El entusiasmo por el sector de la vivienda ha crecido en las últimas semanas. En el Congreso, la UNE discute una propuesta de ley. En el sector privado, la Fundesa promueve el tema con un gran evento. A ello se suman funcionarios y analistas que aseguran que esa es la salida a nuestros problemas. Todos pintan un escenario rosado de crecimiento, empleo y mejor calidad de vida. Yo creo que debemos mostrarnos escépticos ante tanto entusiasmo. La propuesta suena más a crear el nuevo modelo de peonaje por deuda de los tiempos coloniales. ¿Cómo va a ser una propuesta para beneficio de la mayoría cuando es un privilegio que se otorgará a los trabajadores formales, algo que Guatemala casi no crea (gráfica 1)? ¿Cómo van a poder pagar los trabajadores una casa de Q250,000 cuando la evidencia apunta a que el poder adquisitivo de los trabajadores formales ha crecido muy poco en 20 años, además de que viene en caída desde 2015 (gráfica 2)?
Gráfica 1: creación de empleo formal por parte del sector privado
Gráfica 2: salario real de los trabajadores formales del sector privado
La propuesta que se discute es no solo un privilegio para unos pocos, sino también algo equivalente a recibir una tarjeta de crédito a la par de un tecolote para ahorrar en fichas de 25 centavos. La promoción irresponsable de construcción de la vivienda cuando la economía crece amenaza con convertirse en la puerta de entrada a una crisis económica. La construcción de vivienda y la enorme deuda que esta implica para los trabajadores son un riesgo cuando la economía crece muy poco. ¿Es la construcción de vivienda la solución? No. Vamos a aumentar el endeudamiento de los trabajadores, quienes luego no van a tener el ingreso para pagar la deuda. Y si no la pagan ellos, la pagarán los contribuyentes, quienes verán menos dinero yendo a educación y salud para evitar una crisis financiera.
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No soy negativo ni derrotista. Simplemente recuerdo las experiencias económicas de otros países. Los mismos estadounidenses ya vivieron esa algarabía de promover el sector inmobiliario y luego pagaron las consecuencias. ¿Recuerdan que la crisis mundial empezó por el mercado inmobiliario en Estados Unidos en 2007? ¿Recuerdan ese montón de instrumentos financieros que se dedicaban a financiar la construcción y reventa de vivienda? Gracias a la deuda amparada por apoyo del Gobierno, los precios subieron mucho más rápido que la capacidad de pago de los trabajadores. Cuando la crisis estalló, el costo del problema no lo pagaron los bancos, que en gran parte fueron rescatados. El costo lo pagaron los trabajadores, que vieron sus ahorros esfumarse y sus casas pasar a propiedad de alguien más. El costo lo pagaron los contribuyentes que rescataron los bancos.
Es importante no malinterpretar mi crítica. Estoy de acuerdo en que necesitamos mejorar la vivienda en el país y en cambiar el funcionamiento de nuestras ciudades. Pero dicha apuesta debe acompañar una propuesta clara de creación de empleo y la promoción de mayores salarios. Esto es lo que falta para hacerlo sostenible. El problema es que no estamos haciendo nada al respecto y que las propuestas que se están impulsando padecen de grandes problemas. El Gobierno no sabe establecer prioridades. Y le gusta enfocarse en hacer shows más que en implementar proyectos concretos. La cooperación internacional está obsesionada con proyectos irrelevantes que no crearon empleo en sus países —ya olvidaron las lecciones del Plan Marshall—. Los partidos políticos están más preocupados por ganar votos complaciendo a sectores económicos que no van a generar desarrollo, pero que sí van a cooperar en el pago de la campaña.
Mientras tanto, si esa propuesta de vivienda no va acompañada de propuestas concretas, solo se está creando una burbuja que nos va a estallar en la cara. Y la pregunta será: ¿quién va a pagar el costo?
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