Los chicos buenos viajan al extranjero

Cuando una persona hace su currículum debe tomar en cuenta el tipo de trabajo que busca. Si desea laborar en el servicio exterior resaltará sus conocimientos en relaciones internacionales o leyes. Pero si quiere ser cónsul bastará con anotar que fue “coordinador de pintura y jornadas médicas durante la campaña electoral”. Después de todo, quien firmará su nombramiento será otro hombre de partido, el Presidente de la República.

Este es el caso de Ricardo Ismael Montes Maldonado, el cónsul de Guatemala en Ciudad Hidalgo, México. Se presentó como bachiller industrial y perito en mecánica que estudió la primaria en San Marcos, los básicos en la ciudad de Guatemala y el diversificado en Suchitepéquez. No explica qué hizo durante 13 años hasta que fue contratado para administrar la finca Argentina, a las órdenes del arquitecto Raúl Minondo, como él mismo especifica. Luego trabajó como agente viajero y a partir de 2009 se dedicó de lleno al proselitismo. Y al parecer, funcionó.

Es cónsul desde junio 2012, al igual que otros miembros del partido o excandidatos postulados por el Partido Patriota y que no lograron ser diputados, jefes ediles o la reelección. Ninguno necesitó experiencia en temas consulares para que los tomaran en cuenta. Bastó un curso intensivo impartido en el ministerio de Relaciones Exteriores como el que tomó Roberto Leva Rapela, productor de televisión argentino que apoyó al partido oficial durante la campaña, previo a partir como embajador a Uruguay en 2012.

Palabra mayor

El canciller Fernando Carrera toma distancia de los nombramientos consulares que no ocurrieron durante su gestión, como él aclara (asumió el 15 de enero de 2013, tras la salida de Harold Caballeros). “Es lo normal, vienen con recomendación de Presidencia”, afirma sin entrar en mayores detalles. La ley del Servicio Diplomático (decreto 148 emitido en 1963) autoriza al gobernante a tomar esas decisiones de manera unilateral. Además el artículo 183 inciso s) de la Constitución lo faculta para “nombrar y remover a todos los funcionarios y empleados públicos conforme la ley”. Pero cuando se le pregunta por los embajadores nombrados a lo largo de 2013, que no son diplomáticos de carrera pero sí afines al partido, se acomoda en el sillón y los celebra. Habla de ese “defecto guatemalteco” de prejuzgar a las personas o insistir en los títulos universitarios, cuando hay cosas más importantes. “Son profesionales muy buenos y nada estamos perdiendo en imagen externa, profesionalismo o en requisitos diplomáticos”. E insiste: “Admiro el buen juicio del Presidente de encontrar profesionales que no solo cumplen los requisitos de ser sus amigos y colaboradores políticos. El prejuicio de un nombramiento político (personas incompetentes e indisciplinadas) no se da en estos casos”. El ministro se refiere a Julio Ligorría Carballido, a Luis Rolando Torres Casanova, y a Hugo René Hemmerling González, quienes asumieron las embajadas de Guatemala en Estados Unidos, El Salvador y Honduras de 2013.

El primero es conocido por su experiencia como estratega político y su trabajo con el Partido Patriota durante la campaña. Utilizó sus columnas de opinión para abonar en ese terreno, y aún después, y su nombre sonó para ocupar la plaza de ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, Harold Caballeros le ganó la jugada. Marcó una distancia temporal para dedicarse a su actividad empresarial y se convirtió en uno de los promotores del canal interoceánico, al que le hacía propaganda tanto en persona como por escrito.

El 28 de agosto Pérez Molina lo juramentó en la Casa Presidencial, algo que un Presidente no había hecho en los últimos 30 años, según comentó Ligorría en Facebook. Y el 17 de septiembre presentó sus cartas credenciales a Barack Obama. Sustituyó a Francisco Villagrán de León, un diplomático de carrera, ex viceministro de Relaciones Exteriores, embajador ante Canadá, Estados Unidos, Noruega y Alemania y representante permanente ante la OEA y ONU (Nueva York). Ahora lo es en Ginebra, Suiza.

El segundo de la lista es Rolando Torres Casanova, médico, excandidato presidencial, y embajador en El Salvador desde julio pasado. Carrera se apresura a decir que el Presidente le pidió que “lo ayudara con ese nombramiento (…) Es de esas cosas en las que te llega uno de carácter político pero la persona es competente”.

Torres Casanova y Pérez Molina fueron dos de los ocho comisionados que existieron durante el gobierno de Óscar Berger. Estuvieron a cargo de Agua y Recursos Hídricos, y de Seguridad, respectivamente. El médico ocupó el cargo dos años, el militar cuatro meses.

Y el tercero es Hemmerling González. A diferencia de los otros dos, no reporta una formación universitaria pero sí experiencia como Primer Secretario y Cónsul de la Embajada de Guatemala en Colombia (1991-1993) y agregado cultural en España durante unos meses, y ha ocupado cargos de elección popular. Fue alcalde de Coatepeque (1996-2000) por el PAN, y diputado durante dos periodos legislativos, de 2004 a 2012, con tres partidos.

El quezalteco, que asumió como embajador en Honduras en agosto pasado, llegó al Congreso con la Gana y luego se sumó a Lider cuando era una bancada de tránsfugas (como hoy ocurre con Todos). Iba a ser candidato edil de la organización de Manuel Baldizón pero renunció cuando el partido se negó a que su hijo José encabezara el listado distrital. Así que buscó la alcaldía con el PP y perdió.

Cinco décadas

La ley que rige el Servicio Diplomático fue emitida en diciembre 1963 cuando las élites locales sentían que el fantasma del comunismo amenazaba al mundo. El general Enrique Peralta Azurdia, quien se proclamó Jefe de Gobierno y continuó como Ministro de la Defensa, fue embajador en Cuba, El Salvador y Costa Rica y agregado militar en México y Estados Unidos. Derrocó a Miguel Ydígoras Fuentes, en marzo de ese año y nueve meses después aprobó la norma.

El decreto 148 crea la carrera, establece los requisitos de ingreso, como ser laico, tener una conducta intachable, gozar de buena salud y “no pertenecer ni haber pertenecido a alguna entidad que propugne la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario”. Y deja abierta la puerta para que el Jefe del Ejecutivo nombre como embajadores, “cuando lo juzgue conveniente”, a personas que no figuran en el escalafón diplomático.

Distingue el servicio diplomático de la carrera y enumera las siete escalas, de tercer secretario hasta embajador extraordinario y plenipotenciario. Enumera prerrogativas como exención de algunos impuestos, 20 días de vacaciones hábiles y gozar el asueto del 15 de septiembre. Habla de pagar sueldos y gastos de representación según la categoría del funcionario y el costo de vida en el país donde trabajen. Explica quiénes podrán usar pasaporte diplomático y quiénes oficiales.

La norma responde a los tiempos cuando fue redactada. Por eso la prohibición de los comunistas o el uso de la expresión “Jefe del Ejecutivo”. No toma en cuenta las Convenciones de Viena sobre Relaciones Internacionales y sobre Relaciones Consulares, las cuales cobraron vigencia en 1964 y 1967, respectivamente. Ambos documentos contienen la normativa básica internacional en materia de diplomacia y relaciones internacionales. En la ley guatemalteca, el tema consular es secundario. En los años 60 la migración hacia Estados Unidos era casi inexistente.

Durante los últimos 20 años se han conocido al menos seis propuestas para cambiar de alguna manera el decreto. En 1998 se modificó el artículo 97 “con el fin de eliminar las normas discriminatoria contra la mujer”. Ahora, a solicitud de la diputada Diana Jazmín de la Vega Espinoza del PAN, se lee “familiares de la o del diplomático, a su cónyuge, a sus hijas e hijos menores…”.

Rafael Barrios Flores, también del PAN, planteó tres iniciativas, una obtuvo dictamen desfavorable y dos quedaron engavetadas. La última fue presentada en julio de 2012 por Jorge Adolfo García Silva, de Viva, que tuvo el mismo destino. Ambos diputados proponían, entre otros puntos, que los cargos diplomáticos y consulares fueran desempeñados por funcionarios de carrera del servicio diplomático, y daban al Presidente “un porcentaje de excepción del 20 por ciento de los cargos en el exterior” para los nombramientos políticos. Pero “se requeriría una reforma constitucional para hacerlo”, aclara Carrera.

Sin embargo, los nombramientos políticos no le quitan el sueño al canciller. “El Presidente me habrá mandado unos nueve o diez nombres en todo el año. Frente a la proporción del servicio exterior, es normal que haya una cuota de ese tipo. Eso sí, tratamos de cuidar que tenga cierto nivel profesional. No carrera académica, pero sí desempeño… Yo no puedo cuestionarlo si no está violando la ley”.

La situación es distinta, por ejemplo, en Argentina. Hasta 1986 el gobernante podía hacer nombramientos excepcionales, pero a partir de la reforma ahora requiere el aval del Senado. Debe justificar las razones por las que nombró como embajador a una persona ajena al servicio diplomático. En México, el Senado es el que los analiza y ratifica.

Gabriel Orellana, excanciller durante el gobierno de Alfonso Portillo, insiste en que “todos los funcionarios deben pertenecer a la carrera diplomática, pero eso no se cumple por injuria, por lambisconería y por tolerancia de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y de la Contraloría General de Cuentas”. En su lista incluye a la Comisión de Relaciones Exteriores, que “se limita a poner sellos a los papeles que le manda”.

“El Presidente puede disponer que se vaya como segundo secretario a una embajada importante alguien que no sabe ni la O por lo redondo y se va. A nadie le importa qué haga porque él lo nombró”, agrega Orellana.

En septiembre de 1975 Kjell Laugerud García (1974-1978) emitió un acuerdo que deja en manos del Presidente todos los nombramientos.

Erick Maldonado, exviceministro de Relaciones Exteriores y diplomático, señala que la Comisión sí puede pedir cuentas al Presidente al citar al Canciller. Bastaría con requerir informes sobre el quehacer de sus despachos. “La fiscalización debe ir más enfocada a resultados, a que toda embajada justifique su existencia”.

Sin picaporte

En febrero pasado Carrera invitó a su despacho a la Comisión del Congreso para tratar, entre otros temas, de reformar esta ley, y en marzo se sumaron los embajadores. Acisclo Valladares, embajador concurrente en veinte lugares, quedó a cargo de redactar el texto.

De acuerdo con Valladares, quien se encuentra en la sede en Gran Bretaña, “la propuesta marca desde su título una de las diferencias medulares: Ley del Servicio Diplomático y Consular de Guatemala. Lo consular fue anteriormente menospreciado, a tal extremo que es limitadísima toda referencia”. También “elimina las inconstitucionalidades habidas en la ley y se armoniza con las Convenciones de Viena”.

Establece que ambos servicios serán prestados “exclusivamente por miembros de la carrera diplomática y consular” y mantiene la facultad del Presidente de nombrar a embajadores. Pero ya no tendrá potestad para nombrar al personal subalterno, eso será responsabilidad del Ministro de Relaciones Exteriores.

Además, “se blinda, literalmente, la carrera diplomática al impedir el acceso por razones distintas que las técnicas”. Ya no se podrá acceder solo por haber ocupado un puesto ministerial y el cargo de embajador lo mantendrá solo durante su periodo, al retirarse será honorífico. Se establece el Consejo de la Carrera Diplomática que controlará ingresos, méritos y deméritos, ascensos, traslados. Se crea la Escuela Diplomática y Consular de Guatemala. La última fue clausurada durante la administración de Álvaro Arzú.

Carrera sostiene que la carrera diplomática debe estar basada más en méritos que en años. La ley vigente promueve los ascensos cada dos años. En el caso de los jóvenes propone que asistan a una escuela de diplomacia de alto nivel en Argentina, España, Perú o México durante seis meses y luego estudien otros seis en Guatemala antes de salir a su primera misión en el extranjero.

La propuesta también crea la Sección de Cooperación, Comercio, Turismo e Inversiones en todas las misiones diplomáticas y consulares. Y resalta la importancia de las misiones concurrentes y los consulados honorarios, y suma viceconsulados, agencias consulares y consulados móviles.

Localitis

Uno de los problemas que presenta el servicio exterior es la falta de rotación. A diferencia de otros países, donde el funcionario permanece fuera cierto número años y regresa como mínimo dos a su país antes de volver a salir, en Guatemala no existe ese requisito ni el país ofrece condiciones para que la persona quiera regresar a trabajar a la planta central del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No solo es un asunto económico. Una persona que lleva fuera muchos años corre el riesgo de “sufrir localitis”, advierte Juan Vicente Solá. El jurista argentino, un doctor en derecho y diplomático que ha escrito sobre el asunto, se refiere a que los miembros del servicio exterior están tan asociados al lugar donde fueron enviados que defienden más sus intereses que los del país al que representan.

“Son gente que tiene más vínculos con esa sociedad que con nosotros y Guatemala pasa a ser insignificante en su motivación personal. Lo último que quieren es regresar porque dejan de ganar en dólares, ya no tienen chofer y su status tendrían que costearlo ellos”, añade Gabriel Orellana. “Rotar a su personal no solo lo hacen los países, también las multinacionales”.

La finalidad de que regresen al país es que conozcan la situación política, se actualicen y se capaciten. Y además, que compartan su experiencia con otros colegas. Una situación similar debe existir para los que se quedan en el país. La persona que tuvo a su cargo el tema fronterizo con México en la Dirección de Límites y Aguas Internacionales puede ser el segundo o tercer secretario de la Embajada. Eso le da oportunidad de escalar, ser miembro de la carrera diplomática y la experiencia enriquecería su formación, señala Maldonado.

El salario que recibe un diplomático que está fuera se divide en tres: el sueldo base + bono presidencial (Q250), gastos de representación y compensación por costo de vida. Los dos últimos se rigen según los acuerdos gubernativos 180-2013 y 282-2013 emitidos en abril y agosto pasado, respectivamente. Ambos especifican los montos a recibir por cargo, no por funcionario.

A manera de ejemplo,  un embajador recibe como sueldo base Q3,814 + bono presidencial (Q250) + gastos de representación (Q1,275) + Compensación por costo de vida (Q4736.60) para un subtotal de Q10,075.60. Sobre este valor se harán los descuentos de montepío e Impuesto sobre la Renta, los cuales ascienden a Q703.17. El funcionario recibirá 9,372.43. Pero como se encuentra fuera, el ministerio de Relaciones Exteriores le enviará en realidad US$9,372.43.

El cambio al Q1xUS$1 se basa en el renglón 018 del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala (acuerdo ministerial 35-2006, emitido por Finanzas en agosto de 2006). El diferencial cambiario lo absorbe la Cancillería. El mismo procedimiento se utiliza con el servicio consular. 

El acuerdo gubernativo 180-2013, del 5 de abril pasado, hace referencia a la necesidad de actualizar la asignación de gastos de representación otorgada al puesto de Embajador en Estados Unidos para que sea congruente con las reuniones de alto nivel que sostiene, la cobertura a 50 estados y al Distrito de Columbia. Y el otro, la asignación de costo de vida por la creación de 16 puestos en tres consulados, en la ONU, India y Reino Unido.

Al conocer estos números y lo que se paga en la Planta Central se explica por qué algunos diplomáticos prefieren renunciar a volver a Guatemala. “Es una lástima, se desaprovechan recursos, se pierde conocimiento cuando aquí podrían hacer muchos aportes”, señala Orellana.

Un ministro consejero en la Embajada de Bruselas, Bélgica, devenga en promedio US$6,760. En Guatemala podría ocupar la dirección de Política Exterior Bilateral o la de Política Multilateral en Guatemala, pero recibiría alrededor de Q13,700 (US$1,756).

Esa es una de las razones por las cuales Carrera y su equipo trabajan en una reclasificación de puestos y salarios: son bajos, no garantizan calidad y tampoco permanencia.

“Hay funcionarios que son héroes del servicio público. Hablan tres o cuatro idiomas, tienen maestrías, permanecen en sus puestos y hacen un trabajo de alto nivel aún frente los bajos ingresos”, dice Carrera. Maldonado lo resume en una frase: lo hacen por mística.

La propuesta de nivelación salarial para la Planta Central debe ser aprobada por la Onsec y revisada por la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas. Está prevista para 2014.

“Este proceso nos permitirá una política de rotación 5:3 (cinco años fuera y tres adentro). De lo contrario, se cae en cualquier momento pues tiene los efectos colaterales de un funcionario que regresa: gente inconforme, sin la mejor actitud para trabajar y vuelve a una estructura salarial baja, la más baja de las instituciones del Estado. La propuesta se encuentra en Recursos Humanos”, explica Ana Luisa Ramírez, la directora financiera.

La rotación, además, estará vinculada a los ascensos. Según Valladares, “se le pondrá dientes para hacer efectivo el mandato. Se establece que no se puede ascender al rango de Embajador si en los diez anteriores de servicio el funcionario no ha vivido al menos tres en Guatemala, y seis, en los últimos veinte”. La norma también prevé un artículo transitorio que da un plazo para que regresen a prestar sus servicios a Guatemala quienes tengan ya seis años de estar afuera.

El ministerio de Relaciones Exteriores también analiza contratar un seguro de salud universal para quienes laboran en el servicio exterior y espera la actualización de la ley para poder incrementar el salario base y modificar la tabla de costo de compensación. “De lo contrario vamos a tener bonos más altos, pero la base sigue teniendo un piso bajo”, concluye Ramírez. 

Pintar paredes

Erick Maldonado, quien fuera secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), identifica tres consulados “muy importantes” en el área fronteriza del lado de Chiapas, México, que deben ser dirigidos por funcionarios de carrera por el tipo de atención que brindan a los migrantes. Se refiere a Comitán de Domínguez, Ciudad Hidalgo y Tapachula, pero solo el último está a cargo de alguien que tiene 16 años de trabajar en el ministerio de Relaciones Exteriores y pensum cerrado en leyes.

Armando López Vásquez dirige el primero desde agosto del año pasado. Fue candidato a alcalde por el FRG, luego con la UNE y en 2011, a diputado distrital por el PP. Perdió pero estar en la estructura del Partido Patriota, como él dice, le permitió saber qué plazas estaban vacantes. “Pregunté por este consulado y cuando me dijeron que no había persona titular, yo llené la papelería y la presenté directamente en Relaciones Exteriores. Obvio, con el aval del Señor Presidente”.

Previo a ocupar el cargo recibió una inducción de diez días en el Ministerio de Relaciones Exteriores “para conocer y no llegar en blanco”. Se apoya en el vicecónsul Ángel Manuel Salazar Anléu, quien se incorporó al servicio exterior en 2002 como tercer secretario en el consulado de Miami, y en una secretaria de nacionalidad mexicana.

“Me siento contento de servirle a mi gente, también tengo estudios de derecho para defender a connacionales (cursó ocho semestres en la facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de San Carlos). Conozco el área por mi experiencia como exportador de café. Este es el primer cargo público que ocupo y me siento bien”.

Se buscó a Ricardo Ismael Montes, el coordinador de pintura del PP, que ahora está en Ciudad Hidalgo, pero no quiso hablar con Plaza Pública. Primero dijo que iba en carretera y que no podía hablar por teléfono, pero pidió los datos de la periodista para anotarlos. Luego, que la señal no estaba clara y cuando se le envió un mensaje de texto respondió que “todo lo relacionado al puesto debe ser tratado con la sede del Ministerio”.

La vicepresidenta Roxana Baldetti, secretaria general del Partido, tampoco quiso referirse al tema. De la misma forma se negó Alejandro Sinibaldi, secretario adjunto. Fue Herman Velásquez, secretario de Organización y secretario Ejecutivo de la Presidencia, quien confirmó las atribuciones de Montes. Dijo que estuvo a cargo de identificar lugares en los que se podían hacer pintas para promover no solo al binomio presidencial sino a los candidatos de las localidades. También debía hablar con los propietarios, firmar un contrato, coordinar la compra de pintura y utensilios, y buscar patrocinadores.

Baldetti se abstuvo de comentar los méritos de Montes para el puesto. Recomendó hablar con el Canciller o con el Presidente. Francisco Cuevas, secretario de Comunicación de la Presidencia, dijo que él respondería en nombre de Otto Pérez Molina: “Es un nombramiento normal de una persona que reúne las capacidades para desempeñar este cargo”.

Orellana insiste que en el ministerio de Relaciones Exteriores existe el recurso humano capacitado para ocupar los cargos. “Diez años en la Dirección de Relaciones Internacionales Bilaterales generan más mérito para irse de embajador o ministro consejo que muchos que llegan de aluvión. ¿Qué por qué no los nombran? Porque aquí la carrera diplomática depende de un conecte político, de un padrino que lo proteja o un partido que lo apoye”.

Por nombramientos como los mencionados no cree que los diputados aprueben una nueva ley de servicio diplomático. La vigente les permite mandar lejos a un enemigo, otorgar una plaza a un familiar o pagar favores políticos.

Y el Presidente de la República se quedaría, al menos formalmente, sin ese espacio para premiar a sus partidarios.