La estrategia legal de Sinibaldi para salir de cinco casos de corrupción

Al exministro de Comunicaciones, exdiputado y político, Alejandro Sinibaldi, le tomó más tiempo entregarse a la justicia que salir libre de la primera fase de los cinco procesos por corrupción. Los casos presentados por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) han caído o fueron descartados uno a uno.

Sinibaldi, que en 2015 fue el pre-candidato para la presidencia del Partido Patriota, fue la persona con más casos presentados por la dupla Feci-Cicig, estos fueron: Banco de los Trabajadores-Arca (Bantrab-Arca), Construcción y Corrupción, Odebrecht, Transurbano, Cooptación del Estado, y La Coperacha.

Para entender el rumbo que tomaron los casos, Plaza Pública siguió las acciones ejecutadas por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras; la Feci dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche; así como las de otros actores que fueron clave para que Sinibaldi y otras figuras evitaran ir a juicio.

El rastreo también sirve para evidenciar cuáles fueron las rutas del sistema de justicia para que un escándalo de corrupción quedara sin juzgar. 

Plaza Pública buscó a Sinibaldi a través de sus redes sociales oficiales y le solicitó una entrevista, el exfuncionario accedió a responder a un listado de cuestionamientos por escrito. Las preguntas realizadas parten del reportaje «La reconfiguración de la justicia post Cicig: 118 acusados beneficiados bajo el MP de Porras», en el que se relata cómo Sinibaldi, entre otras personas, ha sido beneficiado por resoluciones judiciales de diferentes instancias, especialmente salas de apelaciones. La pasividad de la fiscalía contribuyó al resultado.

El contexto de Sinibaldi

Antes de leer la entrevista y sus respuestas, es necesario entender el contexto de la persecución del exministro.

Sinibaldi se entregó el 24 de agosto de 2020. Menos de un mes después, en septiembre, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez lo ligó a proceso en el Caso Cooptación del Estado, del cual derivó La Coperacha. Allí fue señalado de recaudar fondos para la campaña electoral del Partido Patriota (PP), y luego beneficiar a los financistas con contratos públicos. En La Coperacha lo señalan junto a otros exministros de aportar dinero para comprarle un regalo al expresidente Otto Pérez Molina. Estos fondos eran del Estado, según la investigación.

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Mientras el caso avanzaba, el juez Gálvez se enfrentó a denuncias por su trabajo y estuvo cerca de perder la inmunidad para ser investigado por el MP, extremo que lo llevó a renunciar en noviembre de 2022.

Fue en noviembre de 2023 que la jueza Eva Recinos, en sustitución de Gálvez, cerró el caso con un sobreseimiento que lo benefició para no ir a juicio, de la misma forma que a más de una docena de exfuncionarios del PP.

Luego, Sinibaldi enfrentó el proceso conocido como Banco de los Trabajadores-Arca,una trama de desvío de fondos del banco a la empresa Arca, vinculada a él y que sirvió para financiar parte de la campaña electoral del PP en 2012. La investigación incluyó declaraciones de exbanqueros, documentos bancarios y reportes financieros.

El 15 de octubre de 2020, el juez Pedro Laynez  lo benefició y dejó libre en su primera declaración (falta de mérito). Esto lo confirmó la Sala Cuarta de Apelaciones. La Feci, que todavía era dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, apeló. En abril de 2024 hubo un giro: la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto el cierre del caso y siguen en proceso.

Al mismo tiempo, en octubre de 2020 en audiencias a puerta cerrada, la exjueza Erika Aifán lo ligó a proceso en los casos Construcción y Corrupción, y Odebrecht, en ambos señalado de recibir sobornos. Estos y otros procesos provocaron una campaña de persecución legal y en redes sociales en contra de Aifán, quien terminó por renunciar a su cargo de jueza. La sustituyó el juez Juan José Jiménez, quien en julio de 2023 cerró el caso Odebrecht, lo que evitó que enfrente juicio. La Feci, ya con Curruchiche en el cargo, apeló días después, pero la acción fue rechazada.

El caso Construcción y Corrupción fue cerrado en abril de 2024 por la jueza Abelina Cruz Toscano, que heredó el juzgado de Aifán y Jiménez. Toscano evitó que fuera a juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero. La Procuraduría General de la Nación, dirigida por Julio Saavedra, parte del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, apeló. El fiscal Curruchiche también lo hizo.

En los casos Odebrecht, y Construcción y Corrupción Sinibaldi fue directamente beneficiado por salas de apelaciones que, a su petición, «botaron» los convenios de colaboración eficaz en esas investigaciones. Estas eran declaraciones de personas de alto rango, involucradas en los crímenes, que hablaron con los fiscales a cambio de recibir beneficios judiciales. El MP estuvo de acuerdo con la anulación de estos convenios. 

El 24 de junio de 2022, el fiscal Curruchiche dijo que el fallo de la Sala Segunda de Apelaciones que dejó sin efecto los acuerdos del caso Odebrecht, le daban la razón a sus propias investigaciones y recordó que pidió una orden de captura contra su antecesor, Sandoval, por supuestas anomalías en la tramitación de estos testimonios.

Por último, en el caso Transurbano donde fue señalado de recibir alrededor de 900 mil quetzales en un desvió de fondos, Sinibaldi fue ligado a proceso en febrero de 2021 en una audiencia bajo reserva. En mayo de 2024, la Sala Tercera de Apelaciones ordenó detener la persecución contra el exministro bajo el argumento de que la acusación era la misma que el proceso Bantrab-Arca.

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El denominador común en todos los casos es que Sinibaldi se libró de llegar a juicio por la persecución y salida de los exjueces Aifán y Gálvez, atacados por diferentes flancos debido a su trabajo.

Bajo este contexto, Plaza Pública reproduce las respuestas enviadas por Sinibaldi vía WhatsApp. 

***

—Sinibaldi: Es necesario hacer una breve introducción. Me entregué el 24 de agosto del año 2020, de manera voluntaria luego de nueve meses de estar mis abogados negociando mi entrega, y luego una espera de 6 meses por el COVID. Es decir, si la Feci de Sandoval no hubiera complicado la negociación y no hubiera sucedido el COVID, yo me hubiera entregado 15 meses antes. Y en lugar de estar prófugo o «exilado» como hoy se le dice, por 50 meses, lo hubiera estado por 35. Esto se lo puedo respaldar con memoriales si fuera necesario.

Es decir, mi entrega en ningún momento se debió a un cálculo político, se debió a mi deseo genuino de enfrentar la justicia guatemalteca como bien lo expresé en mi primer comunicado con fecha 12 de junio de 2016, pero principalmente porque como padre de familia y esposo tenía el deber y obligación de dar la cara y enfrentar los procesos de los cuales se me acusaba.

También es importante señalar que no se cumplió por parte de la Feci la única solicitud que mis abogados hicieron, que era ser enviado a Mariscal Zavala por medidas de seguridad. Ya que estuve privado de mi libertad por cerca de un mes en la zona 18, en el área conocida como el «anexo», durmiendo varios días en el piso y luego en una pequeña celda de 3x2 metros, sin baño, refrigeradora, estufa o televisor, durmiendo en catre con colchón de paja. Al extremo que durante el tiempo que estuve recluso en ese penal, no autoricé que mi familia, a la cual no veía desde hace varios años, me visitara. 

Hago mención de esto, no por victimizarme, cosa que nunca haría, sino para hacer el contraste entre lo que hoy sucede versus lo que nos tocó padecer a todos los que nunca nos quejamos.

En esas condiciones fui visitado en el penal por el Fiscal Sandoval (parte acusadora) y el Juez Gálvez (Juez de garantías). Relato para ser contado en otra ocasión.

También debo mencionar que estuve privado de mi libertad por tres años y dos meses, y que mis medidas cautelares en algunos casos fueron otorgadas por jueces y en otros casos por las respectivas salas.

—PzP: ¿Puede explicar cuál es el estado de cada uno de los casos en su contra?

—Sinibaldi: Los casos presentados en mi contra fueron 5: 

a. Caso Arca: En noviembre de 2020, se decretó falta de mérito a mi favor y actualmente se encuentra pendiente de resolver una apelación planteada por la PGN en el año 2020; puesto que el recurso de apelación planteado por el MP ya fue resuelto a mi favor desde 2021.

b. Caso Odebrecht: En el mes de julio del año 2023 se dictó auto de sobreseimiento a mi favor, ante lo cual el MP presentó recurso de apelación. Dicho sobreseimiento a la fecha se encuentra en firme, esperando que se nos notifique qué otras acciones se han planteado.

c. Caso Coperacha: En el mes de noviembre del año 2023, el juzgado a cargo de mi caso dictó auto de sobreseimiento a mi favor, con lo cual se cerró el caso.

d. Caso Transurbano: En ese caso, en el mes de marzo de 2024, a través de un recurso de apelación. Se declaró con lugar un incidente de falta de acción por prohibición de doble persecución penal por parte de una sala de apelaciones, y con lo cual se ordenó el cese de la persecución penal en mi contra.

e. Caso Construcción y Corrupción: En el mes de abril de 2024 se dictó auto de sobreseimiento a mi favor, con lo cual se ordenó el cierre del caso en mi contra, el cual fue apelado por el MP y la PGN. Pendiente de ser notificados de que acciones adicionales se han planteado.

—PzP: ¿Cuál fue la estrategia legal utilizada para lograr sobreseimientos y faltas de mérito en sus casos?

—Sinibaldi: Cada caso en particular supuso situaciones distintas, sin embargo, la clave fue efectuar un trabajo y estudio minucioso de los procedimientos utilizados por el MP y Cicig en su oportunidad. Esto permitió detectar una serie de anomalías e ilegalidades en los procedimientos de investigación que terminaron por afectar los medios de prueba utilizados en mi contra, así como procedimientos anómalos e ilegales en las celebraciones de los acuerdos de colaboración eficaz, con lo cual el trabajo técnico y minucioso fue clave para lograr los actuales resultados.

Puntualmente en cada caso se hizo en líneas generales lo siguiente:

a. Caso Arca: Imprecisiones técnicas en los hechos imputados, falta de indicios racionales suficientes y falta de medios de convicción; así como la falta de vigencia de la norma que se pretendía aplicar por la suspensión provisional decretada por la Corte de Constitucionalidad en el delito de financiamiento electoral ilícito, impidieron que el caso prosperara y se declara la falta de mérito por parte del juzgado que llevaba la causa. Dicha
falta de mérito fue en mi primera declaración, es decir al venir a Guatemala.

b. Caso Odebrecht: El caso Odebrecht planteado en mi contra se soportaba probatoriamente en un 75% en información suministrada por los ex colaboradores eficaces de la empresa Odebrecht. Lo primero que se hizo fue hacer un análisis de los errores e ilegalidades que tenían dichos convenios, luego se planteó un recurso de apelación para que dichos acuerdos fueran revocados por una Sala de Apelaciones de mayor riesgo, por lo que perdieron valor legal las declaraciones testimoniales brindadas por los excolaboradores. También toda la información documental aportada por ellos, la cual en su mayoría consistía en una declaración y algunas fotocopias de estados de cuenta. 

Aunado al pésimo trabajo investigativo que realizó la Feci de ese entonces, al no corroborar ni contrastar la información recibida con información bancaria certificada, se logró que al ya no tener esa información en el expediente en mi contra, el caso no tuviera elementos suficientes que permitieran probar ninguno de los hechos acusados. 

Por ejemplo, se me acusó de haber recibido dinero proveniente de Odebrecht en varias cuentas bancarias de un determinado banco en Antigua y Barbuda a través de terceras personas, sin embargo la Feci de aquel entonces ni siquiera solicitó a través de asistencia legal internacional información certificada al Banco respectivo en donde pudiera acreditar la existencia de las cuentas mencionadas, mucho menos la recepción del dinero indicado, ALGO IMPENSABLE SIENDO ESTA LA PRUEBA MADRE, quedando como la única prueba fotocopias de estados de cuentas entregados por los colaboradores eficaces. Al ya no tener valor dichos acuerdos de colaboración eficaz, perdieron cualquier probatorio. 

Esto como un pequeño ejemplo de las muchas y serias deficiencias que tenía la investigación presentada en el mes de marzo de 2021. En total en cada convenio se llegaron a determinar más de 18 ilegalidades. Lo más paradigmático del caso es que no se ejecutaron las fianzas a la empresa Odebrecht y mucho menos se les exigió terminar la obra, ya que según consta la misma Feci y Cicig exigieron que se cancelara el contrato en el año 2016 después de dos años de NO ser ministro. De no haber sido tan laxos al grado de complicidad con la empresa brasileña, tendríamos como mínimo cobrada la fianza o terminada la carretera, como sucedió en otros países. 

Es imposible dejar de comentar los correos electrónicos entre el abogado de Odebrecht, Juan Pablo Carrasco y el personal de Cicig y Feci, en donde claramente se ve el grado de penetración que Odebrecht había logrado en ambas instituciones al punto que quien redacta los convenios de colaboración es el mismo Carrasco. En el correo electrónico donde los envía, sentencia, no se aceptan cambios de fondo solo de forma, es decir el investigado dando órdenes a los 2 entes investigadores.

c. Caso Coperacha: Este caso fue particularmente curioso, puesto que la acusación en sí, carece de todo sentido. Se fundamenta en el hecho de que se colectó dinero para hacerle un regalo a Otto Pérez por ocasión de su cumpleaños, sin embargo esa conducta como tal es completamente atípica si se hubiera dado. Digo esto porque fue imposible que el MP
presentará una sola evidencia concreta de que yo di alguna aportación en efectivo o especie para la compra de algún regalo a Otto Pérez Molina, que repito no era delito hacerlo, puesto que era claramente por motivo de su cumpleaños.

Toda la evidencia presentada era una declaración de Juan Carlos Monzón que decía que Roxana Baldetti le había dicho que yo le había dado dinero para comprar unos regalos para Otto Perez Molina por su cumpleaños. Entonces la «evidencia» era el dicho de una persona a otra persona, por lo que se volvió tan referencial y sin ningún punto objetivo de comprobación, porque al contrastarse con las empresas en donde se compraron los supuestos regalos que le dieron a Otto Perez Molina saltó a luz quiénes habían pagado esos regalos. No era ni yo ni ninguno de los ministros acusados en ese caso, con lo cual era imposible seguir el caso en mi contra. 

Adicionalmente, durante la audiencia intermedia se planteó un incidente de nulidad de los informes de Cicig por estar plagados de ilegalidades, así como de las cadenas de custodia de todos los medios de investigación. Acá es importante hacer ver que dicho incidente de nulidad fue declarado con lugar y al hacerlo dejó sin valor legal toda la información aportada por Cicig, sino también los medios materiales de investigación del caso Cooptación del Estado; y por consiguiente al ya no tener ni evidencia material, ni información de Cicig ni evidencia bancaria que me vinculara a ninguna compra, era lógico que se diera tal sobreseimiento.

d. Caso Transurbano: En este caso desde la primera declaración se le hizo ver al juez que había una doble persecución penal. En esa oportunidad el juez indicó que a su criterio sí se podían advertir que eso se pudiera estar dando, pero que necesitaba que fortaleciéramos con más documentación esa situación y que posteriormente se planteara en la vía incidental
respectiva. 

Es de esa cuenta que al par de meses de haberse dictado el auto de procesamiento se presentó un incidente de falta de acción por prohibición de doble persecución penal, eso fue en mayo de 2021 y derivado a una serie de recusaciones que los otros sujetos procesales plantearon contra los diferentes jueces. Ese incidente se conoció hasta el mes de noviembre de 2023. 

Al resolverlo el juez indicó que sí había doble persecución penal, pero que él creía que eso se solucionaba a través de la conexión de los dos casos, lo cual mis abogados indicaron que era incorrecto y por ello se planteó recurso de apelación. La Sala al resolver hace ver que el juez desde que advirtió que había doble persecución penal él debió ordenar el cese del proceso en mi contra, y que en ese caso no procedía la conexión como lo había dicho el juez porque no había ningún presupuesto procesal para ello, y es por eso que la Sala declara con lugar la apelación de mis abogados y se ordena el cese de la persecución penal en mi contra.

e. Caso Construcción y Corrupción: Este caso, al igual que el de Odebrecht, se encontraba plagado de ilegalidades, desde allanamientos ilegales sin el debido procedimiento legal, falsedades en las cadenas de custodia, remisión ilegal de medios materiales de prueba a la Cicig, situación totalmente ilegal, ya que la prueba podía ser revisada solamente en sede
fiscal, según obra en el manual de allanamientos y manejo de la escena del crimen. 

Esto supuso un esfuerzo para mi defensa técnica al tener que analizar y revisar toda la documentación acumulada en los varios años de investigación y luego poder plantear las acciones correctas para anular su validez legal. En este caso también se dejaron sin efecto los acuerdos de colaboración eficaz de tres colaboradores por parte de una sala de apelaciones de mayor riesgo, sala diferente a la que anuló los de construcción. Al ya no estar ellos ni la información que brindaron, el caso quedó sin valor legal. 

Además de ello, nuevamente se suma a mi favor el terrible proceso de investigación que hizo la Feci de aquel entonces, porque no corroboró información ni documentó nada de lo que se me acusaba. 

La Feci de Sandoval pretendía en este caso, como en el de Odebrecht, respaldar el caso en lo declarado por los colaboradores y en los informes elaborados por Cicig, sin pedir informes de la DICRI que informara de la posibilidad de una estructura criminal o asociación ilícita, mucho menos a la DAC/DAF (unidad de análisis financiero del MP) que debía presentar informes financieros que pudieran dar evidencia material y científica de que se recibieron los supuestos sobornos, y que yo me beneficie de alguna manera de ellos o que existió lavado de dinero.

Además que los hechos que se pusieron en el escrito de acusación eran imposibles de ser probados. Por ejemplo, la tesis acusatoria consistía principalmente en que yo habría recibido supuestos sobornos a través de tres sociedades, POR PAGO DE DEUDA DE ARRASTRE, durante el tiempo que ejercí el cargo de Ministro, esto al haber ordenado el pago de 379 CURs de pago (órdenes de pago).

Lo inverosímil del caso es lo siguiente: (a) no existe legalmente el concepto «deuda de arrastre» y eso lo presentamos certificado tanto por memoriales del CIV como del Ministerio de Finanzas (b) el manual de funciones del CIV establece claramente quién es el que ordena el pago de las estimaciones, y no es el Ministro, hay directores, comités, viceministros, dirección financiera, unidades de supervisión y un largo, etc. Cosa curiosa nadie mas de mi administración fue procesado por este caso. (c) de los 379 curs, 290 curs no son deuda de ningún tipo, es decir casi el 80% por los CURs que se me acusaron eran imposible que fueran pagos de deuda de arrastre, tal como decía el escrito de acusación, si tal concepto existiera, (d) me acusaron por ordenar pagos en periodos donde yo ya no era ni siquiera Ministro, y (e) por lo menos el 20% de los CURs que me acusaron ni siquiera existían y eso lo decían los mismos informes que el CIV y MinFin ya le habían remitido desde 2017 a la propia Feci. Esto por no entrar en detalles, pero son innumerables las ilegalidades, falsedades y limitaciones en la investigación presentada por la anterior Feci , por lo que el resultado obtenido, era más que lógico.

—PzP: ¿Qué responde a los señalamientos de que usted, junto a Manuel Baldizón, en 2019 negociaron la elección de magistrados y pactaron lealtad con algunos de ellos, y que fueron esos acuerdos los que terminaron por beneficiarlo para salir de los casos en su contra, especialmente porque todas las salas de apelaciones le han dado la razón, como usted mismo dijo a los medios de comunicación?

—Sinibaldi: Primero que nada es falso que en el año 2019 yo hubiera tenido algún tipo de relación en los procesos de comisión de postulación, porque hasta donde recuerdo, ni yo, ni Manuel Baldizón estábamos en Guatemala. Ahora bien, la afirmación de que las Salas de Apelaciones me han beneficiado es atrevida, puesto que en el caso Arca, Odebrecht, Coperacha y Construcción y Corrupción fueron los jueces de primera instancia quienes, luego de escuchar a mi defensa técnica en el momento procesal oportuno, los que resolvieron el cese de los procesos en mi contra, con lo cual no he sido yo quien ha tenido que acudir a lasSalas de Apelaciones, sino que han sido el MP y la PGN.

Las Salas de Apelaciones al resolver los diferentes recursos que me han planteado, lógicamente deben revisar las actuaciones efectuadas en primera instancia, y en todas las resoluciones proferidas se han limitado a confirmar que lo actuado en primera instancia ha sido lo correcto. Es decir, las Salas de Apelaciones no me han beneficiado de ninguna manera, sino más bien han confirmado lo que ya había sido resuelto por otra instancia; y eso queda claro al ver que a pesar de que cambió la integración de las Salas de Apelaciones, los resultados a mi favor se han seguido confirmando. A pesar de que yo desde el año 2016 me encontré fuera del país sin haber tenido ningún tipo de intervención política, mucho menos contacto en el proceso de selección de los actuales magistrados de las Salas de Apelaciones.

—PzP: ¿Cómo evalúa el trabajo del Ministerio Público en las investigaciones en su contra? Tanto del exfiscal Juan Francisco Sandoval, como del actual jefe de la Feci, Rafael Curruchiche.

—Sinibaldi: Es importante entender que desde el año 2016 la Feci de Sandoval estuvo a cargo de los casos en mi contra, fue él y su equipo de fiscales quienes realizaron todas las investigaciones en mis casos. Luego que yo me presenté a enfrentar los procesos en el año 2020, fue la misma Feci de Sandoval la que presentó todas las acusaciones en mi contra (actos conclusivos) con todo y que en dos casos se pidieron más de 100 diligencias ministeriales de investigación por mi defensa, las cuales fueron rechazadas por el equipo de Sandoval, así como las investigaciones realizadas. 

Es decir, la responsabilidad por toda la negligencia e ilegalidades cometidas durante el proceso de investigación es de la Cicig por arrogarse funciones de ente investigador que no tenía, cuando eran simplemente querellantes adhesivos, y de la Feci de Sandoval y sus agentes fiscales por permitirlo y no cumplir con su función de investigación como era debido. Lo que me sorprende es que tuvieron más de cuatro años para investigar.

Cuando el licenciado Curruchiche llegó a la Feci en agosto de 2021, ya todas las acusaciones con todas las falencias e ilegalidades antes mencionadas se encontraban presentadas y fue a él y a su equipo al que le ha tocado enfrentar los procesos ante juez con esas investigaciones, sin colaboradores eficazes y con la serie de ilegalidades cometidas por los anteriores fiscales, y tratar de defender acusaciones que legalmente son indefendibles. Pero como esta Feci actual tiene motivaciones de carácter institucional y no políticas, ideológicas ni personales como la anterior, han continuado el trabajo que la anterior Feci dejó, con el costo mediático de tener que afrontar las consecuencias de las ilegalidades cometidas por la anterior Feci.

—PzP: ¿Cómo reacciona a que la actual PGN accionó para que usted enfrente juicio por el caso Construcción y Corrupción?

—Sinibaldi: Como en todos los anteriores casos, esperaba que la PGN presentara su respectivo recurso de apelación, como siempre lo ha hecho.

—PzP: ¿Cómo explica que su exabogado, Juan Arturo Jegerlenher, declarara colaborador eficaz en su contra y ahora esté enfrentando un nuevo caso?

—Sinibaldi: Desde que inicia un proceso penal cada persona puede seleccionar de qué forma quiere solucionar su situación jurídica, por lo que entiendo que Juan Arturo consideró que para él la vía más fácil era optar por una colaboración eficaz, sus razones o presiones habrá tenido.

Lo que yo no me puedo explicar, es cómo fue posible que él siendo abogado hubiera permitido tantas ilegalidades en el proceso de colaboración eficaz, así como en el acuerdo mismo, ni cómo haya permitido que se diera tanta información falsa, sí como abogado sabía perfectamente que esas situaciones daban la oportunidad a hacer anulable la salida que él había escogido. Por lo que era lógico que al ser yo el afectado con esas ilegalidades, iba a impugnar esos acuerdos de colaboración, los cuales al quedar sin efecto. Anularon todo lo que él había actuado con la anterior Feci, incluyendo los beneficios obtenidos así como las medidas sustitutivas que le concedieron lo cual se encuentra regulado en la Ley contra la Delincuencia Organizada y él lo sabía desde que firmó tales acuerdos, y por ello es que ahora se encuentra básicamente iniciando de nuevo un proceso que él mismo decidió no enfrentar en el año 2017, pero que será ahora que lo haga.

—PzP: ¿Qué reacción le merece que su exasistente, que declaró en su contra, haya sido enviada a prisión? Este caso y el de Jegerleher han levantado críticas sobre que usted busca venganza contra quienes declararon en su contra. ¿Qué responde a eso?

—Sinibaldi: En el caso de mi ex asistente pasa lo mismo que lo que indiqué en el caso anterior. Y con respecto a que es una venganza, quiero ser enfático y claro que mi defensa en todo momento ha tomado como principio el pragmatismo y como principal objetivo demostrar mi inocencia.

—PzP: ¿Está usted buscando recuperar los bienes que fueron objeto de extinción de dominio?

—Sinibaldi: En el presente momento mi enfoque ha sido y es, solucionar mi situación jurídica en los casos penales que ya he indicado, siendo esa mi prioridad.

—PzP. Cuando fue involucrado en casos de corrupción por el MP y la Cicig, usted se perfilaba como aspirante a la presidencia. ¿Sigue manteniendo la aspiración de dirigir el país? ¿Cuál es el estado de su carrera política?

—Sinibaldi: Tengo un firme compromiso familiar de nunca más volver a participar en política. Mi tiempo y mi esfuerzo están y estarán centrados en solventar mi situación jurídica, mi vida familiar y mis labores empresariales.

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