La piñata dadivosa del exsecretario Cuevas

Francisco Cuevas dejó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) el pasado 8 de noviembre. Comentó que la rodilla le estaba fallando y que mejor iba a descansar. Al siguiente día, Karla Herrera, la comunicadora a cargo de la Unidad de Comunicación del ministerio de Gobernación, fue llamada por el presidente Otto Pérez Molina para que sustituyera a Cuevas.

En 2012, Cuevas no fue la primera opción de Pérez Molina y Roxana Baldetti para ocupar el cargo, aun cuando su esposa había ganado una diputación por el Parlamento Centroamericano con el Partido Patriota (PP), y él, como corresponsal de Televisa, había dedicado los meses electorales a criticar al Gobierno de Álvaro Colom (UNE), del que fue viceministro de Gobernación (Apoyo Comunitario). Asumió el 18 de enero de 2012, luego de que otros profesionales rechazaran la propuesta de sumarse al Gobierno.

Ese día dijo que practicaría “una política de puertas abiertas sustentada en el respeto a la libertad de expresión”, pero los hechos demostraron que su gestión se alejó de aquellas buenas intenciones. En sus tres años como Secretario, Cuevas se caracterizó por obstaculizar la labor de la prensa que no era de su agrado, por utilizar la pauta publicitaria para premiar o sancionar medios y por manipular reporteros para sus fines. Pensar que él lo hacía solo, es ingenuo.

El saco del sastre

Revisar los gastos de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en Guatecompras resulta una tarea entretenida por la descripción de los contratos del personal que labora para la dependencia y que entrega una factura (el 71 %), como ésta: Servicios de Asesoría relacionados en imagen personal para el señor Presidente de la República, al referirse a la maquillista que le coloca polvos en el rostro para que no brille en la pantalla del programa “De frente con el Presidente” y cobra Q6 mil mensuales. Y también puede ser sorprendente: Q72,262.30 por el jingle de “Soy mujer” que dura un minuto y 20 segundos”.

En 2013, el equipo de planta de la SCSP (renglón 011, personal permanente con prestaciones laborales), lo conformaban 53 personas. De este grupo, el 21 % (11 plazas) comenzó a trabajar a partir de 2012 cuando asumió el Partido Patriota, como sucedió con Cuevas o con el entonces subsecretario de Comunicación Social, Óscar Ismatul. El resto, entre los que figuran fotógrafos (captura de imágenes fotográficas), camarógrafos (manejo de cámaras y sus ópticas), traductores, analistas, diseñadores, locutores, está por contrato. En octubre de este año, del total de trabajadores (169 personas), solo 49 estaban en planilla.

Entre los contratos, también están aquellos que podrían reflejar intercambio de favores. En Guatecompras, por ejemplo, figuran el hijo del ministro de Economía, Esteban De la Torre Niederheitmann, que desde abril de 2012 trabaja para la SCSP, primero en la unidad de radio y ahora presenta “documentales, noticias presidenciales y de ministerios en el noticiero La Ruta del Cambio”. Asimismo, 13 reporteros que proporcionan “servicios de recopilar información en las actividades gubernamentales de relevancia llevadas a cabo en x departamento”, con honorarios que van desde los Q5 mil hasta los Q7,500 mensuales. Marlon Alfredo Puente Rímola (El Pirulo) facturaba Q30 mil por transmitir 90 spots en su programa Pasión Roja, en Radio Nuevo Mundo. El contrato fue rescindido luego de que Puente Rímola se viera involucrado en disturbios que cobraron la vida de un aficionado crema.

El coronel Jorge Antonio Ortega Gaytán, que el pasado 4 de diciembre asumió como vocero presidencial, figuró como asesor de Cuevas durante 19 meses (abril 2012-noviembre 2014). Su responsabilidad era “establecer (una) agenda proactiva en el ambiente mediático nacional, regional e internacional”, por la que cobraba Q18 mil, Q19,200, Q20,400 o Q30 mil mensuales. El pasado 24 de octubre obtuvo un contrato por Q108 mil para realizar “diagnósticos técnicamente sustentados respecto de la estructura orgánica de la Secretaría, aspectos operativos y administrativos”, y “asesoría referente al clima organizacional, comunicación interna y sinergia de trabajo entre las diferentes direcciones, unidades, departamentos, proveyendo soluciones técnicas y financieramente sustentadas”. El monto (más de Q90 mil) requería que se siguiera un proceso de cotización, pero optaron por la modalidad de compra por excepción.

Cuevas no proporcionó una entrevista personal a Plaza Pública. En su lugar designó a su entonces subsecretario, Óscar Ismatul, quien dejó el cargo el 28 de noviembre, para que respondiera en su nombre. Otros puntos los amplió por correo electrónico.

El precio de la buena imagen

Durante los casi tres años que Cuevas estuvo al frente de la SCSP dispuso de al menos Q442.5 millones para la publicidad oficial, un presupuesto similar al asignado al Ministerio de Cultura y Deportes para este año (Q435.9 millones). Los utilizó para promover la imagen del Presidente o de otros funcionarios, como Alejandro Sinibaldi o Mauricio López Bonilla; para pautar con los medios que simpatizaba o para otorgar contratos millonarios a la productora “Alta Definición”, que trabajó la campaña del partido oficial cuando era opositor, y a otras dos empresas de la familia Borrayo Solares. 

La televisión, por ejemplo, concentró el 72.73% de lo invertido, seguido por la radio con el 17.59%. Los canales de Ángel González (3, 7, 11 y 13) facturaron el 81.3% en ese periodo. Los dos primeros canales Q163.5 millones y los otros Q18.8 millones. En tanto que Guatevisión, TVAzteca y Canal Antigua sumaron Q41.1 millones (18.38%).

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Las bases de los concursos describen “un canal de televisión de transmisión vía cable para comunicar información de Gobierno”, o con algunas especificaciones como “publicidad en canales (…) con énfasis en películas de largometraje”, y la cantidad de segundos a contratar.

En mayo pasado, los canales de González ganaron la licitación NOG3200981 por Q37,629,900 para “divulgar información de Gobierno al pueblo de Guatemala, en canales de televisión abierta en frecuencia VHF”. Era obvio que estos canales firmarían el contrato, pues sólo estos ofrecen “recepción gratuita” (uno de los requisitos).

En todos, la SCSP pautó en los tres horarios (matutino, vespertino y nocturno), en programas deportivos, reality shows (“con cierta tendencia para el segmento masculino, de entre 20 a 60 años”), revistas y telenovelas (“con cierta tendencia para el segmento femenino, de entre 14 a 60 años). Cuando se trata de la franja nocturna, el cliente puede escoger en que horario o programa lo quiere.

Fuente: Guatecompras.gt, contrato NOG 3200981

La radio, considerada como un medio popular con mayor alcance que la televisión o los medios escritos, fue desplazada al segundo lugar al facturar el 17.59 % del monto global. De nuevo, del total asignado Q54 millones, el grupo favorecido fue el de Ángel González —con 16 radios, Sonora y sus 30 frecuencias incluidas— (27.8%), seguido por Nuevo Mundo (19.46%), Emisoras Unidas (17.69%), Alius (13.6%) y Corporación Nacional (9.79%). Destina el 0.7% a Libertópolis (0.4 %) y Radio Inteligente (Infinita 100.1), y el resto se diluye en 24 estaciones.

Los concursos son para contratar: “Servicio de publicidad en grupos o cadenas radiales de transmisión en radios encadenadas o radios desencadenadas con programación local”. La licitación NOG 3247872 exigía que los participantes tuvieran 20 años de experiencia mínima y que destinara a un ejecutivo de cuentas y una persona para tráfico que atendiera a la SCSP de lunes a domingo, a cualquier hora. Y la Secretaría se comprometía a contratar una empresa de monitoreo para confirmar si la radio cumplió con transmitir en los horarios y días acordados, y a pagar en 30 días después de recibir la factura.

En esta licitación para comprar espacios participaron tres grupos, dos de la familia Liu, y Emisoras Unidas, el cual quedó fuera por llenar -de manera incorrecta- el formulario. La organización Alius, representada por Eduardo Liu, obtuvo un contrato por Q1.2 millones, y Notigrupo, a cargo de Helen Liu, su hija, Q770,690.4. 

La decisión de a qué medio convencional privilegiar depende del sector poblacional que quieran alcanzar. Alberto de Aragón, de la empresa de investigación de mercados y consultoría política Aragón y Asociados, explica que televisión abierta es para un público popular (C, D y E), aunque Notisiete llega a los niveles B y B-. Y en el caso de la televisión por cable, Guatevisión alcanza los niveles A, B y C con cobertura urbana y rural, y Antigua es B+ urbano.

Lo que está claro es que pautar en prensa escrita no fue la prioridad de la Secretaría a cargo de Cuevas. Por un lado, destinó el 9 % del monto global (Q23.6 millones), buena parte de los anuncios corresponden al programa “De frente con el Presidente” que se estrenó el 4 de junio de 2013, tampoco se anunció en revistas y por el otro lado, mantuvo una pelea frontal con elPeriódico.

Ronaldo Robles, exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia en el Gobierno de Álvaro Colom, menciona que la UNE dejó de “pautar en prensa escrita para privilegiar a la radio, en tanto que la administración de Berger fortaleció la primera”. Cuevas respondió que su contratación respondía al rating del medio. Se le pidió compartir los parámetros utilizados para tomar las decisiones, pero dijo que esa información la deben proporcionar los proveedores.

El presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, ha denunciado en las páginas del diario y en foros internacionales, los intentos del Gobierno por “quebrar” a ese diario al retirarle la publicidad oficial y presionar a otras instituciones descentralizadas o privadas a hacer lo mismo. La última vez que la SCSP contrató un espacio fue en octubre de 2012. Ese año facturó Q383,771.

Zamora atribuye la falta de pauta gubernamental a la “línea editorial crítica e independiente” del medio, a la publicación de reportajes o “peladeros” (rumores no confirmados, como los llama el diario) que cuestionan la manera como se utilizan los fondos públicos, el enriquecimiento del Presidente, la Vicepresidenta y otros funcionarios, y actos de corrupción que involucrarían, en su mayoría, a Roxana Baldetti.

Pérez Molina, Baldetti y el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodriguez, por su parte, emprendieron acciones legales contra Zamora y otras medidas, como excluir a elPeriódico de coberturas oficiales.

El entonces subsecretario Ismatul rechazó que existiera una orden que prohibiera contratar espacios en el matutino y aseguró que si dejaron de hacerlo fue porque su circulación decreció. A esto, Cuevas agregó que las convocatorias para participar en los concursos son abiertas y que se anuncian en Guatecompras, por lo que elPeriódico pudo participar si hubiera querido. Pero el exfuncionario se abstuvo de mencionar las letras pequeñas de algunos contratos.

La licitación NOG 3247732, adjudicada en junio 2014, era para contratar “servicio de publicidad en prensa escrita, para comunicar información de Gobierno al pueblo de Guatemala”. Las limitaciones estaban en el tiraje, cobertura y distribución. El monto para contratar 300 páginas full color fue de Q6,331,473 y se dividió entre cuatro empresas.

Prensa Libre, el matutino con cobertura en la provincia de Guatemala y con un tiraje mínimo de 120 mil ejemplares, obtuvo un contrato por Q1.9 millones. Diarios Modernos que edita Nuestro Diario con cobertura nacional “de forma regionalizada” y 240 mil ejemplares, obtuvo un contrato de Q1.9 millones. Corporación de Noticias consiguió dos contratos, uno para Siglo21 que circula en el departamento de Guatemala y municipios aledaños con un tiraje mínimo de 22 mil ejemplares, y el otro para Al Día con cobertura nacional y 40 mil ejemplares. Ambos convenios sumaron Q1.6 millones. Y el último contrato fue para Grupo LH (La Hora), el único vespertino con cobertura metropolitana y 11 mil ejemplares, que facturará Q714,663. 

Fuente: Guatecompras, NOG 3247732

De la prensa escrita, el grupo que concentra la mayor cantidad de anuncios es Prensa Libre (propietaria de El Quetzalteco) con Q7,600,749.35, seguido por Diarios Modernos con Q5,672,752.35. Si estas empresas no se hubieran divorciado ahora facturarían el 56 % de la publicidad oficial.

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La pauta se ha incrementado en Corporación de Noticias, S.A., casa editora de Siglo21 y AlDía, a lo largo de estos tres años. La propiedad de la compañía ha cambiado al menos tres veces en el mismo lapso. Ocupa el tercer lugar con Q4,470,582.17. Les siguen el vespertino La Hora y el gratuito Publinews, el primero con Q2,237,154 y el otro con Q2,187,866.74.

elPeriódico, que edita Aldea Global, S.A. recibió Q383,771, un monto similar al facturado por el gubernamental Diario de Centroamérica con Q355,290.10, seguido por La Palabra, un diario cristiano, con Q326,000 y El Metropolitano que circula por regiones y cuyos principales anunciantes son las municipalidades, con Q235,000. El Grupo Editorial CA-1, que publica Carretera News, Majada News, San Cristóbal News y Kayalá News, facturó Q163,575.

Esos montos no incluyen el contrato abierto (NOG 2851644) solicitado por el Registro Nacional de Personas (Renap) y la SCSP para prensa, radio y televisión, con duración de dos años (marzo 2014-marzo2016). El concurso fue publicado en Guatecompras el 2 de diciembre de 2013, y el 13 de enero se recibieron las ofertas. Hubo ocho empresas participantes y las ganadoras fueron Emisoras Unidas, Nuevo Mundo y Publimetro Guatemala.

El grupo Nuevo Mundo ofreció tres tarifas por segundo (Q5, Q6.12 y Q6.05) que podrían representar Q8.5 millones si las dos instituciones contratan los 1.5 millones de segundos. Como beneficios adicionales a la pauta, Nuevo Mundo propuso además de reducir sus tarifas en un 50 %, incluir información gubernamental dentro de los segmentos dedicados a la información, dos entrevistas mensuales sin costo en programas de opinión de una hora máximo, otras dos en “plazas de su interés” y seis menciones de 20 palabras en un programa matutino.

En medio de las acusaciones de elPeriódico por la selección arbitraria para la pauta, el diario mostró que Francisco Cuevas mantiene una relación comercial con González Gamarra a partir de los años 90. Ambos son propietarios de la radio Fénix administrada por el grupo. El exfuncionario negó que la relación estuviera vigente, dijo que entregaría documentos para demostrarlo, pero no lo hizo.

Emisoras Unidas, por su parte, obtuvo el otro contrato para transmitir spots en 14 radios. Ofreció tres tarifas distintas por segundo (Q5.13, Q9.01 y Q1.62), la factura total podría ascender a Q7.8 millones si se consumen los 1.5 millones de segundos. Según el contrato, no ofreció beneficios adicionales.

Fuente: Guatecompras, NOG 2851644

En el caso de la prensa escrita, eran dos las variantes para contratar 750 páginas full color en cada diario. Una dirigida a un medio con cobertura metropolitana, matutino, con un público tipo A y B, y un tiraje mayor de 25 mil ejemplares. La otra, un matutino que circulara en todo el departamento de Guatemala (zona metropolitana y entradas principales a la ciudad), para un nivel socioeconómico ABC+, gratuito y con un tiraje diario de 80 mil ejemplares.

El intento de competencia estuvo en la primera opción, pero Prensa Libre y Diarios Modernos quedaron fuera. El primero por no presentar a tiempo la solvencia del IGSS y el otro, por llenar de manera incorrecta el formato. Nuestro Diario todavía intentó abogar por ser el diario donde el precio por millar es el más barato del mercado (240 mil ejemplares), que garantiza la cobertura en los 22 departamentos, y que ofreció un precio especial de Q28,080 por página, cuando su tarifario vigente era de Q43,000. Siglo21 olvidó incluir la póliza original de la fianza y por eso no fue tomado en cuenta.

Por estas razones Publinews clasificó para ambas categorías, pues en la segunda no tenía competencia. Es el único diario gratuito con esas características. Ofreció como beneficio adicional un “descuento especial” del 20 % sobre la tarifa normal Q28,125, y fijó el precio de cada página en Q22,500 (el precio comercial en octubre 2014 era de Q25,000). Si el Renap y la SCSP pautan las 1,500 páginas podría llegar a cobrar Q67.5 millones en esos dos años.

La casa editora de Publinews (Publimetro Guatemala) forma parte del Grupo Emisoras Unidas, y su presidente, Rolando Archila Dehesa, es hermano del actual ministro de Energía y Minas, Edgar Archila Dehesa.

En el caso de la televisión, Canal Antigua, Guatevisión (TVN) y TVAzteca presentaron sus ofertas, pero a juzgar por las inconformidades publicadas en Guatecompras, no entendieron la manera cómo debían definir el precio. Antigua y TVA ofrecieron rebajar Q53 y Q99 el segundo, respectivamente, y TVN mejorarla. Esta parte del contrato quedó desierta.

El contrato que muchos quieren

Julio César Borrayo Ortega no entiende por qué la insistencia en preguntarle por los contratos que su empresa, Alta Definición, S.A. suscribió con la Secretaría. “¿Por qué no me pregunta por los spots que grabé para Viva o para la UNE?”, responde molesto. Él no tiene claro que la insistencia no es por su clientela sino por aquellos productos que se pagan con fondos públicos.

Se enoja cuando se le pregunta cuál fue su relación con el Partido Patriota cuando era un partido opositor. “Ninguna”, dice; lo mismo que respondió Cuevas. En las elecciones pasadas “yo trabajé para Álvaro Torres” -en alusión a Sandra Torres-, pregúntele”. Pero cuando se consulta a Ronaldo Robles, el exsecretario de SCSP de esa administración, lo niega. “Quien llevó la publicidad (de la campaña) fue Jaquemate, que dirige Manolo Marroquín. En todo caso, fue la agencia quién lo contrató”. Robles sostiene que durante su gestión no se contrató los servicios de una productora independiente sino se dotó de equipo a la Secretaría para hacer el trabajo.

Cuevas va por la misma línea que Borrayo. Descarta que los contratos obtenidos en este periodo y que superan los Q20.1 millones, respondan al apoyo brindado durante la campaña electoral anterior. “Estimo que sus fuentes no son precisas porque aseguran algo que no es cierto”, dijo el entonces secretario. Quien confirma la relación previa con el productor es la vicepresidenta Roxana Baldetti, exsecretaria general de la organización política. Ella reconoce a Borrayo como el encargado de “elaborar material audiovisual de la campaña”. El otro productor, Roberto Leva, se encuentra ahora en Uruguay como embajador de Guatemala.

En esta administración, Borrayo ha participado en tres licitaciones donde ha sido el único oferente. Durante la conversación telefónica sostenida el 3 de octubre, Borrayo aseguró ya estar listo para participar en una licitación que aún no era conocida.

Fue hasta el 23 de octubre cuando la SCSP publicó en Guatecompras el concurso para contratar “el servicio de producción para la realización de 90 spots sobre planes, programas y proyectos de Gobierno” (NOG 3609812). De nuevo, el único oferente fue Alta Definición que presentó una oferta por Q7,740,000* Al cierre de esta nota, el concurso aún se encuentra “en evaluación”.

El año pasado, Borrayo fue contratado para hacer 80 spots sobre “planes, programas y proyectos de Gobierno”, cada uno a Q75 mil (Q6 millones). En 2014 se comprometió a realizar 80 por el mismo concepto, pero cada uno costó Q82,500 (Q6.6 millones). También 185 reportajes para el “canal de Gobierno” por Q41 mil la pieza (Q7.58 millones). La última licitación fue adjudicada el 10 de septiembre.

Además, hizo otros comerciales para televisión y radio por los que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia paga no menos de Q85 mil ni más de Q90 mil para que sea una compra directa. Entre sus clientes también figuran el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la municipalidad de Mixco y el Instituto Nacional de Electrificación. “Tengo un equipo que se mantiene revisando Guatecompras, si sale algo de televisión, participamos”.

La conversación no duró más de diez minutos. Cortó la llamada tras señalar que no quería seguir hablando ya que era viernes y después de las 18:00 horas él ya no trabajaba. Se le pidió una reunión, pero dijo que no le interesaba. Ya no respondió a la siguiente llamada para explicar los contratos que también ganaron su esposa y su hijo.

Cuevas se limitó a decir que no se favorece a familia alguna. “Los procesos de contratación de servicios no los establecí yo, es un sistema conocido como Guatecompras. Considero que por suposiciones no se le puede negar a ningún guatemalteco participar en eventos si cumple con los pases legales”, respondió en un correo.

María Esther Solares González de Borrayo tiene la empresa Producciones Punto Com, fundada en mayo de 2000, y su hijo Daniel Francisco Borrayo Solares está a cargo de Dicho & Hecho, la otra productora.

Solares ganó el año pasado un concurso (NOG 2992795) para realizar 15 reportajes “sobre proyecto de Gobierno”, cada uno Q44 mil para un total de Q660 mil. Fue la única oferente. Ha producido otros reportajes para la Secretaría donde cada factura suma Q88 mil y así se evitan cotizar el servicio. También arrenda plataformas para fotógrafos y camarógrafos. Tiene los mismos clientes que Alta Definición, S.A. más al ministerio de Gobernación.

Las oficinas de Alta Definición y Producciones Punto Com se ubican en el mismo edificio de la zona 10, la Plaza Marítima.

Daniel Francisco Borrayo Solares representa Dicho & Hecho, S.A., una empresa fundada en febrero de 2011. El año pasado fue el único oferente de un concurso para hacer 20 documentales sobre actividades de Gobierno, cada una a Q44 mil 500 (Q890 mil). Desde 2012 produce spots para radio y televisión que la Secretaría adquiere por compra directa. Y también canaliza pauta de la Secretaría hacia otros medios como Canal 3 y Canal 7, y alquila generadores y hace cableado de energía. Sus oficinas no se encuentran en la dirección que registra Guatecompras.

La SCSP proporcionó una muestra del trabajo que realizó cada una de las productoras. Un reportaje de dos minutos de Producciones Punto Com., titulado Ley de Tránsito (sobre el uso de los chalecos), y otro de cinco minutos lo hizo Dicho & Hecho era sobre el premio Bravo Latin Trade que recibió Otto Perez Molina en Miami, en mayo de 2013. La Secretaría pagó en promedio Q44 mil por cada uno. 

La Secretaría también pagó Q70.262.30 por un jingle de un minuto y 20 segundos, pero no a los Borrayo sino a María Andrea Arias López, en marzo pasado. El título de la pieza es “Soy mujer” y debía promocionar los logros y fines de esa oficina. El año pasado cobró la misma cantidad por otro (“Con tus manos”) que duró un minuto y 22 segundos. Se le preguntó a Cuevas por esta contratación, pero no respondió el correo.

Sin ley... hay fiesta

Cuevas pudo repartir la pauta sin control alguno porque Guatemala carece de una ley que regule el uso de la publicidad oficial. Yahir Danroy, investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos, señala que esa “ha sido la lógica recurrente de esta época democrática. Antes era entendible pero no aceptable”.

Según el ahora exsecretario Cuevas, sus decisiones cumplieron los procedimientos legales, como otorgar un contrato millonario al único oferente o publicar en Guatecompras las convocatorias y los contratos. Pero, ¿qué criterios utilizó durante estos casi tres años para asignar la pauta publicitaria? El raiting, la cobertura y el público al que va dirigido el medio, responde de forma escueta.

Ni la SCSP ni otras dependencias o instituciones que utilizan fondos públicos para contratar espacio en los medios de comunicación, están obligados a explicar por qué eligieron a ciertos proveedores o se anunciaron en determinada radio. Tampoco están a hacer mediciones sobre los resultados de las campañas.

Los concursos por montos mayores de Q90 mil especifican características que limitan el número de participantes o bien, las dirigen a un solo oferente por las características tan específicas que estipulan. Como sucedió cuando se exigía que el matutino fuera gratuito y tuviera un tiraje de 80 mil ejemplares, condiciones que sólo cumple Publinews.

La discrecionalidad se manifiesta en las compras directas menores de Q90 mil, pues el funcionario (secretario, ministro, alcalde o presidente de una descentralizada) puede adquirir espacios o productos con quien desee sin mayores explicaciones. Por eso se ven contrataciones por Q85 mil o Q89,750, o anuncios en publicaciones de dudosa calidad.

A partir de este año, las instituciones que disponen de fondos públicos están obligadas a publicar en Guatecompras los planes anuales de compra, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. El documento enumera las cantidades estimadas de compras y montos, pero no explica por qué o para qué. El de la SCSP menciona 369 por un total de Q43,532,074, presenta cuáles concursos requieren de una licitación (como contratar espacios en televisión abierta) o una cotización para adquirir equipo técnico, y la descripción del personal que contratará como asesores.

Álvaro Velásquez, politólogo, critica ese tipo de información. “En el presupuesto ya van asignados los montos, esto permite hacer una base clientelar en los medios. Debería haber cero publicidad contratada y fortalecer los medios públicos”.

Ernesto Villanueva, doctor en derecho y en comunicación, explica en su libro Publicidad oficial: Transparencia y Equidad, que la pauta oficial “puede suponer en sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común”, por lo que es importante regularla.

En su país, México, por ejemplo, se deben seleccionar los medios según su circulación y cobertura, y las tarifas no pueden ser más altas que las comerciales. Prohíbe sufragar con dinero público los gastos de periodistas ajenos a la institución. Si un medio está interesado en dar cobertura, debe correr con los gastos.

Pero en Guatemala esto no está regulado. En agosto pasado, por ejemplo, la SCSP compró boletos para “periodistas externos” que darían cobertura a la Cumbre celebrada en República Dominica, del 26 al 28 de junio, donde participó el Presidente. Pagó Q71,640.21 a Mayaland, S.A. por los boletos pero no explica a nombre de quién salió cada uno. El de Cuevas costó Q11,532.00

Canadá obliga a cada institución a presentar dos planes anuales, en junio y diciembre, que deben ser aprobados en sesión de Gabinete para que Finanzas asigne presupuesto. El informe anual detalla los gastos de publicidad, por tipo de medio, proveedores contratados, datos puntuales de cada campaña y su impacto. Ordena que, en aras de la transparencia, cada institución publique en sus portales los contratos. Y suspende la publicidad oficial durante el proceso electoral.

En Perú, los informes sobre las campañas publicitarias son trimestrales. Deben explicar las razones por las que se contrató a determinada agencia de publicidad, los medios de difusión y agregar indicadores de desempeño. También obliga un plan de estrategia publicitaria con la descripción y justificación de la campaña, duración y selección de medios de difusión (cobertura, público objetivo, finalidad y explicación técnica de por qué se escogió cierto medio).

España prohíbe contratar campañas para destacar los logros o gestión del Gobierno, tampoco se puede promover la figura de un funcionario. Los ministerios deben mandar sus propuestas para elaborar un plan anual que describa los objetivos, costo, ejecución, destinatarios y quienes lo ejecutarán. También impide trasladar partidas para cubrir este tipo de gastos.

Danroy insiste en que la pauta oficial debe ser transparente y su contenido objetivo. El problema está, afirma, en los Gobiernos no han dejado de verse como partidos. “No es válido posicionar un partido ni personajes públicos”, y cita como ejemplos al exprocurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, y al expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, que publicaron anuncios de las instituciones con sus rostros.

De acuerdo con Phillip Chicola, analista político, la política oficial de compras se enfoca en premiar y castigar a los proveedores en función con su relación con el Gobierno. “El efecto más tangible se utiliza como premio y castigo en función de la línea editorial”. Esto es lo que ha denunciado elPeriódico en los últimos meses.

Chicola considera que el problema se debe atajar por la vía legislativa, con una regulación genérica. “La Ley Electoral y de Partidos Políticos puede ser una referencia sobre la distribución de la pauta”, explica. La propuesta, que podría ser respaldada por los bloques opositores, debería concentrarse en tres puntos: Transparentar el uso de la publicidad, minimizar el uso de recursos públicos en promover una imagen, y evitar que se coarte a la prensa. El momento para discutirlo, advierte Chicola, sería durante el primer año de Gobierno, ahora en periodo preelectoral, cuando cada partido trata de llevar agua a su molino, no se puede.

La nueva secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karla Herrera, está a la espera de los resultados de la auditoría solicitada. “Bajo mi gestión, la pauta se establecerá en base a circulación y presencia de mercado. Le puedo afirmar que soy una profesional que cree firmemente en la libertad de expresión, pero eso sí, con respeto y sin agredir al que piensa distinto a uno”, asegura.

Herrera deberá atender las demandas de pago de los proveedores. El grupo de Ángel González solamente ha cobrado Q32,237,755 de Q71,956,890 contratado hasta octubre 2014.

Sólo están en evaluación los últimos dos a los que convocó Cuevas, el 23 y 24 de octubre, y que cerraron el 4 de diciembre. Una para contratar espacio en la televisión abierta en frecuencia UHF y cable (NOG 3609820), donde TVN (Guatevisión) y Canal Antigua presentaron sus propuestas, cada una por un valor de Q3,250,000. Y la otra para producir 90 spots para televisión, donde solo participó Julio Borrayo.

Herrera asegura que revisará todos los contratos que firmó su antecesor y si encuentra alguna anomalía los revocará y planteará un nuevo evento. Hasta el momento todos los contratos siguen vigentes.

*Nota de edición: Se corrigió esta cifra (Q.7,740,000), que por un error al momento de la publicación indicaba que era Q.7,740,000).