Curiosamente, las réplicas de mayor trascendencia no son las que se han derivado del temblor de tierra, sino las que se anuncian en relación con el conflicto entre el presidente Morales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La primera gran réplica es la acusación contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito, la cual implica la solicitud de levantamiento del derecho de antejuicio del que goza por ser presidente de la república. La acusación es contra Morales en cuanto secretario general del partido FCN-Nación (no por faltas en el ejercicio de su mandato, como sucedió en el caso del presidente Otto Pérez), y la Fiscalía ha indicado que no necesariamente desean acusarlo formalmente y pedir ante un juez su procesamiento, sino tener la libertad de investigarlo y cuestionarlo como parte de la investigación penal por financiamiento ilícito. El levantamiento del derecho de antejuicio por parte del Congreso no implica un juzgamiento de culpabilidad o de inocencia por parte de los diputados. Lo que está en disputa es algo más sutil, pues realmente la decisión del Congreso solo posibilita la investigación y la eventual acusación penal por parte de la Fiscalía. En pocas palabras, el Congreso no es un tribunal para evaluar la inocencia o la culpabilidad del presidente, pero sí es un espacio para decidir si debe o no enfrentar la justicia. Y el Congreso debe tomar esa decisión en una valoración política sobre si mantiene al presidente por encima de la ley o si lo somete a esta como a cualquier otro ciudadano.
La decisión del Congreso claramente tendrá repercusiones en la presidencia de Jimmy Morales. Mi percepción es que el Congreso no va a tener los votos para levantarle el derecho de antejuicio al presidente, pero que esa victoria será lo que se llama popularmente un alegrón de burro. El punto es que el presidente y su gobierno salen muy debilitados de este enfrentamiento con la Cicig, tanto de cara a la ciudadanía (cuya paciencia y tolerancia hacia el presidente se agotaron en esta crisis) como de cara a la comunidad internacional (que de ahora en adelante comprende que el presidente no es un aliado en la lucha contra la corrupción y la impunidad). Y el Congreso va a cobrar su lealtad en oro haciendo al Ejecutivo aún más vulnerable. Con débil apoyo ciudadano e internacional y con una clase política que va a cobrar cada vez más cara su lealtad, el presidente va a estar rodeado de muy pocos amigos y de muchos intereses dispuestos a servirlo en bandeja si la ocasión lo amerita.
[frasepzp1]
Con ese debilitamiento político a cuestas, Jimmy Morales se enfrentará a la segunda réplica del terremoto que él mismo causó: la elección del nuevo fiscal general. Para decirlo con claridad, esa elección es para Estados Unidos diez veces más importante que la elección presidencial del 2019. La estrategia geopolítica de Washington en América Latina se ha decantado por establecer una relación muy estrecha con las Fiscalías del continente. Si en los años 60 y 70 Washington aseguraba las lealtades de los países a través de los Ejércitos, en la actualidad la única posición de gobierno que es esencial para la estrategia estadounidense son las Fiscalías. Por tanto, la elección del nuevo fiscal general será el tema más importante para los intereses de Estados Unidos en los siguientes dos años.
Los asesores y grupos de interés que inducen al presidente al suicidio político creen que retomar control del Ministerio Público es un paso esencial para debilitar la estrategia que hoy encabezan Thelma Aldana e Iván Velázquez. Siempre ciegos, ingenuos o ignorantes a los condicionantes geopolíticos, empiezan a colocar al presidente en una nueva ruta de colisión directa con Washington. Son tan absurdamente ingenuos que creen que, si el presidente se libra del levantamiento de antejuicio por parte del Congreso, tomar control del Ministerio Público será el siguiente paso a la destrucción de la herencia de Aldana y Velázquez.
[frasepzp2]
La realidad geopolítica terminará imponiéndose en este caso. El nuevo fiscal general será alguien de confianza de la comunidad internacional y alguien que dará continuidad a la estrategia anticorrupción y antiimpunidad de Aldana y Velázquez. El presidente, débil y debilitado, no podrá abrir la botella de champán que tanto anhela y que los promotores de su funeral político tanto esperan.
Así, luego de esas dos réplicas del terremoto político causado por el intento de expulsión de la Cicig, vendrá el tercer remezón telúrico: las elecciones del 2019. Si algo quedó claro en esta crisis política es que la ciudadanía va a salir en las próximas elecciones a buscar verdaderas figuras de cambio que garanticen enterrar el sistema de poder corrupto que ha gobernado el país con la convicción de que la política solo es otra forma de hacer negocios. Los que han hecho encuestas saben los números: la lucha contra la corrupción es apoyada por casi un 60 % de la población. Y el intento de expulsión del comisionado Velázquez solo hizo crecer ese apoyo.
¿Quiénes serán las figuras y los movimientos que darán rostro a esa voluntad de cambio ciudadana? Aún no sabemos. Pero ese cambio político viene. Y el terremoto político iniciado por el presidente Morales provocará esa replica electoral que podrá aplastar el sistema de poder corrupto al que abusivamente hemos llamado democracia.
El protagonista de la primera réplica será el Congreso. El de la segunda, Washington y sus aliados. Pero el gran protagonista de la tercera réplica será el pueblo, que una vez más buscará que Guatemala se convierta en un país verdaderamente democrático, caracterizado por la honestidad en la gestión pública, por la eficiencia, por la equidad en el desarrollo económico y por la justicia en las relaciones sociales. La Guatemala del siglo XXI será producto de este parto doloroso generado por el terremoto político que, sin realmente proponérselo, ha provocado el presidente Morales.
Por una vez, gracias, presidente.
Más de este autor