Edie Cux: «La ciudadanía es otro órgano de control para la fiscalización y auditoría social»

Edie Cux fue nombrado para ocupar la dirección de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE). Esta entidad estatal fue creada en 2012 y funciona desde 2013. Originalmente, se le denominó Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, pero ha tenido varias modificaciones hasta llegar a su nombre actual. Es una comisión temporal, con vigencia hasta el 30 de enero de 2028. Su única sede está en la capital y tiene medio centenar de empleados. 

La entidad tiene como misión  impulsar la transparencia e innovación en el Organismo Ejecutivo, pero a Cux le parece que tiene potencial para hacer mucho más. 

Cux es maya k’iche’, de 37 años, originario de Totonicapán. Inició su carrera como promotor de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, en 2008. Fue pasante del Ministerio Público en Quetzaltenango y luego asesor legal de la organización Wajxaqib´ No´j en Quiché.  Su carrera ha estado marcada por eventos clave. Fue asesor legal del caso conocido como la masacre de Alaska, iniciado por el asesinato seis comunitarios de los 48 Cantones durante una manifestación contra el gobierno de Otto Pérez Molina en 2012. El juicio todavía  continúa su trámite. . 

En el 2013, Cux dejó el área penal para unirse a la organización Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional. Ingresó como asistente de un proyecto para promover la transparencia y eficiencia del gasto y la inversión en las instituciones del sector justicia.  Logró escalar hasta convertirse en director ejecutivo. Renunció para integrarse al actual gobierno, por invitación del presidente Bernardo Arévalo. 

Es abogado y notario y tiene estudios en criminología. En su hoja de vida tiene como referencias a Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, al exprocurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas y al actual ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Los tres han sido figuras de oposición a la alianza de partidos que gobernó en los últimos ocho años. 

Cux se especializó en la fiscalización del gobierno local y central.  Dio seguimiento a casos emblemáticos de corrupción como las plazas fantasma en el Congreso, el denominado «agua mágica» relacionado con la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien gestionó una fórmula para supuestamente limpiar el lago de Amatitlán y que terminó siendo una estafa y el conocido como IGSS-Pisa, por la compra de insumos médicos inadecuados para pacientes renales. 

Esta es su primera experiencia en gestión pública. Desde su puesto, quiere abrir el espacio de diálogo e incidencia para poblaciones vulnerables, en especial los pueblos indígenas. «Hay una deuda pendiente con ellos», dijo en esta entrevista. Su visión de gobierno abierto va más allá de transparentar la información estatal a la ciudadanía. Para él, significa permitir que la voz de las poblaciones sea escuchada y tenga incidencia en las políticas públicas. Significa también democratizar la lucha contra la corrupción. 

1212201_copia.webp

Cuando estaba trabajando para la sociedad civil, ¿cuáles fueron las principales fallas que identificó sobre apertura del gobierno a la auditoría y fiscalización ciudadana?

Recuerdo algo muy trascendental del 2020 (en esa ocasión el Congreso aprobó un polémico presupuesto y luego de manifestaciones ciudadanas dio marcha atrás), cuando estaba la mesa de presupuesto abierto en el Palacio Nacional con todas las entidades del Ejecutivo discutiendo e, irónicamente, afuera estaban las autoridades indígenas de 48 Cantones exigiendo un presupuesto que los incluyera, pero no les permitieron la participación y no tomaron en cuenta las sugerencias. Ese momento es histórico.  Eso es lo que hay que redefinir en el Estado si, verdaderamente, se quiere tener un presupuesto inclusivo. Es algo que nos gustaría impulsar desde acá y creo que hay apertura del ministro de Finanzas para que se pueda concretar la posibilidad de darle participación a la gente.

Hay otros espacios en donde la población también debería poder exponer sus necesidades. El Congreso, por ejemplo, porque aprueba el presupuesto.

La comisión de Finanzas del Congreso abre espacios, pero son muy limitados. Si bien existe el sistema de Consejos de Desarrollo, que en esencia ha sido diseñado para la participación de la población (en la gestión pública), ha sido viciado en su esencia. Muchas veces, los representantes en los consejos comunitarios no son verdaderamente representativos de sus comunidades  y, los alcaldes y gobernadores definen (las propuestas de proyectos). Con este gobierno, se quiere plantear una alternativa a eso. Ya estamos viendo ahora la elección de gobernadores (el gobierno ha dicho que el proceso de elección será transparente, por méritos y no por vinculación política). Ahorita, se puede hacer un plan piloto con el tema de gobierno abierto para tener otra alternativa de participación ciudadana.

Esta Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico fue creada en 2012 y me atrevo a decir que la mayoría de la población no la conoce. ¿Cómo puede explicar la utilidad de esta institución?

La Comisión tiene como misión acercar el gobierno a la ciudadanía. La teoría de gobierno abierto establece que existe para mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, la idea no se limita a temas de transparencia o rendición de cuentas, sino también a que se prioricen compromisos o se prioricen políticas que mejoren las condiciones de vida de la gente. Es una puerta entre la ciudadanía y el gobierno.

[frasepzp1]

¿Qué ha hecho de positivo esta comisión en todos los años que lleva de existencia? ¿Qué referencias tiene de ella?

Pues ha coadyuvado en el tema de transparencia, por ejemplo, con compromisos para mejorar los portales web (de las instituciones) y que se cumpla con la ley de acceso a información pública. En algún momento, incluso participó la Contraloría General de Cuentas para dar seguimiento a entidades descentralizadas. Sin embargo, el potencial va mucho más allá. Dada la condición histórica en la que nos encontramos, la gente está buscando espacios para poder incidir[d]. Y, con una metodología adecuada, que nosotros estamos trabajando, podríamos generar algunas condiciones para que la gente se involucre aún más. Cuando el presidente me entrevistó, hablamos de democratizar la lucha contra la corrupción y creo que esa democratización puede ser a través del gobierno abierto porque incentiva la participación ciudadana y el seguimiento de las políticas públicas.

¿Abrir espacios para la participación ciudadana será su prioridad?

La Comisión tiene tres ejes importantes. El gobierno abierto, que involucra mucho la participación ciudadana, sería uno de nuestros ejes principales de trabajo.  También están el gobierno electrónico y la gestión pública para que, a través de la innovación y la aplicación de tecnologías de información y de comunicación, el  Estado se vaya innovando, haciendo eficiente, tanto internamente como hacia  los usuarios. La Comisión ha trabajado en la simplificación de trámites y nosotros le vamos a dar seguimiento. Hay un plazo legal para el 29 de agosto, en el que todas las entidades del Estado cumplan con la simplificación de varios trámites. Más allá del mínimo legal, nosotros quisiéramos generar una cultura de simplificación, incluso llegar a la digitalización de los trámites, innovar y hacer la vida más fácil a las personas.

¿Significa reducir la burocracia?

Claro, reducir la burocracia. Simplificar trámites y digitalizar los servicios. Generar, incluso, ventanillas únicas, para que la gente pueda encontrar todo centralizado en lugar de ir de un ministerio a otro.

¿Se podría aplicar esa simplificación de trámites a la emisión de pasaportes, o es demasiado pedir?

 Estamos explorando la posibilidad. Hay un universo de trámites, de interconectividad, de lenguajes distintos entre cada una de las dependencias del Estado. Ni siquiera está estandarizado el uso de equipos, ni lenguajes de programación, etcétera. Es un reto muy grande, pero a eso aspiramos. Es decir, generar por lo menos algunos pilotos de interconectividad,  interoperacionalidad (sic) de intercambio de información, para poder facilitar los trámites de la ciudadanía. No solo en pasaportes, sino también en trámites tan sencillos como las tarjetas de salud. Eso ayudaría a reducir los riesgos de corrupción en ventanilla.

[relacionadapzp1]

Hablemos un poco más sobre el papel de la Comisión en la lucha sistemática contra la corrupción. Me habla de la corrupción de los servidores que atienden al público, pero ¿se puede llegar más profundo?

Sí. El objeto de la Comisión, tal como está en el acuerdo de creación, es que apoyemos a todas las dependencias del Ejecutivo. Un dato importante es que hay países que han tenido experiencia con innovar en el tema de adquisiciones públicas. República Dominicana, por ejemplo, mejoró su ubicación en el índice percepción de corrupción porque hicieron dos reformas muy importantes. Una en el sistema de justicia y otra al mejorar y tecnificar el sistema de adquisiciones públicas. En nuestro caso, Guatecompras y todo el sistema de adquisiciones es un sistema que no ha resultado en lo que se esperaba. No quiero lucir tan técnico, pero para explicarlo de una forma sencilla, necesitamos algo como un Amazon, un e-commerce, en donde todo se pueda llevar de forma electrónica. Y la inteligencia artificial puede jugar un rol muy importante para, por ejemplo, identificar riesgos de corrupción. Así funciona en Chile el sistema llamado Chile compras que conecta con la contraloría y lanza alertas sobre proveedores.

¿Proveedores sin experiencia o fraccionamientos en compras?

Eso es muy sencillo de identificar. No hay necesidad de inteligencia artificial, pero obviamente la inteligencia artificial lo haría en un segundo. Es un poco ambicioso y estamos en conversaciones con el Ministerio de Finanzas. Obviamente hay retos, incluso con los ataques que hubo a los sistemas de contabilidad y de adquisiciones públicas (por varias semanas dejaron de funcionar el sistema Guatecompras y Sicoin, que presentan los detalles de compras y erogación de presupuesto por institución). Sin embargo, creo que es una oportunidad y podría ser algo interesante. Nosotros, como comisión, no implementamos estos mecanismos, pero podemos contribuir a acercar (a los funcionarios) con expertos, o generar guías. También,  desde el punto de vista político, hacer el llamado para que las instituciones del Ejecutivo apliquen este tipo de mecanismos.

¿Cuál es su nivel de participación o incidencia en el gabinete de gobierno? ¿Cómo es esa comunicación del comisionado hacia las instituciones?

La Comisión de Gobierno Abierto y Gobierno electrónico está formada por los ministerios de Finanzas, Gobernación, Relaciones Exteriores y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (el presidente Bernardo Arévalo la preside).  Tenemos que reunirnos regularmente para definir cuestiones de innovación tecnológica, de gobierno abierto y transparencia. Con el tema de la simplificación de trámites, es necesario llamar a la conciencia de las demás dependencias del Estado, para que avancen. Somos un órgano asesor y podemos participar en el gabinete de gobierno directamente para hacer el llamado a los ministros y también al mismo presidente Arévalo.

1212203_copia.webp

[frasepzp2]

¿Existe algún mapa o listado de los procesos más burocráticos que tiene el Estado?

Hay un trabajo avanzado en esta comisión. Existe el mapa de todos los trámites a nivel de dependencias del Ejecutivo y son, más o menos, 1,400 los que se tienen que simplificar [e]sí o sí, porque es una obligación establecida en la Ley de simplificación de trámites. Sin embargo, nosotros queremos identificar algunos que son prioritarios y que impacten en la ciudadanía para que, aún cuando no  se digitalicen, por lo menos se tecnifiquen.

¿Por ejemplo?

Estamos evaluando, pero creo que el tema de la emisión de licencias sanitarias y la gestión de pacientes en los hospitales debería ser prioritario.

¿Cómo podría funcionar esto en los hospitales?

A veces los familiares se quedan afuera (porque no les permiten acompañar a las personas que ingresan) y no pueden darle seguimiento a sus a sus familiares, entonces habría que pensar en un sistema que facilite esa información, quizá por teléfono.

Encontré en el portal de la comisión que tienen indicadores de quejas y denuncias de la ciudadanía sobre trámites administrativos, en especial del Ministerio de Trabajo. ¿Se ha podido informar sobre estas quejas?

No es un número representativo, porque las personas no están acostumbradas a quejarse o denunciar en las entidades públicas, pero es una obligación legal que existan mecanismos para registrar estas quejas y denuncias. (Actualmente estas quejas sólo se pueden colocar a través de la página de internet de la comisión, luego de llenar un formulario). Nosotros queremos realizar una encuesta sobre la atención a la población y los trámites (en instituciones públicas).

¿Qué datos quiere recopilar con la encuesta?

Datos de cuáles son los trámites más engorrosos, cuales son más pesados, cuales deben mejorar, etcétera, para priorizarlos y ser eficientes. Se está definiendo una metodología para esta encuesta, pero necesitamos apoyo para realizarla. Es lo que estamos gestionando. Nos podemos imaginar los resultados solo especulando, pero es un punto de partida real para que, después de todo lo que ha pasado, el Estado pueda ir hacia adelante y dar una percepción de que quiere escuchar a los usuarios y de que queremos mejorar desde el gobierno.

¿Cuáles son los estándares internacionales qué tiene que cumplir Guatemala en cuanto a gobierno abierto y electrónico?

Guatemala forma parte de la Alianza Global de Gobierno Abierto y hay algunos estándares sobre participación, transparencia, innovación tecnológica, etcétera, que Guatemala debe cumplir. También hay índices globales sobre temas de gobierno electrónico y apertura de datos, estándares en ciberseguridad y protección de datos.  Hay algunas iniciativas que se deben impulsar para que estemos al nivel de otros países que han logrado cumplir estos estándares internacionales. Hay algunos estudios sobre el nivel de digitalización que tiene el país, pero todavía no son públicos.

Usted mencionó que quiere acercarse a los pueblos indígenas y aprovechar esta ola de participación. ¿Cómo funcionará y qué se esperaría de la ciudadanía?

 Es prioritario para nosotros trabajar con pueblos originarios, con población vulnerable, mujeres, niños, jóvenes, etcétera. Hay una deuda pendiente con los pueblos indígenas por todo lo que ocurrió el año pasado (se organizaron para exigir la renuncia de Consuelo Porras, la fiscal general, debido a sus acciones contra los resultados electorales y la investigación que buscaba evitar que el presidente Arévalo tomara posesión del cargo). Creo que tienen una voz muy fuerte y potente en este momento. Eso puede permitir que incidan en las políticas públicas. Por eso, queremos generar espacios de diálogo y articulación. Eso incluye trabajar con sociedad civil y con pueblos originarios, junto con las autoridades, tanto a nivel local como a nivel nacional, para que definan algunas prioridades y luego establecer  compromisos. Obviamente, los pueblos originarios tienen ciertas prioridades. Por ejemplo, la educación, la salud, el hambre. Como comisión somos muy pequeños a nivel presupuestario (la institución tiene asignados 12 millones de quetzales). Pero, tal vez, con apoyo de la cooperación, incluso del sector privado, se puedan generar esas condiciones para articular esos espacios de diálogo y se generen estas prioridades y compromisos.

[relacionadapzp2]

¿Significa que quieren acercarse a ellos para escuchar sus necesidades?

Sí, pero (también) podemos convocar a un ministro o a un gobernador, por ejemplo, o a otros representantes de las entidades públicas para que se sienten a dialogar, junto con la sociedad civil y los pueblos originarios. Somos algó así como los intermediarios que generan ese diálogo para que haya resultados y para que, cuando se terminen esas mesas de diálogo, se tenga un plan de acción en donde haya compromisos, metas y un seguimiento. Gobierno abierto no solo involucra el tema de transparencia o de difusión de información. Sí se necesita de la información para que la gente conozca qué políticas públicas está priorizando el Estado, pero el nacimiento del concepto de gobierno abierto va en el sentido de que la gente pueda involucrarse en las políticas públicas. Por eso les digo que podría resultar incluso en una alternativa al sistema de participación ciudadana.

Y en cuanto a los mecanismos para la auditoría social, ¿de qué manera se puede promover y democratizar, como usted lo señala?

Si bien la comisión tiene como enfoque el tema de transparencia y la rendición de cuentas, la gente tiene que involucrarse para entender el ciclo presupuestario. Creo que en esas mesas de diálogo que se proponen, hay que mediar pedagógicamente para que la gente comprenda cuáles son las fechas críticas del presupuesto, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana dentro del presupuesto y cómo se definen esos planes. Yo creo que la ciudadanía es otro órgano de control en el tema de fiscalización y de auditoría social.

¿La comisión podría ayudar a que la ciudadanía se forme en esos conocimientos técnicos sobre presupuesto, por ejemplo?

Podemos mediar para que se generen esas capacidades. No es nuestra competencia el incentivar el tema de auditoría social, creo que es más de la Contraloría o, posiblemente, la Comisión Anticorrupción, pero también tenemos que promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Usted mencionaba que tienen pocos recursos financieros. ¿Necesita más fondos para lograr sus objetivos?

Sí, somos una institución pequeña. Tenemos 12 millones y casi todo se dirige a pagar salarios, arrendamientos y gastos administrativos. (La institución ha erogado poco más de 200,000 quetzales mensuales desde mayo de 2023 por sentencias de denuncias laborales. Estamos tratando de acercarnos a la cooperación internacional para que nos apoyen con estas ideas de participación ciudadana, de innovación tecnológica, y hay mucho interés sobre estos temas. Creo que hay oportunidad para poder lograr esos apoyos. Incluso la sociedad civil se está vinculando a estos espacios de articulación y también podrían tener algunos recursos para poder generar las reuniones y que nosotros podamos apoyarles técnicamente. (El acuerdo de creación de la comisión indica que pueden recibir donaciones externas).