Hace unos tres años, a raíz de la formulación de una agenda política desde los pueblos indígenas, se desarrollaron varios talleres de consulta en varias regiones del país donde la pobreza es grande y la presencia del Estado débil. Se pudo constatar una queja generalizada: el aumento desmedido de los precios de los medicamentos, especialmente aquellos para el tratamiento de enfermedades permanentes como la diabetes, la presión alta, etc.
En ese tiempo, algunos medios de comunicación denunciaban aumentos injustificados en los precios de hasta un 300 %, siendo Guatemala el país de Centroamérica donde un medicamento era más caro en relación con los otros países. Incomprensible situación, pues muchas medicinas son fabricadas por laboratorios con cobertura regional, lo que hacía más incomprensible la diferencia de precios por país. Indagando a través de entrevistas con pequeñas farmacias de la provincia que corrían el peligro de desaparecer, pudimos obtener información acerca de cuatro grandes cadenas farmacéuticas que en colusión imponían precios a su sabor y antojo y presionaban a distribuidores menores con la amenaza de no venderles los productos en caso de negarse a imponer los precios por ellas fijados.
Hay dos aspectos importantes de esta situación no controlada por el Estado. Uno, la influencia de políticos incrustados en el Congreso de la República que en sus actividades comerciales se dedicaban a la comercialización de medicamentos y fórmulas nutricionales y utilizaban su poder político mal habido con el fin de convocar a distribuidoras multinacionales, laboratorios nacionales y otras empresas e industrias relacionadas para fijar las condiciones de mercadeo y los precios a imponer. El afán de lucro desmedido se impuso a la responsabilidad social sin importar las consecuencias en la vida de los seres humanos, especialmente de ese gran sector sumido en la pobreza. Dos, que mucha gente se moría por no contar con recursos económicos para hacerles frente a esos desmedidos aumentos, de manera que la única salida disponible era reducir las dosis para, por lo menos, paliar las consecuencias y dolencias de enfermedades crónicas, lo cual contradecía las indicaciones técnicas y científicas de los medicamentos.
Se pudo detectar una red intrincada de relaciones e imposiciones que abarcaban el control de la distribución nacional (cada vez más concentrada en cuatro grandes cadenas de farmacias), las ventas al sistema de salud y muchos médicos y hospitales privados que, por medio de incentivos, becas, comisiones, agasajos, etcétera, se volvían parte de ese control del mercado al recomendar las marcas farmacéuticas que el cartel imponía. Por ello ha habido una descalificación de los llamados genéricos, que en otros países se consumen como alternativa aceptable.
Con un grupo de estudiantes universitarios, ahora abogados, y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas se formuló una propuesta de ley sobre medicamentos que fue ingresada durante la legislatura pasada con el respaldo de organizaciones comunitarias (1, 2 y 3) y de algunos diputados conscientes. Sin embargo, se quedó en propuesta.
En recientes entrevistas a pequeños distribuidores, estos manifiestan que, aun cuando los diputados implicados no se reeligieron o están en la mira de la justicia, el proceso de concentración de la distribución sigue y la práctica de imponer precios con leoninos aumentos también. Les encantó el sabor de la ganancia fácil.
El Congreso debería incluir algunos artículos de la iniciativa mencionada en la futura ley de competencia, que tiene que estar aprobada en noviembre de este año. Aparte, ahora que han caído en manos de la justicia los negociantes de la salud, es ocasión propicia para ampliar las investigaciones a estas cadenas distribuidoras que actúan como cartel al contradecir los tan mentados principios de libre competencia que el sistema instala en el imaginario social. Aparte de combatir privilegios, la evasión tributaria y el contrabando, la Cicig debería desmantelar esas alianzas público-privadas que operan al margen de las leyes y atentan contra la seguridad de la población en materia de salud, para las cuales la vida no vale nada.
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