Las sospechosas visitas policiales a activistas y defensores humanitarios desde el amago de autogolpe de Morales

Algunos activistas de Derechos Humanos, intranquilos, temerosos, preocupados, decidieron reunirse para ver conjuntamente la conferencia de Morales, aquella en la que el mandatario se rodearía del alto mando militar, emulando las imágenes de Efraín Ríos Montt casi dos décadas atrás. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Santos no era el único que había sido contactado por un policía. Que todos ellos habían recibido comunicaciones, precisamente el día en el que Morales presentaba su rostro más beligerante.

El supuesto inspector policial que lo contactó esa mañana, relata Santos, le dijo que quería preguntarle sobre las medidas de protección y el comportamiento de los agentes encargados de su vigilancia. Ahí lo sospechoso de la llamada: el activista jamás ha gozado de este tipo de seguridad. ¿Por qué preguntar sobre medidas de protección a alguien que nunca dispuso de ellas? “Es muy inusual. Ellos son los que prestan la protección y tienen la información”, responde Santos.

Santos rehusó la propuesta de reunirse que le hizo el supuesto agente que le hizo la llamada.  Pasadas las 15:00 horas, los carros J8 que anteriormente habían patrullado frente a la sede de la Cicig lo hacían ahora frente a las oficinas de Udefegua, en la zona 1 de la capital.

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Los uniformados no generan confianza en un país como Guatemala. Menos aún, cuando algunos activistas se convierten en el principal contrapeso contra el Gobierno. Todavía menos cuando se impone una lógica del “con nosotros o contra nosotros” y una herencia del conflicto armado que intenta disfrazar el creciente autoritarismo del presidente y sus ministros más cercanos en discurso falaz que divide y atemoriza a la población, basado en la lucha contra el comunismo. Aunque la Guerra Fría terminó hace casi tres décadas, su retórica sigue viva en Guatemala.

La extraña llamada a Jorge Santos y el posterior patrullaje de los vehículos militares frente a la sede de Udefegua no fue un caso aislado.

Al menos otras cuatro organizaciones de diverso signo han referido sospechosas visitas policiales desde que Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig. Entre ellos, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad y Democracia (Sedem), la Fundación Myrna Mack y el Comité de Unidad Campesina (CUC). Los relatos de los directivos de esas organizaciones divergen en detalles, pero son similares en la dinámica: visitas o llamadas de policías que preguntan sobre sus medidas de protección. Extraño si se tiene en cuenta que es la policía la encargada de brindar la seguridad a los activistas y grupos que gozan de ese beneficio, en la mayoría de los casos ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que consideran la vulnerabilidad de estos. Lo que implica que conoce con precisión la cantidad, nombres y organizaciones a las que está obligada a proteger.

Pablo Castillo, vocero de la policía, dijo a Plaza Pública que agentes de la Inspectoría realizaron estas visitas para supervisar y verificar “quiénes cuentan con seguridad y quiénes no”. Así como para analizar “cuáles son los delitos que se cometen contra los dirigentes”. Las respuestas del vocero fueron hechas a través de un mensaje de Whatsapp, a unas preguntas que previamente habían sido formuladas por correo electrónico. 

Al menos, respondió.

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En el ministerio de Gobernación, silencio absoluto. Calla el vocero, Fernando Lucero y calla el viceministro, Kamilo Rivera. Este último, el 12 de septiembre pasado, prometió atender las inquietudes pasadas dos horas. Pero ya ha identificado el número, ignoró las llamadas siguientes. Pasan dos semanas y no hay contestación, a pesar de los rutinarios intentos. Los últimos, horas antes de publicar esta nota.

A quien no podrán ignorar los funcionarios adscritos al ministerio de Gobernación es a la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga de oficio. Su responsable, Hilda Pineda, incluyó estos hechos en el expediente que analiza el hostigamiento militar a la Cicig el 31 de agosto.

Por el momento, Pineda espera que Udefegua entregue más información para comenzar sus pesquisas. La fiscal dice que es más fácil que la organización, respetada por los activistas, recapitule los relatos y se los traslade para orientar la investigación.

El exministro de Gobernación, Francisco Rivas, señala haber recibido denuncias por la supresión de la seguridad a personas contrarias al Ejecutivo. También hace referencia a las quejas por “seguimientos y vigilancias, tanto por parte de la policía como de elementos de inteligencia”. Según explica, una de las técnicas referidas para obtener información es la rotación de efectivos, en apariencia destinados a la protección pero que terminan ejerciendo una labor de control. “Operaciones que parecieran rutinarias se utilizan contra gente que no tiene perfil delincuencial”, explica.

Una fuente cercana a la policía, que habla bajo condición de anonimato, asegura que en el interior del cuerpo se ha puesto en marcha una estructura destinada a la vigilancia de descontentos. Afirma que en la cabeza de este grupo se encuentra un responsable de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Legalmente, a este organismo no le corresponde hacer tareas de inteligencia si no son casos excepcionales, como una visita del presidente.

A esto se une el excesivo despliegue de fuerzas de militares y policías en las actividades públicas celebradas en el marco de los festejos de Independencia y las protestas ciudadanas, y la concentración de agentes (sin goce de vacaciones ni permisos hasta próximo aviso).

El fin de semana de los rumores

Desde el 31 de agosto pasado, grupos de policías y militares, sin aparente justificación, se ubicaron en las cercanías de las viviendas u oficinas de voces incómodas para el Gobierno. En ese momento, había rumores sobre un posible Estado de sitio y de arrestos selectivos. Pero todo quedó en rumores. Lo único constatable es que personas clave como Jorge Santos o Claudia Samayoa (Udefegua), Nery Rodenas (Odhag), Iduvina Hernández (Sedem), Helen Mack Chang (Fundación Myrna Mack) o Daniel Pascual (CUC) detectaron extraña presencia policial a su alrededor. La oficina del PDH también denunció la presencia de dos decenas de policías en las afueras de su sede central.

También se empezaron a conocer listas de periodistas y líderes de opinión contra quienes supuestamente también se pretendía actuar.

Casi todas las visitas policiales reportadas para esta nota tuvieron lugar el mismo día en el que Jimmy Morales inició una nueva ofensiva en contra de la Cicig. Podría ser una casualidad. O podría obedecer a un plan para vigilar a líderes sociales en un contexto de inestabilidad política, de protestas y de incremento del autoritarismo por parte del Gobierno. El Ministerio de Gobernación no explica.

Pero un hecho concreto lo delata: la agente de la policía infiltrada en una conferencia de prensa en la Corte de Constitucionalidad la noche del domingo 16 de septiembre. Increpada por los reporteros por tomarles fotografías sin ninguna justificación, la agente huyó del lugar. Fue perseguida por activistas que se encontraban en las afueras, pero logró escapar en una motocicleta sin placas que la esperaba a unos metros. En su huida dejó tirado el celular con el que fotografió y tomó video a los periodistas, el cual está en manos de la Oficina de Atención a Periodistas del Ministerio Público. Lo analizan técnicos de la propia fiscalía, ya que no se confía en los expertos policiales.

En un principio, la policía negó que fuese una agente suya. Pero días después, el viceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, reconoció que pertenecía a la División de Información Policial. Aseguró que fue la propia Corte la que había requerido su presencia. Sin embargo, fue desmentido por Santiago Palomo, vocero del tribunal constitucional, quien señaló que la única petición de protección policial era para resguardar el perímetro de su edificio.

Sin dar mayores explicaciones, Rivera dijo que la policía infiltrada había sido “víctima” de los activistas que intentaron agredir y que huyó para protegerse.

La retirada de protección

“Querían hacer ver que nos podían arrestar en cualquier momento”, dice Claudia Samayoa, de Udefegua. Se refiere a los operativos policiales que detectó en las inmediaciones de su domicilio y de los seguimientos “a pie” por parte de desconocidos. “Lo que hay es un mensaje para las personas que públicamente han estado actuando en el último tiempo”, denuncia.

Nery Rodenas, director ejecutivo de la Odhag, es el único activista que recibió a los policías. Recuerda que un oficial le visitó en su oficina el 31 de agosto. “Me pareció extraña la visita. Innecesaria por el contexto, pero de tanta insistencia al final le di cinco minutos”, dice. Supuestamente, la intención del oficial era hacer una “evaluación general”. Preguntó por una denuncia que varias organizaciones presentaron en 2013 contra Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo. Una denuncia que, según dice Samayoa, ha estado paralizada desde entonces. El oficial también indagó sobre cómo había sido el trabajo de los agentes que le acompañan desde 2014 a causa de su participación en la investigación del asesinato de monseñor Juan José Gerardi, perpetrado en 1998.

En un principio, cuatro oficiales se transportaban con él. Dos años después, lo redujeron a dos, por falta de personal, según se le notificó. “El 8 de agosto me quitaron toda seguridad y sin ninguna justificación”, relata.

Cuando recibió la visita, ya no contaba con protección. El oficial se identificó como parte de la Inspectoría General e iba vestido de particular, portando un chaleco negro. Se trata de la misma indumentaria que llevaban los policías que acudieron a hablar con otras activistas de Derechos Humanos como Helen Mack o Iduvina Hernández.

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“Las visitas son bastantes extrañas porque no tienen fundamento, más bien parecen intimidatorias”, dice Rodenas.

Ese mismo viernes llegaron dos oficiales de la policía a la Sedem. Supuestamente también pertenecen a la Inspectoría. Pidieron hablar con la directora, Iduvina Hernández, pero no estaba en el lugar. Por eso, un día después, el sábado, otra unidad policial visitó una antigua residencia de Hernández, donde tampoco la encontraron.

El motivo de las visitas, según lo que Hernández recopiló, era recabar datos sobre la denuncia que presentaron varias organizaciones en 2013 ante el Procurador de los Derechos Humanos, en contra de ataques de Ricardo Méndez Ruiz.

En aquel tiempo, el entonces procurador, Jorge De León Duque, resolvió a favor de estos colectivos y se ordenaron medidas de seguridad para varios defensores, específicamente el acompañamiento de agentes en sus labores, pero Hernández dice que nunca le fue otorgado ese apoyo.

El mismo 31 de agosto, un destacamento de entre 20 y 25 policías se ubicó en las cercanías de la Fundación Myrna Mack. Lissette Vásquez, su directora, dice que los uniformados estuvieron parados entre algunos arbustos justo cuando Jimmy Morales pronunciaba su conferencia. Cuando el presidente concluyó en el Palacio, los agentes se dispersaron. “En ningún momento se acercaron a querer hablar con alguien, ni ningún empleado de la fundación quiso ir a preguntarles algo”, explica.

No fue una excepción.

El sábado, Helen Mack, la presidenta de esa fundación, asistió a algunas reuniones en la capital y, según refiere Vásquez, fue seguida por un picop beige con las placas tapadas. “No es que no tuviera placas, es que las ocultaron a propósito”, dice.

Los seguimientos también han sido detectados por Daniel Pascual, dirigente del CUC. El líder campesino regresaba de un viaje. “No sé si desde que salí del aeropuerto ya me estaban siguiendo, pero al estacionar en la oficina, un carro particular lo hizo frente a nosotros”, relata. “No me quise bajar del carro, porque vimos a dos hombres con chaleco negro y quisimos esperar a que nos dijeran qué querían”, explica.

Al igual que en los demás casos, quienes llegaron a preguntar por Pascual eran dos integrantes de la Inspectoría General de la policía. Buscaban saber cómo ha sido el trabajo de los oficiales de seguridad que le han protegido desde principio de año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó a principios de año que Pascual se encontraba en riesgo y pidió al Ministerio de Gobernación medidas de seguridad para él. “Pero las medidas no se han cumplido. No tengo evaluación que darles”, explica Pascual.

“Me queda claro que es un acto de intimidación”, concluye.

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Algo similar ocurrió al periodista Pavel Vega, quien el pasado 13 de septiembre presentó una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por la presencia de agentes en el domicilio de su familia. Según la denuncia, uniformados se presentaron en esta vivienda el 5 de septiembre para preguntar si se encontraba en riesgo, aunque él no habita en ese lugar y las medidas perimetrales estaban concedidas para su domicilio. Vega tenía otorgadas medidas de seguridad desde 2017. “A pesar de que las medidas perimetrales fueron solicitadas y otorgadas en 2017, hasta el mes de septiembre de 2018 están preguntando por mi situación, acción que me parece muy extraña, porque durante estos días la policía también se hizo presente en organizaciones de Derechos Humanos, viviendas que se utilizan como albergues de Defensores de Derechos Humanos, así mismo en las viviendas de los dirigentes de algunas organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de interrogar sobre la situación actual de estas personas respecto a su seguridad”, dice Vega en su denuncia. Ahí también señala haber detectado controles policiales en las inmediaciones de la vivienda familiar, “lo que a mi familia y a mí nos causa zozobra”.

“No sabemos con exactitud cuál fue el motivo de la búsqueda. Estamos a la espera de una explicación”, dice Jorge Santos, que cree que no es casual que este despliegue coincidiese con el momento en el que Jimmy Morales declaró su guerra contra la Cicig y amagó con el autogolpe de Estado. Se da la circunstancia de que, poco antes de que los policías se presentasen en oficinas y viviendas de defensores, Gobernación había retirado la protección a algunos de ellos, en ocasiones sin dar explicaciones, en otras argumentando falta de personal.

Los defensores consideran que el despliegue policial tiene que ver con la coyuntura. “Están intentando identificar a las personas que tienen que callar”, dice Samayoa. Por el momento han presentado una denuncia oral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ratificarán a través de un informe, y esperan el resultado de las investigaciones del Ministerio Público, la única instancia en la que todavía pueden confiar. Pero el temor a que las autoridades opten por la represión se siente en ambiente.