Los detalles del caso contra una ex abogada de la CICIG y una ex fiscal de la FECI
Los detalles del caso contra una ex abogada de la CICIG y una ex fiscal de la FECI
Leily Santizo, una abogada que trabajó 11 años para la CICIG fue enviada a la cárcel Mariscal Zavala, donde guardan prisión decenas de personas a las que el ente internacional investigó. Eva Xiomara Sosa, una ex fiscal de la FECI, se presentó a un juzgado.
Leily Santizo, una abogada que trabajó 11 años para la CICIG fue enviada a la cárcel Mariscal Zavala, donde guardan prisión decenas de personas a las que el ente internacional investigó. Eva Xiomara Sosa, una ex fiscal de la FECI, se presentó a un juzgado.
El panorama en la lucha contra la corrupción en Guatemala ha cambiado. Ahora los esfuerzos del Ministerio Público (MP) están orientados en perseguir a los fiscales y ex trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que investigaron casos de alto impacto.
Este jueves 10 de febrero la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ahora dirigida por Rafael Curruchiche, junto a la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Leily Santizo Rodas, una abogada que trabajó durante 11 años para la CICIG. También allanaron la residencia de la madre de Eva Xiomara Sosa, ex fiscal de la FECI y ahora subjefa de la Fiscalía Liquidadora.
Santizo Rodas fue esposada y trasladada a la Torre de Tribunales, donde el juez Tercero Penal Geisler Pérez, le dictó prisión provisional y la envió a la cárcel de Mariscal Zavala, un cuartel militar donde desde 2015 está preso el expresidente Otto Pérez Molina, así como decenas de personas que fueron acusadas por las investigaciones de corrupción que realizó la CICIG y la FECI, cuando era dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval.
“Llevé casos de alto impacto vinculados a la corrupción y contra delincuentes peligrosos relacionados con el mundo del narcotráfico. Llevé aproximadamente 25 casos que incluso fueron dirigidos a altos funcionarios del gobierno”, dijo Santizo a Plaza Pública.
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Aunque la abogada pasó toda la mañana y parte de la tarde esperando ser escuchada por un juez, su primera declaración fue programada para el próximo 15 de febrero. Ni ella ni su abogada tenían claro los motivos de su captura. El Ministerio Público guardó silencio, no atendió las consultas de la prensa para saber más detalles del caso y lo único que publicó en redes sociales fue que la investigación está bajo reserva y que lleva por nombre “Cooptación y Corrupción Judicial”.
Flor Gálvez, abogada de Santizo denunció en un Espacio en Twitter organizado por el medio Quorum que mientras su clienta estaba detenida, personas particulares sin ningún tipo de identificación se acercaron a ella para tomarle fotografías y tratar de investigarla.
La fiscal Eva Xiomara Sosa dijo en un comunicado de prensa que a través de redes sociales supo que había una orden de captura en su contra y aunque se presentó voluntariamente al Juzgado Tercero no fue atendida. También lamentó que allanaran la vivienda de su madre, una anciana de 80 años. Aseguró que colaboraría con la justicia y se presentará a la audiencia del 15 de febrero.
El origen de la denuncia
En diciembre de 2018 la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruíz, un empresario de extrema derecha a quien en 2013 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sancionó moralmente por promover un discurso de odio contra defendores de derechos humanos, presentó una denuncia contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la ex fiscal de la FECI, Eva Xiomara Sosa por supuestas anomalías en el caso Odebrecht, una investigación que tenían a su cargo.
El caso permaneció sin movimiento hasta noviembre de 2021, cuando la Fiscalía de Asuntos Internos pidió la captura contra Sandoval por supuestamente establecer de forma anómala un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. La orden fue girada por el Juzgado Cuarto Penal.
A finales de enero Leily Santizo se presentó al Juzgado Cuarto como defensora de la fiscal Xiomara Sosa para pedir que el caso en contra de su clienta fuera anexado con el resto de la investigación Odebrecht, a cargo de la jueza Erika Aifán, quien tiene en sus manos todo el expediente, incluído los documentos donde se detalla cómo la empresa colaboró con la justicia en Guatemala para capturar a los involucrados con el pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos de construcción de carreteras. Esa petición habría sido el origen de la captura contra Santizo y Sosa.
El juez Víctor Hugo Herrara fue quien giró la orden de captura contra ambas. El juez Geisler Pérez, quien tiene a su cargo el caso fue cuestionado en julio de 2020, cuando la FECI todavía era dirigida por Juan Francisco Sandoval, presentó un antejuicio en su contra por supuestamente estar involucrado en la investigación Comisiones Paralelas 2020, donde fue fotografiado cenando con el exjuez Mynor Moto, con dos órdenes de captura en su contra, incluída una por supuestamente recibir sobornos para beneficiar a implicados en el caso por la construcción del Libramiento de Chimaltenango. Pérez además autorizó un allanamiento en las oficinas del elPeriódico, ocurrido en junio de 2021.
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El contexto
En 2019, cuando finalizó el mandato de la CICIG en Guatemala y el expresidente Jimmy Morales decidió no pedir su renovación ante la Organización de las Naciones Unidas, la Fiscal General Consuelo Porras se negó a contratar al personal que durante una década colaboró con el MP en investigaciones de alto impacto y dijo que no le correspondía velar por la seguridad de este personal.
A partir de allí iniciaron las intimidaciones y ataques contra los ex trabajadores de la CICIG, que durante este tiempo permanecieron lejos de la luz pública. En ese tiempo Santizo tomó la defensa de algunos de sus colegas afectados, entre ellos Xiomara Sosa.
Juan Francisco Solórzano Foppa, ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y ex trabajador del MP, y Aníbal Argüello, quien fue analista de CICIG, también enfrentaron una situación similar. Ambos fueron capturados por un caso a cargo de Rafael Curruchiche, que los persiguió por presuntas anomalías en la creación de un partido político. Argüello dijo que estaba siendo perseguido porque tendrá que declarar como perito en el juicio del caso La Línea. Ambos enfrentan arresto domiciliario.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval se pronunció por este caso y dijo que el Ministerio Público de Consuelo Porras está criminalizando a las y los fiscales que fueron parte de la lucha contra la corrupción y a quienes intentan defenderlos.
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“Quién va a querer defendernos cuando cualquier gestión puede ser utilizada en su contra”, señaló Sandoval, quien también criticó que la Organización de las Naciones Unidas, unidad de la que dependía la CICIG, no se ha pronunciado a favor de sus extrabajadores.
Sandoval también alertó que la vida de la abogada Leily Santizo corre riesgo en la cárcel de Mariscal Zavala, ya que allí guardan prisión personas a las que la CICIG investigó. Flor Gálvez, abogada de Santizo, exigió al Sistema Penitenciario que garantice la seguridad de su clienta.
Este caso surge en un contexto de persecución contra jueces y fiscales. El miércoles 9 de febrero la Corte Suprema de Justicia, dirigida por Silvia Patricia Valdés, le retiró la inmunidad al juez Pablo Xitumul en un caso que nació de un altercado con un agente de la PNC que lo denunció por supuesto abuso de autoridad. Sin inmunidad, Xitumul puede ser capturado en cualquier momento.
El juez tiene en su historial haber sido parte del Tribunal que condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción y a tres militares retirados por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen.
La Unidad de Defensa de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), dijo en un comunicado de prensa que estas acciones tienen un patrón claro: “forzar al exilio y castigar” a los operadores de justicia independientes.
La misma mañana de estos operativos fue publicada la convocatoria para que los aspirantes a dirigir el Ministerio Público presenten sus expedientes. Mientras tanto, la Fundación contra el Terrorismo, quien busca constituirse como querellante en el caso contra Santizo y Sosa, en sus redes sociales promueve la reelección de la Fiscal General Consuelo Porras.
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