Exilio o cárcel: el 2022 fue el año en el que el Ministerio Público intensificó la persecución contra jueces, fiscales, periodistas y activistas
Exilio o cárcel: el 2022 fue el año en el que el Ministerio Público intensificó la persecución contra jueces, fiscales, periodistas y activistas
- En 2022, el MP de Consuelo Porras pidió la captura de 11 fiscales y exfiscales, y mantiene en investigación a varios más a pedido de la Fundación contra el Terrorismo y otros actores acusados por actos de corrupción.
- Los que se han quedado a enfrentar a la justicia están presos o procesados por algún delito.
- La Fundación Contra el Terrorismo ha sido la promotora en varios de estos casos.
La lista de exiliados crece, igual que el número de operadores de justicia y derechos humanos que son perseguidos por el MP. Con las acusaciones se busca retratar una historia distinta del país y desprestigiar el esfuerzo por desvelar la cooptación estatal. El incipiente fortalecimiento que el sistema de justicia tuvo después de la firma de los Acuerdos de Paz, vive momentos de regresión.
De 2014 a 2019, un grupo de fiscales e investigadores locales e internacionales encararon al poder político y empresarial y llevaron a varios de sus integrantes a los tribunales, bajo acusación de participar en actos de corrupción. En los últimos dos años, y en especial en 2022, los papeles se han invertido.
Quienes debían rendir cuentas han sido liberados por el sistema judicial. Muchos de los que habían escapado de la acción penal, han regresado y ahora acusan a los fiscales que, desde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), los investigaron con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En este capítulo de la historia del país, los fiscales y jueces son presentados como criminales.
La Fundación contra el Terrorismo (FCT) se ha encargado de diseminar este mensaje a través de las redes sociales de su presidente, Ricardo Méndez Ruiz, del abogado Raúl Amilcar Falla y las de otros perfiles anónimos. Pero no se han quedado allí. También han iniciado acciones legales contra quienes se atrevieron a investigar la corrupción. Con base en las denuncias de la FCT, el Ministerio Público (MP) ha presentado acusaciones en contra de fiscales y exfiscales de la Feci, jueces y periodistas.
El MP y la FCT dicen que con estas acciones buscan «reparar» y «reencauzar» lo que hizo la Feci. Los denunciados señalan que esto es parte de una «política de represión» y «criminalización» del MP para «desacreditar» a quienes tuvieron a su cargo procesos de relevancia política en el país.
Mientras ocurre esta persecución, el MP pierde la batalla en tribunales en los casos que iniciaron la Cicig y la Feci. En los últimos tres meses, la jueza Marta Claudette Domínguez, a cargo del juzgado de Mayor Riesgo A, cerró dos casos. El de Plazas Fantasma en beneficio de 11 exdiputados, y también el de financiamiento electoral no reportado contra la secretaria General del partido UNE, Sandra Torres. Mientras que la Corte de Constitucionalidad confirmó la absolución de los acusados por el fraude en el contrato de insumos para pacientes renales, proceso conocido como IGSS-Pisa.
Los casos se caen, pero no por inexistencia de delitos, sino porque, según este y otros juzgados, la fiscalía no ha demostrado la responsabilidad de los implicados.
La Feci ya no presenta casos por corrupción gubernamental. Bajo el mando de Rafael Curruchiche el enfoque de esta fiscalía está en perseguir al personal que trabajó o trabaja en esa fiscalía especial. Junto a la Fiscalía de Asuntos Internos, han pedido 17 órdenes de captura contra 13 personas.
**Haz clic en el vínculo para explorar los casos de operadores de justicia y defensores de los derechos humanos contra quienes se ha iniciado procesos penales en la actual administración del MP**
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El caso Cooptación y Corrupción Judicial
La Feci presentó en febrero de 2022 el caso «Cooptación y Corrupción Judicial» en contra de la ex subjefa de Feci, Eva Siomara Sosa, (quien al momento de la acusación era titular de la Sección Adjunta en la Fiscalía Liquidadora, puesto al cual renunció para atender su defensa), la exmandataria de la Cicig, Leyli Santizo, y Erika Aifán, contra quien se inició una petición de levantar la inmunidad mientras todavía estaba a cargo del juzgado de Mayor Riesgo D.
El origen de este caso es la suscripción de convenios de colaboración con representantes de la empresa Odebrecht en Brasil en septiembre de 2018, a petición de Juan Francisco Sandoval, quien entonces era jefe de la Feci. Un procedimiento que se realizó con la autorización de la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez.
La empresa brasileña obtuvo contratos de obra pública en varios países de Latinoamérica mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno. En Guatemala, sobornaron a diputados del Congreso y a integrantes del Ejecutivo durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, de acuerdo con la investigación de la Feci y la Cicig.
La FCT presentó denuncia contra Sandoval y Sosa por la suscripción de esos acuerdos a finales de 2018 y, en noviembre de 2021, la Fiscalía de Asuntos Internos pidió la captura de Sandoval en un caso denominado «Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad».
El caso Cooptación y Corrupción Judicial, presentado en febrero por la Feci, señala que Santizo pidió que la denuncia contra Sosa, a quien representaba legalmente, fuera trasladada de una judicatura de primera instancia al juzgado de Mayor Riesgo de la jueza Aifán, en donde estaba todo el expediente de Odebrecht. Para la Feci, ese es un acto de corrupción que buscaba procurar impunidad. Aunque la fiscalía acusó a Sosa y a Santizo por obstaculización a la justicia y colusión, una Sala de Apelaciones resolvió que solo fueran procesadas por el segundo delito.
Ambas abogadas obtuvieron medida sustitutiva y siguen en el país, a la espera de las otras fases del proceso. Sin embargo, en octubre de este año, la Feci presentó nuevas acusaciones contra Leyli Santizo y Juan Francisco Sandoval dentro de ese proceso porque, supuestamente, estuvieron en comunicación y tenían detalles de procedimientos judiciales, a pesar de que el expediente está en reserva.
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El celo de la Feci llegó al punto de pedir la captura de José Raúl López Barrios, oficial del juzgado Tercero de Primera Instancia, porque no informó a la Policía Nacional Civil de la presencia de Santizo en la oficina judicial. Según Rafael Curruchiche, esto impidió que la capturaran. López Barrios quedó libre por falta de mérito porque la jueza que atendió su caso dijo que no había indicios para abrir un proceso en su contra. Santizo se ha presentado al juzgado que lleva el proceso, aunque no hay juez asignado para resolver su situación.
El caso Odebrecht ha sido uno de los objetivos de la FCT. Debido a sus acciones, el MP a través de la Feci y la Fiscalía de Asuntos Internos, ha presentado petición de captura contra Sandoval, Sosa, Santizo, el agente fiscal Rudy Herrera, tiene cita judicial la exagente fiscal Amy Mara Lissette Girón Rodas y ha pedido el retiro de inmunidad contra la jueza Marta Claudette Domínguez (quien avaló todo el procedimiento de acuerdos de colaboración) y contra Erika Aifán, quien tenía a su cargo la carpeta judicial del caso.
La única que ha salido bien librada de estas acusaciones ha sido Domínguez, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el pedido de la fiscalía. En cambio, la jueza Aifán, renunció un mes después y se exilió en Estados Unidos. Solo en 2022 hubo tres solicitudes nuevas para retirarle la inmunidad, y una más había avanzado al punto en el que ella consideró que no tenía garantías para enfrentar un proceso justo.
La reacción de la FCT y las dos fiscalías (Feci y Asuntos Internos) en el caso Odebrecht se debe a que aseguran que Sandoval no tenía autoridad para suscribir convenios fuera del país y que, además, lo hizo sin la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
Le señalan de acordar una compensación baja en comparación con el daño que la empresa le ocasionó al Estado, a cambio de una declaración que sustentara su acusación contra funcionarios guatemaltecos como Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y Manuel Baldizón, ex diputado y presidenciable del partido Lider.
Sandoval y Sosa viajaron a Brasil para suscribir los acuerdos de colaboración y la audiencia se realizó a través de videollamada con los otros fiscales, ante el control jurisdiccional de la jueza Domínguez en Guatemala.
A mediados de 2022, los acuerdos de colaboración fueron anulados por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo. A finales de noviembre, el Juzgado D de Mayor Riesgo anuló las actuaciones de la Feci y ordenó que los funcionarios brasileños de la empresa Odebrecht se presenten a una audiencia en febrero de 2023 que se realizará en Guatemala.
Una semana después de la detención de Leyli Santizo y Eva Siomara Sosa, la fiscalía de Asuntos Internos pidió la captura de cuatro empleados de la Feci porque supuestamente abusaron de su poder al coaccionar a una persona para que revelara información de otro caso a cambio de un convenio e colaboración eficaz.
El denunciante es Dennis Herrera Arita, abogado que enfrenta proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020 (manipulación de la elección de magistrados de justicia).
Este año también fue pedida la órden de captura contra los exagentes Carlos Vídez y Eduardo Pantaleón. El primero está en el exilio y se le acusa por un procedimiento anómalo en la solicitud de detención internacional del exembajador Julio Ligorría. El segundo está ligado a proceso por incumplimiento de deberes en el caso Libramiento de Chimaltenango, por el que está acusado José Luis Benito, exministro de Comunicaciones en tiempos del presidente Jimmy Morales.
Con estos antecedentes, varios fiscales han renunciado a sus cargos y otros más salieron al exilio sin hacerlo público.
El objetivo de la Fundación Contra el Terrorismo
La FCT tiene una misión que queda explícita en su discurso público y en sus acciones legales. Ricardo Méndez Ruiz, quien preside este grupo y fue señalado como actor corrupto y antidemocrático por el gobierno de Estados Unidos en 2021, utiliza sus redes sociales para difundir mensajes enfocados en tres vías: amenazar, exponer a personas y detalles de los casos y celebrar las acciones del Ministerio Público, cuando coinciden con sus objetivos.
Sus aliados en estas actividades son netcenters que se ocultan bajo perfiles que no corresponden a personas reales y que difunden como «primicia» información de casos en reserva o proceso abiertos, antes o al mismo tiempo de que lo publique el propio MP. La agencia Ocote realizó un análisis en el que indica que las cuentas @_VaderGT y @Eriol_GT aprovechan la clandestinidad para generar ese contenido y que son constantemente retuiteados (acción que implica compartir la información) por las cuentas de Raúl Falla y Méndez Ruiz.
Méndez Ruiz y Falla han sido directos en sus ataques en contra de jueces, fiscales, magistrados y exfiscales. Durante varias semanas, criticaron el nombramiento de Juan José Mendizábal como fiscal de Asuntos Internos, acusándolo de beneficiar a Juan Francisco Sandoval. El 2 de diciembre, Mendizábal dejó el cargo y regresó a la fiscalía Metropolitana. Ese mismo día, el MP solicitó la extradición de Sandoval. El 24 de noviembre el MP formalizó la misma petición la para la exfiscal General Thelma Aldana.
La lista sigue. Ruíz informó en su cuenta de twitter que habían presentado una denuncia en contra de Stuardo Campo, fiscal contra el Tráfico de Migrantes, por una supuesta detención ilegal. Un mensaje recurrente del abogado Falla en esa red social es que «El poder es efímero y no perdonamos a los que abusaron. Juicio y castigo a los traidores».
Fue a través de un tuit que Méndez Ruiz anunció la persecución contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien estuvo a cargo de casos de alto impacto contra el expresidente y la exvicepresidenta del país, jefes militares en los 80 y otros políticos y empresarios.
El 6 de mayo, un día después de ligar a proceso a nueve militares retirados por el caso Diario Militar, Méndez Ruiz escribió: «Es el turno de Miguel Ángel Gálvez. La FCT se hace cargo». Poco tiempo después, la Corte Suprema de Justicia atendió su pedido y dio trámite al proceso de retiro de inmunidad (los jueces gozan de antejuicio, la protección judicial a no ser investigado por causa infundada) por haber decretado prisión provisional, una figura que no está regulada por la legislación nacional y que se utiliza consuetudinariamente por los jueces desde 2015 cuando una audiencia de primera declaración toma varios días.
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Gálvez se exilió en noviembre de 2022, luego de denunciar que en su caso se violaba el «debido proceso». La Corte Suprema de Justicia resolvió no recibir más escritos del juez y que se agilizara el informe para el retiro de la inmunidad. A esto se sumó el hecho de que no le permitieran que su defensa ante el juez pesquisidor fuera pública. Un contraste con la forma en la cual él manejó los casos de alto impacto en su sala de audiencias. Sin contar con esas garantías, prefirió renunciar y salió del país.
La FCT se atribuyó los allanamientos en las instalaciones de elPeriódico y asistió legalmente a Ronald García Navarijo, acusado por la Feci en tiempos de la Cicig, para que denunciara por chantaje al presidente del matutino, José Rubén Zamora. «La FCT se hizo cargo. No más chantajistas en la prensa», escribió Méndez Ruiz al retuitear la información divulgada por la cuenta @Eriol_GT.
De nuevo, la FCT logró que su petición ante la Feci derivara en la creación de un caso y una serie de capturas en apenas 72 horas. Al proceso le denominan «Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero» y los detenidos fueron Zamora, por los delitos de chantaje, lavado de dinero y tráfico de influencias y la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, por revelación de información reservada o confidencial.
Días después, fue capturada Flora Emilza Silva Ramos, gerente general de elPeriódico, por el delito de lavado de dinero y se presentó una orden de captura más contra Juan Francisco Sandoval pues, supuestamente, ofreció intervenir con Samari Gómez en el caso de Navarijo mientras era jefe de Feci y cuando ya no estaba en funciones.
A Zamora lo acusan de haber entregado 300 mil quetzales en efectivo a Navarijo, con quien tenía relación de amistad, para que los ingresara a la cuenta de una de sus empresas y le devolviera parte de los fondos en un cheque. Zamora dijo a varios periodistas que cubrieron su audiencia que el dinero era de fuente lícita y que le pidió ayuda a Navarijo porque el financista no quería figurar en los registros contables de elPeriódico para evitar represalias del gobierno.
La base de esa acusación es el testimonio de Navarijo, quien buscaba recibir a cambio la liberación de cuentas congeladas por 33 millones de quetzales, y los audios que él proporcionó de sus conversaciones y reuniones con los procesados.
Otro caso insignia de la FCT es el de Virginia Laparra, exjefa de la Feci en Quetzaltenango, quien enfrenta juicio por el delito de abuso de autoridad. «Estamos reparando el daño que se le hizo a la certeza jurídica del país», le dijo Méndez Ruiz a Laparra, en una conversación informal sostenida en la sala de audiencias.
El momento de la conversación quedó grabado en un breve video que Méndez Ruiz difunde en su cuenta de Twitter. La conversación ocurrió mientras Laparra estaba sentada con las manos engrilletadas y Méndez Ruíz estaba sentado frente a ella, con la pierna cruzada, en la silla que ocupan quienes declaran.
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El proceso lo lleva la fiscalía de Asuntos Internos. La FCT es querellante adhesivo y Raúl Falla es el abogado de Lesther Castellanos, el denunciante. Castellanos integró la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, y acusa a Laparra de haberlo investigado sin tener facultades legales y por haber presentado cuatro denuncias en el ámbito administrativo. Uno de los argumentos de aquellas acusaciones, es la supuesta filtración de información de un caso en reserva al abogado Omar Barrios. Castellanos fue sancionado por la Junta de Disciplina Judicial en 2018, pero el Consejo de la Carrera Judicial lo benefició al anular la penalización.
En marzo de este año, la alianza oficialista en el Congreso nombró a Castellanos como relator titular en Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Esta oficina denunció a la exfiscal Claudia Paz y Paz y a la fiscal en funciones Elena Sut por la detención de un grupo de militares retirados en 2016, acusados por delitos contra los deberes de la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
En octubre, Laparra fue notificada de una segunda orden de captura en su contra. Esta vez, por el delito de revelación de información confidencial o reservada. La detención fue girada por el juzgado de diligencias urgentes de Guatemala, pero el caso está asignado a una judicatura en Quetzaltenango.
En varios de los casos promovidos por la FCT ocurre una coincidencia. Se declaran reservas judiciales que impiden el acceso de la información relacionada al caso, incluso a las personas acusadas y sus abogados. Aunque el caso de Laparra no tenía reserva, una audiencia para pedir prisión domiciliaria se realizó sin acceso para los medios por orden del juez Sergio Mena, quien indicó que la sala era demasiado pequeña.
La respuesta del sistema de justicia
Las peticiones de la FCT y de algunos actores políticos en contra de operadores de justicia y derechos humanos han encontrado eco en el Ministerio Público que dirige en un segundo periodo María Consuelo Porras. La inédita reelección de Porras fue posible por tres razones. En una está vinculada la FCT y en dos hubo intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC), afín al gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Todo empezó en febrero de 2022. Días después de que la Feci presentó el caso Cooptación y Corrupción Judicial por denuncias de la FCT, el abogado Raúl Falla, de esta organización, presentó un amparo para evitar que los jueces se pudieran postular para Fiscal General. En esto hay un debate, porque la Constitución dice que pueden optar al cargo quienes ocuparon magistraturas de Sala de Apelaciones o tengan 10 años de experiencia en abogacía. Para algunos la judicatura no es lo mismo que el ejercicio liberal de la profesión. Al final, y por primera vez, perfiles como Aifán y Gálvez quedaron fuera de la elección.
Porras fue la mejor calificada del grupo de aspirantes (a pesar de los señalamientos de que plagió su tesis de doctorado) y también fue una de las más denunciadas, pero ninguna de las tachas en su contra fue validada por la Comisión de Postulación. Ni siquiera la designación de «actor corrupto» que le dio el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2021. Por último, aunque Porras no tenía el apoyo suficiente de los miembros de la Comisión para ser incluida en la lista de seis candidatos que se enviaría al presidente Giammattei, una resolución de la CC salió al paso para obligar a todos los comisionados a darle respaldo.
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Los fiscales y exfiscales acusados por la gestión de Consuelo Porras se quejan de las pocas posibilidades para defenderse. Varios señalan que no tienen acceso a sus casos y la coincidencia de que varios de los procesos sean conocidos por jueces envueltos en acciones polémicas. Por ejemplo, el caso Cooptación y Corrupción Judicial en donde se acusa a Leily Santizo y Eva Siomara Sosa estuvo a cargo de Geisler Smaille Pérez Domínguez, contra quien la Feci, bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, solicitó el retiro de inmunidad.
A Pérez lo querían investigar porque tenía intenciones de ser electo magistrado Apelaciones y sostuvo reuniones con el abogado de Gustavo Alejos, quien fue procesado por tráfico de influencias en esa elección (al caso se le conoce como Comisiones Paralelas 2020). Y por su vínculo con el juez Mynor Motto quien, supuestamente, quería tomar control del caso.
Otro de los jueces que han conocido los procesos de la Feci que dirige Rafaél Curruchiche es Sergio Mena. Este juez avaló la devolución de 33 millones de quetzales embargados a Ronal García Navarijo, el acusador de José Rubén Zamora. También fue quien resolvió no conceder medida de prisión domiciliaria para Virginia Laparra utilizando, entre otros argumentos, el de que ella había dado entrevistas a los medios de comunicación quejándose de sus circunstancias . El juez señaló en una audiencia que, en una de las entrevistas, se utilizaron terminales móviles (teléfono celular), lo cual está prohibido por la ley. El MP anunció que investigaría el hecho, pero el medio Ocote, que realizó la entrevista y luego produjo un podcast acerca del caso de Laparra, aseguró que, en dicha entrevista, solo se usó una grabadora y que fue revisada por el personal penitenciario.
Defenderse en el exilio
Andrei Vladimir González Arteaga trabajó como agente fiscal en la Feci. Fue el primero en renunciar y salir al exilio. Desde Estados Unidos, en donde reside, asegura que no se arrepiente de aquella decisión. «Mi salida fue anticipada, previendo lo que está pasando; yo no quería que pasara esto, pero las circunstancias me dicen que hice lo correcto», explica a través de una llamada telefónica.
Viajó con una parte de su familia, aunque en el país se quedó su padre, quien falleció pocas semanas después. «Esa es la única vez que yo me he replanteado las cosas. No pude compartir con él sus últimos momentos, ni acompañar a mi familia» relata. Salió del país en agosto de 2019, tuvo una estadía de mes y medio en Costa Rica y, después, llegó a los Estados Unidos.
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Suma nueve denuncias en su contra, y no sabe si tiene más. «No le he dado seguimiento, porque no tengo quién me defienda. Y tampoco quiero preguntar porque no quiero que las reactiven», comenta.
González fue el fiscal a cargo del caso por financiamiento electoral no registrado contra Sandra Torres, secretaria General del partido UNE, el cual fue cerrado por falta de pruebas.
A su salida del país, González se atrevió a algo impensable en su momento. Denunció que la fiscal General Consuelo Porras obstaculizó la investigación contra Sandra Torres. En respuesta a este desafío, fue denunciado por Porras por la filtración del audio de una conversación que ambos sostuvieron en la que dan detalles del caso. Mientras esta denuncia está en investigación, la presentada por González contra Consuelo Porras fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, quien conoció del caso debido a que la Fiscal General tiene derecho de antejuicio.
Carlos Vídez, casi el último de los exfiscales en exiliarse, salió en febrero de 2022. Tiene una lista de 15 denuncias y una orden de captura. Señala que es difícil llevar el registro de sus casos porque el Ministerio Público no le comparte toda la información.
«No sé cuántas denuncias tengo. En los registros no aparece el caso por el que me giran orden de captura» cuenta. El pedido de detención surge porque hizo la solicitud de activación de la alerta roja de Interpol para la detención del exembajador Julio Ligorría, quien fue detenido en España por el caso Cooptación del Estado.
La Feci, bajo la gestión de Juan Francisco Sandova, pidió la detención de Ligorría bajo los cargos de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito para la campaña del Partido Patriota en 2011. La Feci de Rafael Curruchiche dijo que los fiscales pidieron la captura internacional por un delito que no correspondía.
Bajo la dirección de Consuelo Porras, las fiscalías son cada vez más acuciosas al perseguir a quienes están en contra del sistema y en beneficiar a quienes tienen poder político y económico.
Todo el peso de la ley contra Nancy Sinto, la activista kakchiquel que participó en las manifestaciones contra la aprobación del presupuesto de 2020 y contra Eduardo Bin, el pescador de El Estor, Izabal, que participó en las protestas de 2017, por la contaminación del Lago de Izabal. Contra ambos, los juzgados han declarado falta de mérito, pero el MP ha presentado apelación para que se reabra el proceso.
Aunque la fiscal Consuelo Porras insiste en decir que los casos son «objetivos» y Curruchiche señala que no hay sesgo «ideológico» en la persecución que realizan, la historia que reescriben desdibuja la corrupción para enfocarse en la persecución de quienes un día investigaron y juzgaron a las personas que tuvieron y mantienen el poder en el país.
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