Morales cierra la puerta a la Cicig y amaga con autogolpe de Estado, con música de mariachis de fondo

La jornada, vertiginosa, se desarrolla en cuatro escenarios: tres físicos (el salón de banderas del Palacio Nacional de la Cultura, la sede de la Cicig y la plaza de la Constitución) y uno global, el de las reacciones, nacionales e internacionales, a una decisión que abre un escenario incierto. Por delante: la petición de antejuicio contra Morales presentada por Cicig y Ministerio Público por el caso de financiamiento ilegal de su partido, FCN-Nación; la demanda de cancelación de la misma formación y también de otras siglas; las elecciones del próximo año, que es también el último de Velásquez y el órgano anticorrupción. Su mandato concluye el 3 de septiembre de 2019 y hasta entonces podrá seguir trabajando, a no ser que Morales maniobre para echarle antes. Que advirtiera que “instituciones y funcionarios de Guatemala no están obligados a acatar órdenes ilegales” abre la puerta a cualquier posibilidad. Esto parece una advertencia directa a la Corte de Constitucionalidad (CC), la misma que hace un año le impidió expulsar a Velásquez.

Que un presidente se rodee de militares y amague con desacatos no resulta tranquilizador. Presentarse, apoyado por el alto mando del Ejército, como intérprete único de la ley, es mostrarse dispuesto al golpe de Estado (o autogolpe en este caso) si las cosas no salen como lo desea.

No deja de resultar paradójico que dos políticos de signo opuesto, Daniel Ortega en Nicaragua y Jimmy Morales en Guatemala, hayan elegido el mismo día, con argumentos similares, aunque en nombre de ideas antagónicas, para expulsar de sus respectivos países a misiones de las Naciones Unidas.

Escenario 1: Jimmy Morales rodeado de uniformados

“Hemos notificado oficialmente al secretario de la ONU la no renovación (de la Cicig) y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes”. Para cuando Morales pronuncia estas palabras pasa media hora del mediodía y la decisión es un secreto a voces. Especialmente, después de que vehículos de aspecto militar hayan rodeado la sede de la comisión internacional y se paseen, como una advertencia, por diversas áreas de la zona 14. No parece casual relacionar este patrullaje, denunciado por Matías Ponce, vocero de la Cicig, y la posterior escenificación castrense de Morales. Queda por saber qué ocurrió entre las 10:30 horas, que es cuando inicialmente estaba prevista la comparecencia presidencial, y las 12:30, cuando finalmente esta se produjo, ya con los vehículos verdes alejados de la institución internacional.

Versiones no confirmadas por Plaza Pública, pero repetidas en diversos espacios políticos, aseguran que entre las 10:00 y las 12:30 horas, una secuencia de hechos (llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, advertencias desde la sede de la embajada de Estados Unidos), persuadieron a Morales a abstenerse de concretar “otras medidas más radicales” que tenía previsto implementar.  

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El discurso de Morales, de menos de siete minutos, da para mucho análisis de texto.

“El año pasado se hizo ver al secretario general de la ONU muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto al actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes: violando nuestras leyes, induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad”, dice. Al margen de Velásquez, de quien no pronuncia su nombre, no especifica a qué funcionarios internacionales se refiere. Tampoco concreta los presuntos ilícitos que cometieron ni explica por qué, de conocerlos, no los denunció ante la fiscalía.

“(Las labores diplomáticas para protestar por la actividad de la Cicig) conllevaron persecución penal selectiva, con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional, el mandato de la Cicig”, prosigue el jefe de Gobierno. En el último año, la agencia anticorrupción y el Ministerio Público han actuado contra un presidente, el propio Morales, el difunto expresidente Álvaro Arzú, aliado político suyo hasta antes de su fallecimiento; y el exmandatario, Álvaro Colom, quien lideró la Unión Nacional de la Esperanza. Mientras que Colom permaneció en prisión entre febrero y agosto, Morales no ha podido ser investigado porque, hasta ahora, el Congreso lo ha impedido. Recientemente, la fiscalía y la Cicig solicitaron la cancelación de dos formaciones: FCN-Nación y Encuentro por Guatemala. A esta última se la había vinculado con el salto a la política de Thelma Aldana, antigua fiscal general y enemiga declarada del presidente.

“Guatemala y nuestro gobierno cree en la vida, la familia basada en matrimonio de hombre y mujer, cree y quiere elecciones libres, no intervenidas”, concluye Morales. Estas referencias, que nada tienen que ver con la Cicig ni la lucha contra la corrupción, no son casualidad. El domingo se celebrará una manifestación bajo el lema “Guate por la vida y la familia” convocada por sectores conservadores. El martes está prevista la tercera lectura de la Iniciativa 5272, que impone mayores penas a las mujeres que abortan, prohíbe enseñar diversidad sexual y veta, aún más, el matrimonio igualitario. Con este guiño, Morales viene a decir: “si estás a favor del modelo tradicional de familia y contra el aborto, eres de los míos y estás contra la Cicig”. Los sectores afines al presidente tratan de ubicar el debate en términos ideológicos que trascienden a la lucha anticorrupción y con este apunte, Morales se sumaba a esta línea argumental.

Escenario 2: comenzar rodeado de militares y terminar cercado por mariachis

“Causó una injerencia a Guatemala y se metió en asuntos que no le competen, está fuera de su mandato. No es cuestión de ejército, de izquierdas ni de derechas, sino de respeto al orden constitucional. El que no respete al orden constitucional en Guatemala, los extranjeros que deseen estar en Guatemala se tienen que someter a las leyes de Guatemala. Y si no, las puertas están abiertas. Iván Velásquez vino a faltar al respeto a los guatemaltecos y se tiene que largar. Así de simple”. Noel Arameo Barillas es uno de los primeros manifestantes contrarios a Iván Velásquez que se encuentran ante la sede de la Cicig, en la zona 14. También es uno de los promotores de la iniciativa contra Jordán Rodas que, en el mes de mayo, recogió 20.000 firmas para su destitución como Procurador de los Derechos Humanos.

Para las 13:00 horas, apenas cinco individuos celebran la decisión de Morales entre consignas contra el comisionado, a quien descalifican como “marrano”, contra la izquierda, los extranjeros, las oenegés y todo el universo que los aliados del presidente han convertido en enemigos. Como contrapunto, una única mujer sostiene un cartel con el lema “Iván, Iván, de Guate no te vas”.

Antes de las 14:00 horas Jordán Rodas llega a la sede la Cicig. Dice que viene a solidarizarse con Velásquez, que “está para apoyarlo”, que velará para que no se vulneren sus garantías y que “Guatemala necesita la Cicig para combatir la corrupción y la impunidad”. Entra en el edificio entre los gritos de un único exaltado. “Jordán Rodas va a terminar preso con las denuncias que tiene en el MP”, afirma. Su voz, incansable, será la banda sonora de la jornada hasta la llegada de más manifestantes y sus interminables hileras de petardos.

La sede es un ir y venir de carros. Llega la fiscal de Derechos Humanos, Hilda Pineda, quien señala que investiga de oficio la presencia de vehículos militares en el exterior de las oficinas de la organización internacional.

La sensación es de irrealidad. En el interior, una jueza de Paz Penal de Faltas de turno practica la exhibición personal a Iván Velásquez, a petición de Rodas. Tema serio. Muy serio. En el exterior, una decena de manifestantes de ambos signos se mezclan ante la prensa. Unos reivindican “Iván se queda”. Otros responden que “en Guatemala no mandan colombianos”. Prenden petardos. Muchos petardos. Y discuten ante las cámaras, que superan en número a los manifestantes.

“No vamos a permitir que un esfuerzo de tantos años para acabar con la impunidad en Guatemala sea barrido por un presidente que se siente acorralado, porque la justicia está a punto de llegar a él. Tenemos un presidente corrupto en prisión, estamos logrando éxitos”, dice David Ávila, uno de los pocos manifestantes pro Cicig que se concentran en zona 14.

El equilibrio de ambos bandos se rompe a las 16:00 horas. En ese momento, un grupo de unas 40 personas irrumpe con bocinas y mantas perfectamente serigrafiadas. “Somos comerciantes. Si trabajamos comemos. No apoyamos a un hombre, sino al pueblo de Guatemala. Los inversionistas no quieren invertir porque dicen que va a haber un golpe de Estado. Somos un país soberano y libre”, dice Marcelo Rojas, que se identifica como vendedor informal. Asegura que todos los recién llegados forman parte de este colectivo y que han acudido a la sede de la Cicig por voluntad propia, sin que nadie se los pidiera. No es nuevo que Morales pida ayuda a este sector en momentos en los que se siente acorralado. El pasado 2 de mayo, poco después de que la fiscalía y la Cicig presentasen pruebas del financiamiento ilegal de FCN-Nación, el presidente aprovechó una gran marcha de vendedores de La Terminal para lanzar un incendiario discurso contra el Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos.

Uno a uno, diversos manifestantes toman el megáfono. “Ya es momento de que Guatemala tome sus propias decisiones. Vivamos en paz, reconciliémonos, ya pasamos por un período en la historia en la que nos agarramos, sabemos las causas y las consecuencias”, dice un hombre, que no da su nombre y que es interrumpido por otro al grito de “¡Los extranjeros financian organizaciones terroristas!”. Las referencias al conflicto armado son veladas. Un segundo orador, que se identifica como Carlos Álvarez, recuerda los años 80, los del conflicto y el genocidio, y los interpreta como el tiempo en el que se expulsó a los comunistas. Posteriormente afirmará que Velásquez apoya a organizaciones izquierdistas. “Hay organizaciones socialistas que se han unido a él, que jamás han llegado al poder por el voto público. La gente los conoce. Guatemala no es de una ideología comunista, nunca lo ha sido y no vamos a permitir que se implante una ideología que nos lleve a situaciones como las de Venezuela o Nicaragua”. Las referencias a estos dos países son continuas. Minutos antes, Edwin Gálvez, otro manifestante, afirma: “no queremos una Venezuela en la que la gente está emigrando porque se está muriendo de hambre. Es libre y soberana, no necesitamos de un extranjero”.

Mientras el grupo antiCicig es cada vez más numeroso y ruidoso, un pequeño sector de mujeres se mantiene frente a ellos con carteles de apoyo a Velásquez. En ocasiones, y ante la retórica belicista, les recuerdan las violaciones perpetradas durante la guerra. En vano. Solo cuando un joven muestra una enseña de Guatemala manchada de sangre, los partidarios de Jimmy Morales harán amago de agredirle por “ofender la bandera” mientras le califican, a gritos, de “comunista” y “mariguano”.

Para las 18:00 horas, y tras haber abucheado a cuantos carros abandonaban el recinto, los últimos manifestantes se marchan. Previamente, como fin de fiesta, unos mariachis interpretaban doce canciones, pagadas a mil quetzales según uno de sus integrantes, que dijo desconocer quién les había contratado. “Sacaremos a este guei de la barranca”, es el estribillo con el que se despiden, dejando los exteriores de la Cicig manchada con los restos de la pólvora quemada durante toda la jornada.

Escenario 3: la plaza a medio gas ante su mayor reto

Un hombre con chaleco rojo se coloca un micrófono frente a sus labios y comienza a hablar. Un hilo de voz sale por los altavoces. Ante los vítores, irá cobrando fuerza poco a poco. Son las 14:30 horas y su público está conformado por apenas 20 personas.

En la Plaza de la Constitución hay convocada una protesta. El llamado lo hace la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad San Carlos. Minutos después será respaldada por la Batucada del Pueblo, y Justicia Ya. Apenas dos horas después del anuncio de Jimmy Morales de no renovar el mandato de Cicig, la plaza prepara su respuesta. Su papel fue clave en 2015, cuando las protestas acuerparon la acción de la justicia contra el presidente, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxanna Baldetti. También en 2017, cuando las manifestaciones obligaron a los diputados organizados en torno al denominado Pacto de Corruptos a dar marcha atrás en sus planes para cambiar el Código Penal y facilitar la impunidad. Lo que está en juego ahora es todavía mayor, ya que la decisión de Morales supone un retroceso de al menos una década.

“Es evidente que está debilitado. Está dando patadas de ahogado”, resuenan los altavoces. El hombre de chaleco rojo se llama Aldo Dávila. Es director de Gente Positiva, una asociación dedicada a la defensa de derechos de las personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana y de la diversidad sexual.

Cuando termina, pasa el micrófono a otra persona y a unos metros del bullicio, externa su preocupación sobre uno de los puntos del discurso de Morales.

En medio de sus palabras de rechazo a la Cicig, el presidente hizo referencia a la defensa de la vida —entre líneas: “no al aborto”— y de la familia basada en el matrimonio entre hombre y mujer —no tan entre líneas: “no al matrimonio entre personas del mismo sexo”—. Casualidad o no, son los mismos argumentos que comparten los grupos conservadores que este domingo realizarán una manifestación para defenderlos.

“Esto es un golpe bajo a la diversidad sexual. Nos sigue vulnerando”, expresa Dávila, con gesto serio.

A lo largo de la tarde, el micrófono se va convirtiendo en un lugar de catarsis. “¡Alzamos la voz por las mujeres y niñas violadas!”, grita Lorena Colindres, de la agrupación Plantones por la Dignidad. “¡Esta no es tu finca, Jimmy Morales! Hoy, te despedimos”, le sigue Alida Vicente, del Consejo del Pueblo Maya. “¡Estás manchado de sangre!”, grita otra mujer, a lo lejos.

La audiencia va aumentando —unas 200 personas al final de la jornada—. Y los cánticos y consignas se hacen más sonoros.

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Algunos lemas recuerdan a 2015, cuando Otto Pérez Molina era el blanco de las protestas: “El pueblo, presente, no tiene presidente”. A las manifestaciones después de la primera solicitud de antejuicio contra el actual mandatario: “Jimmy Morales, a los tribunales”. A la declaración de non grato del comisionado de la CICIG: “Iván se queda, Jimmy para fuera”. A la muerte de 41 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción: “Las niñas no se queman, no se violan, no se matan”.

Junto con los gritos de ánimo y respaldo a la Cicig y a Iván Velásquez, hay una petición clara: el retiro de la inmunidad a Jimmy Morales. Los representantes de la AEU lo dejan claro desde el inicio de la concentración: “Exigimos al Congreso que retire el antejuicio al presidente para que pueda ser enjuiciado”. La pelota está ahora en manos de la comisión pesquisidora, que esta semana fue integrada para conocer la solicitud del Ministerio Público. 

Durante la tarde, varias personas hacen referencia a la imagen de Morales respaldado por un numeroso grupo de militares cuando realizó el polémico anuncio. Aseguran que esto no es casual. “Está haciendo lo que hizo el genocida en 1982”, dice Aldo Dávila, en referencia a escenas similares de Efraín Ríos Montt durante su gobierno, que hoy son parte de la hemeroteca.

Cuando toma el micrófono, Lenina García, secretaria general de la AEU, insinúa que esta puesta en escena se toma como un signo de intimidación, como una amenaza. “Rechazamos cualquier intento de violencia. Estamos en un Estado democrático, que no lo olviden. A mayor represión, mayor organización”, anima a los demás a repetir. 

“Un año después, aquí estamos”. Así se saludan varias personas que se encuentran en la plaza. Se ven de nuevo, manifestándose, después de las protestas de agosto de 2017. Entre los asistentes están muy presentes tres palabras que el último año han ocupado conversaciones, análisis y titulares: pacto de corruptos.

María del Rosario Toj sujeta el extremo de una pancarta morada. Asociación política de mujeres mayas Moloj Kino'jib'al Mayib' Ixoqib', se lee a lo largo. “Esto es claramente una reagrupación de los actores que han sido afectados por la Cicig —dice Toj—. Lo enmarcamos en el pacto de corruptos”.

Al entrar la noche, alguien aparece con una pequeña piñata con forma de hombre trajeado. Una cita azul y blanca la cruza, simulando una banda presidencial.

Una ametralladora de petardos sirve de llamado y el grupo se acerca al Palacio Nacional, resguardado por unos 20 agentes de la policía. “Olé... olá... se queda Iván”, se escucha. La piñata se consume en segundos y con las cenizas incandescentes volando sobre el tumulto, el cántico cambia: “No… Cicig no se va… No se va, no se va, Cicig no se va…”.

Algunas personas empiezan a marcharse. Alrededor de las 20:00 horas se da por terminada la protesta.

Escenario 4: lo que no vemos y lo que define todo

La decisión de Jimmy Morales desata una cascada de declaraciones. A favor: representantes del pacto de corruptos en el Congreso, un tibio Cacif, que “respeta” la decisión, y poco más. Por eso cobra tanta importancia la exhibición de fuerza castrense. En contra: las organizaciones de la sociedad civil, el Procurador de los Derechos Humaos, y… el exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien censuró el fin del mandato de la Cicig a través de un tuit, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, quien recordó la “importante contribución de la Cicig” en la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. Aunque esto puede tener varias interpretaciones. No se olvide que la víspera, la canciller, Sandra Jovel, había mantenido un encuentro con la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Parece poco probable que no le hubiese informado sobre los planes de su jefe.

Quizás una de las reacciones más contundentes es la de la fiscal general, Consuelo Porras. “Estoy vigilante ante los recientes acontecimientos y las consecuencias que para el sistema de Justicia y el combate a la impunidad y la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Cicig. Exhorto respetuosamente al Gobierno y a la ONU para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca en función de la paz, la tranquilidad y la armonía social”. Ergo: no respalda la decisión de Morales.

Como siempre, la posición de Estados Unidos tiene un peso relevante. El embajador, Luis Arreaga, fue una de las personas que visitó a Velásquez y la legación emitió dos comunicados. En el primero, se limitaba a dar acuse de recibo de la decisión de Morales, aunque reiterando que “creemos que la Cicig es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala”. En la segunda, advertía sobre el uso que el Gobierno dio a jeeps donados por Washington. “Estos vehículos fueron donados para que las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales Tecún Umán, Chortí y Xinca combatan la actividad criminal y el narcotráfico en Guatemala. Varios de estos vehículos fueron observados recientemente en la Ciudad de Guatemala, incluso cerca de la sede de la Cicig y de la Embajada de los Estados Unidos”, dice la nota.

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Las variables son muchas. El antejuicio contra Morales, que está en manos del Congreso, la previsible cancelación de partidos por corrupción o posibles amparos de la Corte de Constitucionalidad pueden marcar el accionar de un presidente cada vez más aferrado al autoritarismo.

La correlación de fuerzas en el Legislativo no es la misma que el año pasado, cuando en aplastante mayoría los diputados se unieron para proteger al mandatario e impedir que le fuera retirada la inmunidad. Esta vez, hay otros intereses en el tablero político de los legisladores que los dividen más que unir en torno a la petición del antejuicio contra Morales, de cara al proceso electoral del próximo año.

El modificar la Ley Electoral para legalizar el transfuguismo y evitar que ello les impida postularse para la reelección, sigue siendo una preocupación para al menos medio centenar de parlamentarios. Ser objeto de procesos judiciales por financiamiento electoral ilícito y que sus partidos sean cancelados, es la preocupación de otros tanto.

De ahí que Morales también tenga motivos para preocuparse.