Guatemala está a punto de registrar 200,000 casos de contagio y 7,000 fallecimientos por covid-19. A un poco más de un año del primer caso registrado, el país presenta un aumento de los casos de esta enfermedad, lo cual demuestra la incapacidad para contener la transmisión, lo cual sí han logrado en buena medida países como Vietnam, China, Cuba e incluso Nicaragua, solo para mencionar algunos casos en los cuales los sistemas públicos de salud y las medidas gubernamentales han sido esenciales para lograrlo. Todo lo contrario en países como Estados Unidos y Brasil, cuyos presidentes, que han asumido una negación inconcebible de la enfermedad y han implementado una política incoherente con las dimensiones de la problemática, y las debilidades estructurales de los sistemas públicos de salud han sido factores importantes para que ambos países registren el mayor número de casos absolutos de contagios y de muertes en el mundo.
En el caso particular de Guatemala, han sido evidentes las incapacidades de gestión por parte del gobierno actual, al punto de que después de un año continúan registrándose limitaciones importantes para atender los casos severos y no se descarta una nueva ola que podría hacer colapsar de nuevo los hospitales por falta de previsión. A lo anterior se suma el tortuguismo para la adquisición de vacunas que permitan acelerar la inmunización de la población tan pronto como se pueda. Al ritmo actual, pensar en la aplicación de vacunas a toda la población tardará unos buenos años, con lo cual se alargarán los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia.
En este contexto, estructuras mafiosas, encabezadas por políticos rentistas, funcionarios corruptos y empresarios, han logrado avanzar en propósitos como elegir una Corte de Constitucionalidad (CC) a su medida. La elección de la nueva CC constituye una evidencia más del avance de las mafias como configuradoras del Estado guatemalteco, por lo cual podemos hablar ya de un Estado mafioso, ya que aquellas controlan los organismos fundamentales y principales de la institucionalidad pública, incluida la constitucional. Con ello se aseguran mejores condiciones para garantizarse impunidad y continuar con las prácticas de enriquecimiento ilícito, con las políticas de avance en el modelo de acumulación de capital (proyectos extractivos y flexibilización laboral, entre otras) y con las medidas de criminalización, represión y judicialización de la protesta social y de la defensa de los derechos sociales.
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Es de esperar que quienes dirigen y controlan el aparato estatal estén más ocupados en perseguir sus intereses corporativos, empresariales y mafiosos que en asumir la necesidad de instituir políticas que atiendan los problemas nacionales, entre ellos lo relacionado con la pandemia y sus impactos. Esta ha venido siendo la tendencia. En el Congreso ha sido notorio el peso de una alianza derechista interesada en garantizarse impunidad y en avanzar, no sin tortuguismo, leyes que afiancen y profundicen políticas de corte neoliberal y conservador. En el Organismo Judicial continúa la reproducción de una justicia clasista y racista en su aplicación y garante de impunidad para quienes hoy forman parte de las estructuras de poder económico y político. En el Organismo Ejecutivo siguen registrándose signos de corrupción y de incapacidad para impulsar políticas que contengan y palien los problemas que padecen las grandes mayorías sociales.
Así las cosas, dado que la del Estado es una configuración mafiosa, la población guatemalteca seguirá siendo vulnerable al avance incontenible de la pandemia de covid-19. En este marco, las últimas movilizaciones del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y de la Asamblea Social y Popular (ASP) constituyen algunas formas de protesta que se explican ante la carencia de políticas que atiendan las necesidades, demandas, denuncias y propuestas que estas organizaciones plantean, entre otras las relacionadas con la problemática sanitaria y la captura del Estado a manos de estructuras mafiosas.
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