“El Ministerio de Salud tiene mucho desorden en sus cuentas, pero el IGSS está totalmente ordenado gracias al sistema que dejó Carlos Torrebiarte”, afirmaba en julio de 2015 Gustavo Alejos Cámbara en declaraciones a la revista Contrapoder, con los motivos por los que habían dejado de abastecer al Ministerio de Salud para centrarse en las ventas de productos farmacéuticos al IGSS.
En la mañana de ayer, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, fue desarticulada una supuesta red de corrupción que operaba en varios hospitales del “ordenado” Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Una red que implicaba a proveedores, funcionarios y operadores, acusados de manipular procesos de licitación y compras a favor de determinadas empresas, tanto de servicios como de medicamentos, con el respectivo cobro de comisiones. El Ministerio Público y la Cicig la denominan “negociantes en salud”.
Once de los trece implicados con orden de captura –entre ellos varios directivos de centros médicos del IGSS– fueron aprehendidos tras el allanamiento de más de treinta viviendas. Solo lograron huir dos de los implicados: Gustavo Adolfo Castillo y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien en la mañana salió de su casa ubicada en Residenciales Premier Campestre, de Carretera el Salvador,en dirección al gimnasio al que acudía habitualmente y logró escapar del operativo.
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Alejos, el poderoso secretario privado de Álvaro Colom, catalogado como uno de los hombres de mayor influencia en el país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, perdió ayer finalmente la inmunidad tácita de la que había gozado desde que inició el gobierno del Partido Patriota, cuyo presidente, Otto Pérez Molina, vivía de hecho en una casa alquilada por el propio Alejos. El empresario fue descrito por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su informe de Financiamiento y Elecciones como facilitador de negocios, operador político, y financistas de partidos –según sus propias palabras de la UNE, Gana y Todos–. Cuenta, según aseguró, con un patrimonio de más de US180 millones y hasta el 18 de marzo era el represente para Guatemala de J.I.Cohen, intermediaria de farmacéuticas internacionales como Roche.
Hoy acusado de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, es una de las piezas que el Ministerio Público y la CICIG han hecho caer como si se tratara de las fichas en línea de un dominó cuya extensión se desconoce. Las investigaciones por corrupción en los últimos meses han afectado, además de a importadores de origen asiático, a políticos, funcionarios públicos, empresarios emergentes y a algunos representantes del sector privado organizado en instituciones como la Junta Monetaria y el IGSS.
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Vinculado a tres farmacéuticas
El caso por el que se emitió ayer la orden de captura forma parte de las investigaciones de la CICIG en el sector salud. En una conferencia de prensa en la que lo acompañaron la fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, y el viceministro de Gobernación Elmer Sosa, el comisionado Iván Velásquez dijo que la investigación nació de informaciones obtenidas por el caso Pisa, otro caso de corrupción en el seguro social.
Velásquez explicó que durante la investigación se definieron cuatro categorías dentro de la cadena de corrupción del IGSS. En primer lugar, los proveedores: representantes o propietarios de empresas que prestan servicios e insumos de salud y “ofrecen comisiones a los operadores y los funcionarios para lograr la colocación y la demanda de sus productos y sus servicios”. De estos, ayer fueron capturados José Rafael Arriaga Fuentes, acusado de asociación ilícita y cohecho activo; José Rodolfo Barrientos Montepeque y Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez, por presunta de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Estos influían en los operadores, la segunda categoría: particulares con información y contactos privilegiados dentro del sistema de compras del IGSS. Los operadores fueron descritos como “intermediarios particulares que trafican información privilegiada, logran cooptar y corromper funcionarios, manipulan el mercado y favorecen a determinados proveedores”. Aquí se encuentra Gustavo Alejos, vinculado con droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A. y Sabiapharma S.A., una empresa de reciente creación que, según una investigación de Plaza Pública, también fue contratada de forma anómala a través de Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC). Además, fueron catalogados como operadores y capturados el día de ayer, Juan Pablo Muralles Morán, vinculado a las empresas Meproser, Prizm y Mederi, y Enrique Toledo Paz, propietario y representante legal de corporación Farmaclínicas.
Las dos últimas categorías están conformadas por funcionarios.
Por un lado, los periféricos: técnicos y profesionales del IGSS que trabajan en las unidades de atención a pacientes y que son quienes deciden las necesidades de insumos, en principio, según las necesidades de los pacientes. Pero que, de acuerdo con las investigaciones, modificaron las peticiones de medicamentos, en función de las necesidades de los proveedores. Por último, los funcionarios centrales, con labores administrativas y encargados de los procedimientos de compras. “Que son los que complementan esta cadena para lograr materializar unas supuestas necesidades institucionales que son ellos mismos quienes van generando”.
Ayer fueron capturados siete funcionarios de alto rango, todos ellos acusados de asociación ilícita y cohecho pasivo. Entre estos, se encuentra Carlos Enrique Palma Carranza, director del hospital Juan José Arévalo (IGSS de zona 6); Roberto Francisco Estrada Morales, director del hospital de enfermedades Generales del IGSS; César Estuardo Hernández Monroy, médico de la Unidad de Oncología; Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, director de la Unidad Periférica del IGSS; Marcelo Noguera Sagastume, jefe de la unidad financiera del hospital Juan José Arévalo; y Hugo René Navas Bonilla, director de la Policlínica del IGSS.
De este modo, mediante escuchas telefónicas, investigación en campo y constatación a través del portal de compras del Estado, pudieron establecer una sucesión de relaciones entre operadores, funcionarios y proveedores que concluyeron con la concreción de compras de productos y de servicios que beneficiaban a las empresarios aprehendidos, y a través del pago de diferentes prebendas, a todos los implicados en la cadena.
“Así constatamos por ejemplo cuando se organiza el evento para la adquisición de 47000 cápsulas de Lanzoprazol, luego con un evento que se anula, la pretensión es adjudicar a otro de los que están interesados”, explicó Velásquez. “Esta cadena de corrupción llega inclusive hasta darle prebendas, beneficios a médicos, adquiriendo para ellos tiquetes aéreos, patrocina eventos médicos, se hace el manejo de productos o interviniente junto a otros operadores en la apertura de una unidad en Gerona o el nombramiento del personal en el Igss”, explicó el comisionado. En el caso de Gustavo Alejos, vinculado a las empresas Evolución Farmacéutica S.A, Droguería Colon y Sabiapharma S.A, se documentó la promoción de varios productos farmacéuticos así como de otros proveedores. Evolución Farmácéutica incrementó sus ventas durante los últimos dos años vendiendo al IGSS productos por Q30 millones entre 2014 y 2015.
Además, se establecieron relaciones de Gustavo Alejos con instancias superiores del IGSS. “Relaciones que hemos venido acreditando, por ejemplo, con el ex presidente del seguro social, el señor Juan de Dios Rodríguez. O que el mismo realiza visitas promocionando un determinado medicamento, participación en actividades de asignación, control y distribución de comisiones indebidas a funcionarios del IGSS, manipulación de procesos licitatorios, control financiero de empresas paralelas…”, explicó Velásquez.
Ayer en la mañana, se decretó la orden de arraigo para Gustavo Alejos y se incrementaron los controles en los puestos fronterizos para evitar su salida del país.
