Mientras miles de personas caminaban a la Plaza de la Constitución para participar en las manifestaciones del Paro Nacional y exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, en el Congreso de la República los diputados de los partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada (Lider), colocaban un respirador artificial al mandatario, para mantenerlo con vida, al menos hasta el próximo 6 de septiembre. Ganar tiempo, horas, días de libertad para enfrentar su inminente cita con la justicia, era la estrategia. Y la suerte estuvo de su lado: cuatro de los cinco legisladores que fueron elegidos, por sorteo, para integrar la Comisión Pesquisidora que analizará la petición para despojarlo de la inmunidad, pertenecen a las aliadas bancas del PP y Lider.
El sorteo fue dirigido por el presidente del Congreso, Luis Rabbé, diputado tránsfuga que busca la reelección con Lider; el procedimiento incluyó la lectura previa por parte del secretario de junta directiva de cada uno de los nombres de los congresistas numerándolos del 1 al 158, exceptuando a Rabbé quien no podía conformar la comisión pesquisidora. Los resultados del sorteo fueron: Mario Santiago Linares García, como presidente (PP), exprimer vicepresidente del Congreso en la legislatura (2012-2013); Jorge Mario Barrios Falla, secretario (Lider), primer vicepresidente del Congreso (2009-2010); Sergio Leonel Celis Navas (Lider); Gloria María Sánchez Abascal (PP), y Nineth Varenca Montenegro Cottom (Encuentro por Guatemala), segunda vicepresidenta del Congreso (2012-2013).
Aunque la decisión favoreció la solicitud del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de elegir a los integrantes de la Comisión Pesquisidora para tramitar la petición de antejuicio en contra de Pérez Molina, el pleno conformado en su mayoría por diputados de Lider y PP, que juntos suman 82 votos, no dio un plazo a la comisión para entregar su informe, ganando así tiempo a favor del Presidente.
Las opciones que enfrentaba el pleno sobre el antejuicio del Presidente eran dos: desempolvar el dictamen favorable a una solicitud de antejuicio presentada por el diputado Amílcar Pop, de Winaq; o votar sobre el antejuicio planteado por el MP y la CICIG. En ambos casos las solicitudes habían recibido el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia.
Los primeros signos de la maniobra los dio el mismo Presidente del Congreso, cuando expuso ante el pleno que se debía votar sobre el orden del día, la propuesta de retomar el antejuicio solicitado por Pop contra Pérez Molina por los delitos de encubrimiento propio, enriquecimiento y asociación ilícita, y falsedad; o dar seguimiento a la solicitud del MP y la CICIG por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo (aceptar sobornos) y casos especiales de defraudación aduanera.
El diputado Pop pidió al pleno que se acelerará el proceso para ahorrar los hasta 60 días que podría tomar la comisión en entregar su dictamen, utilizando el ya presentado para que el MP pueda iniciar la investigación del Presidente por su presunto liderazgo de la red de defraudación aduanera “La Línea”. La propuesta, sin embargo, no tuvo apoyo.
En este punto el jefe de bloque de Lider, Roberto Villate Villatoro, salió al paso, preguntándose ante el pleno, retóricamente: “¿Que ganamos con someter a votación esto? Dar con lugar el antejuicio primero es prácticamente tapar el antejuicio que está presentando CICIG y el MP; recordemos que en esta propuesta primera solo hay recortes de prensa”. Villate, de golpe, olvidó todas sus críticas contra la CICIG y sus burlas señalando que sus investigaciones no están fundamentadas.
“En cambio el (antejuicio solicitado) por el MP y CICIG tienen evidencia concreta, por qué vamos a gastar tiempo, ¿para qué gastar pólvora en zanates? (…) mejor votemos ya, afuera hay 20, 50, 50 mil personas que pueden impedir que ingresen más diputados para votar”, señaló Villate.
Frente a las críticas de diputados como Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Roberto Alejos (Todos), Edgar Ajcip Tepeu (Independiente), Villate tomó irónicamente no solo la voz cantante de Lider sino también del PP: “Con 107 votos de los presentes podemos conformar la Comisión Pesquisidora, no hagamos que la confrontación siga creciendo”, dijo.
Una comisión de ausentes
Con 101 votos a favor, y seis en contra; 25 ausencias con licencia, y 26 sin ella, se conoció la moción para integrar la Comisión Pesquisidora.
Antes de que terminara de hablar la diputada Montenegro, luego de ser nombrada en la comisión, los diputados de Lider y el PP comenzaron a abandonar el hemiciclo con prisas, como parte de la estrategia para ganar tiempo. En menos de cinco minutos ya no había suficientes congresistas como para disponer, mediante una moción, que se fijara un plazo para que la comisión entregara su dictamen al pleno.
A la salida del hemiciclo, el diputado Celis dijo que buscarían entregar dictamen lo más rápido posible, y que lo más probable es que éste fuera a favor de retirarle la inmunidad a Pérez Molina. Horas después, el candidato presidencial de Lider, Manuel Baldizón, por medio de sus redes sociales ratificó lo dicho por el legislador de su partido: “Es imperante que la comisión pesquisidora recomiende retirar el antejuicio a Otto Pérez y se investigue los nombres de las otras caras, de los corruptores que exige el pueblo”.
Por su parte, la diputada Montenegro dijo que es el momento de que la sociedad civil exija que la comisión se reúna y tome la decisión de retirarle el antejuicio al Presidente, ante la contundencia de las evidencias en su contra. La congresista advirtió que existe un plan para retardar el proceso de parte de oficialistas y opositores. “Lo que creo es que para ellos no es conveniente que se le quite el antejuicio al Presidente, a pesar de que lo que en el pasado era una duda, ahora sea una certeza: el Presidente era la máxima autoridad de una banda criminal denominada ‘La Línea’, y eso está llevando a la ingobernabilidad y crisis de institucionalidad, y no dudemos que el pueblo se pueda volcar más aún a la calle si seguimos con esa actitud”, señaló.
Horas más tarde Montenegro entregó una carta al Presidente del Congreso, Luis Rabbé, en la que denunció que los otros integrantes de la comisión no responden a sus llamadas para reunirse y “conocer el expediente”.
El objetivo: esperar hasta el 6 de septiembre
Desde que la semana pasada se revelaron nuevas evidencias en contra de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina, como líderes de la estructura de defraudación aduanera “La Línea”, fuentes legislativas en el PP y Lider aseguran que el trámite de antejuicio muy probablemente no vendrá sino hasta después de las elecciones del 6 de septiembre.
La decisión del Congreso de este jueves parece validar esta posibilidad. Para el politólogo, Luis Fernando Chávez Franco, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), la crisis actual representa una oportunidad única para que los ojos de la ciudadanía se concentren en el Congreso de la República y exijan que cumplan con su papel.
La presión es muy grande sobre ambos partidos. “Ni al Partido Patriota ni a Líder les conviene retrasar el antejuicio, ya que estamos a pocos días de las elecciones y eso daña la imagen institucional”, indica. Sin embargo, hay varios elementos que considerarían los diputados, advierte el politólogo.
“Pueden retrasar el proceso de antejuicio por dos grandes razones: por la alianza que han tenido el PP y Líder en el Congreso en el pasado, o porque hay muchos candidatos de Líder, incluido su vicepresidencial, Manuel Barquín, quien tiene un proceso de antejuicio abierto, y a ellos no les conviene agilizar los antejuicios a las puertas de un proceso electoral”, apunta Chávez. Según el analista, Lider se encuentra entre la espada y la pared: enfrenta el rechazo ciudadano y retrasa el antejuicio, o lo acelera y abre la puerta a que la presión llegué por retirarle antejuicio su vicepresidenciable Barquín.
Pero esta vez, PP y Lider no la tendrán fácil para alcanzar sus objetivos. A la presión social de las protestas, se unió la petición del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que el jueves por la tarde presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), para exigir que la Comisión Pesquisidora rinda su dictamen en un plazo no mayor de 48 horas.
“Pedimos que el Congreso, a más tardar el sábado, retire la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, que la CC resuelva de inmediato”, dijo Jorge Briz, presidente del CACIF, tras presentar el amparo. El empresario calificó de “irresponsables” a los diputados por romper el cuórum antes de establecer un plazo para la pesquisidora brinde su dictamen y no escuchar “el clamor de la nación”.
La gobernabilidad, del país, agregó, “se encuentra en riesgo”, por lo que “no descartamos ninguna medida en el futuro, pacífica y voluntaria, para lograr nuestro cometido hasta que el Presidente renuncie”.
Tras esconderse de la crítica pública desde el viernes pasado, en declaraciones a Radio Sonora, medio incondicional al régimen, Pérez Molina insistió en su decisión de no renunciar al cargo. “Yo me someto a todos esos procesos, porque doy la cara y no tengo nada que esconder. Lo que le pido a los guatemaltecos es que tengamos paz (…) tengo la posibilidad de renunciar, pero es una decisión personal, le he pedido sabiduría a Dios, pero como tengo esa posibilidad de decidir si renunciar o no, tengo también la posibilidad de actuar conforme a la ley y enfrentar todos los procesos ante el cual me he sometido”, dijo el Presidente.
****
Este es el expediente judicial que la Comisión Pesquisidora analizará para decidir si recomienda al pleno del congreso retirarle el antejuicio al Presidente. El mandatario fue citado para el sábado 29 a las 10 horas, la comisión programó discutir y aprobar el informe el lunes 30, y entregarlo el martes 31 de agosto.
