La caída de Byron Lima, el señor de las cárceles
La caída de Byron Lima, el señor de las cárceles
La muerte del excapitán el ejército guatemalteco Byron Miguel Lima Oliva se produjo con la m...
La muerte del excapitán el ejército guatemalteco Byron Miguel Lima Oliva se produjo con la misma estridencia de su carrera en prisión: entre acusaciones del más alto nivel que llegan a la Presidencia y muchas incógnitas.
A última hora de la tarde del lunes, el centro preventivo Pavón, en Ciudad de Guatemala, aún no había sido recuperado por las fuerzas de seguridad después del ataque con explosivos y armas de fuego en el que falleció Lima. Sin embargo, ya se había podido establecer su muerte y la de otras 12 personas, entre ellas una mujer de origen argentino.
Según Francisco Rivas, ministro de Gobernación, cartera responsable de las cárceles, el ataque inicial realizado por otro grupo de reos fue con una granada arrojada a la seguridad de Lima, conformada por los propios prisioneros, tras lo cual los atacantes remataron a los heridos a tiros. Tres de los cuerpos además fueron decapitados y uno de ellos quemado. El cadáver de Lima presentaba dos tiros de gracia en la cabeza.
Aún no se sabe cómo acabaron las armas en prisión, pero primeras versiones apuntan a los camiones con agua y otros productos que ingresan a la prisión.
Un reo "muy particular"
Lima, un oficial de inteligencia capacitado en la escuela de Fuerzas Especiales Kaibil, especializada en contrainsurgencia, fue condenado en 2001 a 30 años de prisión junto a su padre, el coronel Byron Disrael Lima Estrada; el especialista del Ejército José Obdulio Villanueva, asesinado y decapitado en un motín en 2003, y el sacerdote Mario Orantes fueron señalados como coautores del asesinato de monseñor Juan Gerardi.
El sacerdote era coordinador del informe para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), una recopilación de los crímenes cometidos por Ejército y guerrilla durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996). Por este caso, desde hace dos años se encuentran en libertad el coronel Lima y el cura Orantes por una reducción de la pena a 20 años y beneficiados por buena conducta, un proceso al cual también aspiraba Byron Lima.
Como apunta el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, Lima no fue nunca un reo común. “Tenía un perfil muy particular, buen alumno de inteligencia militar, desde su ingreso a prisión comenzó a crear una red de colaboradores basado en proyectos de generación de trabajo que luego trasladó a actividades ilícitas, a la vez garantizaba control en los centros penitenciarios donde operaba”. Lima comenzó su carrera carcelaria en el Centro Preventivo de la zona 18, compartiendo prisión con integrantes de pandillas y pronto destacó por encabezar los comités de orden en los penales.
En medio de un sistema penitenciario colapsado por la sobrepoblación, la figura de Lima creció al ofrecer orden en medio del caos. Trasladado a la prisión de Pavón, Lima se encargó de liderar la cooperativa Torre Fuerte que operaba en el penal, la cual se encargaba de una maquila de ropa. Trabajo y seguridad eran sus monedas de canje con los reos, mientras sus buenas relaciones con las autoridades penitenciarias le reportaban control en traslados entre centros penitenciarios.
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“Con la llegada al poder del Gobierno del Partido Patriota (de Otto Pérez Molina en 2012) se termina de consolidar y volver todopoderoso en el sistema penitenciario”, detalla Menocal.
En 2013, Lima es detenido al abandonar la cárcel para un tratamiento médico para el cual aseguraba tener autorización. Este hecho marca el inicio de una disputa con el entonces ministro de Gobernación del Partido Patriota, el teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla, en prisión por un caso de corrupción que involucra al expresidente Pérez Molina, y lo acusa de montar un caso en su contra para privatizar las cárceles.
Estos hechos se agravaron en septiembre de 2014 cuando Lima, en una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –organismo de apoyo de las Naciones Unidas al Ministerio Público–, es acusado de liderar una estructura de control de las cárceles, mientras la fiscalía presenta una serie de escuchas telefónicas y documentos contables que ligan al reo con las máximas autoridades del Sistema Penitenciario. Según los investigadores, Lima pagaba a los carceleros sobornos con dinero cobrado a los reos para garantizarles un traslado al centro controlado por él y libre de pandilleros.
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El excapitán, que esperaba iniciar el proceso de reducción de su pena ese mismo mes, estalla con este nuevo caso y acusa a López Bonilla de favorecer a narcotraficantes y participar en lavado de dinero. Además, le dirige un mensaje al entonces presidente, el general Pérez Molina, actualmente en prisión investigado por cuatro casos de corrupción:
“El Partido Patriota cuidado porque hay mucha gente vinculada (al narcotráfico) que son diputados de Parlacen (Parlamento Centroamericano), del Congreso de la República, y muchos fiscales que son tumbadores de droga (…) a quien admiro es al general Otto Pérez Molina por su honradez”, dijo ante los medios en tribunales, en una intervención en que acusó a López Bonilla de pretender trasladarlo a otro centro penitenciario donde fuera más fácil asesinarlo.
Moisés Galindo, abogado de Lima, indicó que en el momento de la muerte de su defendido buscaba activar la reducción de la condena por el caso Gerardi, mientras esperaba el avance de sus otros dos casos: una acusación por falsificación de documentos y otra por el control de las cárceles.
La muerte del hombre fuerte de las prisiones ha desencadenado una serie de hipótesis sobre la autoría. En el transcurso de la tarde del lunes, y con el centro preventivo aún sin controlar, un reo se dirigió a la prensa desde una valla asegurando que el autor del crimen fue Marvin Montiel Marín, alias “El taquero”, un narcotraficante condenado por un asesinato masivo durante un intento de intercepción de un cargamento de droga; el cual habría disputado con Lima por el ingreso de droga al penal.
Esta versión ha sido rechazada de inmediato por Luis Lima, hermano de Byron, quién aseguró que esta declaración “no es más que una cortina de humo” para ocultar lo que el calificó como un crimen de Estado. Según Luis Lima, 10 días antes obtuvieron información oficial de que un plan se estaba orquestando para ejecutar a Lima y promover la privatización de las cárceles, una reforma en discusión durante años en Guatemala.
“Tras 17 años estar preso, hay en Estados Unidos un testigo protegido que tira por los suelos la condena por el caso Gerardi y pronto saldría de prisión” aseguró Luis Lima. Esa teoría fue defendida también por el abogado Galindo, razón por lo cual dice no cree en un disputa por narcotráfico como el origen del ataque. “El mismo Ejecutivo estaba planificando esto, tenemos pruebas. En el momento se va a sacar registros de personas visitantes y otras evidencias, esto es un crimen de Estado” aseguró.
Por parte del Ejecutivo, Hans Heizman, vocero presidencial descartó esta versión como “suposiciones" y dijo que deberá validarla "con pruebas que ayuden a esclarecer los hechos” . Además dijo que la Presidencia brindará todo su apoyo al Ministerio de Gobernación y Ministerio Público para el esclarecimiento del crimen.
Byron Lima manifestó, durante la campaña presidencial del año pasado, su respaldo al actual presidente Jimmy Morales, en declaraciones de prensa y publicaciones en sus redes sociales, así como a su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), una agrupación conformada en sus inicios por militares de línea dura agrupados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua).
Su crimen, que se suma a una larga cadena de asesinatos de alto impacto en centros penitenciarios, coincide con la llegada a los tribunales de decenas de casos que involucran a exfuncionarios del Partido Patriota de Pérez Molina por casos de corrupción.
Esta nota fue elaborada para Univisión Noticias por Bill Barreto, de Plaza Pública.
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