La patrona y sus protegidos: Adela de Torrebiarte y ADN en la reforma policial

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Forma de favoritismo en la que una persona resulta seleccionada para un empleo o beneficio del Gobierno en función de su afiliación política a sus contactos, con independencia de su formación o mérito.
Guía de lenguaje claro sobre la lucha contra la corrupción, de Transparencia Internacional

Ver a Adela Camacho de Torrebiarte y comprobar cómo se desenvuelve con la Policía recuerda la apariencia y las formas de Violeta de Chamorro, la viuda que venció a Daniel Ortega en las urnas y dirigió Nicaragua durante la década de los 90. Las dos tienen la cabeza blanca, el cabello corto y una figura maternal. Doña Violeta abrazaba a los exguerrilleros cuando entregaban las armas. La Adelita, como le dicen algunos guardias, se comporta de manera similar con los agentes de la PNC.

Ella visita la escuela infantil de la PNC, asiste a la clausura de cursos y acompaña al presidente al ascenso de oficiales. Acude a las citaciones al Congreso y mantiene reuniones periódicas con el ministro de Gobernación y sus enlaces. Pero es también quien vela por que los policías puedan trabajar en estaciones remozadas y dotadas de tecnología y ahora quiere hablar con los bancos para que sean más responsables al momento de dar préstamos a agentes que no pueden pagarlos. “Están muy endeudados”, dice. Reciben un salario mensual de Q4,829.44, después de los descuentos.

Camacho de Torrebiarte, ministra de Gobernación de marzo de 2007 a enero de 2008, comisionada de Presidios en 2002, miembro del Consejo Asesor de Seguridad y fundadora de Madres Angustiadas en 1995, es la comisionada de este gobierno para la reforma. Su función, dice Mauricio López Bonilla, titular del Ministerio de Gobernación, es formar al personal que requiere la PNC. El ministro se encargará de la estrategia operativa y de la incidencia criminal. A Camacho de Torrebiarte le corresponde, dice López Bonilla, trabajar la base de la pirámide. A ella y a su equipo. Un equipo al que durante estos 19 meses han pertenecido al menos 15 miembros o allegados a ADN, el partido de la comisionada, algunos con escasa calificación y honorarios superiores o similares a los que perciben profesionales o expertos en la carrera policial.

Los del principio

Cuando Camacho de Torrebiarte asumió el cargo en enero de 2012 se encontró con lo que quedaba del equipo de Helen Mack. Las 26 personas que laboraban por contrato con Mack se redujeron en febrero de 2012 a un grupo de 21 trabajadores, y se sumaron ocho excandidatos a diputados de ADN y tres abogados militares, designados por el ministro de Gobernación.

Este primer grupo lo encabezaban Rolando Humberto Secaida Falla, Carlos Enrique Chavarría y Andrés Alexandro Dávila Spiegeler, seguidos por Liza Susana Morales Frener, Omar Augusto Mazariegos Álvarez, Olimpia Soraya Ortiz Castellanos, Carlos Francisco Molina Morales y José Alfredo Palmieri Palomo. Fueron los adultos jóvenes que acompañaron a la candidata presidencial durante la campaña, como se aprecia en las fotos disponibles en Facebook, pues el portal de ADN desapareció. Pero, de este grupo original, Dávila, Molina y Palmieri ya no están.

Desde entonces se han sumado otros como Douglas Mauricio Urrutia Jerez (candidato a diputado), Carlos José Molina de Dios (secretario de Actas), Francisco Espinoza Molina (miembro del Tribunal de Honor y Disciplina de ADN), Luis Rodolfo Noack Cajbón (vocal 8 y hermano de Narda Noack Cajbón, vocal 17 y candidata a diputada), Adela Beatriz Morales (vocal 3) y María Fernanda Molina Morales, también candidata a diputada e hija de Liza Susana Morales, la asistente personal de Camacho de Torrebiarte. Max Santa Cruz (candidato a diputado y secretario de Asuntos Políticos de ADN) estuvo contratado dos meses por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Quienes no han cambiado son los tres militares que desde el principio se desempeñan como enlaces entre la Reforma Policial y el ministro de Gobernación: el coronel Guido Fernando Abdalla, Douglas Ronald Barrera y Óscar Federico Bartlet. El primero es el más conocido entre los agentes. Trabaja con Ricardo Marroquín Rosada, extitular de la SAAS, en la formación policial y comparte su tiempo con la escuela. El coronel de 69 años también acompaña al ministro como asesor doctrinal y de organización para el quinto viceministerio, pero su atención la tiene focalizada en llevar disciplina a las filas de las PNC.

El saco en el que cabe de todo

La Comisión de la Reforma Policial tenía asignado para este año 90 millones de quetzales, pero en realidad dispondrá de Q68,385,748. De este total destinará el 38 % al pago de honorarios de 229 personas (101 contratadas como 0-29 y 128 como subgrupo 18). Cada mes se pagan Q2,170,600.

Helen Mack se sorprende de los números que manejan. No era así en sus tiempos, afirma. Y cuestiona la presencia de militares en la institución. En diciembre de 2011, según datos de información pública del oficio del Ministerio, eran 34 personas contratadas como 0-29, con honorarios de entre Q5,000 y Q25,000, que le representaban a la Reforma Q473,000 al mes. En enero de 2012 eran 26.

En julio de este año sumaban 229 personas, entre 0-29 y 0-18, con pagos desde Q2,500 hasta Q25,000, estos últimos destinados a los asesores del ministro.

Torrebiarte tiene una explicación parcial para esto. A su programa se cargó la contratación de los universitarios que atienden el 110, el número de emergencia de la PNC. Son 41 jóvenes que devengan entre Q2,500 y Q5,000 mensuales, para un total de Q127,500. También tuvo que hacerse cargo de las 27 personas que trabajan en el sistema dactiloscópico Henry. Ellos ingresan las fichas para armar la base de datos digital, y en promedio cada uno recibe Q4,500 mensuales.

Asegura que esa fue la única manera de rescatar el 110, el centro que ella promovió durante su gestión como titular de Gobernación, en 2007, y que la administración pasada descuidó. Mauricio López Bonilla admite que esos proyectos, a los que se suman actividades como remozar estaciones de la PNC, deberían figurar en el presupuesto de la institución, y no en el de la Reforma Policial. Pero esto les permite disponer de los recursos, intervenir un poco más rápido y contratar asesores para su despacho.

Los 10 miembros de ADN que actualmente trabajan en la Comisión representan el 2.18 % del personal contratado, aunque una cifra considerablemente mayor si se eliminan del cálculo el 32 % de trabajadores que, como los del 110 o Henry o la protección de personalidades, son pagados por la Comisión pero no hacen trabajo de la Comisión. Nueve de los 10 están contratados en el renglón 0-29, que aglutina a los 101 profesionales mejor pagados de la Reforma.

“¡Podemos!”

Adela Camacho de Torrebiarte llegó a la Comisión de la Reforma Policial (CRP) con los secretarios generales adjuntos de su partido, Carlos Enrique Chavarría Pérez y Rolando Humberto Secaida Falla.

El primero es ingeniero civil, dirigente de futbol y exdiputado durante el período 1996-1990, aunque como empresario de Alta Verapaz, el departamento en que se originó ADN, se ha dedicado fundamentalmente a la caficultura. Chavarría y Camacho de Torrebiarte se conocieron por el futbol y por la inseguridad que prevalecía en el país. Los dos representaron al club deportivo Cobán Imperial y entablaron comunicación por Madres Angustiadas. “Una amistad de mucho tiempo”. Ahora forma parte del eje “Gestión y Logística”, que vela por la infraestructura y la reorganización de los equipos, y percibe cada mes Q20,000 en honorarios. Tiene a su cargo la Comisaría 51, en Cobán, Alta Verapaz, que forma parte de un plan piloto. Su equipo de 14 personas realizó un estudio para reparar 135 sedes policiales, pero solo se logró trabajar con seis. También remodeló la Escuela de Oficiales de la Policía y mejoró el edificio de la PNC. Se han invertido a la fecha 1.6 millones de quetzales en 21 proyectos.

El otro proyecto piloto es la Comisaría 14, que cubre las zonas 7, 11, 12 y 21 y está a cargo de Secaida Falla, el mejor pagado de los ex de ADN. Recibe Q23,500 mensuales por servicios técnicos y es bachiller en ciencias y letras, con estudios “avanzados” en Agronomía y Administración de Empresas. Antes de ocupar un puesto en la Reforma Policial, durante 22 años se desempeñó como “empresario en el área agrícola y participó en una compañía orientada a la colocación en bolsa de valores en Estados Unidos”. Devenga Q1,500 menos que algunos asesores legales y más que otros abogados o contadores públicos.

La gestión de Secaida Falla la pone Helen Mack en tela de juicio. “Jugar a hacer de policía no es hacer una reforma policial”, dice luego de revisar el informe que Secaida presentó sobre el plan piloto. El documento habla de instalar cámaras y muestra con una serie de fotografías lo útiles que resultan para atrapar a un ladrón de carros. Su propuesta contempla también que funcione un comedor que ofrezca alimentos sanos y de mejor calidad, y no como los que reciben los agentes a Q10 por tiempo de comida.

Envidias

A diferencia de Secaida, que no acredita ningún título que justifique su posición, otros exmiembros de ADN, poco duraderos en la Reforma, contaban con un currículo que llenaba los requisitos del puesto para el que fueron contratados. Andrés Dávila, por ejemplo, con maestrías en Comunicación Política y Corporativa y en Acción Política y Fortalecimiento Institucional, hoy comunicador de la minera San Rafael y antes de la Cámara de Industria, asesoró durante alrededor de un trimestre a Camacho en materia de comunicación. Máximo Augusto Santa Cruz Anchissi, exsecretario privado del vicepresidente Eduardo Stein y especialista en mediación, le sirvió a la Reforma como operador. Liza Susana Morales Frener, que es aún hoy la asistente personal de Camacho de Torrebiarte, encargada de las actividades de protocolo y colaboradora en el proyecto modelo de la Comisaría 14, tiene estudios de secretaría y experiencia como jefa de Cobros y en trabajos secretariales en la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

En la Comisión, no obstante, Liza Morales devenga honorarios mensuales por Q18,000. Lo mismo que recibe Jaime Leonel Otzín Díaz, que hoy es técnico en el proyecto Comisiaría Modelo en la Comisaría 14, pero que desde 1991 hasta 2012 ocupó cada uno de los escalones de la PNC, desde la posición de agente hasta la de director. Su retirada, a los 43 años de edad y 20 de servicio, ocurrió cinco días después de que Otto Pérez Molina asumiera la Presidencia y lo relevara del cargo.

Lo mismo, también, que Ricardo Marroquín Rosada, dos veces titular de la SAAS y exjefe guerrillero, que tiene a su cargo el eje de Profesionalización. Quien contrató hasta marzo a Marroquín Rosada como consultor fue el PNUD. Después, su salario siguió a cargo de la Reforma. Según los registros oficiales, se le pagaban Q30,000 al mes. Pero Marroquín explica que fueron en realidad tres pagos por un trabajo de cinco meses. Eso equivale a Q18,000 al mes por trabajar hasta julio en el proyecto de “creación de la Escuela de Formación de Oficiales y en el fortalecimiento de la Inspectoría General”. Ahora trabaja ad honorem, según dice, a la espera de que algún organismo internacional apoye a la Comisión y lo contrate de nuevo para continuar asesorando el mismo proyecto.

Como Marroquín, otros 18 consultores fueron contratados por el PNUD, pero esta rama de Naciones Unidas se reserva la información precisa sobre nombres o salarios. Por razones de seguridad, según comunicaron.

Volvamos a la secretaria Morales Frener: percibe más que Carlos José Molina de Dios, abogado y también excandidato a diputado por ADN, que cobra Q15,000 mensuales. De Torrebiarte lo justifica diciendo que “una vez que cumple su función de asesor jurídico (seis horas continuas de trabajo) se retira a ejercer su profesión de derecho”. Ella, mientras tanto, subraya la comisionada, no solo trabaja como secretaria, sino que asiste al proyecto de la Comisaría 14, “por lo que su horario se extiende hasta 8 o 10 horas” diarias.

La hija de Morales Frener también trabaja en la Comisión de Reforma Policial como personal administrativo, pero en otro edificio. María Fernanda Molina Morales fue candidata a diputada de ADN, al igual que su madre, y ahora presta sus servicios técnicos por Q6,000. Francisco Espinoza, abogado y asesor legal de Camacho de Torrebiarte, se apresura a decir que este nombramiento no es ilegal. Pero la comisionada interviene y lo corrige: “No es apropiado”.

Una manera para identificar quiénes forman parte del equipo de Camacho de Torrebiarte y quiénes son de López Bonilla es el monto de los honorarios. El ministerio de Gobernación estableció una tabla con 35 categorías para pagar a los 0-29 y al subgrupo 0-18 de la Reforma. Van desde los Q3,500 hasta los Q23,500. Los que ganan más que eso fueron nombrados por el ministro.

En este grupo, entre los que reciben Q25,000, se encuentran Guido Fernando Abdalla, Douglas Ronald Barrera Guerra, Jorge Francisco Retolaza y Jaime Enrique Reyes Barrios. Los últimos dos, explica López Bonilla, trabajan para el despacho aunque sus nombres figuren en los listados de la Reforma Policial.

Cosas buenas que parecen malas

“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”, repite varias veces Adela Camacho de Torrebiarte. Sobre todo, cuando se le pregunta por qué una de las sedes de la Reforma Policial funciona en el edificio que fue la casa de campaña de ADN. Ahora el ministerio de Gobernación paga Q17,600 mensuales a Inmobiliaria Agualuna, cuyos representantes legales son Dionisio Rojas Mendoza y Jorge Edilio Aristondo Arriaza.

“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”. Y voltea a ver a su asesor legal, Francisco Espinoza, que la acompaña en la entrevista, y con la mirada le dice: “Se lo dije”.

Camacho de Torrebiarte acepta que en esa oficina de la zona 4 funcionó su partido, pero aclara que ella pagó tres meses adicionales de renta. Quiso devolverla, pero su equipo le dijo que la conservaran porque es un lugar accesible. Así que se hicieron los trámites para la firma de un nuevo contrato. Está en la vía 7 5-33 de la zona 4, a una cuadra de La Muela Feliz.

La comisionada dice estar dispuesta a aceptar las críticas y a modificar las situaciones si fuera necesario, pero sale a la defensa de su equipo. Ellos son de su confianza. Le resta importancia a que se equivoquen mientras aprenden, como también a la formalidad de tener un título universitario. Lo importante es el empeño que ponen. Algunas críticas, señala, son por envidia.

“Tan pocos votos que no es pago político”

De Torrebiarte tampoco cree que en el origen de todo, de su nombramiento al frente de la comisión y de la llegada de su equipo, esté un pago político por el respaldo brindado al Partido Patriota en la segunda vuelta de la contienda electoral de 2011. Prefiere pensar en las palabras que, asegura, le dijo Helen Mack, la activista y comisionada del gobierno anterior: que ella era la persona indicada para continuar el trabajo porque conocía la institución y la quería, porque los oficiales la respetaban y porque, a diferencia de lo que le había sucedido a ella, contaría con un presupuesto propio.

Al ministro López Bonilla tampoco le gusta pensar en el nombramiento en esos términos. Al fin y al cabo, el caudal electoral de ADN era tan bajo, 19,049 votos (0.42 por ciento de los votos válidos), que no logró llevar diputados al Congreso ni ganó alguna alcaldía de las 43 por las que compitió. Y como no obtuvo el 5 por ciento de los votos reglamentarios, el partido desapareció en mayo de 2012.

Y sin embargo ADN, con toda su debilidad electoral, fue decisivo en un aspecto. El de Camacho de Torrebiarte fue el único partido que se opuso legalmente a la candidatura de Sandra Torres, en ese entonces la esposa del presidente y candidata por el partido oficial. Con ello quitó de en medio, tras un largo proceso legal, a la adversaria más temida por el partido que hoy gobierna, que evitó desgastarse en esos menesteres.