Defendieron la democracia por 106 días, ahora los pueblos indígenas fiscalizarán a Arévalo
La banqueta de la discordia: este es el paso que las autoridades indígenas y manifestantes liberaron frente al @MPguatemala para que ingresen trabajadores y usuarios.
— Jody García (@JodyReporta) October 18, 2023
Detrás de este metro de banqueta hay cientos de personas gritando “¡El pueblo unido jamás será vencido!”. pic.twitter.com/4pj5KeGWH3
Defendieron la democracia por 106 días, ahora los pueblos indígenas fiscalizarán a Arévalo
Durante más de tres meses, siete pueblos indígenas se turnaron para mantener una protesta continua en la sede principal del Ministerio Público. Su objetivo era proteger la democracia. Bernardo Arévalo asumió, en parte, gracias a la resistencia de los pueblos, que ahora se articulan como una organización histórica para fiscalizar el quehacer del gobierno.
Es lunes 15 de enero y la calle frente al Ministerio Público en Gerona, está vacía. Trabajadores de la institución barren el pavimento con agua y jabón. Hay camiones recogiendo las vallas que rodeaban la entrada principal y personal de la municipalidad despegando afiches de algunos postes. Por primera vez en más de tres meses circulan vehículos en el área.
Tras permanecer durante 106 días en un platón frente a la sede central del Ministerio Público (MP), miles de personas provenientes de siete pueblos indígenas han regresado a sus comunidades.
Desde días antes y en preparación para ese momento los manifestantes recogieron los enseres que utilizaron durante ese tiempo: carpas, tiendas de acampar, colchones, cartones, ollas, sillas, cajas de madera, bocinas, estufas portátiles y mantas vinílicas. Los sentimientos eran encontrados: había alegría porque por primera vez en la historia de Guatemala los diferentes pueblos indígenas se articularon por una sola causa, y tristeza porque tras varios meses se forjaron amistades y alianzas inesperadas.
Entre el 2 de octubre de 2023 y el 14 de enero de 2024, la fachada del MP fue el epicentro de una protesta convocada por siete pueblos indígenas que exigieron la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana, a quienes señalaron de protagonizar los intentos por romper el orden democrático y anular las elecciones que llevaron al poder al binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
El 14 de enero de 2024, día de la toma de posesión de Arévalo y Herrera, era la fecha límite puesta por las autoridades indígenas para permanecer en el plantón. La resistencia actuó como guardiana frente a los intentos de obstaculizar la juramentación del nuevo gobierno. Una vez confirmada la asunción al poder, habían cumplido su misión.
Los 106 días de protesta marcaron un hito en la historia de Guatemala. Los pueblos indígenas tras siglos de luchar por las necesidades particulares de sus comunidades respondieron a las amenazas a la democracia del país.
Primero el MP inició una investigación por un supuesto fraude electoral para que ganara el partido Movimiento Semilla, que postuló a Arévalo y Herrera. Luego, un juez intentó cancelar al partido y ordenó capturar a personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La situación escaló cuando otra fiscalía detuvo a una de las personas más populares de Semilla, Marcela Blanco, quien fue candidata a diputada, y pidió retirar la inmunidad a Arévalo y Herrera por supuestamente estar involucrados en la toma de la Universidad de San Carlos.
El MP incluso pidió la captura de cuatro magistrados del TSE y llegó a decir
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La inestabilidad y crisis política, dieron pie al nacimiento de una articulación que continuará en el futuro entre los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento Xinka, las comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, el Movimiento Social Q’eqchi’ de Cobán, Alta Verapaz; la Asociación Indígena de San Francisco el Alto; la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán; la Alcaldía Indígena Maya Ixil de Nebaj, Quiché y la Alianza de Autoridades de los Copones de Ixcán, Quiché.
«Gracias cantones por convocarnos», dijo un músico, que como muchos otros, se presentó frente al micrófono en una de las últimas noches de protesta frente al MP.. «Gracias a todos y todas las guatemaltecas que de una u otra forma aportaron su grano de maíz a la resistencia», respondieron las autoridades en un comunicado del 14 de enero.
El levantamiento de los pueblos
La convocatoria ciudadana por la democracia nació de la movilización masiva que iniciaron las organizaciones indígenas en octubre de 2023, cuando durante 19 días detuvieron el tránsito en la Carretera Interamericana, paralizando operaciones comerciales en todo el país. A ese llamado se sumaron comunidades urbanas, estudiantes y sindicalistas. Sin embargo, un movimiento de esta magnitud no fue casualidad.
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Es mediodía del 10 de enero de 2024 y el cielo está despejado. Un grupo de personas quema una pila de cartones viejos que la gente usaba para dormir en el suelo. En el fondo suena un son maya sololateco. Allí está Juan Caniz de 33 años, es exconcejal primero de la Alcaldía Indígena de Sololá y está en el plantón acompañado de más personas de su comunidad. Para mantener la resistencia, las autoridades indígenas turnaron a los siete pueblos por día: lunes, los xinkas; los martes, los sololatecos; miércoles, los ixiles; jueves, los 48 Cantones de Totonicapán; viernes, Santa Lucía Utatlán; sábado, San Cristóbal Totonicapán; domingo, Chichicastenango.
Caniz esta allí terminando su turno de martes. Porta un sobrero negro y un saco bordado con hilos de colores y un morral de líneas blancas y negras, indumentaria característica de su comunidad.
«Más allá de hacer historia lo que venimos a hacer fue defender el legado de nuestros abuelos, que en la revolución del 20 de octubre de 1944 estuvieron en resistencia durante 60 días», explica.
Para Caniz la satisfacción más grande ante el levantamiento de los pueblos indígenas fue que se logró la unidad y que de ahora en adelante las demandas se harán de forma colectiva, algo que, según repetían en el plantón las autoridades indígenas, no había ocurrido desde tiempos de la invasión española.
«Antes, entre Sololá y Totonicapán había desigualdades porque la historia dice que había enemistad entre kaqchikeles y el pueblo k'iche'. Desde la conquista se decía que los kaqchikeles traicionaron a los k’iche' s, por eso es que muere nuestro héroe nacional Tecún Umán. Eso se metió en la mente de los dos pueblos, pero ahora todo es diferente. Más allá de las costumbres y tradiciones y lo que se dice, nos unen nuestros principios y valores», dice Caniz.
Ahora, las autoridades indígenas discuten en asambleas la creación de una organización nacional que fiscalice el gobierno de Arévalo y garantice que haya presencia de los pueblos originarios en las decisiones del Ejecutivo.
«Nosotros no estamos por Arévalo acá, nosotros estamos por defensa de la democracia. A raíz de eso, el presidente electo tendrá muy en claro que si hace cosas como las que pasaron en el gobierno de Alejandro Giammattei, estaremos allí para pronunciarnos», dice Caniz.
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Defender la democracia implicó que la población indígena hiciera esfuerzos y sacrificios económicos. Gidalberto Santos, de 60 años, le pagó Q45 a un hombre para que le cubriera un día de trabajo como albañil en la construcción de una casa en su aldea San Juan Tecuaco, Santa Rosa y así poder asistir durante una jornada a la manifestación. Además de trabajar en construcción, Santos es asambleario del Parlamento Xinka, organización indígena ubicada al suroriente de Guatemala. El día de esta entrevista llegó para hacer un turno de 24 horas, se veía cansado y sonreía. Tenía la piel quemada por el sol, portaba su vara de autoridad y una camisa blanca con diseños mayas.
«Quería viajar desde antes, desde el 2 de octubre de 2023, pero no todos tenemos los recursos económicos. Pagar un vehículo es muy caro, así que junté el dinero, y me vine en camioneta con otros cinco compañeros», relata Santos. «Vale la pena venir porque si hay democracia, si evitamos el golpe de Estado, no es que vayamos a vivir en libertad, pero tenemos esperanza de que habrá mejor salud y educación, ya no tanta corrupción y pobreza», agrega.
En una de las dos cocinas habilitadas dentro de las carpas, Magda Escalante, de 53 años, corta la zanahoria y papa para los últimos almuerzos que se entregarían a los pueblos indígenas. Ella fue una de las voluntarias de la resistencia indígena y participó en la preparación de alimentos desde el 2 de octubre, cuando se instaló el plantón frente al MP.
«Yo he llorado por mi Guatemala y voy a extrañar venir aquí y encontrarme con mis compañeros, con mis nuevos amigos. La satisfacción que me queda es que le serví a mi gente con amor», dice Escalante. Entre alegría y lágrimas, ayudó a preparar el último almuerzo para la resistencia: un plato de pollo con verduras. En la resistencia indígena la comida nunca hizo falta.
Aunque las autoridades indígenas fueron señaladas, sin pruebas, de recibir apoyo internacional, la alimentación se mantuvo por donaciones y voluntarios.
«Esto no es tanto un sentimiento de nostalgia, de decir ya me acostumbré a estar aquí, más bien es un nudo en la garganta de por qué hasta ahora dimos la cara por el pueblo juntos, por qué hasta ahora, pero también hay una satisfacción de que fuimos nosotros lo que empezamos todo», dice Caniz.
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En medio de la solidaridad, defender la democracia también implicó momentos de tensión y miedo para los pueblos indígenas. Kelvin Jiménez, abogado de 36 años e integrante del Parlamento Xinka, tuvo un papel importante en la resistencia. Además de ser quien firmó alrededor de 30 peticiones legales de las autoridades indígenas, entre ellas amparos ante la Corte de Constitucionalidad y peticiones administrativas a la presidencia de Giammattei, al MP de Porras y al Ministerio de Gobernación, fue el enlace con los medios de comunicación, un papel que no esperaba.
Jiménez, quien siempre vestía de traje formal y corbata, corría de un lado para otro junto a las y los líderes indígenas, llamaba a la prensa a conferencias y se hacía a un lado cuando daban declaraciones. Al preguntarle qué recordará de los 106 días de resistencia, rememora uno de los momentos de más estrés.
«Un momento muy fuerte fue cuando vimos el comunicado de la Corte de Constitucionalidad, del 18 de octubre, cuando ordenaba el uso de la fuerza pública para desalojarnos. Esa fue una situación que nos marcó bastante porque ese día habían venido mil personas de Xalapán, y allí es común que todos usemos machete», cuenta Jiménez, quien habló con la Policía Nacional Civil (PNC) para calmar la situación ya que se pensaba que los machetes eran para intimidarlos.
Ese día las y los líderes indígenas se reunieron en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos, con las autoridades del Ministerio de Gobernación y la PNC, para llegar a un acuerdo. Lo que buscaba el MP y se leía entre líneas en la orden de la Corte, era que se liberara la entrada principal a la fiscalía. En una reunión de más de dos horas el diálogo evitó el desalojo. Los manifestantes retrocedieron dos metros y abrieron el paso para que el MP instalara vallas para proteger el ingreso al edificio.
«Todo por una banqueta», dijo una de las manifestantes que, junto a cientos de personas, se colocó detrás del metro de concreto que el MP pidió liberar. En ese momento todos coreaban «el pueblo unido jamás será vencido».
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Rosario Jolom, 52 años, autoridad indígena y defensora de derechos humanos kaqchikel, estuvo presente desde el día uno de la resistencia, el 2 de octubre de 2023. Estuvo casi todos los días en el lugar, menos las jornadas en las que regresó a su comunidad para atender otros asuntos. Durante ese tiempo fue voluntaria en la cocina y el día de esta entrevista estaba junto a un grupo de seis mujeres pelando mazorcas de maíz.
Para ella, la resistencia indígena no terminó el 14 de enero de 2024, sino que inició.
«Aquí lo que nos motiva es vivir esta experiencia, nos fortalece haber vivido esta experiencia como pueblos. Aquí no termina, aquí inicia, aquí nos fortalecimos porque cada representante de pueblos lleva mensajes y energías de cambio. Esto también fue una fiesta que fortaleció esta red de vida”, dice Jolom.
En el último día de la resistencia, la madrugada del 15 de enero, el recién juramentado Bernardo Arévalo, llegó a dar un discurso como primer acto como presidente electo. Fue recibido entre ovaciones y gritos de «¡sí se pudo!».
«106 días de dignidad, 106 días de gallardía, hoy están terminando con un gobierno democrático que ustedes los pueblos originarios que están reunidos acá han sabido rescatar (...) vamos a trabajar con las comunidades, a partir del respeto que hay que tenerle a la población indígena del país», prometió Arévalo.
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