Tras las pistas de una finca de orígenes dudosos

En noviembre del año pasado la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, recibió una serie de acusaciones por parte de la Cámara del Agro (Camagro) y de la registradora de la Propiedad Anabella de León, en que culpaban a los jueces de despojar a “propietarios legítimos” para entregar los terrenos a las comunidades.

Estas acusaciones hacían referencia a una sentencia de agosto de 2012 -definitiva en 2013- donde dejaba en suspenso, de manera parcial, el primer título de inscripción de una finca de 246 caballerías ubicada en Izabal, por considerar que éste fue usurpado de un terreno baldío del Estado. Esta resolución judicial dejaba vía libre a las ocho comunidades q’eqchíes que habían presentado un amparo que les permitiría nuevamente tramitar los títulos de propiedad que llevaban gestionando desde los años setenta.

¿Por qué el interés de la Cámara del Agro en desacreditar  a la Sala?, ¿Por qué el Registro de la Propiedad apelaba ante la Corte de Constitucionalidad una resolución que suponía nuevamente devolver un terreno al Estado? ¿Por qué un abogado de nombre Carlos Paredes llegaba a Emisoras Unidas acompañando a a la Registradora de la Propiedad y a la vocera de la Cámara del Agro para oponerse a la decisión de los jueces?

La Registradora de la Propiedad, Anabella de León, aseguró haber interpuesto el amparo porque la Sala no había notificado a los propietarios actuales de la resolución, aduciendo que éstos estaban muertos. “Ellos  (los jueces) dicen que separaron a los propietarios porque ya están muertos. Eso se va a probar en la Corte porque no es cierto, que las personas jurídicas a las que no notificaron no se mueren”.

Efectivamente, este terreno,  parte de Sierra Santa Cruz,  ubicado entre El Estor y Livingston, dividido actualmente en seis fracciones que varían entre los 800 mil metros cuadrados y los 37 millones de metros cuadrados, se encuentra a nombre de sociedades anónimas, vinculadas al negocio de la madera, aunque hasta el momento no han llegado a explotarlo.

Sin embargo, tras esas sociedades que ahora pelean el terreno, hay un tortuoso laberinto de compras y ventas, cuya génesis se encuentra en una primera escritura, supuestamente elaborada en 1925 que todo parece indicar: es falsa.

El más grande de los terrenos fraccionados de la finca, con una extensión de 37,694,659.77 metros cuadrados (83.53 caballerías, aproximadamente 37 kilómetros cuadrados) fue comprada en 2011 por Tableros de Aglomerado S.A., empresa dirigida por Daniel Meany Serovic y que tiene como uno de sus socios a su padre, Carlos Iván Meany Valerio, vinculado a empresas del sector textil y maderero, quien fungió como ministro de Energía y Minas en el gobierno de Álvaro Colom –desde su inicio en 2008 hasta mayo de 2010 en que presentó su renuncia- y que financió parte de la campaña que llevó al poder a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2007.

Tableros de Aglomerado compró una parte de esta finca (del tamaño de 3,679 campos de fútbol) que según un tasador privado,  podría tener un precio aproximado  de Q14 millones (calculando que la caballería de un terreno similar en la región oscila entre los Q150 mil a Q200 mil la caballería). Estas 83 caballerías fueron compradas, según los documentos de compra venta, en cuatro fracciones en 2002 por un total de Q200 mil.

Preguntado por la compra de esta propiedad, Carlos Meany indicó que él sólo es socio de Tableros de Aglomerado S.A. “Yo soy accionista, pero no el único, ¿por qué no preguntan también a Marlenne Meany”, dijo el exministro refiriéndose a su hermana,  María Marlenne Meany Valerio, cuyo esposo Bechara Hage, ya fallecido, era el propietario de  las empresas Maderas El Alto y la textilera Donatella, entre otras, que pasaron a ser dirigidas por Carlos Meany tras la muerte de Hage.  “Nosotros cuando compramos el terreno pedimos a un abogado que hiciera un estudio para comprobar que todo era legal”, dijo el exministro de Energía y Minas, agregando que la parcela había sido comprada “de buena fe”. 

Carlos Meany compró parte de la finca en 2002

Pero los vínculos de Carlos Meany con esta finca no se quedan sólo en Tableros de Aglomerado. 

Ya en mayo de 2002 la empresa Texzibe S.A., de la cual Carlos Meany fungió como presidente, administrador y vicepresidente del Consejo Administrativo, según consigna el Registro Mercantil, adquirió una parcela de 39,483,500 metros cuadrados, comprada por Q500 mil a Ludwing Venancio Guerra Pérez.

En diciembre de 2002, el anterior propietario de la finca, Ludwing Guerra Pérez, volvió a recuperar el terreno y lo dividió en seis parcelas,  cuatro de ellas fueron nuevamente adquiridas por otras sociedades anónimas vinculadas al exministro. Estas sociedades son Nyssa S.A., Cassia S.A., Raphia S.A. y Zelkova S.A., que fueron creadas cuatro meses antes, en agosto de 2002, y son representadas legalmente por tres personas: Ángel Noé Álvarez Lara de las dos primeras, Roberto Antonio Malouf Morales, de la tercera; y David Ezra Cohen de la última, todos relacionados con negocios textiles, también vinculados a Carlos Meany.

Ángel Noé Álvarez Lara fue socio de Carlos Meany en Maderas El Alto, donde ambos ocuparon el puesto de gerente y vicepresidente del Consejo Administrativo, donde Meany ocupó también la presidencia; además, Noé Álvarez fue mandante en La Piedad, empresa donde Meany también ocupó el puesto de presidente del Consejo Administrativo. Entre tanto,  Roberto Antonio Morales Malouf, quien fue candidato a diputado por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), y que en 2011 ocupó el cargo de Secretario de Asuntos Internacionales en el partido que lidera Mario Estada, es el representante legal de Raphia S.A. y fue gerente de ventas de Texzibe y actualmente es el gerente Tejidos Corporativos, dirigida por Daniel Meany Serovic hasta 2011.

Roberto Antonio Malouf Morales, actual gerente de Tejidos Corporativos, fue cuestionado sobre la compra de esta propiedad por Raphia, empresa de la que él era representante legal. Éste dijo que Meany le inscribió como representante legal de Raphia S.A. cuando trabajaba para él en Texzibe, pero que a pesar de ser su representante legal, él nunca se encargó de la empresa y que cuando dejó de trabajar para él firmó un finiquito donde le cesaban de toda responsabilidad con respecto a las empresas de las que le inscribieron como representante legal:

-Usted es el representante legal de Raphia, una sociedad anónima que compró parte de una finca que ahora ha dejado en suspenso una Sala de Apelaciones por considerar que el título inicial es falso.

-No me acuerdo porque eso fue hace mucho tiempo. No lo sé, no sé qué hizo esa empresa en su momento. Ahorita que usted me mencionó,  el nombre me suena el nombre, es decir, podría decir, rafia, rifia, rufia, cuando usted mencionó el nombre puede ser que me suene. Cuando yo dejé de trabajar con ellos firmé un documento donde ellos me finiquitaban todo y yo le finiquitaba todo a ellos, yo no tenía nada que ver con ellos ni ellos tenían nada que ver conmigo, hace cuatro o cinco años.

-Cuando dice ellos, ¿se refiere a los Meany?, ¿fueron ellos quienes le pusieron como representante legal?

-Cuando usted me menciona cosas de madera, probablemente fue con ellos, porque yo fui representante de ellos en una época. Supongo que sí, supongo que sí, porque habían varias empresas y habían varias personas, pero no le puedo dar certeza. Fue cuando nació la empresa, porque no podían ser ellos de diez empresas diez representantes, posiblemente, y después ellos ya se encargaron de la empresa. Nunca me pagaron por ser representante legal. Yo trabajé con ellos en otras áreas, en esas áreas yo tenía un sueldo y habían ciertas cosas, pero no tienen nada que ver, yo no le puedo seguir entrando, porque no tengo más explicaciones que darle de eso.

-¿No es su responsabilidad si le inscriben como representante legal de una empresa saber qué hace esa empresa?, ¿Saber que compra un terreno que quizás no tiene orígenes legales?

-Qué le puedo decir señorita…

Estas cuatro sociedades anónimas tienen, además, como administrador único a Carlos René Paredes Arévalo, el abogado de Carlos Meany  y quien ocupó el puesto de secretario ejecutivo y asesor jurídico en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y prestó sus servicios al Ministerio de Energía y Minas en 2012.

Seis años después de que estas sociedades adquirieran el título del terreno, el 11 de abril de 2008, el entonces Registrador de la Propiedad, Sergio Romano Monzón –actual director jurídico del Banco G&T Continental-, ordenó la suspensión de todas las operaciones registrales de estas fincas, en tanto no mediara una orden de juez. Sin embargo, cuando Romano Monzón dejó su puesto al frente del Registro en 2010 y éste pasó a ser ocupado por Edgar Alfredo Rodríguez, ministro de Trabajo y Previsión Social a inicios del Gobierno de la UNE y compañero de gabinete de Carlos Meany, el Registro dio nuevamente vía libre a la unificación de las parcelas a nombre de Raphia S.A, Cassia S.A., Nyssa S.A. y Zelkova S.A.

Tres meses más tarde de esta unificación, el 11 de julio de 2011, la nueva finca, con una extensión de 37,694, 659 metros cuadrados (83.53 caballerías), fue vendida a Tableros de Fibra de Madera El Alto, la empresa sucesora de Maderas El Alto, representada por Vidal Augusto Dávila Posadas, quien también ha fungido como administrador único de Texzibe.

Y, sólo 18 días más tarde de que Tableros de Fibra de Madera El Alto S.A. la comprara, la finca fue vendida a Tableros de Aglomerado Sociedad Anónima (escritura autorizada el 29 de julio de 2011). Esta última dirigida en la actualidad por Daniel Meany Serovic, hijo de Carlos Meany.  El 19 de diciembre de 2011, el terreno fue entregado por valor de Q200 mil como garantía para un fideicomiso solicitado a la afianzadora G&T, que ahora es según los últimos papeles la propietaria del terreno congelado.

Preguntado también por la compra de la finca, realizada en 2002, por Texzibe, Carlos Meany dijo al principio de la conversación telefónica que él no estaba vinculado con esta empresa, aunque después de recordarle que según el Registro Mercantil él había fungido como presidente, gerente y vicepresidente del Consejo Administrativo de Texzibe, el empresario respondió que habían comprado la finca a otro dueño, que él no podía contestar a más preguntas por problemas de salud y que para más información nos comunicáramos con su abogado, Carlos René Paredes Arévalo.

Carlos Paredes dijo primero, por teléfono, que Carlos Meany no tenía “ninguna vela” en este caso y tras indicarle los vínculos con las sociedades anónimas antes descritas, y que él mismo fungía como representante único de Raphia S.A., Nyssa S.A., Cassia S.A. y Zelkova S.A. respondió que era cierto y que preguntaría a sus clientes si podía proporcionar información sobre estas compras. Paredes Arévalo no concedió la entrevista que se le solicitó.

Bajo tierra

Pero los intereses detrás de este terreno no quedan sólo en el negocio de la madera. Esta sierra podría albergar un yacimiento de níquel, al igual que una buena parte de Izabal. De hecho, según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en 2007 la minera Nichromet Guatemala S.A. solicitó tres licencias de exploración en el área de Sierra Santa Cruz. Una llamada Sierra Santa Cruz, otra Izabal II y otra Chinabenque II, las cuales se superponen con el terreno de esta finca.

De hecho, Héctor Ico Choc, originario de la aldea La Llorona, ubicada en Sierra Santa Cruz y una de las ocho comunidades en presentar el amparo, indicó que el 28 de septiembre de 2008, según un acta registrada por la comunidad, unos ingenieros de Nichromet llegaron a una zona ubicada al este de La Llorona a “cavar unos hoyos y llevarse unas muestras”.

Nichromet Guatemala S.A., subsidiaria de la canadiense Nichromet, tuvo como representante legal y gerente general entre 2009 y 2013 a Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi, quien ocupó el puesto de director general de Minería entre enero de 2005  y enero de 2008, y el puesto de director general de Hidrocarburos, entre enero y marzo de 2008. En estos tres últimos meses de 2008 fungió así como subalterno de Carlos Meany en el Ministerio de Energía y Minas. 

Sin embargo, según información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas, las licencias de exploración de Izabal II y Sierra Santa Cruz están en trámites de extinción y solo Chinabenque II ha solicitado una prórroga de exploración.

Ico Choc informó que ninguna minera ha vuelto a dar señales sobre esta exploración. Según información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas “Ninguna de estas empresas ha solicitado licencia de explotación”.

Nadie sabe quién fue primero

La finca en disputa está ubicada a cuatro horas de El Estor. Se trata de un terreno de vocación forestal ocupado por 20 comunidades q´eqchíes. Se accede por el desvío de la aldea Nueva Esperanza.  A partir de la aldea El Bongo -la última en lograr la titularidad de la tierra en los años noventa- ya no existe ningún camino trazado, por lo que sólo se puede llegar a pie. En ninguna de las 20 comunidades hay luz, ni agua. Las familias que habitan en este terreno empezaron la solicitud de su registro al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) desde los años setenta, según los planes de colonización de la época, como el Decreto 60-70 de transformación agraria, que incluía todo Izabal dentro de sus proyectos, y que según el artículo 3: “Todos los terrenos baldíos que existen dentro del área fijada en el presente decreto, deben ser inscritos inmediatamente a favor de la Nación, de conformidad con la ley, para que el Instituto Nacional de Transformación Agraria los destine a la realización de sus programas”.

Héctor Ico Choc, de 38 años y representante de la comunidad La Llorona, fue también quien se personó como representante de las ocho comunidades para solicitar el amparo ante la Corte Suprema de Justicia para dejar en suspenso el primer título de inscripción. “Desde los años 60 comenzaron nuestros padres a seccionar el terreno y a gestionar la tierra. Durante tiempos estaban gestionando, pero en el año 81, el 29 de septiembre, hubo una masacre donde se quedó estancado el proceso”, cuenta Ico en referencia a la masacre de la aldea La Llorona, donde fueron asesinados 14 hombres, tal como se relata en el caso ilustrativo 44 del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

La CEH ofrece, de hecho, como una de las razones de esta masacre la “incertidumbre sobre los límites territoriales”.  “Los conflictos en la zona se relacionaban con la tenencia de la tierra, destacando la incertidumbre sobre los límites territoriales entre fincas y comunidades, y la ausencia de títulos de propiedad”.

Según Héctor Ico, el motivo por el que llegaran los soldados a la aldea se debió a que sabían que los campesinos estaban gestionando el título de propiedad. “Por gestionar ese terreno fueron masacrados nuestros padres. Ellos estaban haciendo viajes a la capital, y en los años ochenta los militares estaban a favor de los finqueros, no les dejaban a los pobres tener tierras, sólo a los finqueros”, dijo. “Nos han robado todo, los militares, todo lo que teníamos nosotros. En ese día cuando fueron masacrados nuestros padres, a nosotros los huérfanos nos llevaron a un lugar en El Estor en el salón municipal, y los soldados se quedaron en la aldea. Según ellos la intención era cuidar la comunidad, pero en vez de cuidarla comenzaron a sacar todo lo que teníamos. Teníamos maíz, teníamos animales del corral, cerdos, gallinas, chompipes. Todo lo acabaron los  soldados. Cuando regresamos nosotros, todo lo que teníamos en la aldea ya se había acabado. Lo que comíamos nosotros cuando regresamos solo eran raíces del monte, yuca, malanga, solo raíces del monte”, recordó.

Unos años más tarde, la comunidad, ya reconfigurada, continuó las gestiones para obtener el título de propiedad del terreno. “Hubo una medición. Santa María La Llorona y Cooperativa La Chiclera fueron medidas por parte del INTA, pero cuando hicieron el trabajo en 1996 llegaron los ingenieros de parte del INTA y allí supimos nosotros que había esa inscripción anómala (la de 1925). Los papeles ya no salieron, porque nos dijeron que tenía dueño”, indicó Ico.

El abogado Sergio Beltetón, quien trabaja para el Comité de Unidad Campesina (CUC), la organización que asesoró legalmente a las ocho comunidades para presentar el amparo, fue quien recibió el caso por parte de las comunidades en 1995, cuando todavía trabajaba por cuenta propia.

“En aquel entonces no eran ocho comunidades, sino tres –La Llorona, La Chiclera y La Palma- las que llegaron a mi oficina, porque estaban haciendo los trámites para que les otorgaran la titularidad del terreno. Según la Ley de Agrimensura correspondía que un supervisor del INTA llegara a medir. Sólo faltaba la medición y el Acuerdo Gubernativo para que les otorgaran el título de propiedad. Pero fue cuando el INTA pasó todo al Fondo de Tierras (Fontierras). Durante esa transición se amontonaron cajas y cajas de expedientes en el Fondo de Tierras, y se interrumpió el trámite de la adjudicación a las comunidades, porque dijeron: ‘no se puede porque aquí apareció una finca en ese terreno, una finca privada, que es la 1371, del folio 206, del libro 2 de Izabal”.

Beltetón indica que en ese momento fueron a reclamar a la Secretaría de Asuntos Agrarios y la delegada de la institución, al revisar los expedientes, pudo comprobar las anomalías en la inscripción de la misma e interpuso denuncias tanto en Ministerio Público como en la Procuraduría General de la Nación (denuncias interpuestas en 1999).

Héctor Ico, asegura que ningún propietario se había acercado nunca a esta finca y que tampoco habían dado muestras de querer explotarla. Cuenta que sólo una vez, en 2012,  se comunicó con ellos un empleado del Registro de Información Castastral (RIC) informando que el propietario de la finca, una persona llamada Gerardo Pimentel, según Ico -aunque este nombre no figura en ninguno de los títulos de propiedad-, había solicitado una entrevista, que nunca se llegó a concretar.

Las anomalías de una inscripción

Según el expediente del amparo de la Sala de Apelaciones (01010-2012-00134) esta finca fue inscrita el 29 de abril de 1925 por el Registrador de la Propiedad de la Zona Central a nombre de Carlos Enrique Estrada García, tras un acuerdo gubernativo emitido por el general Lizandro Barillas, presidente de la República entre el 16 de marzo de 1886 al 15 de marzo de 1892. Sin embargo, esta inscripción no cuenta con ninguna información de soporte; y el Acuerdo Gubernativo, según el cual este título fue ganado en una subasta pública, tampoco fue hallado. Y el folio donde estaría esa inscripción inicial fue arrancado del Registro de la Propiedad. La primera desmembración de la finca, que sí cuenta con la inscripción formal, data de 1985 y presenta varias anomalías. La primera de ellas es que es el mismo Carlos Enrique Estrada García es quien vende este terreno, dividido en dos fracciones de 123 caballerías y 32 manzanas cada una, a José Ovidio Guerra. Según este traspaso, Carlos Enrique Estrada tenía en ese momento 62 años, es decir, que debió de nacer en 1923 o 1924 y, por lo tanto, hubiera sido imposible que fuera el beneficiario de una subasta pública durante el gobierno del general Lizandro Barillas.

Además, tanto Carlos Enrique Estrada García como Ovidio Guerra tienen cédula de vecindad letra J, extendidas por la municipalidad de Puerto Barrios, cuando  la letra que identifica al departamento de Izabal es la Q.  Las hojas de protocolo en las que fue realizada la escritura indican que fueron compradas en el quinquenio de 1993 a 1997, es decir, que fueron vendidas, como mínimo, ocho años más tarde de la fecha en la que data el traspaso de la propiedad, en 1985.

En el Registro de la Propiedad, donde se anotan todas las operaciones relacionadas a una finca, esta nueva inscripción aparece a la mitad de un folio, cuando en toda nueva inscripción se utiliza un folio nuevo, por lo que quien anotó la finca introdujo el traspaso en una hoja ya utilizada.

Pero las contradicciones se hacen todavía más tangibles cuando en 1997 el notario René del Pozo denunció ante el Ministerio Público que sus hojas de protocolo habían sido sustraídas de su oficina. “Esta escritura es falsa, yo no la faccioné ni corresponde al protocolo de mi pertenencia”, recoge una denuncia interpuesta por René del Pozo ante la Procuraduría General de la Nación en 1997.  Según la certificación de la SAT, René del Pozo compró estas hojas de protocolo el 1 de febrero de 1996, es decir, 11 años más tarde de que se produjera el supuesto traspaso de propiedad inscrito en estas hojas.

El juego de los traspasos

Según las inscripciones recogidas en el Registro de la Propiedad, las sucesivas operaciones registrales en las dos nuevas fincas creadas, fincas 1291 y 1293, son prácticamente iguales entre ellas, incluso con los mismos notarios, hasta 1997. En 1988 las dos partes, cada una de 123 caballerías y 32 manzanas, fueron vendidas a Luis Alfonso Salguero Lemus por Q40 mil, que dos años más tarde las vendió a dos propietarios diferentes.

La finca 1291 pasó a Carlos Augusto Velásquez, que en 1997 se la vendió, dividida en tres partes, (Fincas 146, 147 y 148), cada una de 18,410,000 metros cuadrados (40 caballerías), a Edgar Rodulfo Regalado Salguero;  Leocadio de Jesús Barrera Tobar y Hugo Rubén Barrera Salguero por Q40 mil, Q24 mil y Q20 mil, quienes las utilizaron como parte del haber social para conformar la Sociedad Anónima Montaña de Oro, una empresa que tiene como fin la explotación de bosques y manejo de recursos naturales, así como el procesamiento y exportación e importación de madera, tal como consta en su patente de creación en el Registro Mercantil.

En 1998, estas tres fracciones de terreno fueron vendidas a Corporación de Industrias Forestales S.A. como parte de capital social, cada una valorada en Q410 mil. Estas tres fracciones pasaron por un nuevo comprador, por solo Q10 mil, para que un año más tarde las adquiriera nuevamente Agropecuaria Montaña de Oro S.A. por Q12 mil (ver gráfica).

No fue posible contactar con ninguno de los representantes de Agropecuaria Montaña de Oro S.A. ni de la Corporación de Industrias Forestales. Mientras que el abogado Elder Algeo Morales Aldana, quien consta como el notario que dio fe tanto de estas tres desmembraciones, como de la creación de Agropecuaria Montaña de Oro, indicó no recordar a las personas que traspasaron estos terrenos.

En el caso de la finca 1293, también de 123 caballerías,  el 2 de febrero de 1990 pasó a Stuardo Guillermo Navas Dángel, por un total de Q20 mil.

Stuardo Navas Dángel, es propietario de una gasolinera y ha fungido como representante legal de ALOPSA, una importadora de diésel, gasolina y bunquer, trabajó en el Ministerio de Comunicaciones hasta 2012 y actualmente ocupa el puesto de subdirector de la Comisión Portuaria Nacional.

Cuestionado por teléfono sobre la compra del terreno, Navas Dángel dijo que fue su padre quien inscribió la finca a su nombre, cuando él tenía 19 años, y que, después, por ser ésta tan grande fue vendida de nuevo. Navas indicó que su padre, Luis Navas Villatoro, ocupó distintos puestos de funcionario –dijo no recordar qué puestos- durante el Gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes y los gobiernos sucesivos, y que murió víctima del conflicto armado interno en los años ochenta, aunque no pudo especificar en qué año murió.

“Yo tenía como 19 o 20 años, la puso a nombre mío pero eso fue en Livingston y… básicamente en un momento determinado fue una finca demasiado grande y la vendimos. Cuando yo la compré, yo le prometo que fui al Registro de la Propiedad, ellos fueron los garantes y todo parecía estar en orden, y posteriormente en su venta también.

Navas agregó que, aunque en el Registro aparezca que su venta se produjo en 1997, ésta tuvo lugar mucho antes, “Como que ya estaba hecho de palabra y ya era solo formalizarlo”. Preguntado por haber comprado una extensión tan grande de terreno por Q20 mil y vendido por Q24 mil, respondió: “Eso así en Guatemala siempre sucedía así antes, para no pagar IVA”.

Según el Registro, Navas Dángel vendió en 1997 esta finca, desmembrada en tres facciones, al igual que la finca 1293 y tramitadas por el mismo abogado, Elder Algeo Morales Aldana, a Juan José Chajón Lara (finca 150), Ludwing Venancio Guerra Pérez (finca 151) y Marta Lucrecia Miranda Aguiluz (finca 152) por Q20 mil.

Marta Lucrecia Miranda Aguiluz, quien adquirió la finca cuando tenía 19 años, es hija del general Luis Felipe Miranda Trejo, quien pasó por distintos destacamentos durante el conflicto armado, y ocupó el puesto de oficinal de inteligencia (S2) en el destacamento militar de Cobán entre 1982 y 1983.  Miranda Trejo fungió además como diputado por Huehuetenango del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y como director del Instituto Nacional Guatemalteco de Turismo (Inguat) durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004).

Ludwing Venancio Guerra Pérez, quien también posee dos gasolineras y varios negocios en Puerto Barrios, ha ocupado el puesto de representante legal de ALOPSA, al igual que Stuardo Navas Dángel.

Mientras los propietarios de las fracciones 150 y 152 siguen perteneciendo en la actualidad a Juan José Chajón Lara y a Marta Lucrecia Miranda Aguiluz, la fracción 151 (folio 151 libro 77 de Izabal), que consta de 39,483,500 metros cuadrados (87 caballerías), fue vendida por Ludwing Venancio Guerra Pérez, a Texzibe, la empresa que pertenecía a Carlos Meany en el año 2002.

En 2004, la finca 151 fue adquirida nuevamente por Ludwing Guerra, que la dividió en seis fracciones (3135, 4090, 6990, 6988, 6997 y 7055) las cuatro últimas vendidas en 2008 a las cuatro sociedades anónimas antes referidas: Raphia, Cassia, Nyssa  y Zelkova para seguir con el recorrido descrito antes.

Este terreno abandonado, en el que subsisten las comunidades, ha sido objeto de compras y ventas, de idas y venidas de escrituras, cambios de propietarios –que los habitantes de la tierra nunca llegaban a conocer-, va quedando un rastro de escrituras y documentos, pero resulta imposible encontrar quién la inscribió y cuándo se realizó aquella primera escritura falsa.  

Sergio Beltetón, el abogado del CUC, indica que debió ser una mafia muy estructurada entre trabajadores del INTA, los cuales establecieron este gran terreno como baldío, militares retirados y personal del Registro de la Propiedad, encargado de inscribir las fincas.

Lo cierto es que  todo parece indicar que, en algún momento, este terreno fue robado al Estado, y que si su primera inscripción es nula así también lo son las sucesivas inscripciones. De esta manera, el Estado sería nuevamente el propietario del terreno y podría continuar sus trámites para entregárselo a las comunidades, según las gestiones iniciadas como parte de los planes de colonización.

En todo caso, el amparo de la Sala Tercera de Apelaciones es sólo parcial, y supone el suspenso por dos años que impide cualquier compra o venta, da tiempo a las comunidades a poder plantear nuevamente el recurso ante la vía ordinaria; o a los actuales propietarios de demostrar la autenticidad de la escritura inicial. Este amparo fue apelado ante la Corte de Constitucionalidad tanto por el Registro de la Propiedad como por las comunidades, por no haberlo otorgado de manera definitiva. De esta forma, será la CC quien en un plazo máximo de seis meses deberá decidir si amparar o no al Registro y a las comunidades. El magistrado de la CC Roberto Molina Barreto indicó que todavía no sabe cuándo conocerán el amparo.

Hasta ahora, Carlos Meany y el abogado Paredes se negaron a dar una entrevista que pudiera aclarar dudas sobre la compra que realizaron y pudiera seguir la pista a los orígenes del terreno. Es preguntado Héctor Ico Choc, de las comunidades ¿Y qué harán si finalmente ganan el amparo?. “Si nos dejan libre el terreno, seguiremos sacando todos los papeles y exigiremos al Gobierno que nos den la certeza jurídica, porque llevamos en esto años y años…”.