La pelota vuelve a la Corte, a horas de que venza el plazo fijado por el gobierno a la ONU

Pero había que tomar en cuenta dos cosas: que aunque el gobierno desconozca a Velásquez, por ahora él continúa siendo el titular de la Cicig, ya que según el acuerdo es al Secretario General de la ONU, y a nadie más, a quien le corresponde nombrar al titular de esa comisión; y que el tribunal constitucional estaba respondiendo con esta resolución a un amparo promovido por el abogado Alfonso Carrillo en el que se hacía referencia específica Velásquez y a su situación concreta con el Gobierno de Guatemala.

A pesar de que la magistrada Gloria Porras señaló que la sentencia no daba lugar a interpretaciones, ante los oídos sordos del Gobierno, la Corte ha recibido cuatro diferentes recursos para que aclare, a través de una ampliación, si el gobierno está desobedeciendo o no al máximo órgano constitucional.

El martes por la mañana, Carrillo presentó una de las acciones. Un recurso de ampliación en el que señala que la parte resolutiva es “clara, indubitable y congruente” con lo que se solicita en el amparo “al ordenar a las autoridades impugnadas el ingreso al territorio nacional del comisionado de la Cicig”. Carrillo solicita que en un plazo de 24 horas, se ordene a las autoridades que comuniquen a sus subalternos, personal operativo y demás trabajadores de control migratorio lo resuelto por la Corte para su cumplimiento.

También reclama que el tribunal ordene al presidente y al subdirector de Control Migratorio abstenerse de emitir cualquier orden que impida el ingreso de Iván Velásquez. 

Horas después, la organización no gubernamental Acción Ciudadana planteó otro recurso de ampliación, con el objetivo de que “se guarde armonía entre lo solicitado y lo resuelto” por la Corte y que ningún concepto de la resolución quede ambiguo ni de lugar a interpretaciones “que puedan afectar la obediencia del amparo provisional otorgado”.

Más tarde la misma organización, Acción Ciudadana, presentó una solicitud de certificación de lo conducente, en la denuncian la supuesta desobediencia a la sentencia por parte de la canciller Sandra Jovel y del ministro del Interior, Enrique Degenhart. En ella pidieron que se ordene inmediatamente el encausamiento para la destitución de los funcionarios y que se certifique lo conducente para iniciar el proceso penal “por la posible comisión del delito de desobediencia y abuso de autoridad”.

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Esto a partir de la conferencia de prensa del lunes en la que Jovel informó sobre la nota diplomática enviada al Secretario General de la ONU, en la que señalaba que para el Estado de Guatemala Velásquez había dejado de ser el comisionado de la Cicig desde el pasado 3 de septiembre; y en la que aseguró que no permitiría el ingreso de Velásquez.  

También demandan directamente que se aclare que la protección que se expone en el dictamen del domingo “incluye al Comisionado Iván Velásquez Gómez para su ingreso al territorio guatemalteco”.

Minutos antes, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, encabezaba una simbólica conferencia de prensa en la que estuvo acuerpado —metafórica y literalmente— por decenas de miembros de organizaciones. A la procuraduría se acercaron personas de agrupaciones campesinas como el Comité de Desarrollo Campesino, el Comité de Unidad Campesina y el Comité Campesino del Altiplano; de organizaciones de mujeres, de estudiantes, de colectivos urbanos, de personas de la diversidad sexual y de la Convergencia por los Derechos Humanos.

Rodas aseguró que las decisiones del Gobierno están llevando al país a una “crisis innecesaria” y, por ello, presentó un recurso de debida ejecución —el cuarto del día— en la Corte de Constitucionalidad. En el mismo hace varias peticiones.

Solicitó que se deje sin efecto la decisión del presidente de desconocer que Iván Velásquez como comisionado de la Cicig, así como la nota diplomática de la Cancillería en la que se requirió a Naciones Unidas el envío de una nómina de candidatos a ocupar el cargo. También pidió que quede sin efecto la decisión del Ministerio de Gobernación de impedir que Velásquez ingrese al país.

Además, se unió a la demanda de remoción de Jovel y Degenhart como ministros y que se ordene el encausamiento, certificando lo conducente a las autoridades en materia penal, en contra de estos y del presidente Jimmy Morales. En el caso del mandatario, al ser un cargo de elección popular y gozar del derecho de antejuicio, se solicita que la Corte certifique lo conducente al Ministerio Público para que la fiscalía inicie las investigaciones.

A lo largo del martes también hubo varios pronunciamientos de organizaciones y personas individuales. También se continuó perfilando la movilización programada para este jueves 20, a la que ya han confirmado su participación la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad San Carlos de Guatemala, y grupos estudiantes de las universidades del Valle (Acción UVG) y Rafael Landívar (Landivarianos).

El Frente Ciudadano Contra la Corrupción, la organización de estudiantes Usac es Pueblo y la coalición de organizaciones sociales Alianza por las Reformas, enviaron cartas al Secretario General de Naciones Unidas, en las destacaba el conflicto de intereses de Morales para deshacerse de Velásquez, ya que tanto él como su hijo y su hermano han sido señalados por el Ministerio Público y la Cicig en casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito.

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Las organizaciones señalaron que la decisión del mandatario pone en riesgo a jueces, operadores de justicia y a los ciudadanos y pidieron al secretario no permitir que “los intereses de un grupo que pretende eludir los delitos que hayan podido cometer desvíe el camino que llevamos varios años construyendo”.

Excancilleres y exembajadores guatemaltecos (Eduardo Stein, Gert Rosenthal, Fernando Carrera, Alfonso Cabrera, Edgar Gutiérrez, Ariel Rivera y Francisco Villagrán) de manera conjunta suscribieron una nota enviada a António Guterres, en la que manifestaron avergonzados por la carta que “en términos inamistosos y fuera de lugar” remitiera el pasado lunes la canciller Jovel al Secretario General de la ONU.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, representante del partido Demócrata, Norma Torres, también se pronunció acerca de la situación y aseguró sentirse “consternada” por la decisión de Morales de desobedecer a la Corte de Constitucionalidad. “Ya no puede haber ninguna duda: se trata de un régimen criminal que hará lo que sea necesario para protegerse”, denunció.

El martes por la mañana, en una breve conferencia de prensa, la ministra Jovel respondió a Torres: “Ella no está en Guatemala y debería ocuparse de lo que le corresponde”, zanjó.

El límite de las 48 horas

En la nota enviada el lunes a António Guterres, la canciller Jovel, en un lenguaje poco diplomático, “conmina” al secretario de Naciones Unidas a enviar una nómina de candidatos a comisionado en un plazo de 48 horas. También le advirtió que “se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de un comisionado en los plazos que se ha solicitado”.

Ningún funcionario del Gobierno ha explicado qué sucederá si la ONU no envía el listado de candidatos en el plazo señalado, el cual vence el miércoles por la mañana.

Según Jovel, el propósito de fijar ese plazo a Naciones Unidas es que se nombre cuanto antes al sustituto o sustituta de Velásquez, a pesar de que como recordó el procurador Jordán Rodas, el puesto del Velásquez no está vacante.

“La idea es no dejar desocupado el puesto de comisionado durante mucho tiempo porque todavía hay muchos procesos que tiene que trabajar la comisión y lo menos que queremos es que se paren”, aseguró la Canciller.

El martes a primera hora de la mañana circuló el rumor de que los ministros aprovecharían el gabinete de gobierno convocado por el presidente Morales para aprobar un acuerdo gubernativo en el que denunciaran el acuerdo de creación de la Cicig.

Jovel salió a desmentirlo: “En ningún momento se abordó este tema. Hay una negociación que se tiene que trabajar con Naciones Unidas”, se limitó a decir.

Stéphane Dujarric, vocero de Guterres, dijo en una conferencia de prensa en Nueva York, que recibieron la carta del gobierno de Guatemala y que la estudiarán “cuidadosamente”. “Habrá una comunicación sobre este asunto”, indicó, sin precisar cuándo.

Según el exvicepresidente y excanciller Eduardo Stein, la eliminación de la Cicig no es una decisión que el gobierno guatemalteco pueda tomar unilateralmente, y aunque se aprobara el acuerdo gubernativo, “la denuncia comenzaría a tener fundamento cuando termine el plazo de la Comisión, en septiembre de 2019”.

Otro aspecto que genera inquietudes en este contexto, son las visas de trabajo de los empleados extranjeros de la Cicig, que todavía no han sido renovadas. El 28 de agosto la comisión envió la documentación necesaria y las visas vencieron el 31. Según Jovel, el mismo martes se comenzaron a entregar algunas de las visas. Sin embargo, Matías Ponce, vocero de la comisión, aseguró que no tuvieron comunicación con ellos. Ponce indicó que se entregaron unos 37 pasaportes del personal internacional, además de los pasaportes de los familiares.

Sobre la mesa sigue la duda de qué sucederá dentro de unas horas, cuando se cumpla el plazo del Ejecutivo, así cómo los términos en que la Corte de Constitucionalidad aclarará su resolución del pasado domingo.