Paradójicamente, la nueva ola de cambios es comandada por un líder de la vieja generación de políticos, Mario Taracena, quien parece haber entendido que la disyuntiva era avanzar o morir. Por su lado, el que emergió de los acontecimientos de la plaza como el representante de la nueva clase política, el entonces simpático y sonriente Jimmy Morales, es ahora una figura sitiada, que frecuentemente pierde la cabeza y comete errores a cada rato y cuyo partido se acerca cada día más a las viejas prácticas clientelares y nepotistas que un día criticó.
La octava legislatura empezó, de hecho, con un golpe de autoridad al hacer públicos muchos detalles oscuros sobre sueldos y contrataciones. La última portada de una prestigiosa revista de análisis político justamente expone los clanes familiares incrustados en el Organismo Legislativo. Sorprendentemente, la agenda legislativa también está cargada de sorpresas: en estas cinco semanas de trabajo se han discutido o se pretenden discutir leyes tan importantes como la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la ley de desarrollo rural, la ley de aguas, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la ley de juventud y la ley de radios comunitarias, entre otros proyectos relevantes para el avance de la democracia y del combate de la impunidad en Guatemala.
La convicción de que este año va a ser el año del cambio institucional parece emerger con fuerza, especialmente por los graves desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Lamentablemente, cada proyecto que se discute en el Congreso es una oportunidad de avance, pero también de retroceso, y lejos estamos de evaluar el conjunto de los cambios en marcha a manera de saber si estamos avanzando o, por el contrario, las amenazas se están haciendo más grandes.
Los esfuerzos por transformar el país también se multiplican. En una reunión de un colectivo de análisis al que pertenezco identificamos al menos ocho grandes procesos de diálogo y agendas de transformación que incluyen la bandera de la reforma del Estado, la proyección de un plan de desarrollo para el país, el establecimiento de medidas de transparencia y la agenda para el fortalecimiento del sistema de justicia y la lucha contra la impunidad. En cada proceso o aspecto existe un colectivo impulsando sus propias agendas y objetivos, pero difícilmente hay un conocimiento de cada colectivo de lo que están haciendo o proyectando los otros.
Esa efervescencia por el cambio puede ser vista como un aspecto positivo, ya que demuestra la voluntad de cambio de casi todos los actores de la sociedad civil. Una mirada más atenta, sin embargo, demuestra que los enemigos de la democracia y de la transformación de la sociedad se están aliando para detener cada proceso por separado, mientras los impulsores de los cambios están difuminados y dispersos en cada proceso y mesa de diálogo concreto, lo que al final puede hacer que la balanza se incline hacia el lado equivocado y que, en vez de dar un salto hacia adelante, tengamos un claro retroceso en algunos aspectos medulares. Bien dice la sabiduría popular: «En río revuelto, ganancia de pescadores».
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