Las tumbas de los sin nombre

“Son los huesos de la vergüenza, los huesos de la impunidad”.

No tienen nombre ni apellido, no se sabe de dónde eran ni se conoce su historia, pero hoy tienen un sepulcro rotulado con un número de caso. Las tumbas blanquecinas en que fueron colocadas las cajas de madera con los restos óseos de estas 172 personas guardan el horror de la historia.

Debajo de la tierra, en donde se erigió la construcción, había 220 personas enterradas, amontonadas, en desorden. No se sabe por qué las trajeron a este, que fue el destacamento militar de San Juan Comalapa, un municipio de Chimaltenango. Lo que se descubrió es que varios de los desaparecidos de Mixco, la capital, Zaragoza, Tecpán, San Martín Jilotepeque y de San Juan Comalapa, fueron asesinados y sus cuerpos depositados en fosas colectivas.

La mayoría, 98 casos, tenían vendas en los ojos, lazos atados a sus manos y torniquetes de alambre entre el cuello y la cabeza. Entre esas 220 personas había una mujer embarazada. Dos niños, 19 adolescentes, 56 jóvenes, 121 adultos, 8 ancianos y 12 más que no pudieron ser determinados. La mayoría eran hombres. A 48 se les identificó por la muestra de ADN que dieron sus familiares. Entre ellos hay seis personas que aparecen anotadas en el Diario Militar: Amancio Villatoro, Juan de Dios Samayoa, Hugo Navarro, Moises Saravia, Sergio Linares y Zoilo Canales.

Los 172 restantes, los sin nombre, son huesos con un número de caso que les asignó la Fundación de Antropología Forense (FAFG). Esa es la única forma de saber en dónde quedaron, por si algún día la muestra de ADN coincide con la de algún pariente vivo que los busque.

La FAFG los exhumó a todos de 2003 a 2005, por orden del Ministerio Público (MP), que actuó a petición de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua). La organización agrupa a mujeres indígenas kaqchikeles que no olvidan. Muchas de ellas viudas, huérfanas o que perdieron a algún hermano, tío u otro pariente, y que estaban seguras de que en el antiguo destacamento militar estaban los suyos.

Y así fue. Durante los desenterramientos hubo varias mujeres que identificaron la ropa de sus esposos, pero hacía falta que la ciencia se lo confirmara. En 2014 por fin velaron y enterraron a sus seres queridos.

Las que estaban pendientes eran estas 172 personas no identificadas. La Conavigua decidió que también merecían un “entierro digno” y por eso buscaron el apoyo económico para comprar una parte de la tierra del antiguo destacamento militar y la FAFG consiguió los fondos para levantar los nichos, un muro con los nombres de los 6,041 desaparecidos forzosamente que constan en sus archivos.

Las mujeres kaqchikeles de San Juan Comalapa les rindieron homenaje. Los lloraron, los velaron, les prendieron una veladora, alguien les rezó. Les hicieron la tradicional procesión por las calles del municipio, la gente los vio, elevaron una oración por ellos y finalmente les enterraron el jueves 21 de junio, en la conmemoración del Día contra la Desaparición Forzada. “Porque no olvidamos. Son los huesos de la vergüenza, los huesos de la impunidad” fue uno de los lemas del discurso de Rosalina Tuyuc, líder de Conavigua, durante el evento.

Flores blancas, música y un ofrecimiento de justicia para decir adiós

Lo que antes fue un destacamento militar, ahora es el Memorial Paisajes de la Memoria. Queda a 77.5 kilómetros de la capital, la entrada no tiene ninguna particularidad, es apenas una vereda lodosa que en su parte elevada permite observar un paisaje natural. Al horizonte un volcán cubierto de nubes y abajo los cultivos en plena armonía con el olor a hierba y árboles de pino.

Las mujeres de Conavigua pidieron que en toda el área fueran sembradas hierbas medicinales: manzanilla, romero, entre otras. Al entrar al lugar, el día previo a la inauguración, parece que se pisa en tierra sagrada. En todos los árboles fueron colocados manojos de flores blancas.

Dos de las 53 fosas en las que se encontraron restos quedaron descubiertas. Simulan ahora dos pequeñas piscinas de poco más de un metro de profundidad y alrededor de 2 y 3 metros de largo, que han sido alfombradas con pétalos de rosas y cercadas por velas blancas. Hay olor a incienso porque se han realizado ceremonias mayas.

Los albañiles trabajaron tres meses sin descanso para terminar la construcción. El diseño es de nichos de dos niveles colocados en una especie de pasadizo sinuoso que tiene como acompañamiento un muro de un metro de altura, también en granito lavado, con placas blancas en las que se grabó con dorado los nombres de los 6,041 desaparecidos forzosamente. Estos nombres están clasificados por departamento, de acuerdo al reporte que tiene la FAFG.

Una casa al centro adorna el paisaje, cada pared por dentro y por fuera tiene murales elaborados por mujeres. En la parte posterior de esa Casa Grande, o Nimajay en kaqchikel, se observa una escena impactante: Un grupo de soldados con los rostros y la cabeza pintados en negro, amenaza con armas de fuego a cuatro personas. Dos mujeres con sus hijos a la espalda están arrodilladas y con los ojos vendados. Un hombre está atado a un palo con alambre de puas. Otro está en el suelo. Las casas incendiadas, dos helicópteros sobrevuelan y una mujer, simulando a la madre tierra abraza una milpa, desde la raíz, en donde reposan varios esqueletos.

Esa es la historia de Comalapa hecha pintura. “No vamos a olvidar esto”, se decían entre sí las señoras que llegaban al entierro masivo.

¿Cómo podrían hacerlo? El cantar de las aves, los ruidos del bosque y de los insectos no pueden ocultar con su belleza lo que aquí pasó. Las familias no pueden olvidar lo que sufrieron.

[frasepzp1]

“En la vida real fueron personas. Tal vez son huesos aquí, pero muchos de ellos eran grandes pensadores, panaderos, artesanos, pintores, agricultores y cuántos más haberes tenían. Tuvieron sueños y esos sueños también son de nosotros”, les decía Rosalina Tuyuc a los asistentes al velorio y al entierro.

Lo que sucedió en San Juan Comalapa no es un hecho aislado. Se ha confirmado que los centros militares sirvieron como cementerios clandestinos del Ejército. El ejemplo más reciente es el descubrimiento de 565 osamentas en fosas ubicadas en el destacamento de Cobán, Alta Verapaz.

Esos muertos, así como los de San Juan Comalapa, no han encontrado justicia. El día del entierro e inauguración del Memorial a las víctimas de desaparición forzada, bautizado como Paisajes de la Memoria, se escuchó un ofrecimiento de la fiscal de Derechos Humanos, Hilda Pineda: “Nos comprometemos a seguir con las investigaciones”.

El mensaje no cae en oídos sordos. La fiscal habló ante cientos de víctimas, muchas de ellas mujeres ancianas que sobrevivieron a la ausencia de sus esposos y que criaron en pobreza a sus hijos. Lo dijo frente a esos hijos o hijas que no conocieron o no recuerdan a sus padres, pero que heredaron el dolor y pagaron el alto el precio de las injusticias de aquellos años.

El caso de San Juan Comalapa forma parte de un expediente en el que se cuentan 3,000 denuncias que trasladó el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) al Ministerio Público. Todas estas surgen del testimonio que los sobrevivientes de Chimaltenango dieron ante esta entidad de gobierno, que por cierto estuvo ausente en todo el proceso para honrar a los fallecidos y desaparecidos forzosamente.

Cuando se le pregunta a la fiscal Pineda qué hay del caso por las violaciones a los Derechos Humanos en Chimaltenango, dice generalidades. No puede dar detalles, pero ¿cuánto se ha avanzado?

Justifica que el Ejército no les ha dado acceso a información para determinar la cadena de mando, es decir los nombres de los oficiales que dirigían esa instalación militar. En el expediente hay un documento del Archivo de Centro América en el que se inscribe la sesión de derechos del terreno para la instalación del destacamento. Para reconstruir esa historia no bastan las declaraciones de los dolientes, hacen falta documentos que permitan convencer a un tribunal.

“Encontramos ese documento que indica que sí existió un destacamento y todavía revisamos otros fondos documentales. Esperamos armar el caso antes que los responsables mueran” dice Pineda a Plaza Pública. Ante las viudas y huérfanos, cuestiona que en el Congreso se trate de modificar una ley para otorgar amnistía a los responsables de estos crímenes. Han pasado 13 años desde que terminaron las exhumaciones, cuatro años desde que fueron enterrados los identificados y poco más de tres décadas desde que los muertos quedaron ocultos bajo tierra.

El velatorio y el entierro de los sin nombre ha sido, a pesar de todo, una fiesta. Hubo poesía, música, flores blancas, misas, se proyectaron documentales, hubo exposición de fotografías, testimonios de familiares de desaparecidos, tamales, pan y café.

A pesar de ser una elaborada despedida, a las tumbas les falta un verdadero final. Las lápidas de las 172 personas y dos tumbas más con huesos diversos, serán por más tiempo y quizá por siempre los “no identificados”. A 22 años de la firma de la paz sigue sin haber un esfuerzo nacional por buscar a los que fueron desaparecidos por las fuerzas estatales, responsables de la mayoría de los hechos violentos contra población civil.

“Mientras tengamos un Congreso sin conciencia social, de género, sin conciencia histórica, esa ley nunca va a ser aprobada”, reflexiona la líder de Conavigua, Rosalina Tuyuc. “Por eso estos son la vergüenza del Estado” añade.

Las víctimas hacen lo que pueden con el apoyo de organizaciones aliadas y sin el respaldo gubernamental. Una de las que ha contribuido es el Comité Internacional de la Cruz Roja. En este evento, por ejemplo, financió el acto de inhumación.

Carlos Amézquita, coordinador del Programa de Desaparecidos de esta entidad internacional, recalca que aunque el entierro digno es una parte importante para el resarcimiento a las familias, hace falta darles más respuestas. “El caso Molina Theissen demuestra que hay archivos que los militares tenían en sus casas y estoy convencido que en los archivos de la Policía Nacional y del Organismo Judicial se puede encontrar otra información” asegura.

En los documentos parece estar la respuesta a quién o quiénes dieron las órdenes de detención ilegal, por qué los capturaron, en dónde estuvieron o por cuánto tiempo. Los archivos de la Policía Nacional no están totalmente digitalizados y los documentos judiciales ni siquiera se han analizado. Se sospecha que durante el conflicto armado hubo jueces de paz que certificaban defunciones y otros eventos.

A la memoria de los fallecidos y de los que siguen desaparecidos

Florentina Xicay, de 68 años y su hijo Juan Leonel Sotz, de 40 años, estuvieron presentes en este evento. Ellos ya enterraron al esposo y padre hace cuatro años pero han querido acompañar a los muertos sin familia.

Sienten empatía hacia esos otros que murieron igual que Basilio Sotz Morales. Este hombre, esposo y padre, tenía 39 años cuando desapareció. Su esposa estaba en el noveno mes de embarazo y él decidió salir de madrugada a Santa Cruz Balanyá, otro municipio de Chimaltenango, para cortar el frijol de su terreno.

Se fue un lunes de enero de 1982. Avisó que regresaría a las 5:00 pm, pero nunca volvió. Su esposa embarazada lo esperó con los chuchitos hechos. Los había preparado para celebrar el tercer cumpleaños del hijo más pequeño. Florentina durmió a los otros niños, de siete y seis años y se paró a esperar a su esposo en la puerta. Creyó, tuvo la esperanza de que se hubiera ido a tomar alcohol con los amigos. La prohibición a salir de noche obligó al suegro a esperar el amanecer para buscar al hijo perdido. “Hacía falta que cortara lo que quedaba de frijol, pero no se hizo nada, esa es seña de que mi papá nunca llegó”, explica Leonel, el hijo mayor de la Florentina.

Tres días después nació el bebé. Con el niño a cuestas, a Florentina no le quedó más que salir a buscar la vida. “Muchas no aguantaron a estar solas y se volvieron a juntar con un hombre, yo no quise. Yo me quedé sola con mis hijos”, asegura.

De sus años de sufrimiento recuerda que se llevaba al bebé a tuto (a la espalda) para lavar ajeno y dejaba a Leonel a cargo de sus hermanitos. Él juntaba el fuego y preparaba el desayuno. “Como todo niño travieso”, confiesa Leonel, una travesura le hizo perder una mano. Jugaba con un mortero y le explotó. Su madre no estaba, porque debía trabajar en otras casas y nadie supervisaba a los pequeños. “Me costó mucho, éramos pobres y ellos estaban muy pequeños”, dice con llanto Florentina. Esa es una de las huellas imborrables que le dejó la desaparición de su esposo.

Por años ella se dijo que quizá Basilio, su esposo, se había ido con otra mujer, que había cruzado a Estados Unidos, pero no fue así. Cuando iniciaron las exhumaciones, en 2003, todas las mujeres viudas y los hijos se unieron al trabajo de limpieza del terreno donde antes era el destacamento.

“A mi papá lo encontramos en su propio terreno”, asegura Leonel. Florentina reconoció la ropa. “Me recuerdo que llevaba sudadero corinto, camisa corinta, pantalón verde y botas de hule”. Todo estaba tal cual ella lo recordaba. El día en que desapareció, le mandó cinco tortillas y un poco de frijol. Se subió en un bus y se bajó cerca de la vereda que da al terreno donde cosechaba. Los otros pasajeros lo vieron bajarse, pero también se percataron que había un retén militar.

No supieron más. Ahora Basilio está enterrado, su familia lo ha llorado, pero todavía hace falta que encuentren a un hermano de Basilio. Su nombre, José Mercedes Sotz Morales. Tenía 34 años aproximadamente, era soltero y también agricultor. Su cuerpo no apareció en las excavaciones que hizo la FAFG. Florentina y Leonel sospechan que sus restos están detrás del muro.

Un muro gris que cubre el área del antiguo destacamento que ahora es propiedad privada. El dueño no quiso que abrieran agujeros en su tierra y negó el paso. Quizá por esa razón los que no encontraron a sus familiares, así como Florentina y Leonel, escribieron con carbón en pared: “Atraz del muro hay otros”.