Durante los últimos años, muchas personas no habían durado más de un año en cada uno de sus trabajos y existían discontinuidades entre uno y otro. En las entrevistas personales pude explorar que en varios candidatos no existían competencias distintivas desarrolladas y que lo que les importaba al final era buscar estabilidad y terminar la angustia de varios meses de búsqueda. Irónicamente pudiese pensar que es un efecto de posmodernidad, pero el proceso me sirvió para dialogar con muchas personas, reflexionar y entender algunos elementos de la realidad económica y sobre todo la denominada economía del rebusque, de la sobrevivencia, aquella que justifica que exista una tienda en cada esquina de nuestra Guatemala y que la inversión en bienes raíces se convierta en el único seguro de la tercera de edad.
En medio de la campaña electoral, se observa cómo los candidatos hablan del programa de atención económica dirigido al adulto mayor y al mismo tiempo de manera inconexa de juventud, seguridad y empleo. El común denominador de las propuestas además de su oportunismo, es su incoherencia con un país en el cual el 71% de la Población Económicamente Activa se encuentra vinculada al sector informal y el 71.1% de los 14.4 millones de habitantes tienen menos de 30 años.
Perversamente, los candidatos se dirigen a la tercera edad evadiendo tocar las causas de la situación de su precariedad. Y en tanto el futuro de la mayoría de los guatemaltecos sigue siendo incierto, se observa cómo uno de los candidatos realiza una finta a través de una propuesta de un bono que poco contribuiría a la cohesión social pues ampliaría brechas en relación a aquellos que no se encuentran en el sector formal; y el otro se pavonea hablando de corrupción ante las cámaras y firmando pactos que garantizan statu quo de grupos –sindicato del IGSS– que se benefician del sistema actual.
Y no es que me encuentre en contra de programas de asistencia económica al adulto mayor. El problema es que detrás de la medida que frena o contiene temporalmente la injusticia social por la que atraviesan las personas de la tercera edad, subyace un asunto de dimensión mayor; pues si en Guatemala no hay hoy una reforma al sistema de seguridad social, en el futuro habrá muchos más adultos mayores que no gocen de ningún tipo de asistencia y se ampliará la brecha de la equidad, pues pocos serán los privilegiados que pueden acceder a una situación de seguridad en su época de retiro.
En la actualidad, la cobertura que brinda el IGSS solo corresponde al 25 % de la Población Económicamente Activa –PEA–, es decir, el 75% se encuentra sin alguna medida que los ampare durante su vejez. Con la informalidad creciendo como el magma de un volcán y con la esperanza de vida en aumento, existe el riesgo de que en el mediano plazo –no obstante se observe un excelente manejo financiero– el sistema no pueda contener el ritmo de crecimiento de los pensionados. De hecho, ya se observan algunos síntomas en los estados financieros que reflejan el incremento de las solicitudes de pensión y que revelan cómo la tasa de inscripción de afiliados en el sistema ha sido inferior al ritmo de crecimiento de las solicitudes y la PEA.
El escenario de sostenibilidad del sistema con la cobertura actual implica por una parte que las contribuciones de cada cotizante deberán ser superiores a las actuales para financiar las pensiones. Pero por otra, la necesidad de que el Estado cumpla los compromisos que tiene para con el sistema por concepto de contribuciones como patrono (EMA e IVS) y como Estado, los cuales ascienden a cerca de 18.000 millones de Quetzales.
Ahora bien, ampliar cobertura implica acciones en dos vías. Una, muy difícil porque depende de muchos elementos exógenos, que consiste en modificar el modelo de producción creando empleos en el sector formal –conteniendo la informalización– y promoviendo que los sectores informales normalicen sus operaciones. La otra, más real pero complicada desde el punto de vista político, consiste en reformar el sistema de previsión social –constituido para sectores organizados y empresas de mayor tamaño– para adecuarlo a la informalidad, a la estructura de la pirámide poblacional y a las distintas modalidades de contratación.
No estoy diciendo que se debe privatizar el IGSS, ni desmontarlo, tampoco que es culpa del Instituto que el sistema esté colapsando, pero es necesario asumir la responsabilidad generacional y buscar un modelo más acorde con la realidad del país. Es una vergüenza que después de 65 años, el sistema cubra solo el 25% de la PEA, que el Estado sea uno de los principales causantes que el sistema fracase y uno de los mayores impulsores de la desprotección social –a través del reglón 029. Pero aún más indignante es que muchos de los pensionados, por limitaciones financieras del sistema, reciban después de 20 años de aportes, pensiones comparables con las presentaciones del programa de aporte económico al adulto mayor.
Más de este autor