Un Ministerio Público diferente y complaciente está tras Benito Ruiz
Un Ministerio Público diferente y complaciente está tras Benito Ruiz
- El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, fue ligado a proceso por el delito de fraude por haber avalado y aprobado el contrato para la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
- Dos de los principales investigadores del caso fueron trasladados de fiscalía después de haber pedido la orden de captura contra Benito Ruiz y el exjuez Mynor Moto, señalado de supuestamente recibir pagos para beneficiar a los sindicados.
- La jueza Silvia de León, a cargo del caso, dijo que pese a que la Fiscalía contra la Corrupción tiene conocimiento de las anomalías en la contratación de las empresas Conasa y Renova Ingenieros, no les imputó los delitos de lavado de dinero ni testaferrato.
- Benito Ruiz todavía tiene pendiente rendir primera declaración por el hallazgo de 122 millones de quetzales en efectivo.
Con dos de los principales fiscales del caso Libramiento de Chimaltenango trasladados a otras dependencias del Ministerio Público, el exministro de Comunicaciones se enfrenta ante una fiscalía que presentó una investigación «pobre» y que tampoco investigó dónde estuvo oculto durante casi un año.
Con dos de los principales fiscales del caso Libramiento de Chimaltenango trasladados a otras dependencias del Ministerio Público, el exministro de Comunicaciones se enfrenta ante una fiscalía que presentó una investigación «pobre» y que tampoco investigó dónde estuvo oculto durante casi un año.
«Está bastante cambiado», le dijo la jueza al tomarle los datos al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito Ruiz, para luego pedirle que se retirara la mascarilla ya que se veía diferente a la foto de su Documento Personal de Identificación (DPI). Cuando se descubrió el rostro para confirmar que sí era él, tenía un semblante nervioso, distinto al que se le veía en las fotos oficiales junto al expresidente Morales.
Pero no solo el exfuncionario cambió, también lo hizo el Ministerio Público.
En octubre de 2019, cuando el caso salió a la luz, los fiscales a cargo eran Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón, jefe y fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, respectivamente. Ambos dirigieron las investigaciones que los llevaron a pedir la orden de captura contra Benito Ruiz y contra el exjuez Mynor Moto, señalado de supuestamente beneficiar a implicados en este caso a cambio de sobornos.
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En febrero de 2021 Campo dijo en conferencia de prensa que analizaba accionar contra el presidente Jimmy Morales. En abril de 2021, luego de haber pedido la aprehensión de Moto, Campo fue trasladado a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, donde todavía funge como jefe.
El 9 de julio de 2021, Pantaleón fue enviado a la Fiscalía Liquidadora, una unidad dentro del MP que se encarga de cerrar casos antiguos y sin mucho movimiento. Los cambios ocurrieron cuando ambos hacían indagaciones en casos de corrupción que se acercaban a funcionarios del gobierno de Alejandro Giammattei.
Dos semanas después del traslado de Pantaleón, la fiscal general Consuelo Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien entre otros casos, tenía a su cargo la investigación por el hallazgo de 122 millones de quetzales en efectivo en un inmueble y maletas vinculadas al exministro de Comunicaciones. Esos fondos estarían vinculados al contrato por el Libramiento de Chimaltenango. El expediente ahora está en manos de Rafael Curruchiche, nuevo jefe de la FECI, cuestionado por favorecer a empresarios vinculados al financiamiento electoral de la campaña de Jimmy Morales.
El Ministerio Público llegó con otra actitud al juzgado. Tanto que la jueza le reclamó a las fiscales del caso haber presentado una «imputación pobre» y de no ponerle a la vista documentos y medios de investigación que podrían vincularlo.
Proceso
Benito Ruiz se veía diferente en el juzgado. Ya no era un alto funcionario del gobierno del expresidente Jimmy Morales. Esta vez estaba esposado en Tribunales, acompañado de sus dos abogados, Jonathan Villatoro y Juan Alberto Martínez Paredes.
Casi un año después de estar prófugo y a siete días de entregarse al Juzgado de Turno de Mixco, el 28 de enero de 2022, el exministro fue ligado a proceso por fraude en el caso por la construcción del Libramiento de Chimaltenango, una carretera nueva de 14.5 kilómetros en la que desde su inauguración, en 2019, se han reportado derrumbes, deslizamientos e inundaciones.
Este proyecto tuvo un costo original de Q312.9 millones, monto que se incrementó en 17 oportunidades a través de ampliaciones al contrato por Q74.2 millones. En junio de 2018 un grupo de pobladores de San Andrés Iztapa, Chimaltenango, realizó una protesta en el lugar porque la construcción del tramo afectó sus terrenos y cosechas.
El contrato para este proyecto fue aprobado por Benito Ruiz cuando estaba al frente de la cartera y según el Ministerio Público (MP), con tantas anomalías en el procedimiento, él pudo haberlo suspendido.
Como la máxima autoridad del CIV, el exministro «hizo caso omiso ante el incumplimiento de los requisitos de parte de la empresa; debía improbar todo, pero aprobó la licitación de manera fraudulenta», enfatizó la fiscal Leslie Pineda, quien pidió que fuera ligado a proceso por fraude, un delito con una sanción de cinco a diez años de prisión.
Aunque para el Ministerio Público, el involucramiento del exministro de Comunicaciones fue «no haber hecho nada por detener el proyecto», para la jueza Silvia de León, pudo haber sido más.
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El caso
La empresa Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa, S.A.), ganó el primer contrato para la construcción del Libramiento de Chimaltenango. El Ministerio de Comunicaciones le hizo ampliaciones y modificaciones al proyecto para seguir beneficiando a Conasa. Esto ocurrió hasta que la Dirección General de Caminos emitió un dictamen donde dijo que «no era factible otorgarle nuevos incrementos», ya que la empresa tenía impedimento para seguir concursando porque estaba involucrada en un caso de corrupción.
Para no quedarse sin el proyecto la entidad recurrió a Renova, Sociedad Anónima, una empresa nueva, sin experiencia ni antecedentes.
«Renova fue usada por Conasa para ganar el contrato. No tenían ni el personal ni la maquinaria, ni la capacidad física ni financiera para ejecutar un proyecto vial», dijo la fiscal.
La jueza fue más directa: «¿Usted tenía una relación de amistad con los personeros de Conasa para que les permitiera tan amablemente la distribución del longitud de construcción, les permitiera tan considerablemente que ellos siguieran trabajando en un proyecto que no se les había asignado, se les consintiera en hacerles pagos anticipados?».
De León citó estas preguntas como indicios contra Benito Ruiz. «No es valedero para un empresario emprender una empresa con fondos del Estado», remató la jueza.
Ante la falta de acción del Ministerio Público, la jueza recriminó a las fiscales que «el Ministerio Público sabe todo eso (las anomalías); sin embargo, sigue complaciente porque jamás le imputó a Conasa lavado de dinero y jamás le imputó a Renova un testaferrato».
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Sus empresas y secretos
Benito Ruiz tiene 43 años, es de nacionalidad española y guatemalteca y desde hace 21 años es accionista mayoritario de Servipac, Sociedad Anónima, una empresa de logística de la que no dio la dirección cuando la jueza lo increpó.
Cuando se identificaba ante De León, el exministro dijo que posee una empresa de crianza de caballos en Masagua, Escuintla, pero no especificó la dirección. Este último trabajo le generaba un ingreso entre los 50,000 y los 60,000 quetzales al mes, según declaró. A esa ganancia se sumaba su salario como funcionario público, que con bonificaciones y dietas llegaba a los 60,000 mensuales.
El sindicado tampoco dio detalles de sus propiedades, al responder a la juzgadora por su dirección de residencia, dio los datos de un apartamento ubicado en la zona 10 a nombre de su esposa, de nacionalidad colombiana. Además dijo que desde que se fugó estuvo viviendo de sus ahorros.
De León tomó nota de esas omisiones y las citó en sus argumentos para enviarlo a prisión preventiva.
«No sabe la dirección en dónde está ubicada (Servipac), solo que está en Villa Nueva, a pesar de que tiene 21 años de tener esa empresa», dijo De León.
Otra de las cosas que Benito ocultó en la audiencia fue dónde estuvo durante once meses. Al Ministerio Público tampoco pareció importarle esa información. La jueza señaló que la Fiscalía pudo haber presentado un desplegado migratorio para verificar si estuvo fuera del país, pero no lo hizo. También señaló que la defensa pudo presentar algo que probara que permaneció en Guatemala y tampoco lo hizo. Además reconoció que existe la posibilidad de salir del país a través de puntos ciegos en las fronteras.
Ante el peligro de fuga, De León lo envió a guardar prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala, donde entre otros exfuncionarios, se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), se constituyeron como querellantes adhesivos provisionales.
Por este caso el pasado 27 de enero la jueza Silvia de León envió a juicio a otras 22 personas que habrían estado involucradas en la negociación. A este grupo se le señala de lavado de dinero, estafa propia, fraude y falsedad ideológica.
Este es el primer caso al que se enfrenta Benito Ruiz. El próximo 11 de febrero deberá rendir primera declaración ante el juzgado de Erika Aifán, donde está abierta la investigación por el hallazgo de los 122 millones de quetzales en efectivo. Entre los indicios en su contra está que una de las maletas con dinero tenía un boleto de avión a nombre del exfuncionario.
Ante el reclamo de la jueza, el Ministerio Público de Consuelo Porras publicó un comunicado de prensa para anunciar una investigación contra el personal que tiene a su cargo el expediente del caso Libramiento de Chimaltenango.
«No tolerará ni encubrirá acciones que pudieran revestir ilegalidades e irregularidades», dijo Porras en el comunicado. Esto ocurrió dos días antes de que inicie el trabajo de la Comisión de Postulación para Fiscal General, en el que se buscará a la persona que dirigirá la entidad por los próximos cuatro años. Organizaciones externas al proceso como la Fundación contra el Terrorismo, impulsan la reelección de Porras a través de las redes sociales.
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