Escobar, al hacer la denuncia ante el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), exigió que se repitiera la elección de cortes por haber sido un proceso viciado. La sociedad civil y la Cicig comparecieron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigir una nueva elección.
Allí empezó la primera oleada de manifestaciones. Fueron varias las jornadas frente a la sede de la CC para pedir que se otorgara un amparo que obligara a empezar de nuevo el proceso.
Los magistrados electos acudieron como terceros interesados, representados por Mario David García, quien luego fue candidato por el PP a la presidencia y evidenció así su afinidad con las redes corruptas.
La CC otorgó el amparo provisional y suspendió el proceso. Eso daba esperanzas para que se pudieran lograr cortes más dignas. Sin embargo, la CC no otorgó el amparo definitivo, por lo que se confirmó a los magistrados electos y las cortes se configuraron como están actualmente.
Hace pocas semanas, el juez Carlos Ruano destapó de nuevo el tráfico de influencias en las cortes. Grabó una conversación en la cual la magistrada Stalling le pidió que le otorgara medida sustitutiva a su hijo (Otto Molina, acusado por el caso IGSS-Pisa), pues se había enterado de que Ruano había sido designado para llevar ese juicio.
Ruano se excusó de continuar el debate porque dijo que había presentado una denuncia ante el MP por los requerimientos de Stalling, quien maneja una red importante de abogados, políticos y operadores de justicia desde que estaba al frente de la defensa pública.
Este evento vino a somatar la mesa. La denuncia de Escobar revivió y lo que retumba es: ¿qué habría pasado si se hubieran conseguido mejores cortes? Porque Stalling es la tercera magistrada (luego de Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, ambos fuera de la Corte Suprema de Justicia —CSJ—) en ser señalada de cometer delitos.
Una semana después, la magistrada María Eugenia Morales hizo pública su denuncia en el MP contra los magistrados Patricia Valdés, Vitalina Orellana, Néster Vásquez y Sergio Pineda por una anomalía en un acta en la que se registró la firma de un magistrado de las salas de apelaciones que no estuvo en una sesión, con lo cual se pretendía favorecer a diputados al rechazar un antejuicio en su contra.
Esto, junto con el trámite de antejuicio contra Stalling que se lleva a cabo en el Congreso, ha venido a desatar una reacción de quienes se ven afectados por la depuración del sistema judicial, por lo que denunciaron a Morales ante la Junta de Disciplina Judicial aduciendo que ella había extraído un expediente de forma anómala cuando había presentado la denuncia. Esta es una forma de intentar aplacar los señalamientos en contra de una CSJ deslegitimada.
Blanca Stalling pende de un hilo, pero los diputados de FCN, los de MR y algunos de Todos (sobre todo Felipe Alejos) intentarán salvarla, pues son parte de la misma red. Al mismo tiempo, la presidenta de la CSJ, Patricia Valdés, fue condenada moralmente por el procurador de los derechos humanos por hacer referencia de manera burda al caso Diario Militar (que podría llegar a juzgar), con lo cual demostró su afinidad a grupos en contra de los derechos humanos.
Asimismo, Valdés y su mano derecha, Vitalina Orellana, fueron mencionadas por el comisionado Iván Velásquez como cercanas a Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis, uno de los más reconocidos operadores de las cortes.
Este es un momento crucial para dar un golpe a las estructuras que tienen tomadas las cortes, ya que para nadie son secreto las redes de familiares que tienen en el Organismo Judicial (OJ), los cursos que se imparten para obtener favores y las transas en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala o en las facultades de derecho. Es un círculo que gira para asegurar que personas privilegiadas no tengan que enfrentar jamás la justicia.
La Junta de Disciplina Judicial tiene en sus manos la decisión de apartar a Stalling del cargo ante la denuncia de Acción Ciudadana y de declarar una falta gravísima por ejercer presiones ante un juez. Mientras tanto, se espera la resolución de la comisión pesquisidora, integrada por diputados señalados (Germán Velásquez, condenado por violencia contra la mujer) que intentarán favorecer a Stalling.
Ahora es cuando los miembros decididos del OJ (la Junta de Disciplina Judicial, jueces y trabajadores que se están sumando a este oleaje para sacar a luz la mugre) y la sociedad pueden empujar para que este proceso de limpieza en las cortes, que arrancó con Claudia Escobar, sea irreversible.
Más de este autor