Los Riveritas, las ejecuciones extrajudiciales y el Cacif

El Comisario, como le decían sus allegados, era venezolano y había cumplido esa función en El Salvador de manera efectiva, con base en el entrenamiento en inteligencia y en técnicas policiales que había recibido en su país natal. Sus capacidades como investigador criminal eran indiscutibles, y logró, en colaboración con la PNC, montar un equipo de combate de secuestros altamente calificado y efectivo, con personal que después llegó a ocupar altos puestos dentro de los mandos de la Policía (quienes, en lo personal, considero que hicieron un trabajo digno de reconocer).

El 30 de abril de 2008, apenas unas semanas después de haber sido despedido como asesor del Ministerio de Gobernación por la nueva administración del presidente Álvaro Colom, fue muerto a tiros en el bulevar Vista Hermosa, zona 15 de la capital.

La investigación de la muerte de Víctor Rivera [i]

En julio de 2008, como fiscal auxiliar de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, tuve a mi cargo el expediente de la muerte de Víctor Rivera. Del análisis de la evidencia del caso pude establecer que el grupo que este señor conducía en Guatemala, comúnmente denominado Los Riveritas, era claramente un cuerpo paralelo de investigación, que, como después llegué a entender, configuraba un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (ciacs).

En ese entonces identifiqué claramente tres aspectos que (hoy lo puedo decir sin lugar a duda) lo convierten en un ciacs. Lo primero fue descubrir que realizaban investigaciones sin control jurisdiccional ni coordinación con el fiscal del caso. Esto lo evidencié al revisar la evidencia material recuperada del carro donde falleció el señor Rivera. Allí encontré informes y distintas notas de otro caso que casualmente había sido asignado a mi persona en la agencia fiscal donde había estado antes.

El grupo denominado Los Riveritas, sin yo tener conocimiento de ello aun cuando era el fiscal encargado del caso, había estado investigando dicho expediente. Mayor fue mi sorpresa cuando descubrí que, de hecho, lo estaban investigando desde antes de que ocurriera esa muerte por una denuncia de extorsión en la cual, según las conclusiones de su informe, el responsable de dicho crimen contra un comercio era el fallecido en mi caso. Si bien yo tenía esa hipótesis de investigación, ellos investigaron el caso antes y después de la muerte sin ningún control del Ministerio Público y sin haberme rendido nunca un informe. Eran investigaciones completamente extrajudiciales y, por ende, ilegales. Esta denuncia, según los mismos informes, le había sido asignada a este grupo a petición del entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, quien era amigo de una de las victimas extorsionadas.

Como segundo elemento, se evidenció que este grupo recolectaba medios de investigación que requerían autorizaciones judiciales y que no las tenían. Por ejemplo, tenían acceso a estados de cuenta de los bancos del sistema de forma extrajudicial. Lo mismo sucedía con los desplegados telefónicos o con información de empresas privadas de prestación de toda clase de servicios, sobre todo las que dan servicio a domicilio. Estas entidades privadas colaboraban directamente con el señor Rivera dándole información de forma inmediata, la cual le era proporcionada a cualquier fiscal o investigador después de entre uno y seis meses (y esto, claro, después de haber obtenido la orden judicial de rigor).

[frasepzp1]

Como tercer elemento, se estableció en la investigación que el señor Rivera tenía dos oficinas privadas y organizaba a su grupo con claves, sobrenombres y divididos, de tal forma que en un grupo estaban los agentes u oficiales de la PNC, que daban la cara en las investigaciones oficiales, pero también estaban otros grupos (ignoro si se conocían entre ellos), formados por expolicías y agentes privados, que realizaban también investigaciones privadas extrajudiciales con fines y controles desconocidos, pero todos con sede en el Ministerio de Gobernación y en las dos oficinas que tenía Víctor Rivera en Torre Empresarial, zona 10, en el corazón del mundo empresarial de Guatemala.

A finales de 2008 entregué el caso a la FECI y a la Cicig, que finalizaron la investigación con la conclusión de que la muerte del Comisario fue ordenada por un narcotraficante que había mandado a sus sicarios (por lo menos uno fue condenado) a realizar dicho asesinato.

La era Vielmann en Gobernación, Víctor Rivera y Los Riveritas

Fue en la era de Carlos Vielmann en el Ministerio de Gobernación cuando el grupo Los Riveritas se consolidó y funcionó como un verdadero ciacs. Dicho período se vio marcado por ejecuciones extrajudiciales en múltiples casos: la toma de Pavón, el plan Gavilán y el caso Parlacén entre los más famosos y que han sido llevados a tribunales en distintos países del mundo, con sentencias condenatorias y absolutorias casi por igual.

El 20 de febrero de 2007 fueron brutalmente asesinados tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su chofer, hecho conocido popularmente como el caso Parlacén. Este evidenció el funcionamiento de estructuras que se dedicaban a ejecuciones extrajudiciales en la PNC. Los supuestos responsables del hecho: un oficial y tres agentes activos de la Policía. El investigador que los descubrió fue Víctor Rivera junto con el equipo de Los Riveritas. El jefe de dichos oficiales era Víctor Soto Diéguez, quien actualmente guarda prisión por el delito de ejecución extrajudicial. El jefe de Soto era Erwin Sperisen, acusado en Suiza de ejecuciones extrajudiciales. Y el jefe de Sperisen, el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, acusado en España por el delito de ejecuciones extrajudiciales, luego absuelto y ahora acusado en Guatemala por el delito de tortura.

Los investigadores supuestamente responsables del hecho fueron muertos en la cárcel El Boquerón a los pocos días de su aprehensión. Aún no se ha establecido quiénes fueron los responsables de dichas muertes, aunque varias hipótesis apuntaban a un escuadrón de asesinos que entraron a la cárcel a ejecutarlos. La Fiscalía acusó a unos pandilleros de la MS, quienes fueron absueltos.

Entre los múltiples casos pequeños que nunca salieron a la luz pública se encontraba la muerte que yo investigaba (la del extorsionista, según el informe de Los Riveritas). Este hecho tenía todas las características de una ejecución extrajudicial: un vehículo que parecía del SIC llegó a inmediaciones del local donde estaba la víctima, y tres jóvenes corpulentos que usaban gorras se bajaron del carro y le dispararon a quemarropa al señor, quien falleció inmediatamente. Los individuos huyeron en el vehículo con rumbo desconocido.

El mismo grupo de Rivera fue a averiguar sobre la muerte, insisto, sin informar nada al MP. Mi inferencia es que querían establecer si había testigos o personas que pudieran identificar a los posibles responsables, y no creo que fuera con el objetivo de entregarlos a las autoridades. Más bien se trataba de otra característica de un ciacs: procurar impunidad.

La captura reciente de Carlos Vielmann, Los Riveritas y el pronunciamiento del Cacif

Con la reciente captura de Vielmann por casos ocurridos dentro de la operación Gavilán (2005) ocurrió una ola de las conocidas fake news, entre las cuales se comenzó por decir que, para lograr dichas capturas, se había liberado a secuestradores que se habían beneficiado con la figura de colaboradores eficaces. Esto obviamente indignó a muchas personas, principalmente a empresarios víctimas o a familiares agraviados por estos peligrosos reos. El Cacif, por su parte, se pronunció pidiendo que se respetaran todas las garantías de los capturados e hizo un llamado a que hubiera certeza jurídica en el país y se respetara el principio de legalidad.

[frasepzp2]

Sin duda alguna, a los procesados se les deben respetar las garantías en todos los casos y la sociedad debe exigir que así sea siempre. Pero también se deben acatar las resoluciones judiciales y se debe procurar la independencia judicial, lo cual implica respetar las resoluciones aun cuando no se esté de acuerdo con ellas.

Me duele ver la narrativa que han estado manejando algunos empresarios con mensajes contra funcionarios públicos y el sistema de justicia en general, aunque entiendo que se pueden sentir como los agraviados directos de un proceso en el cual les hicieron creer que saldrían varios delincuentes, que muchas veces actuaron en su contra o en contra de la integridad de sus familiares. Ese sentimiento solo lo puedo comparar con el que sintió la población con el famoso #PactoDeCorruptos, con la diferencia de que en esa ocasión sí era cierto que el Congreso había liberado a asaltantes, motoladrones y extorsionistas con tal de salir impunes del delito de financiamiento electoral ilícito, entre otros.

Sin embargo, en el caso de los secuestradores, ninguno salió libre por negociar una colaboración eficaz. Y ojalá que, una vez entendido esto, regresemos a la senda de las propuestas para mejorar un sistema de justicia colapsado, en el cual desde hace muchos años no se respetan los plazos procesales, en el cual se hace un uso exagerado de la prisión preventiva y se violan derechos humanos básicos.