Mitos, propaganda, falsos dilemas, y una propuesta sobre el salario mínimo diferenciado

A finales del 2014 el Gobierno aprobó el decreto que establece un salario diferenciado en cuatro municipios de Guatemala (Masagua, San Agustín Acasaguastlán, Guastatoya y Estanzuela). Con el amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad le otorgó al Procurador de Derechos Humanos, se ha intensificado el debate entre sus promotores, encabezados por un lado por los ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de Trabajo, Carlos Contreras, y por académicos, la PDH y organizaciones sociales, por la otra. Un debate que no analiza a fondo la estrategia de la maquila para la generación de empleo, y que parte de una serie de supuestos que generan trampas argumentativas. Ni el sustento ideológico de esta propuesta ni las razones de fondo no emergen con claridad, y el debate está disfrazado de una acción humanista urgente para atender a la población más pobre.

Esta discusión se da en un entorno disociado. Las autoridades indican que la economía del país está sana, que creció un 4% el año pasado, que la moneda está estable, y la inflación baja. Los pudientes prosperan al calor de todo tipo de negocios, lícitos o ilícitos. Pero aunque la teoría económica nos dice que cuando la economía va bien, los salarios suben, el consumo sube y la economía sigue creciendo, en realidad cada vez hay más excluidos, el presupuesto estatal no alcanza, la ley se viola impunemente, y se discrimina y excluye a los jóvenes (200 mil se incorporan cada año al mercado laboral, y sólo 40 mil encuentran empleo), a los pueblos indígenas, a las mujeres.

Por eso parece contradictorio que en una “economía buena” se disfrace de humanismo el planteamiento de bajar el salario mínimo al que por derecho tienen todos los trabajadores. Otra cosa es que el salario fijado garantice una vida digna, algo que pocas veces se discute.

Lo que es y lo que debiera ser... y lo incoherente

Desde que propusieron la ley de Inversión y Empleo pero sobre todo en las últimas semanas, se ha gestado una fuerte discusión. La argumentación en torno al salario mínimo diferenciado discurre entre lo que es y lo que debiera ser, en una confusión que no aclara nada.

Los ministros de Economía y Trabajo, ponentes y defensores de la iniciativa, señalan que los trabajadores de esos municipios perciben ingresos que rondan los Q 600 (lo que es), y que ante tal injusticia y barbaridad, hay que hacer algo urgente para subir sus ingresos. De ahí, se argumenta con fuerza, la necesidad de incrementar el salario, y la vía de hacerlo es con “manufactura ligera” (un eufemismo para la maquila).

Sus detractores argumentan que de acuerdo a la legislación vigente nadie debe trabajar por menos del salario mínimo: Q2,644.50 para actividades agrícolas y no agrícolas, y Q2,450.95 para la maquila (lo que debiera ser, según la ley). Este salario (que en rigor no es el deber ser, pues no es digno) ni siquiera está al alcance de la mayoría de los trabajadores en cualquier ámbito de la economía.

El discurso de las partes se mueve de forma indistinta entre lo que es y lo que debiera ser, y por lo tanto resulta a veces falaz y confuso. Se habla de lo que proponen (los Q 1,500) como el deber ser. Los opositores alegan lo discriminatorio de un salario que, aunque superior al actual –el ser, Q600– es inferior a lo que debiera ser. Los entrevistadores y formadores de opinión no aclaran esto tampoco.

Sobre la creación de empleo

Pareciera que ninguno de los actores se cuestiona el fin de todo esto de forma explícita. Hablan de la creación de empleo como si más allá del trabajo asalariado no hubiera otras formas de vida, y dan a entender que la “manufactura ligera” fuese la única o la más eficiente manera de crearlo.

Pues resulta que en realidad la gente se gana la vida por medio de una infinidad de estrategias muchas veces combinadas. Los trabajos sobre pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) muestran que la actividad económica del trabajador no sólo se remite a un tipo: por lo regular trabajan en varias cosas. “Ganarse la vida”, además, no sólo implica actividades remuneradas.

El empleo es solo una de las formas, pero hacen que parezca la única.

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De todas maneras, ¿es cierto lo que nos aseguran? Que esta estrategia de salario diferenciado generará empleos. Los defensores de esta iniciativa esto hablan de nuevas inversiones pero no hay ni siquiera estimados. Se argumenta que los inversores están en fila para invertir pendientes de esta decisión. ¿Será posible? Conociendo al sector maquilero, ¿cómo no creer que se cerrarán las fábricas de Chimaltenango para abrirlas en los cuatro nuevos municipios seleccionados? Que la ley lo prohíbe, replican. Como si no lo hubiera prohibido siempre, sin ningún resultado.

Además, ¿por qué tenemos que condenar a nuestros jóvenes, en especial a las mujeres madres solteras a esta forma de explotación? ¿Por qué tenemos que “poner todos los huevos en la misma canasta”? Y en una tan delicada. El ministro de Economía argumenta que, ya organizados, los trabajadores lucharán por el aumento salarial. ¿Se le habrá olvidado que no hay sindicatos en las maquilas?

Ante la pregunta de qué pasaría si este “experimento” resultara exitoso, el funcionario responde que se generalizaría a todo el país. ¡Al fin! Ahí se destapa la evidencia del interés de bajar el salario mínimo.

Las trampas

Lo anterior nos empuja hacia trampas argumentativas. Los ponentes nos ponen en un juego simplón entre los buenos y los malos:

La trampa del callejón sin salida.
Ambos ministros y los alcaldes de los municipios donde se pretende implantar esa medida plantean el asunto de tal manera que quien no apoye su propuesta es un desalmado que niega el derecho al trabajo. Y quienes se oponen a la iniciativa lo plantean como la lucha por el salario mínimo. Pues ni un enfoque ni otro son el apropiado. La discusión debiera ir sobre la posibilidad de modos de vida que permitan la reproducción de las familias y las sociedades de manera digna.

La trampa del menos es más.
Los ponentes indican que es una alternativa diseñada para elevar el salario, bajo el argumento de que la gente gana alrededor de Q600 mensuales. Al no apoyar la iniciativa, aducen, se condena a la gente a ganar menos. Por otro lado, los oponentes indican que esta medida implica aprobar un salario mínimo menor, y por lo tanto condenar a que la gente gane menos. La legislación laboral indica los salarios que debe ganar el trabajador. Que estos no se logren en su gran mayoría muestran la impunidad e injusticia en esta sociedad y su Estado, incapaz de garantizar este mínimo pactado en la legislación. Esto no se soluciona bajando el salario mínimo.

La trampa del usted solo critica.
Los ponentes indican que los que rechazan la medida no proponen nada alternativo. Es otra vez la trampa de llevar la discusión al “todo o nada”. Es decir: o se aprueba esto —pues traerá inversiones nuevas, que en su turno crearán nuevos empleos, y generarán nuevo bienestar— o no se hace nada. Incluso los opositores parecieran estar de acuerdo con estas premisas o parte de ellas. Existen alternativas, pero no se discuten.

La trampa de la fe en los burócratas.
La argumentación, como se planteó arriba, es que se crearán nuevos empleos y se dinamizará la economía. Sin embargo, no se presentan proyecciones ni planes para ver cómo esto funcionaría. Habría que creer a ciegas en los beneficios de esta medida. En su afán de lograr el apoyo masivo, se muestra la movilización de los alcaldes de los municipios y la opinión de algunas personas. Sin análisis serio de políticas públicas.

¿Qué supuestos ideológicos hay detrás de esto?

Toda esta discusión está cruzada por una serie de argumentaciones o supuestos ideológicos que aparecen planteados como verdades irrefutables, sustentados en trozos de información a medias. En ambos lados podemos ver trazas del sustento ideológico del actual modelo de desarrollo.

El bienestar social viene por el derrame.
La argumentación sobre si la gente gana más o menos, la dinamización de la actividad económica, la creación de empleos como único modo de vida, las inversiones externas como único modo de progreso y el crecimiento económico como única alternativa, implican que en el sistema económico neoliberal está la salida a la crisis. No se discuten alternativas fuera de estos parámetros.

La atracción de este tipo de capitales causará el impulso económico que necesitamos.
Pareciera reforzarse la idea de la exportación como la única y mejor alternativa para dinamizar la economía. No se toman en cuenta los costos/beneficios en exenciones de impuestos, el impacto ambiental, la violación sistemática de los derechos laborales, la falta de organización gremial, entre otros aspectos centrales en la discusión de la operación de este tipo de capitales.

El crecimiento económico como salida a los problemas.
El paradigma ideológico del crecimiento económico pareciera ser otra de esas verdades incuestionables. Aunque la producción de riqueza es importante y necesaria, existe suficiente evidencia científica que indica que más que el crecimiento, es la reducción de la desigualdad la que genera mejores indicadores de desarrollo social. Guatemala, más que un país pobre, es un país profundamente desigual e injusto.

Shhhh. Eso no se dice.

Todo esto se presenta como una cruzada para favorecer a los más pobres. Nadie discute el modelo económico y cómo todas estas alternativas son estrategias que profundizan la reproducción social del orden actual. ¿Pero qué es lo que hay detrás?

Por un lado está la ampliación de la rentabilidad a costa del trabajador. En resumen, mayor extracción de plusvalía. Ello implica que la economía nacional es de importancia mínima para los que diseñan las políticas públicas y está subordinada a la exportación. Mejorar el clima de negocios y la rentabilidad es planteado como un asunto único de mayor explotación de la mano de obra. La creación de empleo y el bienestar de la población no son importantes en el fondo, aunque sean el argumento de forma.

También la necesidad de mano de obra acrítica y mansa responde a un modelo del trabajador ideal. Ante la gran necesidad de modos de vida, se propugna y refuerza que esta es la vía para salir adelante. No hay que organizarse; hay que obedecer y ser buenos, para no molestar a los inversores.

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Y transformar a la fuerza laboral en empleada (el empleo como única forma de trabajo y única alternativa) es una forma de proletarizar el país. En esta línea, hoy, encontramos el auge de la maquila como panacea. Una actividad que requiere mano de obra poco calificada, desorganizada, vulnerable y obediente para la que el costo del jornal es uno de los dos aspectos centrales de su “competitividad”. El otro son los llamados “estímulos”: estrictamente, exenciones de impuestos, tarifas especiales, etcétera, que se le cargan al contribuyente. Por eso es que van de Guatemala a Honduras, Nicaragua, El Salvador y a Guatemala, en un círculo nómada en donde violan de forma sistemática los derechos de los trabajadores y expolian países.

Y está la posibilidad de generalizar esto para todo el país. Aunque se habla de los cuatro municipios pilotos, la posibilidad de generalización es evidente, condenando a las mayorías a la exclusión social.

Acá es donde reside el verdadero argumento del abordaje, que se pinta, barniza o disfraza de humanitarismo.

La alternativa no voraz

Algunos formadores de opinión indican que, aun reconociendo que el trato es discriminatorio, apoyarían esta estrategia ante la urgencia de generar trabajo y la ausencia de propuestas alternativas. Una posición extremadamente pragmática.

Lo cierto es que, aun si de manera precaria, las empresas pequeñas y medianas y el sector informal generan en la actualidad la mayoría del empleo (entre el 70% y el 80%). La gran empresa, incluida la maquila, hasta el 19%. Muchos argumentan que las medianas y pequeñas empresas funcionan alrededor de estos “motores” de la economía, y por lo tanto hay que fortalecerlos. Sin embargo, se puede concluir que la legislación, las políticas públicas y la institucionalidad nacional, pública y privada, está montada para favorecer a estos “motores” de la economía, y por lo tanto las pequeñas y medianas empresas la tienen cuesta arriba. El sentido común nos indica que hay que favorecer a estos pequeños actores, que generan empleo y modos de vida, lo que redundará también en su formalización y la mayor tributación del país. He ahí una alternativa.

Por otro lado, la agricultura campesina, satanizada como algo anacrónico y atrasado por casi todos, es la que nos sigue dando de comer. En contra de la creencia de que es la gran agricultura industrializada y monocultivadora la que tiene más capacidad para alimentarnos, hoy sabemos que la seguridad alimentaria depende de los pequeños productores. El estudio del Instituto de Aagricultura Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) “Distribución sectorial del crecimiento del empleo en el altiplano guatemalteco” demuestra que es el motor económico principal y el que tiene mayor poder redistributivo. Todo esto parece estar lejos del interés de nuestros hacedores de políticas económicas y ni la legislación, ni las políticas públicas, ni la infraestructura ni el acceso a medios y estímulos lo atienden. La red vial, por ejemplo, debiera estar diseñada en función de este sector que puede garantizar la seguridad, la estabilidad y crecimiento de la actividad económica nacional.

La escasa industria nacional dirigida al mercado local está en declive. Sin sugerir que repliquemos los esquemas de la era de la “sustitución de importaciones”, ¿qué nos detiene para desarrollar este gran mercado? Que vemos Guatemala como exportador y satisfactor de necesidades externas. Y quizá la agricultura campesina no sea tan rentable como la agroexportación o exportación de bienes terminados o materias primas (quizá: hay que ahondar), pero abona a la seguridad alimentaria y a los modos de vida dignos y desarrollo.

Recientemente, Pedro Trujillo comentó que, según estudios empresariales desarrollados por la Universidad Francisco Marroquín, el costo de la mano de obra ocupa una posición muy baja en el listado de incentivos para la inversión productiva. Lo anteceden la infraestructura, los servicios, las vías de comunicación, puertos, certeza jurídica de la propiedad, servicios para la población, etcétera.

En todo el debate ni siquiera se considera el desarrollo del comercio interno ni la seguridad alimentaria. Para los sectores nacionales e internacionales que se beneficiarían, el desarrollo de actividades endógenas no se presenta como las más atractivas, dada su hipotética menor rentabilidad. Sin embargo, el mercado interno promete estabilidad, crecimiento económico y mecanismos de redistribución que reducen la desigualdad. La agroecología también restaura el ambiente natural, reduce la vulnerabilidad al abandonar el monocultivo, y genera alimentos más sanos para la población.

Muy ligado a lo anterior, la seguridad alimentaria en la actualidad está sobre los hombros de los pequeños agricultores. La pretensión de proletarizar a toda la fuerza laboral, con el correspondiente aumento de la tasa de urbanización, haría a los guatemaltecos, entre otras cosas, más vulnerables respecto a la alimentación de lo que ya son, y profundizaría la problemática urbana y de depredación de los medios naturales.

En conclusión, frente a la propuesta gubernamental y empresarial de los salarios diferenciados, sí existen alternativas, sí hay recursos para echarlas a andar con medios propios, los niveles de inversión no son altísimos y no se dependería necesariamente de recursos (inversiones o créditos) externos para desarrollarlas.

Más allá de bloquear una iniciativa que es un viejo proyecto del sector empresarial, se debe debatir la posibilidad de un “cambio civilizatorio” que incluya el cambio del modelo de desarrollo, una civilización de la austeridad, la vida digna y el respeto de la madre naturaleza, para lograr eso de la sociedad justa y solidaria. Pero eso ya es otro asunto pendiente de discutir.