vez dejan al desnudo la irresponsabilidad, la incapacidad y el oportunismo de la fracción más reaccionaria del bloque en el poder. Lo primero que ha saltado a ojos de la población desinformada, o alienada por la propaganda oficial, es que el caserío Semuy II (no tiene siquiera categoría de aldea) está rodeado por una finca de palma africana donde trabajan muchos de los jóvenes de esa pequeña población. La pista que los patrulleros supuestamente buscaban estaría, en consecuencia, en territorio palmero, y no en las pequeñas tierras que los campesinos labran en convenio legal y público con esa empresa.
Si primero dijeron que los soldados habían sido asesinados luego de desarmados, el Inacif ha evidenciado que lo fueron con escopetas. Nadie ha querido mostrar las pruebas de balística de las armas de los soldados, como tampoco de las escopetas ahora encontradas. La objetividad y la responsabilidad obligan al Ejército y al Gobierno a dejar claro de dónde salieron las balas que dieron muerte a los infortunados servidores públicos, que no tienen los suculentos bonos de riesgo que disfrutan los altos jefes militares, resguardados por sólidas cuatro paredes. Los patrulleros no estaban educados para manejar situaciones de crisis, lo que hace más que probable que, asustados, hayan disparado contra las personas que los increpaban, de modo que algunos aldeanos respondieron irresponsablemente con sus escopetas.
[frasepzp1]
Ha sido el general Luis Alberto Morales Pérez, responsable del escandaloso operativo militar que se ha impuesto en el norte del país, quien ha tenido que salir a desmentir al presidente Morales y a su ministro de la Defensa. Los soldados murieron en la refriega, y no ejecutados, como Jimmy Morales dijo en conferencia de prensa.
Los soldados salieron huyendo sin siquiera auxiliar a sus heridos. Esta es una clara evidencia de la pésima formación y capacitación que las fuerzas militares tienen para actuar en momentos de paz, por lo cual urge una revisión profunda de la doctrina militar, que ha dejado de lado todo lo relativo a la seguridad democrática. Tanto es así que, en los recorridos que los soldados hacen ahora en las comunidades, estos se cubren con chalecos de la Conred. El desprestigio al que los altos mandos han llevado a la tropa debe ser analizado seria, responsable y democráticamente.
Confirmada la existencia de las pistas, el mismo general Morales aclara que en Semuy II y en la finca de palma africana que la rodea no hay ninguna pista de aterrizaje no autorizada. Ahora se dice que lo que buscaba la patrulla era una plantación de marihuana, la que, por cierto, no ha sido mostrada a la prensa.
El estado de sitio es un fracaso en sus objetivos públicos, pero también en los no dichos, porque ni siquiera le será posible al Gobierno comprar los aviones argentinos. Y, cuando mucho, en la voracidad de los altos mandos por quedarse ilegítima e ilícitamente con fondos del Ejército, estos se apropiarán del valor de algunos cientos de raciones alimenticias de los soldados, con lo cual encarecerán los precios y declararán muchos más soldados de los que realmente participan en el operativo.
Todo, a costa del desprestigio abierto y claro de las fuerzas armadas guatemaltecas, así como de la caída de la moral y de la combatividad de sus mal pagados y maltratados soldados.
Más de este autor