En 2014 salieron a luz audios de conversaciones entre la exdiputada (hoy capturada) Emilenne Mazariegos, varios directores de Salud del departamento de Huehuetenango y el entonces líder nacional del SNTS, Luis Lara, ya fallecido. El escándalo que en esa ocasión salpicó a congresistas y sindicalistas llegó a la también capturada exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías.
Un año después, tras la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y durante la transición tutelada, el entonces titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Mariano Rayo, denunció la existencia de más de 20 estructuras mafiosas en la cartera. Dichas redes, según señaló Rayo, duplicaban funciones, manejaban plazas fantasmas y tenían el control de las compras y los contratos de la cartera. Mientras, el sistema de salud se mantenía en colapso comatoso. Los centros asistenciales abrían, pero sin recursos, sin atención y sin cumplir la misión asignada.
Pese a ello, el presupuesto de la cartera se consume fundamentalmente entre el gasto en personal y la compra de insumos, dos elementos clave para el funcionamiento de una institución de esa naturaleza, pero que en el caso de Guatemala han decaído a su expresión más lamentable: el cierre del sistema de salud y el incumplimiento de una obligación constitucional por parte del Estado. Pero ¿por qué, si los recursos se van a personal e insumos, no hay quien atienda y, cuando lo hay, no hay recursos? Bueno, por la instalación de las redes mencionadas, que encontraron el negocio de su vida.
La inaceptable colusión del liderazgo sindical con la política no es exclusiva del SNTS, pues también la cabeza del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) forma parte del negocio. Las directivas de ambas estructuras nacionales, mayoritarias en su campo en la organización estatal, fueron exitosas en la negociación de pactos colectivos de condiciones de trabajo, una aspiración y un sentido de lucha de toda organización sindical que se precie de tal. Sin embargo, la negociación no se realizó en el marco de la garantía de condiciones laborales y de remuneración merecida al personal y se convirtió en una mercancía, en unidad de cambio, entre quienes tenían los hilos de las bases y quienes ocupaban la casa presidencial. Un derecho ganado a pulso y con el sacrificio de vidas valiosas en los años más terribles de la dictadura y la represión fue denigrado a mercadería.
A partir del golpe de Estado de 1954, la organización sindical de trabajadoras y trabajadores del Estado fue prohibida. Quienes intentaban darle un sentido de lucha estructurada al reclamo de condiciones dignas para el gremio o a la defensa de derechos y libertades de toda la población sufrieron persecución, cárcel, tortura, exilio, desaparición o ejecución. Las históricas jornadas del liderazgo del Comité de Entidades de Trabajadores del Estado (CETE), luego Comité de Emergencia de Trabajadores del Estado, dieron paso a movilizaciones y huelgas generales de servicio público que, sin desatender emergencias en el sistema de salud, demandaban mejoras salariales y apoyo a luchas gremiales y demandas ciudadanas.
De esa manera, el derecho a la sindicalización, ganado a pulso y reconocido en la Constitución Política promulgada en 1985, es resultado de esas luchas, de ese reclamo legítimo. Tanto como el de las trabajadoras y los trabajadores de la iniciativa (si es que se puede llamar iniciativa) privada, a quienes también les costó vidas el proceso de organización. El gobierno de la Democracia Cristiana (DC), presidido por Vinicio Cerezo Arévalo, sembró las bases de la destrucción del principio de organización sindical. Cerezo y su administración estimularon la creación de sindicatos fabricados como clubes sociales. La práctica siguió en los sucesivos gobiernos al extremo de que en el MSPAS hay más de 50 sindicatos en la actualidad, en tanto que en otras dependencias hay tantos sindicatos como departamentos tenga la institución.
La organización laboral en el Estado ha servido para llenar las bolsas de quienes se sientan a la mesa de negociación. No para desarrollar condiciones dignas para los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Menos aún para enriquecer la base y estructura del sindicalismo en Guatemala.
Hoy en día el sindicalismo sigue diezmado en el país como efecto de la criminal represión del gobierno contrainsurgente, así como de la voraz y corrupta intervención del solidarismo patrocinado por la patronal en el sector privado. Los pocos sindicatos que desde el sector privado alzan la frente con dignidad viven en solitario una lucha contra corriente en un terreno que la corrupción del liderazgo sindical estatal ha minado. Tiempo es ya de que las bases, con la evidencia de la colusión con la política corrupta, rompan con las directivas del negocio y rescaten la organización gremial que se ha levantado sobre las luchas de hombres y mujeres que para ganarla ofrendaron su mayor tesoro: la vida.
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