Oswaldo Samayoa: «No estamos para negar las violaciones a los derechos humanos»

La tarde del 24 de enero, el presidente Bernardo Arévalo juramentó a Oswaldo Samayoa como titular de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh). La institución fue creada en julio de 2020 por el expresidente Alejandro Giammattei y absorbió las secretarías de la Paz y de Asuntos Agrarios, así como la Comisión presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), tres instituciones que surgieron producto de los Acuerdos de Paz. A finales de 2022 también le asignaron las funciones de la Comisión Nacional de Diálogo y ampliaron su existencia a 10 años, hasta 2032, con opción de prórroga. 

La Copadeh que creó Alejandro Giammattei tuvo un papel poco relevante para la sociedad, pero fue un instrumento utilizado para la  defensa del gobierno ante las demandas que operadores de justicia y defensores de derechos humanos presentaron en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se le pregunta a Samayoa qué directrices le dio el presidente para desempeñar el cargo, responde que le pidió hacer que todas las instituciones del Ejecutivo basen sus acciones en el respeto de los derechos humanos. «No se trata de defender al gobierno, sino identificar posibles malas prácticas» para corregirlas, explica el funcionario.

La Copadeh fue creada originalmente con el objetivo de asesorar y coordinar con los ministerios y secretarías, promover los derechos humanos, atender los compromisos de gobierno para una cultura de paz y no violencia y atender la conflictividad del país. 

Samayoa tiene, además, otro proyecto. Cambiar la narrativa que concibe los derechos humanos como un cepo para ejercer justicia contra quienes cometen actos criminales o son un obstáculo para el desarrollo del país. Quiere que las personas conozcan sus derechos, los exijan y comprendan que, cuando ceden un centímetro de sus libertades, se abre la puerta a las arbitrariedades. ¿Qué tan complicado puede ser esto en un país polarizado, en donde muchos claman por estrategias de mano dura? 

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Samayoa recibe al equipo de Plaza Pública a pocas horas de haber sido juramentado. Su despacho está en un edificio de la zona 14, en la capital. A la llegada de los reporteros se percibe una sensación de nerviosismo entre los trabajadores. Con el cambio de gobierno, lo común entre los empleados con plazas temporales es el temor a perder su trabajo. 

La Copadeh tiene 160 trabajadores y, según los reportes de remuneraciones que publica la institución en su página de internet, desde septiembre todos están en un renglón conocido como 021, de contratación anual y con prestaciones. La institución ha tenido un presupuesto de 35 millones de quetzales por año que, en 2023, aumentó a 40. La mayor parte de estos fondos se utilizan para pagar salarios del personal en la capital y las 17 sedes departamentales. 

Samayoa, un abogado especializado en derechos humanos, profesor universitario y afiliado al partido Semilla, dice que no hará despidos masivos porque cree que el personal puede adaptarse a los cambios que quiere implementar. Aunque sí colocará a personas de su confianza en los puestos de dirección.

¿Cambiará la visión de la Copadeh respecto a cómo la definió y manejó el gobierno anterior? 

La institución ha tenido una defensa del gobierno. Ha negado, incluso, la existencia de detenciones arbitrarias o persecuciones políticas que los organismos internacionales han señalado. Entonces, queremos redefinir estas posturas. No estamos para negar las violaciones a los derechos humanos.

Detalle un poco más esto último, sobre “no negar” que se han cometido violaciones a los derechos

Por ejemplo, sabemos que en Guatemala tuvimos un conflicto armado, que en ese conflicto existieron personas que desaparecieron. También hubo masacres y está reconocido y sentenciado así por las diferentes cortes, tanto internas como internacionales. Entonces, no podemos negar que existe un clamor de muchas personas para que se reparen este tipo de situaciones, además de que el Estado asumió un compromiso ético de buscar la reparación y la reconciliación. Para lograrlo, no podemos negar que han sucedido hechos cruentos o, por ejemplo, hoy en día hay casos de violencia contra la mujer que, cuando se plantean en términos de investigación criminal, se presentan como crímenes pasionales, lo cual genera un sesgo y eso nos ha llevado a la Corte Interamericana en tres o cuatro ocasiones, porque se ha evitado profundizar en las investigaciones. Esto es una mala práctica, una mala narrativa que tenemos que desmontar del ámbito cultural.

En una sociedad tan polarizada, que ve los derechos humanos como un obstáculo para, por ejemplo, frenar la inseguridad o que haya justicia ante graves violaciones a los derechos humanos. ¿Se pueden cambiar las narrativas?

Lo primero es que los derechos humanos no responden a una ideología política. Cuando los tratan de utilizar para etiquetarnos políticamente están haciendo un ejercicio de desvalorización de esos derechos. Eso sólo ocurre cuando, las personas, en general, no hemos entendido que los derechos son clave para nuestro diario vivir. Entonces, el cambio de narrativas conlleva instalarlos como algo cotidiano que tengo que defender. Segundo, darme cuenta que, sin esos derechos, no podría desarrollarme. Y tercero, que los derechos humanos constituyen argumentos reales para poner límite a los abusos de poder.

¿Está tomando ejemplo de algo que haya funcionado en otros países o está innovando con el planteamiento del cambio de narrativas? 

Todos los países lo hemos intentado, incluso creo que Guatemala ha tenido sus intentos con la agenda de la paz, con el proceso de democratización anterior a la paz y han sido exitosos, en su medida, pero no los podemos descuidar. Porque trabajar la paz, la democracia y los derechos humanos es un trabajo de  toda la vida. Si nos descuidamos un poco se manipula, se polariza, se etiqueta.

 

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¿De qué manera se puede promover la defensa de derechos desde el Ejecutivo? 

Hay una agenda de paz, pero no es la misma de hace 27 años (cuando se firmó el Acuerdo entre la guerrilla y el gobierno). Hay un proceso democrático que avanza y tenemos que ajustarnos a esas circunstancias. Hemos reducido todo lo que es paz al tema de reparaciones (económicas) y también estamos buscando dignificar.  Este es un concepto más amplio que conlleva la memoria y el reconocimiento de nuestro pasado para poder seguir enfrentando el futuro. Esto significa crear un Estado fortalecido para no repetir situaciones que nos han llevado a graves violaciones de derechos humanos. Como dijo el presidente en su discurso de toma de posesión, «Nunca más» a graves violaciones a derechos humanos. 

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Tuvimos un hospital nacional sin energía eléctrica por días, también hay quejas constantes de personas con cáncer que no pueden tomar sus tratamientos a tiempo, solo por mencionar algunos ejemplos. ¿Cómo podría usted influir para que los ministerios cumplan con su deber? 
 

Los presidentes anteriores no invitaban a sus encargados de derechos humanos a las reuniones de gabinete. El presidente Arévalo me ha dicho que soy parte del gabinete y que necesita que, en cada decisión que se tome, pueda hacer observaciones. Me está dando voz para hacer propuestas y eso ya empieza a generar un grado de incidencia, porque me está permitiendo tener un diálogo con los ministros para darle seguimiento a los temas. Normalmente, los derechos humanos son una parte moral y esa la maneja el Procurador de los Derechos Humanos, por eso le decimos magistrado conciencia. A nosotros nos toca hacer la parte moral y ética de ese gabinete. Es decir, señalar al gabinete ciertos compromisos en derechos humanos para que busque gestionarlos. 

En un país en donde hay pobreza, pobreza extrema, y constantes violaciones a los derechos de las personas, ¿por dónde empezar? 

El presidente Arévalo tiene un compromiso con la justicia social. La quiere desarrollar, pero no puede haber democracia de justicia social, ni desarrollo, si los derechos humanos no son una línea base. Queremos resignificar los derechos humanos en la sociedad para que cada una de las personas que habitamos este país los exijamos. No solo a este gobierno, sino a futuros gobiernos o futuras propuestas políticas. Los políticos tienen que observar los derechos humanos como una limitante a su acción y, a partir de eso, construir democracia y justicia social. 

Además de defender al gobierno, ¿qué más sabemos que hizo a Copadeh? ¿Qué encontró en su investigación previo a tomar posesión del cargo?

La Copadeh salió a defenderse ante el sistema interamericano (El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos)  y luego se enfocó en realizar eventos de formación y capacitación a lo interno al Ejecutivo. Nosotros queremos reformular ese enfoque, porque no es gracioso que el Estado esté enfrentando procesos en la Corte Interamericana cada cierto tiempo, porque eso significa que el Estado es un violador de derechos y que (hay que recurrir a esas instancias porque) el sistema de justicia (local) no puede resolver los problemas. Además, queremos entrar al ámbito del cambio de las narrativas, porque cuando uno dice institución de derechos humanos, y a mí ya me empezó a pasar en redes sociales, los primeros comentarios se refieren a que se trata de “los defensores de los delincuentes”. Esa es una narrativa que hay que cambiar.

 ¿Cómo se puede cambiar esa forma de pensar?

Las personas deberían ver a quiénes defendemos los derechos humanos como las personas que estamos buscando ponerle límites efectivos al ejercicio del poder, para que todos podamos ejercer nuestras libertades.

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¿Cómo nos afectan las narrativas antiderechos?

Las narrativas tienen un componente psicosocial. La realidad que estamos viviendo hoy la hemos construido colectivamente. Si la narrativa que construimos es que los derechos humanos tienen la culpa de que no haya seguridad, siempre que pase algún hecho de violencia o algún delito, vamos a echar la culpa a los derechos humanos. Los netcenters, por ejemplo, son creadores de narrativas sociales. Nosotros queremos crear la marca de derechos humanos dentro del gobierno y que se vuelva un producto. Que sea consumible por cualquier persona, para que, cuando se hable de derechos humanos, se les considere importantes. La Constitución dice claramente que los derechos, aunque no estén escritos, son inherentes a las personas y están reconocidos por el Estado. No podemos construir derechos si no es a partir de esa realidad. La sociedad guatemalteca sabe que la corrupción es mala, pero nunca había construido su derecho a vivir libre de corrupción sino hasta el 2015 (el año de las grandes revelaciones y procesos judiciales contra la corrupción del gobierno del Partido Patriota).

Hemos tenido candidatos que se han apropiado del eslogan anticorrupción y la elección del presidente Arévalo refleja esa necesidad de sacar a los corruptos del Estado. ¿Cómo lograr que las personas piensen diferente sobre derechos humanos, si el Estado constantemente viola sus derechos?  

Hay tres cosas importantes. Lo primero es una explicación histórica que tiene que ver con identificar cómo el Estado, en lugar de enfocarse en desarrollar la institucionalidad, la ha traído a menos. Lo segundo es que hay una destrucción del quehacer político, que se ha dedicado únicamente a la corrupción y el enriquecimiento individual. La gente no tiene culpa de no entender qué son los derechos humanos, porque se los han vendido, pero nunca los ha podido vivir. Se ha entendido que hacer gobierno es la simple administración de una serie de instituciones que facilitan el acceso a ciertos servicios y no  una institucionalidad que garantiza derechos y permite vivir libremente a las personas. Entonces, tal vez la explicación no viene con palabras, sino con pequeñas acciones. Pongo un ejemplo. El presidente mandó a quitar las vallas y rejas que estaban frente a la Casa Presidencial y la gente empezó a sentir la libertad de circulación en una pequeña cuadra. Ese tipo de cosas son las que van a ir comunicando cuáles son los derechos que todos tenemos.Hablando de la narrativa,

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¿Cuáles son los medios con los que cuenta para construirla y lograr que la población le ponga atención o se deje guiar por lo que dice un nuevo gobierno? 

Tenemos las redes sociales. Hay que redefinir las redes sociales institucionales. No se trata de, únicamente, reportar. Ahora vamos a tratar de lanzar mensajes que busquen instalar ideas. Sin duda vamos a tener que pautar en algún momento. Una de nuestras estrategias es tener reuniones con periodistas, con editores, para sensibilizar y comunicar las grandes decisiones estratégicas que se tomen y de esa manera instalar nuestras narrativas. Vamos a buscar cooperación para vallas y anuncios.
  

¿Cuán fácil o difícil puede ser cambiar las narrativas de un país?

Es difícil. Yo identifico tres dificultades. La primera es la construcción (social que existe) de que los defensores de derechos humanos son un obstáculo al desarrollo. Hay que romper el esquema de que los derechos humanos son limitantes. Lo segundo es instalar la idea de que, si cedemos un derecho, se pierde el control sobre otros, es decir, vienen muchos abusos y no necesariamente del poder político, sino que pueden provenir desde pequeños agentes o desde  otras personas. (Durante el conflicto armado sucedió que el Ejército concedió poder a los comisionados y patrulleros de autodefensa, quienes cometieron graves violaciones a los derechos de la población civil no combatiente). Y lo tercero es que, cada uno de los que ocupamos cargos en este gobierno, seamos parte de una orquesta bien afinada, que no es corrupta, que es transparente y que conoce los derechos que tiene que gestionar.

 ¿Por dónde iniciará?

Tenemos que empezar haciendo un pequeño estudio propio que nos permita identificar las narrativas en lo urbano y también habrá que consultarles a los pueblos cómo ven esas narrativas.
 

¿Cuándo tienen planeado empezar o con qué iniciarán?

Hay un diseño previsto que hay que validar, quisiéramos comenzar en junio o julio con pequeñas cosas. El siguiente año lanzaremos cosas más estratégicas. Los primeros temas que queremos  abordar son la violencia contra la mujer, contra la niñez y también el tema de no discriminación y no racismo. Otro tema clave es el de la salud mental. Hay que romper el tabú para que las personas puedan ver a la psicología y la psiquiatría como algo normalizado para que puedan buscar ayuda.

Hay otros temas que le asignaron a la Copadeh desde su constitución. La Secretaría de Asuntos Agrarios, por ejemplo. ¿Cuál es el rumbo que le darán a la problemática de tierras?

Hay una decisión estratégica. La Copadeh seguirá cooperando y va a seguir trabajando el tema de atención a conflictividad expresada en diferentes formas, pero esto se va a realizar también en coordinación con la Secretaría Privada de la Presidencia, en donde se van a generar los mecanismos para el diálogo democrático para la conflictividad. (El 7 de febrero, el gobierno firmó un acuerdo con cuatro organizaciones campesinas para abordar problemáticas como la conflictividad agraria y el acceso a la tierra. Ana Glenda Tager, secretaria Privada está a cargo del seguimiento desde el Ejecutivo. El asesor del diálogo será Adrián Zapata, excomisionado de Desarrollo Rural).

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¿Cómo se puede balancear el tratamiento de propiedad privada y derechos humanos?

Hay empresarios que reclaman que tienen las órdenes de desalojo y el Estado no las cumple y también hay reclamos de desalojos de población vulnerable a la que no se le ha garantizado el derecho a la propiedad de la tierra. El Estado va a tener que activar la compra de tierras. Creo que el presidente lo dijo varias veces en su campaña y hay fondos para eso. Lo que hay que hacer es dar atenciones humanitarias en tanto se logra hacer las compras. Hay conflictos que han estallado en donde la intervención no pasa por el tema judicial, sino por un tema de atención temprana. Hoy ese sistema no es funcional y no está dando resultados. Los jueces se están encargando de la política social, cuando el sistema de alerta temprana permite que la política social se encargue antes de que llegue a los jueces.

 
En cuanto al Programa Nacional de Resarcimiento. El gobierno anterior no atendió los requerimientos de las víctimas. ¿Se puede rescatar?

Legalmente, este programa ya no está vigente. Pero hay más de 56,000 expedientes en algún lugar, bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, que quedaron pendientes de ser atendidos. El presidente, por compromiso ético, nos ha pedido que busquemos la fórmula legal para que la Copadeh recupere esos expedientes y construyamos un archivo que dignifique a las personas e identifiquemos si hay que hacer reparaciones.

 Si ya no está vigente, ¿cómo funcionará?

Por ahora, va a ser un departamento dentro de la Dirección del Fomento de la Paz y, con esta estructura, podríamos atenderlo, aunque esto lleva tiempo porque primero hay que ubicar los archivos, desempolvarlos, ver en qué condiciones están, buscar a las familias, o sea, va a ser un proceso muy largo.

¿Qué tiene qué darle el Estado a las víctimas y sobrevivientes que dieron su información?

Tenemos que ver los compromisos que se adquirieron Se trata de  un tema económico,  construcción de obras y otras cuestiones. Primero hay que recuperar esos archivos para ver qué les habían ofrecido.

¿Se han fijado un plazo para hacer esto?

Nos queremos tomar por lo menos año y medio para recuperar los archivos, porque nos han dicho que no va a ser un trabajo tan fácil. Para eso tenemos una propuesta un poco agresiva de trabajo que esperamos empezar en marzo.

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¿Qué otra meta se ha planteado?

Queremos cumplir la mayor parte de las sentencias internacionales (tienen al menos 200)  y, en el ámbito de paz, trabajar en la dignificación (de las víctimas del conflicto armado interno). 

¿Habrá algún cambio en la estructura de la Copadeh?

Haremos una reestructuración. Se creará el departamento de Empresa y Derechos Humanos. Esto va a ser estratégico, porque la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, están desarrollando políticas para que las empresas cumplan con estándares legales, de lo contrario no pueden exportar. Tenemos que ayudar y contribuir a que las empresas cumplan con el marco de legalidad para que su giro comercial no se vea afectado. Al empresariado guatemalteco no podemos plantearle el tema de los derechos humanos como un obstáculo, sino facilitar que se acerquen a ellos y los cumplan.

Hablemos de los casos ante la CIDH y la Corte. ¿Cuál va a ser el papel de la Comisión, tomando en cuenta los casos de fiscales, jueces y magistrados en el exilio que han iniciado demandas contra el Estado por vulneración a sus derechos?

El Ejecutivo ha negado todos los señalamientos. El presidente Arévalo es muy respetuoso del sistema de justicia independiente, pero existen estándares internacionales que el Estado de Guatemala ha adquirido como un compromiso y eso implica no criminalizar, no generar persecuciones arbitrarias y persecución política. Hay muchos de los funcionarios o exfuncionarios del sistema de justicia que han salido del país y han alegado estar bajo este tipo de persecución arbitraria y política. Ya hay pronunciamientos de varios organismos internacionales que identifican con preocupación posibles actos contrarios a la legalidad y a los compromisos (del Estado de Guatemala). Entonces, nuestra postura es poder identificar estas vulneraciones a los estándares, ver cómo desactivar las vulneraciones, en lo que compete al Ejecutivo. Por ejemplo, tener una policía que no intimide periodistas o un sistema de inteligencia civil que no persigue a periodistas, que no les va a quitar su equipo o lo que han recopilado, o que no censure el acceso a la información o las publicaciones. Esas pequeñas acciones van a desactivar lo que muchos periodistas han presentado hasta ahora y que, en su mayor parte, han reclamado.
 

¿De qué manera pueden avanzar tomando en cuenta que no hay confianza en el Ministerio Público y los tribunales de justicia? 

El presidente Arévalo nos ha encomendado  tener la política de protección a defensoras y defensores en un periodo corto, estamos esperando que sea en este primer semestre.

¿Empiezan de cero o tomarán en cuenta lo que esté avanzado?

Hay un borrador, hay que retomar ciertas discusiones con los órganos rectores de la política. Hay un dictamen que está en trámite en Segeplan. La política de protección a defensoras y defensores de derechos humanos es parte de una resolución de la Corte Interamericana. Esto va a obligar a que el Organismo Judicial y el Legislativo también tomen sus posturas frente a las políticas que nosotros desarrollemos.  Esto sale del gobierno a consulta con las peticionarias y con la sociedad civil, que es lo que ordenó la Corte Interamericana.
 

 ¿Cuál será el aporte de esa política?

Ofrece acciones concretas de prevención de violencia, difusión, mecanismos de análisis de riesgo y protección de personas.