125 kilómetros de resistencia indígena por la democracia

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El primer punto clave del Paro Nacional empezó en Chupol, ubicado en Chichicastenango, Quiché, a 110 kilómetros de distancia de la capital y de las grandes decisiones del gobierno. Quienes detuvieron el tránsito de vehículos en ese punto de la carretera Interamericana es población maya quiché.

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En este lugar hay varios kilómetros de vehículos y camiones varados desde el lunes 2 de octubre. El punto de concentración del bloqueo está bajo una pasarela. En una esquina hay una champa de nylon que cubre la bocina que sirve para amplificar los mensajes y la música. El micrófono está disponible para quien quiera expresar qué le motiva a estar a la intemperie, con frío, bajo la lluvia, en la incomodidad del suelo o de pie.

«Jamás nos vamos a rendir, porque sabemos el objetivo de nuestra lucha. Pedimos la renuncia de María Consuelo Porras y los otros fiscales. Gracias a Dios no solo es Chupol (el que manifesta), sino en toda la carretera Interamericana», expone Manuel Méndez Tian, a las 5:30 de la mañana del miércoles 4 de octubre.

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La historia necesita de buenos discursos y a esa hora del día, cuando reina la oscuridad y el cansancio por una noche nada cómoda, la gente requiere que una voz les levante el ánimo. La audiencia se compone de decenas de hombres que, voluntariamente, eligieron pasar la noche y madrugada en la concentración. Son los guardianes del bloqueo.

Se turnan para estar de vigías y evitar que alguien quiera burlar su cerco o advertir si la fuerza pública aparece. Una fogata, alimentada por una llanta y leña, les alivia con un poco de calor. Es la forma menos ecológica de hacerlo, pero es el recurso que tienen a la mano para paliar el frío que penetra los huesos.

El alba deja ver la dinámica de organización del paro. Del lado de los manifestantes hay consignas, música, fuerza social. «El pueblo unido, jamás será vencido», se repite una y otra vez, mientras suena el himno o una pieza de marimba.

El desayuno se compone de sopas chinas en vaso de duroport, que alguien repartió y solo necesitan de agua caliente para la preparación. Algunos pagan por atol o un café, un chuchito (tamal de masa envuelto en hoja de maíz) y pan dulce a un grupo de vendedoras que tienen autorización para surtir alimentos. Las tiendas y todos los comercios cerraron desde el lunes, pero el miércoles les informaron que podrían abrir por unas horas para que las familias adquieran provisiones.

El bloqueo implica el cierre de toda actividad comercial en las comunidades. También está prohibida la venta de alcohol, por lo que las cantinas están prohibidas.

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Historias de quienes no pudieron pasar

La organización de este Paro Nacional surgió el 18 de septiembre. Ese día, ocho comunidades le pidieron por escrito al MP, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso la renuncia de la fiscal General, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Orellana. A falta de respuesta se declararon en Paro Nacional. El anuncio se hizo en un boletín que circuló en chats y las redes sociales, informaba que la protesta iniciaba el lunes 2 de octubre en la capital y en toda la ruta Interamericana.

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Pocos creyeron que el paro tendría la magnitud que ha alcanzado y que fuera a durar más de un día.

Las organizaciones que comandan esta acción social son la Junta Directiva y el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinca, Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, el Movimiento Social Q’eqchi’ de Cobán, Alta Verapaz; la Asociación Indígena de San Francisco el Alto, la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán, el Consejo de Autoridades Ancestrales de los siete municipios de Totonicapán y la alcaldía indígena Ancestral Municipal Maya Ixil de Nebaj, Quiché.

El Parlamento Xinca, los 48 Cantones y la Alcaldía Indígena de Sololá intentaron parar las acciones del MP por la vía legal. Presentaron antejuicios, denuncias y nada prosperó. Esto significa que el recurso del bloque y la manifestación no fue el primer insumo que agotaron.

Del lado de los afectados por el cierre de carreteras hay camiones y carros que están estacionados. Algunos transportan insumos de ferretería, alimentos no perecederos o pasajeros. Los conductores tienen que invertir en rentar sanitarios, duchas y comprar alimentos y agua. El frío es fuerte, en especial por las noches y madrugadas. Eso es lo que más afecta a los que hacen la espera, que manifiestan asombro de que la liberación del paso dependa de la renuncia de una funcionaria que se niega a dar un paso a un costado.

La fila es nutrida en varios kilómetros, pero en algunos puntos hay espacios vacíos de vehículos que llevaban reses y pollos y que decidieron retornar a la capital antes de que los animales pudieran enfermar o morir.
Los que se quedaron no protestan, pero hay molestia. Algunos cuentan que en la noche una camioneta pasó contra la vía, porque los dos carriles que van a la ciudad están libres, pero que al intentar cruzar fue golpeado y el bus apedreado. Nadie confirma que algo así haya sucedido, ni se ven señales de algún bus dañado.

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Un taxista que intentó hacer lo mismo y ahora ocupa el primer puesto detrás de los buses que iban a Quiché y están cruzados en la carretera, a manera de barricadas, dice que lo trataron bien y que le explicaron los motivos por los que no podía pasar.

Entre los conductores hay todo tipo de comentarios. En general, hay un acuerdo en que los tres funcionarios deben apartarse de los cargos. Lo que genera disenso es que ni Porras, ni Curruchiche o el juez Orellana están padeciendo por el bloqueo como ellos.

Rony Álvarez, un taxista que llevaba a tres viajeros en un carro sedán, contó que no durmieron bien y que ni siquiera podían estirar las piernas. 

Teodoro Martín Carrillo, quien por su vestuario se identifica como originario de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, dijo que el enfoque de la protesta debería de ser la ciudad: «Para mí que hay que enfrentarse con los prejuiciosos que viven en Guatemala, porque aquí nos estamos castigando a nosotros mismos».

Acompañado de sus tres nietos menores de edad, el papá y la mamá de los tres, señaló que el punto de concentración de las manifestaciones debería ser en la casa o el centro de trabajo de los funcionarios. Pero esto ya está implementado.

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Desde el lunes los representantes de todas las organizadoras del Paro Nacional están apostados frente a la sede del MP, en la zona 1 de la capital. Un bus con hombres y mujeres líderes ixiles se dirigía a la capital desde Nebaj la mañana del 4 de octubre. Son los relevos para quienes llevaban tres días frente al MP porque el apoyo de personas en la ciudad se veía escaso.

Feliciana Herrera, una de las lideresas ixiles que iba a la capital y pasó por Chupol declaró a Plaza Pública lo que significa su presencia en el MP.

«Los pueblos indígenas hemos sido los más discriminados y muchas necesidades no se cubren por motivo de la corrupción. No es justo que las autoridades indígenas aportemos al acceso a la justicia mientras la delincuencia se fortalece desde el poder Ejecutivo», dijo.

En la gestión de Porras los casos emblemáticos de corrupción gubernamental y empresarial se han ido perdiendo y los señalados gozan de libertad. Porras lleva un segundo mandato porque la Corte de Constitucionalidad ordenó que incluyeran en la lista de elegibles para Fiscal General a los aspirantes con mejor calificación por méritos académicos y profesionales, en una resolución que iba dirigida para que ella fuera incorporada a la nómina que le entregaron al presidente Alejandro Giammattei a pesar de que varios postuladores insistentemente se negaban a hacerlo.

Bajo la administración de Porras la Feci dejó de perseguir la corrupción para acosar judicialmente a fiscales, abogados, jueces y periodistas que se han manifestado en contra de sus acciones o que persiguieron a señalados de apoderarse de recursos públicos.

En su legado queda que despidió a fiscales de carrera y pactó con el sindicato de la institución un bono económico a cambio de que le permitieran disponer de los cargos a través de una cláusula en el pacto colectivo. La gota que rebalsó el vaso fueron las acciones de la Feci de interferir en el proceso electoral.

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Porras representa en este momento lo opuesto a lo que el MP debe hacer: garantizar la persecución de quienes cometen delitos. Ahora son vistos como los autores de un golpe de Estado y eso es lo que alimenta la protesta. La situación del MP no es ajena para casi nadie a estas alturas de la historia reciente del país.

Rogelio García Muralles, un conductor que tenía el camión cargado de material PVC para entregarlos en una ferretería ubicada a 400 metros de su vehículo, trataba de concienciar a otros afectados por el paro.

Su mensaje era que la causa es legítima y beneficiosa para todos, por lo que la solución era una acción colectiva, masiva y general. Entre sus interlocutores había muchos reacios a verse en un plan de protesta, aunque estuvieran de acuerdo en que la Fiscal General debe dejar el puesto. El dueño de la empresa tampoco se sumó al paro, pero no es raro.

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El empresariado logra un amparo para liberar el bloqueo

El sector empresarial organizado en diferentes cámaras ha evadido el tema de la renuncia de la fiscal en sus comunicados. El discurso más contundente del empresariado se escuchó la noche del 5 de octubre, durante el Encuentro Nacional de Empresarios que organiza la Fundación para el Desarrollo, una entidad social del empresariado. Juan Carlos Paiz, su presidente, hizo un llamado a la Corte de Constitucionalidad (CC) «para que asuma el papel histórico que le corresponde para detener los abusos del MP», porque no pueden ser «cómplices de actores que están socavando la democracia».

Pero la CC no escucha este y otros reclamos. Evitó conocer los amparos en los que le pidieron frenar el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que abrieron las cajas electorales y secuestraron las actas con el conteo de los votos y fue ambigua y lenta en un momento clave y complejo para el país al dejar abierta la posibilidad para que un juez penal suspenda a un partido político bajo la Ley de la Delincuencia Organizada.

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La Feci acusa al Movimiento Semilla por el supuesto de haber presentado firmas falsas para la conformación del partido, pero también acusa de lavado de dinero porque las personas que recolectaban afiliados recibieron un pago de siete quetzales por cada registro. Este es un caso inédito porque el delito solo se ha usado para acusar a organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico o la corrupción gubernamental a través de sobornos.  Ni siquiera se usó para acusar el financiamiento ilícito millonario de partidos políticos en elecciones pasadas.

Bajo el argumento de la Feci, el juez Orellana ordenó suspender al partido y esto llevó a un enfrentamiento con las autoridades electorales que se negaron a obedecer su orden.

Del discurso a las acciones de la patronal hay mucha distancia.

El jueves 5 de octubre, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) logró que la CC le concediera un amparo en el que solicitaron que el Presidente de la República, el Ministro de Gobernación y el Director General de la Policía Nacional Civil garanticen «la libertad de las personas, la libertad de acción, libertad de industria, comercio y trabajo y mantenimiento del orden público». La intención es que se libere el paso vehicular.

En ocho incisos, la CC ordena procedimientos a seguir para este paro y futuras manifestaciones, bajo riesgo de que la desobediencia puede llevar a sanciones penales para los funcionarios. La Corte dice que el Presidente, el Ministro de Gobernación y el Director de la Policía deben tener en cuenta estos ocho puntos. El inciso «e» puede ser determinante para un desalojo violento.

• a)   Deben garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y manifestación, así como libertad de pensamiento.
• b)    También deben observar los derechos de todas las personas a la vida, la salud, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, industria, comercio, trabajo y propiedad. (El miércoles 4 de octubre, el presidente emitió un comunicado en el que señaló que el paro ponía en riesgo la salud de las personas y el abastecimiento de medicamentos).
• c)     Cuando se realicen manifestaciones, se debe garantizar que las personas que no participan resulten afectadas. Por lo tanto, no puede haber interrupción del paso de personas, vehículos, fuerzas de seguridad, cuerpos de socorro, ni bloqueos en aeropuertos, aduanas y terminales de mercancías.
• d)    La fuerza pública debe preservar el orden.
• e)    La fuerza pública podrá ser usada «cuando sea absolutamente necesario y en casos excepcionales», si  la manifestación deja de ser pacífica. También refiere que podrán dispersar a los protestantes cuando «cause gran perturbación, como el bloqueo prolongado del tráfico, y la perturbación sea grave y sostenida».
• f)    Deben usar armas menos letales y como último recurso tras advertencia verbal y dando oportunidad a que los manifestantes se dispersen.
• g)    La fuerza pública debe acudir en circunstancias excepcionales.
• h)    El procurador de los Derechos Humanos debe mediar entre las partes.

La organización indígena mantiene la postura de que no se moverán de la carretera hasta que renuncien Porras, Curruchiche y Orellana. Debido a que no han recibido respuesta positiva y no ven intención de que los funcionarios se aparten, en algunos puntos hablan de pedir también la renuncia de Giammattei.

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Movidos por la convicción a lo largo de la Interamericana

En el kilómetro 117, a los líderes de Chichicastenango, Sololá, se unieron los alcaldes comunitarios de caseríos, aldeas y líderes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) de Sololá, en el sector conocido como Las Trampas.

Los líderes de cada comunidad tienen la convicción de que la meta es la renuncia de los tres funcionarios y que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el cargo el 14 de enero. Tienen la esperanza de que él pueda facilitar una vía de diálogo que los incorpore a las grandes discusiones nacionales, y que les abra la puerta para participar de la recuperación de las instituciones y el desarrollo social que durante tantos años les han negado.

En todo momento repiten que esta movilización es por la democracia y que nada tiene qué ver con el partido Movimiento Semilla, aunque reconocen que la acción de suspender al partido es una medida espuria del MP.

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A media mañana del miércoles, miles de personas estaban a lo largo de la carretera. Varios llegaron en vehículos rentados o sus propios automóviles. Los habitantes de Concepción, Sololá, un municipio dedicado en gran parte a la agricultura, llevaron los camiones donde transportan verduras para colocarlos como parte de la protesta. La producción de hortalizas de este municipio es reconocida, y su forma de organización también, pues tienen grupos estructurados por áreas en donde funcionan los miniriegos.

En este tramo, los únicos vehículos apostados a las orillas de la carretera eran de los pobladores. Ningún otro carro logró pasar el retén en Chupol. Juan Par Juracán, uno de los líderes, fácil de identificar por la vara que representa el poder comunitario, se dirigía a la multitud para dar instrucciones. No se permiten riesgos innecesarios, por lo que a los jóvenes que estaban felices bromeando por la vista espectacular que tenían desde el techo de un bus les tocó bajar de inmediato.

En unas declaraciones a esta reportera, Par Juracán expuso con claridad el objetivo de toda aquella movilización:

«Si ellos no renuncian aquí vamos a luchar. Ya llevamos dos noches, tres días, pero eso no nos hace que dejemos el camino. Si es necesario tomar más días y semanas, estamos dispuestos. Si ellos son necios, somos más necios, porque luchamos por un país mejor. Nosotros luchamos por nuestros hijos, en cambio ellos por su beneficio. De favor pedimos, si tienen poquita dignidad, que renuncien».

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En la capital, ese tercer día del Paro Nacional, representantes de la Fiscal General asistieron a una reunión en las instalaciones de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, pero él no asistió y la cita terminó sin resultados positivos para los líderes del Paro Nacional.

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El MP de Consuelo Porras —causante de las protestas por sus acciones— se defiende al decir que cumple con investigar las más de cien denuncias que recibió contra el proceso electoral, aunque para ello hizo lo que nunca en 38 años de democracia había ocurrido: tocar los votos emitidos por la ciudadanía que participó y secuestrar las actas con los resultados de las votaciones por cada una de las mesas receptoras de votos y de las Juntas Electorales en todo el país en la primera vuelta del 25 de junio.

Fue una acción que local e internacionalmente generó comentarios negativos. A Porras y a Curruchiche, que ya suman sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos como actores antidemocráticos, los señalan ahora de atentar contra la democracia y la voluntad popular.

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El MP no ha dado más detalles de la investigación, porque el caso sigue en reserva por orden del juez Orellana. Adicional a esto, el MP a través de varias fiscalías intensificó el acoso a las autoridades electorales, al presentar varias peticiones para que se les retire la inmunidad e incluso con órdenes de captura que, por el momento no se le ha permitido ejecutar.

En la carretera Interamericana se vive un ambiente de fiesta familiar. Madres, abuelas, abuelos, hijos, padres, hermanos, adultos, juventudes, niños. Todos están de día en la zona de protesta. De noche se repite el sistema en cada punto y solo los líderes y hombres adultos se pueden quedar para hacer la guardia.

Para matar el tiempo libre, los hombres usan la carretera para jugar futbol, mientras quienes observan celebran un gol o ríen cuando alguien comete un error y envía la pelota lejos del espacio que sirve de portería.

La dinámica se repite no muy lejos, en el kilómetro 127 sobre la ruta Interamericana, en los Encuentros, Sololá, hay otro punto con varios cientos de personas. De nuevo, la pasarela es el lugar de concentración. Este sector lleva este nombre porque es un punto que une Quiché y Sololá.

Las personas estaban apostadas a lo largo de varios metros sobre la carretera, algunos acostados sobre sacos vacíos puestos en el asfalto, otros iban mejor preparados y llevaban sillas o bancos plásticos. El insumo elemental en este punto son las sombrillas y paraguas, porque la temporada lluviosa está en su apogeo.

El aguacero logra disolver por momentos la protesta de la carretera y la lleva bajo la sombra de algún local comercial. Toda esta zona está compuesta de varios kilómetros de comedores, ventas de celulares, materiales de construcción, tiendas, gasolineras, y todo está cerrado.

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Desde adultos hasta niños y niñas saben las razones del Paro Nacional. Dos hermanas, de 13 y 14 años, explicaron a la reportera que todo esto era para sacar a quienes le han hecho daño al pueblo.

El MP tenía una imagen en 2015, cuando junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó cargos contra varios funcionarios de gobierno por actos de corrupción.

En Sololá, el exdiputado Marcelino Chutá fue encausado penalmente porque contrató a sus familiares en el Congreso mientras fungió como legislador, pero ninguno de ellos llegaba a trabajar aunque cobraba salario. Al caso se le conoció como «Plazas Fantasma», pero no hubo justicia. La jueza Claudette Domínguez cerró el caso contra Chutá y otros diez exlegisladores por «inconsistencias» en la acusación que hizo el MP.

Allan Rodríguez, actual diputado del partido oficial, Vamos, en representación de Sololá, ha sido señalado de discriminar y tratar mal a sus representados, y en el Congreso fue pieza clave en la alianza de partidos que desde 2020 han formado aplanadora y se conoce como «Pacto de Corruptos». Los manifestantes de Sololá lo han mencionado en sus discursos, y no precisamente en buenos términos.

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En los kilómetros 130, en el cruce a Panajachel, Sololá, en el 137, conocido como Colonia María Tecún; en el 140, jurisdicción de San Juan Argueta y en el 149, en Santa Lucía Utatlán, Sololá, había otros puntos de bloqueo. En cada uno se replica el mismo esquema, una concentración masiva de personas sobre la carretera, una bocina y un micrófono abierto porque la gente necesita «que la animen, que el ánimo no decaiga» decían los participantes.

El cansancio es evidente para esta población, especialmente porque para el tercer y cuarto día no había señales de Porras, Curruchiche y el juez Orellana.

En un punto había marimba en vivo, en otro sumaban vuvuzelas, instrumentos de percusión, banderas, carteles y la propia voz para respaldar los discursos a lo largo de las 12 horas de protesta que inician cada día a las 6:00.

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Para entender por qué estas comunidades tienen este nivel de organización y participación hace falta repasar la historia. Diego Vásquez Monterroso, historiador que se ha especializado en la organización comunitaria indígena, comenta que desde tiempos prehispánicos existen estas estructuras comunitarias.

Funcionan como gobiernos autónomos o de autogobierno, con agencia, con capacidad de dialogar con la estructura estatal dominante. El problema, dice Vásquez Monterroso, es que el «estado guatemalteco no ha sabido integrar a estas formas de organización, sino que las ha combatido». 

Esta forma de gobierno comunitario es horizontal y democrático, añade Vásquez Monterroso y son electos o nombrados bajo una idea muy distinta a la que se maneja en la organización política tradicional del país.

«Los cargos se hacen como un servicio. Es un peso que la persona lleva para responderle a su comunidad. El lema de los 48 Cantones, por ejemplo, tiene ese mensaje explícito. “El poder del pueblo está en el servicio”».

El historiador dice que esa forma de elección asegura la legitimidad de la persona que ejerce un liderazgo. En el Paro Nacional el líder habla con la gente, delega, atiende sugerencias y no actúa sin el aval de la mayoría de la gente a la que representa.  

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Paro en Las Pistolas y el miedo al desalojo violento

El 4 de octubre, un incidente armado obligó a que la concentración en el kilómetro 169 en el área conocida como Cumbre de Alaska se moviera hasta el kilómetro 177, en el área llamada Las Pistolas.

El enfrentamiento territorial que tienen los habitantes de Nahualá con los de Santa Catarina Ixtahuacán provocó un ataque armado que dejó un muerto y por lo menos cinco heridos. Esta ubicación pertenece a Totonicapán y en este punto se observa la fuerza de la organización de los 48 Cantones.

El presidente de la organización, Luis Pacheco, está en la capital, encabezando el plantón frente a la sede central del MP. En el chat de líderes todos saben qué sucede en cada punto e informan de cualquier acontecimiento. Es por ello que Mynor Say, alcalde comunitario de la aldea Vásquez, sabía de la fallida reunión con el MP en la capital.

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«Hasta que renuncien, si no renuncian no nos vamos aquí. Yo sé que aquí la gente de Totonicapán somos gente aguerrida. Cuando ella (Consuelo Porras) diga que ya no (sigue en el puesto), entonces nos vamos a ir a casita, de lo contrario seguimos aquí» dijo Say, en entrevista para Plaza Pública, la cual se tuvo que realizar desde la tarima que armaron sobre un camión, para que todos los miles que estaban en la concentración pudieran escuchar lo que se preguntaba y lo que el líder respondía.

La información debe ser para todas las personas. Los canales de Facebook de las comunidades mantienen activas las transmisiones en vivo, porque hay gente que se queda en casa o ha emigrado a Estados Unidos y  apoya de otras maneras. Además, a falta de la cobertura de los medios tradicionales, quieren dejar constancia de sus actos.

Al final de la tarde, y un día antes de que se conociera del amparo que la CC le otorgó al Cacif, ya había preocupación de que el gobierno quisiera reprimir la protesta con fuerza. El miedo no es infundado. El 4 de octubre de 2012, once años atrás, el gobierno de Otto Pérez Molina envió al Ejército para reprimir una masiva movilización en contra del alto costo de la energía eléctrica y la eliminación de la carrera de magisterio. Murieron seis personas por disparos de los soldados, en un acto que solo compara con la irrupción del Ejército en las comunidades durante el Conflicto Armado Interno.

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«Cualquier cosa que nos pase a nosotros, en otros puntos o a la Junta Directiva de los 48 Cantones, la responsable es Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y de cola se va este (presidente) Alejandro Giammattei», dijo el alcalde Say a la masa que lo escuchaba.

La noche del 4 de octubre terminó con las alarmas activadas en Totonicapán, porque surgió el rumor de que los antimotines se dirigían al punto conocido como Cuatro Caminos para acabar con el paro. Las campanas de la iglesia sonaron, la gente se armó con palos y piedras y toda la población quedó alarmada. Fue una falsa alarma, pero nadie durmió en paz esa noche.

Los últimos dos puntos del paro están en Xecanchabox, en el kilómetro 187 y Cuatro Caminos, en el kilómetro 188, en los alrededores y sobre el puente que conecta la ruta Interamericana y divide Totonicapán de las rutas hacia Huehuetenango y Quetzaltenango. Estos dos últimos llevan hacia la frontera con México.

En esta ubicación hay filas de camiones, furgones con alimentos, pipas con combustible y vehículos varados desde el lunes. Esta es la esquina opuesta a Chupol, en donde inicia el bloqueo.

El grupo de conductores convive a lo largo del día y se benefician de las donaciones de café y pan que llegan desde Quetzaltenango. Están resignados a que tienen que esperar. No se atreven a poner en duda la firmeza con la que los manifestantes presentan sus consignas. Saben que la clave para que se libere el camino es que «ella (Consuelo Porras) se aparte». Lo que algunos no entienden es por qué es tan difícil que lo haga o qué poder la protege para que un paro de esta magnitud no la mueva a separarse del puesto.

Al cierre de este texto el movimiento creció en la ciudad de Guatemala y otros puntos del país. Los estudiantes universitarios de psicología de la Universidad de San Carlos acudieron en caravana para apoyar el bloqueo frente a la sede del MP la noche del miércoles 4 de octubre. Esa misma noche la Universidad Rafael Landívar anunció que suspendía clases para que sus estudiantes y docentes pudieran asistir a las manifestaciones. A esto se sumaron médicos, pequeños y medianos empresarios y estudiantes y egresados de otros establecimientos educativos.

La esperanza de quienes iniciaron el paro es que se logre por la vía de la organización y manifestación social lo que por la vía legal no ha sido posible.reproductor imgreproductor img