El encabezado de esta columna hace referencia a una idea lanzada por el profesor Böckenförde. Sin duda alguna puede ser capaz de retorcer las vísceras de más de algún abogado, quien debido a la base positivista de sus estudios considera que el Derecho es un área de conocimiento autónoma y que, por lo tanto, debe estar completamente alejada de cualquier ciencia social, entre ellas la sociología y la ciencia política.
No obstante, no hay frase más cierta y contundente que ésta. En primer lugar, la idea que merodea la frase está basada en que cualquier decisión jurídica está completamente basada en ley. Cuando vemos la decisión de un tribunal, de una corte de apelaciones, de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral siempre hay un razonamiento y una justificación basada en una o varias leyes.
Normalmente los órganos colegiados contratan a una serie de asesores que estudien y hagan propuestas de sentencias en determinado sentido. Si la propuesta es aceptada, pues evidentemente se convierte en una sentencia firme, que siempre está arropada de una serie de antecedentes y de una fundamentación de todas las leyes nacionales e incluso internacionales que tengan relación con el tema en controversia. Nunca he visto una sentencia que no esté justificada legalmente. Nunca.
En segundo lugar y acá viene toda el sustento de la frase, la justificación y fundamentación legal que se hace en una decisión jurídica está basada en una ley que fue sujeta de una decisión política. Toda ley, para ser parte del derecho positivo vigente, tiene como base una decisión política que tuvo incidencia en su diseño y aprobación. Una decisión política que le da vida, una decisión política que impregna su esencia. Una decisión política que incluso se convierte en el motor que promueve su interpretación en uno o varios sentidos.
Y en tercer lugar, en una decisión jurídica tomar partido a favor o en contra de algo siempre será una decisión política. La interpretación jurídica es un acto humano que surge de la subjetividad y que a pesar de que trata de buscar equilibrio, balance, imparcialidad, justicia y verdad, siempre hay un área en donde se encuentran nuestra esencia de humanidad y que es el escenario para dirimir una toma de decisión, una preferencia por algo.
El tema de fondo es cómo y por qué tomamos una decisión. La justificación siempre será un asunto accesorio. Siempre será una tarea que se puede cumplir, siempre habrá cómo complacer y justificar el sentido de mi decisión y preferencia. O sea que el asunto acá no es entender el tema legal, creo que lo importante es entender el sentido de lo político.
No hay que perderse el Derecho por sí solo existe únicamente como elemento analítico que sirve de base para discusiones académicas y doctrinales. Deliberaciones que generan frutos para seguir generando y aportando conocimiento a la Filosofía del Derecho. No obstante, la operacionalización del Derecho no puede existir si no es dentro de un marco social y político. Las normas tienen la función de garantizar las libertades fundamentales, pero sobre todo regular las relaciones entre las personas, las sociedades y los sistemas políticos. Si no es dentro de este asidero, el Derecho no tiene sentido.
Lo sucedido con la Fiscal General, Dra. Claudia Paz y Paz, y la decisión de la Corte de Constitucionalidad pueden entenderse desde esta óptica. Quienes están a favor de la sentencia de la corte deben estar que saltan de felicidad. Quienes están en contra están muy enfadados e incluso, muchos de ellos, desilusionados. Sin embargo, estas decisiones en Guatemala pasan siempre y seguido. De todo esto lo único que echo de menos es la capacidad que tienen estos hechos para sacar de la agenda de discusión otros que también son importantes para la sociedad y para el sistema en general. Lo sucedido en las primeras cuatro semanas del año quedó atrás. Ya nadie se recuerda. Y luego que no digan que lo jurídico no es algo esencialmente político.
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