Tercer país seguro, noveno más violento del mundo

Son más de las tres de la tarde del 27 de julio. Un centenar de personas están frente a Casa Presidencial y piden a gritos la renuncia de Jimmy Morales, y sus ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, Enrique Degenhart y Sandra Jovel. Cantan consignas al ritmo de la Batucada del Pueblo, porque el Gobierno firmó un acuerdo de protección sin haber sido ratificado por el Congreso de la República.

Sandra Morán, diputada de Convergencia, es una de las primeras personas en llegar a las afueras de Casa Presidencial. Lleva un tambor sujeto a la cintura. Lo toca con fuerza mientras repite: «Jimmy, tonto bufón, cuate de Donald Trump, además de tarado, sos la vergüenza de esta nación».

Morán ilustra el sentimiento de muchos de los que se han acercado hasta aquí: para ella el acuerdo representa una «traición», pese a que todavía todo esté por concretarse y haya muchas dudas de cómo se recibirá a los migrantes.

El acuerdo «Cooperación respecto al examen de solicitud de protección» ha causado profundo malestar, zozobra y críticas por las consecuencias socioeconómicas y humanitarias que tendrá para Guatemala, pero sobre todo por la impresión de que el presidente Morales no trató este asunto a tiempo y ahora, asediado por problemas internos y en el fin de su mandato, se doblega ante las amenazas de Trump, en busca de protección o al menos, de tolerancia por parte de un país que puede ser clave para su futuro. Si hace unas semanas México aceptó oficialmente ser el policía de EEUU en su frontera sur, ahora Guatemala se convierte en el custodio, y espacio para futuros campos de concentración, como los ha llamado Arturo Villagrán, especialista en derecho internacional.

«Vamos a tener personas en el país a las que se les tienen que respetar sus derechos, su seguridad y su vida», describe la diputada Morán en la Plaza de la Constitución. «Por cuántos años no lo sabemos, y cuánta gente tampoco. Esas responsabilidades nos van a caer a nosotros a cambio de nada. El mismo convenio dice que no hay ninguna obligación de apoyo» de parte de Estados Unidos.

El secretismo con que el Ejecutivo ha manejado las negociaciones, durante más de un mes, también ha sido motivo de indignación y especulaciones, dada la trascendencia del acuerdo para Guatemala, pero también para el Salvador y Honduras. Lideradas por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y no por la Ministra de Exteriores, Sandra Jovel, las autoridades nacionales negaron su evolución y objetivos pese a las filtraciones que medios estadounidenses revelaron y a las declaraciones del propio presidente de la potencia.

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El viernes se hicieron públicos los detalles de un acuerdo lleno de oraciones ambivalentes que evitaban mencionar la expresión «tercer país seguro». El Gobierno guatemalteco se desmarca de ella cada vez que puede mientras el estadounidense la emplea con frecuencia, en sintonía con la estrategia electoral de dureza contra los migrantes indocumentados de su presidente.

El documento, que tiene una vigencia de dos años prorrogables, estipula que los migrantes que hayan llegado a Estados Unidos y sean detenidos, serán devueltos al primer país que tocaron para que esperen a que se resuelva solicitud de asilo. Ese país sería Guatemala. Las deportaciones también incluirán a menores de edad que viajen solos.

Sin embargo, también se conviene que, a diferencia de ahora, quienes quieran optar al estatus de refugiado en Estados Unidos, deberán hacerlo a distancia, y será el gobierno guatemalteco el encargado de procesar las solicitudes en primera instancia. El solicitante podrá permanecer en el país en tanto se resuelve su estatus. Una vez haya sido denegada, las autoridades podrán expulsarlo.

Una de las críticas más reiteradas a la iniciativa es que Guatemala no puede garantizar seguridad y el cumplimiento de derechos de quienes piden refugio. Según la agencia de la Organización de la Naciones Unidas especializada en temas de drogas y delitos, Guatemala es el noveno país más violento del mundo, de 204 países. Por ello, no reúne las cualidades necesarias para atender a refugiados, pese a que en los últimos diez años haya logrado reducir a la mitad la tasa de homicidios.

«Guatemala no puede considerarse como un Tercer País Seguro para que quienes escapan de la violencia de sus respectivos países, en espera de asilo en los Estados Unidos de América. Tampoco lo somos bajo otros criterios socioeconómicos, demográficos o políticos», dice Carlos Mendoza, del Observatorio de la Violencia. De hecho, se pone incluso en duda la capacidad del país para tramitarlas peticiones. Según la Dirección General de Migración (DGC), entre 2017 y junio de este año se recibieron 638 solicitudes de refugio. Se resolvieron 94 casos.

Si Guatemala no cumple con los estándares de dotar de vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación que ordenan la Convención y el Protocolo sobre el estatuto de refugiado, violará derechos humanos, según explicó Arturo Villagrán.

Segundo round

Esta era la segunda vez que las autoridades guatemaltecas se desplazaban a la capital estadounidense para cerrar el trato. La primera tuvo lugar a mediados de mes. Según medios estadounidenses, todo estaba preparado para que sucediera el 15, pero el anuncio de las intenciones de convertir a Guatemala en tercer país seguro hizo que cuatro excancilleres guatemaltecos, un excandidato presidencial y el procurador de los Derechos Humanos plantearan recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. El presidente Morales, que ya estaba en EEUU, respondió suspendiendo el viaje y emitiendo un farragoso comunicado en el que sostenía que no pretendía sellar ningún acuerdo de esa naturaleza, pero que desistía hasta conocer la respuesta de la Corte.

La respuesta de la Corte, que resolvía que el Gobierno no tenía la potestad de firmar tratados así sin que fueran ratificados por el Congreso, desató un maremágnum de acusaciones por parte del Gobierno y los que han sido sus aliados en la batalla contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Le imputaban quitarle al presidente su autoridad en materia de política exterior y le endosaban la responsabilidad de cualquier represalia que tomara Donald Trump.

Pero la primera reacción del mandatario estadounidense fue inesperada: acusó al presidente Morales de haberle mentido y hecho fracasar la firma, sin culpar a la Corte de nada.

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Su segunda reacción, días más tarde, puso a temblar a un país cuya economía depende en buena medida de sus exportaciones a EEUU y de las remesas que recibe desde allí: Trump amenazó, mediante un tuit, con aranceles a las primeras y un impuesto a las segundas si Guatemala no accedía a sus exigencias.

Ya lo había hecho antes que México, que asumió con empeño su papel de policía en la frontera sur pero sin aceptar ser Tercer País Seguro. Guatemala no respondió igual: al liderazgo empresarial simbolizado en el Cacif y al Gobierno le temblaron las piernas, y cuando aún se valoraba la credibilidad de la amenaza vieron en la rendición la mayor victoria posible.

Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, dijo que «los riesgos económicos son mucho más grandes que el acuerdo para recibir migrantes en el país. Sería un desastre para Guatemala si se concretan estas medidas anunciadas por Trump».

Días después, Degenhart firmó el acuerdo y Tefel lo celebró como positivo aun sin conocer de qué se trataba.

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Este viernes el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado. Trataba de enviar un mensaje de calma y victoria. La versión oficial era que solo afectará a personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña. Esta idea fue desmentida cuando horas después se divulgaron los detalles de lo pactado: lo cierto es que el acuerdo, que adolece de gran ambigüedad en varios párrafos, no lo limita a ninguna nacionalidad de manera expresa.

El Gobierno también aprovechó ese mensaje para anunciar que como parte de las negociaciones EEUU concederá permisos temporales para trabajadores agrícolas. Las condiciones y los detalles son inciertos. Extraoficialmente, en el Ministerio de Trabajo, se menciona la cifra de 900 visas al año, una cantidad que no les hace sentir demasiado orgullosos.

Ambos países pueden cancelar el acuerdo de manera unilateral, pero para ello deberán de avisar al otro país con tres meses de antelación. Eso deja abierta la puerta a que el nuevo gobierno, que está a la vuelta del año, pueda dar un giro a la política de Morales, y al mismo tiempo pone presión sobre Sandra Torres y Alejandro Giammattei, aspirantes a gobernar.

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En un tuit, Giammattei dijo que es “el más enojado” por el acuerdo es él, y acto seguido, en un acto contradictorio con su enojo, no ha pedido que el Congreso lo anule, sino que vea si lo ratifica o lo modifica. 

El viernes último, tras su gira en Quiché, Torres declaró que desconocía los detalles, pero hizo hincapié en que «necesitamos acuerdos que nos convengan como país. No nos podemos pelear con Estados Unidos, es nuestro mejor socio comercial. Queremos sacar el mejor provecho al acuerdo, pero hay que ver bajo qué condiciones». Según Torres, una de las grandes dudas del convenio es de donde vendrá el financiamiento para atender a los migrantes.

En la protesta de la Plaza de la Constitución también está Edgar Gutiérrez, un conocido opositor del gobierno y uno de los excancilleres cuyo amparo detuvo por unos días el convenio. En «la firma del acuerdo», opina, «hay un acto simbólico deleznable, porque es entregar la dignidad de un país». Según Gutiérrez, Guatemala afronta ahora un panorama desesperanzador. E intrincado. La firma del acuerdo necesitará la ratificación del Congreso por la modificación que se hace al Código de Migración. Sin tomar en cuenta que, el país no puede cumplir el acuerdo institucionalmente ni social. «No tenemos manera de cumplirlo», apunta, «somos un país inseguro por definición, pero luego, qué va a ocurrir si incumplimos. Trump nos va a meter una demanda multimillonaria».

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La Corte de Constitucionalidad y las Cortes de Estados Unidos son quienes tienen el poder de dar un giro a la situación. Por lo pronto, los excancilleres pedirán a la CC que analice constitucionalmente lo que se ha firmado y el procedimiento. Y el Congreso, o más bien el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ya citó a Degenhart y a Jovel para que den explicaciones.

Hay muchas dudas aún. Una tiene que ver con que a priori los ministros de Estado, en este caso, Degenhart, no tienen competencia para firmar acuerdos bilaterales. Los únicos que pueden hacerlo son el presidente y la canciller, según Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos. Algunos abogados sostienen que pueden asumir la función si se les concede expresamente un poder. Hasta el momento, se ignora si Degenhart lo recibió. Otra, con si el acuerdo se firmó bajo coacción, hecho que podría invalidarlo.

La manifestación frente a la Casa Presidencial continúa hasta las 17:45 horas y después poco a poco empieza a disiparse. Van caminando por la sexta avenida con banderines en mano, buscando desocupar la calle. Algunos saben que es posible que nada cambie, los dicen al ser entrevistados, que el Congreso vuelva a proteger a Morales, pero no por eso desmayarán en pedir su renuncia. Y quedan para verse nuevamente, en las calles, el martes 30, cuando los diputados interroguen a los ministros Degenhart y Jovel. Pero en total, el grupo que en 2015 fue de decenas de miles, hoy apenas llega a los 150.