En este priva, en algunos argumentos, la queja por lo que llamaban espectáculo mediático. En otros casos se intenta justificar la acción con la cual la magistrada (suspendida, pero no destituida) buscaba procurar impunidad para su hijo. Quienes muestran inclinación por justificar las acciones esgrimen la idea de que es lo menos que una madre puede hacer por un hijo. En definitiva, se intenta convertirla en víctima y dar motivos supuestamente humanos a un accionar antisocial.
Por lo tanto, es menester recordar las razones que dan paso a esta captura y los antecedentes que rodean la actividad profesional de la hoy procesada por la justicia. La abogada Blanca Stalling, en su calidad de magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, más grave aún, de presidenta de la Cámara Penal, citó a su despacho al juez Carlos Ruano. Es decir, utilizó un mecanismo de procedimiento oficial para convocar a un subalterno a su oficina. Este extremo se documentó mediante la secretaría de la CSJ, la cual recibió la orden de citar al togado al despacho de Stalling Dávila.
En el encuentro, Stalling trató un asunto oficial vinculado a su familia. Pidió al juez Ruano que otorgara una medida sustitutiva al procesado Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada. El acto encuadra en la tipificación del delito de tráfico de influencias, con el agravante que incluye la circunstancia de la relación de jerarquía superior que Stalling ostentaba sobre Ruano.
Ante la denuncia que el juez presentó, con la evidencia de la grabación de la plática sostenida con Stalling, se inició el trámite del antejuicio. Con la evidencia más que clara, Stalling pretendió responsabilizar a su subalterno y se atrevió a jurar que este la había llamado a su despacho. La declaración ya citada comprueba quién utilizó su puesto para llamar al juez y pedirle una actuación judicial al margen de la ley.
En Stalling no es novedosa la búsqueda de beneficios desde posiciones de poder. Fue directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Durante su gestión contrató a su sobrino Roberto Eduardo Stalling Sierra, hijo de la exmagistrada Martha Sierra de Stalling, también procesado por los casos de corrupción en trámite.
La certeza de impunidad y poder de la hoy sindicada Blanca Stalling era tal que, pese a la evidencia, se negaba a dejar el cargo en la CSJ. Se aferró con uñas y dientes a una posición que, como se evidenció, le facilitaba y permitía procurar impunidad. En esta ocasión, para su hijo, aunque ya había usado su posición en beneficio de otras personas procesadas.
Al ser capturada, se supo que Stalling se había disfrazado con una peluca y se encontraba en una abarrotería. Portaba un arma con la cual intentó agredir a sus captores y, según indican estos, intentó suicidarse después. La sindicada presentó ante sus colegas de la CSJ un certificado médico para excusarse de asistir a las reuniones para elección de la presidencia de ese organismo. El documento, firmado por una psiquiatra, certificaba que Stalling no podía llegar por encontrarse hospitalizada debido a su padecimiento.
Tanto ante el Congreso, durante su alegato para evitar perder la inmunidad, como en declaraciones a la prensa luego de su captura afirmó ser una perseguida política e indicó que su familia es víctima de persecución. No miente al afirmar que la justicia la persigue. En lo que falta a la verdad es en las razones. La ley les ha puesto el ojo a ella y a su familia por sus acciones al margen de la ley y en el ámbito de la corrupción, en el que se han servido de los recursos públicos.
Ni ella ni su hijo ni su cuñada ni su sobrino son víctimas de acciones injustificadas. Tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) como el Ministerio Público (MP) han actuado con total apego a la ley. En todos los casos de la familia de Blanca Stalling ha privado la actuación profesional. Y si ha habido algún espectáculo, es el que la misma sindicada ha montado en su intento por quedar impune pese al prontuario delictivo que la acompaña.
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