Así el MP y la PNC protegieron a infiltrados en protesta contra Porras

El Ministerio Público (MP) pidió y obtuvo de inmediato las grabaciones de cámaras de vigilancia cuando a Miguel Martínez, hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei, lo increparon pobladores de La Antigua Guatemala. Pero el MP dio un trato distinto a lo que ocurrió el 9 de octubre, cerca del Palacio Nacional de la Cultura, donde infiltrados en una manifestación pacífica que exigía la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, hirieron a pedradas a tres policías, destruyeron e incendiaron un monumento y saquearon una zapatería.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 14 adultos y tres adolescentes por, supuestamente, haber provocado disturbios, agredir a los agentes de la PNC y robar en la zapatería Santander, sobre la Sexta Avenida, zona 1. Ninguno de los detenidos llevaba capucha o máscaras, prendas usadas por quienes causaron los destrozos; tampoco estaban ebrios, condición que, quienes presenciaron los hechos, atribuyeron a los infiltrados la noche del 9 de octubre.

De los adultos capturados, cinco fueron ligados a proceso penal. Sin embargo, cuatro de ellos se libraron de la cárcel a cambio de pagar, cada uno, una fianza de 3,000 quetzales y solo uno está en prisión. Los medios que presentó el MP para implicarlos en los hechos fueron inconsistentes, confusos y contradictorios.  

Las inconsistencias en los informes de la Policía y las imputaciones del ente investigador se repitieron en los cuatro expedientes en los que dividieron a los capturados la noche de los disturbios. Una de las debilidades es que la Policía no indicó en ninguna de sus versiones oficiales que los detenidos usaban capuchas o máscaras, como lo describieron reporteros, testigos y videos tomados en el lugar.

En uno de los expedientes contra los detenidos por los sucesos del 9 de octubre, la Fiscalía de Distrito Metropolitano del MP incurrió en omisiones como, pedir a la PNC grabaciones de cámaras de vigilancia del 10 de octubre y no de un día antes, cuando los infiltrados causaron los destrozos.

La equivocación en la fecha se debió a un «error involuntario» que se corrigió inmediatamente, justificó el Departamento de Comunicación del MP.

Pero ese «error», que no ocurrió en la investigación del caso de Miguel Martínez, fue determinante para que el 16 de octubre, la jueza de Turno, Lourdes Marisol Castellanos Samayoa, dejara en libertad al grupo de seis capturados porque el MP no presentó elementos suficientes para acreditar que ellos pudieron haber robado la zapatería y causar desorden público.

Quienes causaron los disturbios la noche del 9 de octubre eran infiltrados. Lo señaló la misma PNC en sus redes sociales, aunque después borró las publicaciones por «órdenes superiores», confirmó una fuente de esa institución. También lo denunciaron los manifestantes presentes en la Plaza. La Municipalidad de Guatemala también señaló a los infiltrados en cuatro mantas vinílicas que colocó al frente del monumento que fue dañado.

El 2 de octubre se iniciaron las manifestaciones ininterrumpidas en puntos clave del país. Fue un levantamiento de pueblos indígenas que, al principio, se identificó como «Paro Nacional indefinido». Después de 19 días, las protestas se modificaron y ahora se concentran frente a la sede central del MP, en la capital.

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Desde su inicio, las manifestaciones han tenido una exigencia clara: la renuncia de la fiscal general del MP, Consuelo Porras; de los fiscales, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana. Todos son señalados por los manifestantes de ser los autores materiales de un «intento de golpe de Estado» que, en teoría, tiene por objetivo desconocer los resultados de las elecciones generales e impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el mando el próximo año.

Para el día de la trifulca, las protestas en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, eran inusuales.

***

Tres horas de disturbios: los infiltrados actuaron con libertad

Esta es la reconstrucción de la noche del 9 de octubre de 2023 en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura:  

18:09 horas

Unos 20 hombres jóvenes con la caras cubiertas con pañuelos y máscaras blancas se mezclaban entre los manifestantes que exigían, frente al Palacio Nacional, la renuncia de Consuelo Porras. Los infiltrados sonaban vuvuzelas y hacían ademanes para provocar a quienes genuinamente protestaban. Frente al tumulto, había una hilera de agentes de la PNC que se extendía por todo el frente del Palacio, quienes, con la ayuda de vallas metálicas protegían el edificio.

Una reportera del medio TV Azteca, en una transmisión en directo relataba que los manifestantes denunciaban que, quienes se cubrían el rostro eran infiltrados y que eran ellos quienes actuaban de forma violenta en ese lugar, que estaban ebrios y que ahora buscaban provocar también a los policías. Mientras eso ocurría, los manifestantes que pedían las renuncias de funcionarios judiciales buscaban mantener la calma en el lugar. No lo lograron.

18:14 horas

Los infiltrados empezaron a golpear las rejas metálicas que después usaron para agredir a los policías. Los sujetos con el rostro cubierto destruyeron las bases de concreto de las cruces del monumento a las 41 niñas que murieron durante y después del incendio del Hogar Seguro, en 2017, para usarlas como proyectiles contra los agentes de la PNC. Tres policías resultaron con heridas. La Plaza de la Constitución estaba a oscuras. Había confusión.

 18:16 horas

Desde que los disturbios empezaron, los antimotines de la PNC tardaron dos minutos en llegar al lugar. En la transmisión de TV Azteca se observó que los antimotines empezaron a lanzar los gases lacrimógenos a las 18:16 horas y que, en 35 segundos, los agentes lanzaron cuatro bombas contra las personas que se encontraban en la Plaza, a quienes dispersaron de inmediato.

Los policías dispararon indiscriminadamente, lo cual afectó a los verdaderos manifestantes. Minutos después, los infiltrados continuaron lanzando piedras y envases de vidrio a los policías. El desorden continuó.

Plaza Pública observó que los infiltrados también llevaban piedras para lanzarlas a los agentes y hacia el monumento al Bicentenario, estas eran blancas y porosas. En la Plaza de la Constitución no había ningún objeto u obra destruida que coincidiera con el material de esas otras piedras.

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18:38 horas

Agentes de la PNC empezaron a capturar a personas que corrían en la Plaza de la Constitución. Los policías dieron puntapiés a algunos de los detenidos. En las imágenes captadas por los medios de comunicación no se observa a ninguno de los detenidos con máscaras o pañuelos en el rostro. La Policía continuaba lanzando gases lacrimógenos.

Un capturado entrevistado por este medio, con una herida en la ceja izquierda, declaró que él estaba parado cerca del Portal del Comercio cuando fue agredido por los policías.

Los antimotines intervinieron sin recibir una orden, confirmó el director de la PNC, Edwin Ardiano, esa misma noche en la Plaza de la Constitución. Al hacerlo los agentes incumplieron el Protocolo de Disolución de Masas de la PNC. Este refiere en su primer punto: «…donde se esté alterando el orden público y sea necesaria la presencia y actuación de la unidad, una vez trasladada la unidad al lugar de actuación y recibida la orden de intervenir, el jefe de la fuerza ha de estar en condiciones de tomar una rápida decisión a la vista de la misión recibida».

[Mira el video donde se observa cómo la PNC patea a personas que capturaron]

18:41 horas

Ardiano llegó al parque central y aseguró a periodistas que nadie dio la orden para que los antimotines dispararan gases lacrimógenos. Sin embargo, mientras él hablaba a los medios, el desorden seguía y los policías continuaban lanzando bombas.

El director dijo que el responsable de que la Policía haya lanzado bombas lacrimógenas sin una orden superior es el jefe de operaciones de la Comisaría 11. Ardiano dijo que el nombre de esta persona era «Bal López», pero en realidad su nombre es Pedro Gustavo Bal Chex. Agregó que lo ocurrido ameritaba «una sanción muy grave o una destitución», pero hasta el cierre de esta publicación el jefe de operaciones continuaba en el puesto y los hechos seguían en investigación, según el vocero del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar.

En noviembre de 2020, cuando Ardiano fungía como director adjunto de la Policía, fue señalado de lanzar bombas lacrimógenas en una manifestación contra la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021, en la zona 1 de la capital. En ese entonces, Udefegua elaboró un informe en el que denunció que las detenciones de esa fecha fueron «arbitrarias e ilegales», que estas se realizaron sin tomar en cuenta estándares nacionales e internacionales y que se incumplió el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de la Policía.

Cuando fue señalado de lanzar bombas lacrimógenas durante la manifestación de 2020, en la que la PNC cometió abusos, el funcionario policial permaneció en silencio. Pero el 9 de octubre de 2023, después de que la PNC de nuevo dispersó de forma violenta una manifestación, Ardiano ofreció disculpas a los manifestantes afectados esa noche.

18: 54 horas

El grupo de sujetos empezó a lanzar piedras al monumento al Bicentenario que construyó la Municipalidad capitalina en la Plaza, de donde sacaron un extintor de incendios y lo vaciaron. También destruyeron una bicicleta; además, sustrajeron mobiliario, un microondas y cuadros que estaban dentro del inmueble.

En las imágenes del canal Guatevisión se observa que, por su complexión, casi todos los que causaron destrozos fueron hombres jóvenes y adolescentes con los rostros cubiertos. Eran violentos, lucían desorientados y destruían todo lo que estaba su paso, sin un objetivo específico. Deambulaban en grupo por la Plaza, con objetos en las manos que lanzaban hacia cualquier lugar.

[Mira el video de cómo una persona transporta un microondas extraído del Monumento al Bicentenario]

19:00 horas

El gobierno de Guatemala transmitió, en cadena nacional, un mensaje pregrabado de Alejandro Giammattei. El presidente de la República criminalizó las protestas contra Consuelo Porras y dijo «lo más severo de toda la situación actual es que se han observado actos de vandalismo contra comercios, empresarios y particulares y que han existido incidentes que han empezado a salirse de control».

Mientras eso pasaba, los antimotines que hacía minutos habían disparado lacrimógenas indiscriminadamente, solo contemplaban cómo los infiltrados destruían el monumento al Bicentenario. Los policías antimotines no movían un solo dedo para evitar los destrozos.

19:17 horas

Los infiltrados seguían destruyendo los vidrios del monumento al Bicentenario y le prendían fuego a lo que había dentro. Las personas quebraron bolardos de concreto para lanzarlos en pedazos hacia la estructura municipal.

19:29 horas

«Vayan, hombre, son infiltrados», les dijo una persona en el parque central a los antimotines de la PNC. Los agentes lo ignoraron y se mantuvieron inmóviles; solo observaron la destrucción del bien público.

19:44 horas

Los bomberos empezaron a apagar el incendio en el monumento al Bicentenario.

19:54 horas

Sobre la Sexta Avenida de la zona 1, frente a la zapatería Santander de la Plaza Vivar, cinco agentes de la PNC detuvieron a un joven a quien señalaron de haber robado el negocio. Los vidrios de la zapatería estaban quebrados y la persiana la habían forzado para abrirla, había zapatos regados dentro y fuera del inmueble. En una transmisión en vivo del diario La Hora se observa que el policía que sujetó al capturado dijo: «Se encontraba aquí saliendo de adentro, ve», mientras señalaba el local.

El joven se justificó: «Yo venía caminando, cuando ellos empezaron a decir “corran, corran” cuando vi, todos iban a recoger zapatos. Pero yo por tonto, fui a recoger un zapato. Yo andaba pidiendo dinero, no andaba haciendo nada malo». Una semana después, ese mismo detenido declaró, frente a la jueza de Turno, que cuando lo detuvieron no tenía ningún objeto en la mano. El MP no tuvo argumentos para cuestionarlo ante la jueza.

​​​​​​20:58 horas

Sobre la Sexta Avenida y 17 calle de la zona 1, los agentes de la PNC, a bordo de las patrullas GUA-11141, GUA-11180 y GUA-11246, capturaron a más personas, por supuestamente participar en los disturbios que habían ocurrido diez cuadras atrás y hacía tres horas.  

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Dos agentes de seguridad privada entre los capturados

Al final de la jornada, la PNC capturó a 17 personas (14 adultos y tres adolescentes) sindicadas de cometer los destrozos y robos cerca del Palacio Nacional. Pero solo informó de algunas detenciones. Plaza Pública consultó en los juzgados de Turno, en el MP y la Dirección General del Sistema Penitenciario, y recopiló estos datos de los capturados y en donde se definió su situación legal. Entre las detenciones poco publicitadas por la PNC hay dos agentes de seguridad privada.

A continuación, los detenidos y los juzgados donde se resolvió su situación:

Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno
 
Gilberto Chivalán Hernández
Diego Ixtos Tzep
Juan Antonio Chivalán Hernández  

(El MP los acusó de atentado con agravación específica. Se les dictó falta de mérito. La fiscalía apeló el fallo).

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno

Joel Quej Caal, 25 años
Raúl Eduardo Pochón Berríos, 24 años
Noé Caal Icó, 18 años
Melvin Bosets Pérez del Cid, 19 años
Aiberson Genohan Torres Molina, 18 años (venezolano)
Carlos Armando Malave Caraballo, 21 años (venezolano)
Tres menores de edad remitidos al Juzgado de Menores

(Fueron acusados de robo agravado y desorden público. Se les dictó falta de mérito. El MP apeló el fallo. Noé Caal Icó es agente de seguridad privada).

Tommy David Estanli Ramazzini Ortiz
Glaver Alexis Gramajo García
Rocael Antonio Fuentes González
Dulce Alejandra Pivaral Rivera

(Fueron ligados a proceso penal por robo agravado y depredación de bienes culturales. El juzgado les otorgó libertad a cambio de pagar 3,000 quetzales cada uno. La fiscalía apeló la medida sustitutiva).

José Manuel Ochoa Pérez, 41 años
(El juzgado lo procesó por robo agravado, desorden público y depredación de bienes culturales. El 11 de octubre ingresó al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, donde sigue prisionero).

Ochoa Pérez es agente de seguridad privada. Según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hasta julio de 2023 trabajó para la empresa Protektor Patrol, S.A., a la cual se le han adjudicado 60.6 millones de quetzales desde hace cinco años. Entre los principales clientes de Protektor se encuentra el Ministerio de Agricultura, que el año pasado le otorgó un contrato por 7.2 millones de quetzales por servicios de seguridad.

Dicha empresa confirmó a este medio que Ochoa Pérez fue su empleado, pero que lo dieron de baja antes del 9 de octubre de 2023. La persona que atendió la llamada no explicó los motivos por los que Ochoa Pérez dejó de laborar en la compañía. El domicilio comercial de la empresa está en la zona 1 capitalina, la misma donde ocurrieron los hechos por los que detuvieron a su exempleado.

***
Las omisiones del MP

«No contamos con fotogramas o videos que me hagan pensar a mí sobre la posibilidad de participación de cada uno de los sindicados en esta audiencia. Se ha perdido tiempo entre que se solicita información y se rectifica. Hoy no se cuenta con un medio de investigación más concreto o más certero para que, a juicio de la juzgadora, haga pensar la posibilidad de participación de los sindicados en los tipos penales de robo agravado y desorden público», razonó el 16 de octubre la jueza de Primera Instancia Penal Turno, Lourdes Marisol Castellanos Samayoa, previo a decretar la falta de mérito a favor de seis de los capturados por los destrozos en la Plaza de la Constitución.

En el anterior proceso para elección de magistrados de Cortes de Apelaciones, Castellanos Samayoa se postuló para ser magistrada de sala, pero fue excluida de la nómina final de candidatos.

Quienes quedaron libres tras la resolución de Castellanos Samayoa fueron: Joel Quej Caal, Raúl Eduardo Pochón Berríos, Noé Caal Icó, Melvin Bosets Pérez del Cid y los venezolanos Aiberson Genohan Torres Molina y Carlos Armando Malave Caraballo. La Policía los capturó por supuesto robo agravado y desorden público.

La jueza señaló en su fallo que en la sindicación que realizó el auxiliar de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, César Augusto De León Girón, no solo constaba que el Ministerio Público pidió a la PNC imágenes de las cámaras de vigilancia de un día después de los hechos, sino que también el MP presentó fotografías en blanco y negro, además con baja resolución, en las que no se observaba con claridad quiénes cometieron los hechos vandálicos.

Sobre lo anterior, el MP indicó a este medio: «El personal fiscal puso de conocimiento del órgano jurisdiccional los medios de convicción necesarios con los cuales se argumentó la necesidad de ligarlos a proceso, entre estos, las fotografías de la inspección ocular del lugar del hecho y las demás imágenes referenciales de todo el evento de las manifestaciones durante las cuales ocurrió el hecho. Sin embargo, en cuanto al momento donde la gente ingresa al comercio, el video obtenido no aporta plena visibilidad de la comisión del hecho».

No obstante, en el expediente que sirvió al MP para la sindicación, que Plaza Pública tuvo a la vista, hay dos fotografías borrosas en las que, con dificultad, se visualizan dos personas que golpean con un objeto el monumento al Bicentenario. Pero, ni la vestimenta ni los rostros de estas personas se logran apreciar con claridad. Esas fotografías tampoco tienen mucho sentido en ese expediente, porque el MP en ningún momento señaló a los seis detenidos de dañar ese monumento.

La fiscalía también presentó, ante la jueza, una factura a nombre de un consumidor final (c/f) para intentar probar a quién pertenecían los zapatos sustraídos del local, hechos que sí fueron atribuidos a los seis detenidos. Castellanos Samayoa hizo hincapié en esta parte: señaló que con esa factura no se establece el dueño de los artículos, únicamente se comprueba una compraventa.

Miriam Muz, abogada de Caal Icó y Pérez Del Cid, señaló durante la audiencia de primera declaración que el MP tuvo una semana para presentar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zapatería Santander, para inculpar a los detenidos, pero el ente investigador no lo hizo. Las imágenes de esas cámaras están almacenadas en el centro de monitoreo del negocio, ubicado en la zona 6 de Mixco, según la declaración que la encargada dio a la fiscalía.  

La oficina de comunicación del MP agregó que las imágenes sí fueron pedidas a la empresa, pero que no fueron presentadas en la audiencia porque el 16 de octubre la movilidad en el país se vio afectada por los bloqueos y manifestaciones contra la fiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, para esa fecha la movilización estaba restablecida en casi toda Guatemala.

También se informó a este medio que la Fiscalía de Distrito Metropolitano solicitó a la Policía Nacional Civil grabaciones del 10 de octubre debido a un «error involuntario» que se corrigió de inmediato. El 13 de octubre, el MP recibió las grabaciones del día de los hechos. Pero estas no se presentaron en la audiencia que se realizó tres días después porque según la jueza, no estaban disponibles para entonces.

Las contradicciones de la PNC

Plaza Pública también tuvo a la vista el informe que elaboró la PNC sobre las seis detenciones, así como las declaraciones que tres policías rindieron a la Fiscalía de Distrito Metropolitano. En los documentos hay varias contradicciones que jugaron a favor de los detenidos el 9 de octubre.

Los agentes de la PNC Aníbal Ventura Juárez Alvarado, Melvin Francisco González Coloch y Otto Orlando Chaclán Reyes indicaron en sus declaraciones que a las 19:30 horas del 9 de octubre, brindaban seguridad afuera del Palacio Nacional de la Cultura, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas que intentaba ingresar al edificio les lanzó piedras y que por eso empezaron a perseguir a sus agresores.

Lo cierto es que a esa hora, frente al Palacio Nacional no se registró ninguna trifulca, sino que los infiltrados destruían el monumento al Bicentenario. El MP tampoco acusó a los detenidos de agredir a policías, sino que únicamente de robo agravado y desorden público.

Los guardias de la PNC dijeron en su informe y en sus declaraciones que fueron agredidos por los seis detenidos. El vocero de la Policía, Erwin Monroy, compartió los nombres de los dos capturados con una descripción que decía: «Estos sujetos participaron en lesiones a dos mujeres policías y un oficial II de la PNC». Sin embargo, el MP no sindicó a ninguno de la agresión a los policías, únicamente por causar desorden público y robar en la zapatería.

A excepción de Joel Quej Caal, todos los detenidos dieron su versión de los hechos ante la jueza Castellanos Samayoa. Sus declaraciones coincidieron en que esa noche hubo mucho desorden y personas con capuchas que corrían con zapatos en las manos después de haber robado en el local.

Los agentes de la PNC omitieron en el informe (llamado prevención policial) y en las declaraciones que rindieron ante la fiscalía la madrugada del 10 de octubre, que varios de los que vandalizaron en la Plaza de la Constitución tenían los rostros cubiertos y estaban ebrios. En sus declaraciones, los policías aseguran que las seis personas que rindieron su declaración el 16 de octubre, se encontraban sobrios cuando los capturaron. Ninguno portaba capucha, máscara o gorro pasamontaña.

La Policía también evitó informar del lanzamiento de bombas lacrimógenas esa noche y aludir la investigación que anunció el director de la PNC en contra del jefe de operaciones de la Comisaría 11, Pedro Gustavo Bal Chex.

Las declaraciones de los agentes de la PNC ante la fiscalía tampoco concuerdan con el informe policial que ellos redactaron. En este último, los policías dijeron que la primera detención la realizaron a las 20:00 horas frente a la zapatería Santander. En efecto, en una transmisión del diario La Hora se observa que a las 19:54 horas fue la captura de Melvin Bosets Pérez Del Cid.

Pero entre el Palacio (donde los agentes dijeron estar a las 19:30 horas) y la zapatería Santander, donde ocurrió la primera detención, hay tres cuadras de distancia, que los guardias fácilmente pudieron recorrer en unos cinco minutos y no en media hora como se infiere de sus declaraciones a los fiscales del MP.

Pérez Del Cid declaró frente a la jueza que él se dedica a vender dulces en las calles de la zona 1. Su abogada, Miriam Muz, explicó a Plaza Pública que el joven vive en situación de calle y que se mantiene en los alrededores de la Plaza de la Constitución.

Pérez Del Cid es el joven que, la noche del 9 de octubre, admitió haber agarrado un zapato mientras pasaba por el local saqueado. Pero en la audiencia de primera declaración no dijo esa parte y solo explicó que cuando lo capturaron no tenía ningún objeto en la mano.

Según el reporte policial, los venezolanos Torres Molina y Malave Caraballo fueron detenidos, a las 20:05 horas, sobre la Sexta avenida y 15 calle de la zona 1. Mientras que sobre la 17 calle, frente a un comercio con la dirección 5-45 de la misma zona, los restantes tres sujetos fueron capturados a las 20:10 horas. De acuerdo con la PNC, a cada uno le incautaron un par de zapatos robados del negocio saqueado.

Si los agentes estaban frente al Palacio a las 19:30 horas, como explicaron en su declaración ante la fiscalía, ¿cómo hicieron para observar que las personas que aprehendieron saquearon la zapatería? A tres personas las capturaron siete cuadras después de donde efectuaron la primera detención.

En una parte de las declaraciones de los agentes de la PNC, las cuales son casi idénticas, estos aseguran: «Observamos a varios individuos corriendo con zapatos en la mano, posiblemente de la tienda de zapatos». Pero en otra parte del documento, los policías ya no suponen, sino que dan por sentado que observaron a los sujetos cómo habían robado el negocio: «Los hoy sindicados momentos antes los visualizamos cuando salieron corriendo de la zapatería que habían saqueado», sostienen.

Durante la audiencia, la abogada Telma Salazar, defensora de Joel Quej Caal, cuestionó esa incongruencia en los informes policiales: «Es decir que, de donde ocurrió el hecho, mi patrocinado fue aprehendido dos cuadras después (en realidad son siete cuadras de distancia). Los agentes indican que fueron alertados ¿cómo se dieron cuenta que mi patrocinado salió corriendo del lugar?», dijo.

Los venezolanos Torres Molina y Malave Caraballo al inicio de la audiencia dijeron que eran primos, luego precisaron que únicamente son amigos. Ambos explicaron que ingresaron a Guatemala por Esquipulas, Chiquimula, el 8 de octubre, un día antes de los hechos en la Plaza de la Constitución, y que su intención era migrar hacia Estados Unidos.

Mientras que, Raúl Eduardo Pochón Berríos, otro de los detenidos, también aportó datos confusos ante la jueza de Turno, los cuales en ningún momento fueron cuestionados por el MP.

Por ejemplo, en el informe de los agentes de la PNC se indica que el oficio de Pochón Berríos es mecánico. Pero en la audiencia dijo que se dedicaba a otra cosa: «Yo trabajo en una herrería que se llama Creaciones Infantiles Josué. Queda en la 17 calle 6-26 zona 1», dijo. Plaza Pública verificó esa dirección y constató que en ese lugar no opera ninguna herrería, sino una venta de papas fritas. En el domicilio tampoco dieron razón sobre Pochón Berríos ni por el negocio Creaciones Infantiles Josué.

Pochón Berríos dijo a la jueza que llegó solo «por curiosidad» a la Plaza de la Constitución: «El lunes (9 de octubre) a las 6:00 de la tarde salí de mi casa, más que todo por la curiosidad de ir a ver las manifestaciones. Estábamos con mi hermano y mi primo… (hizo una pausa como para recordar un discurso memorizado) perdón, es que me siento algo nervioso. Estaba con mi hermano, Jorge Alexander Berríos Fuentes y mi primo Carlos Enrique Díaz…» declaró.

«Estábamos frente al Palacio Nacional sentados en unas bancas cuando comenzaron unos disturbios y comenzaron a quebrar vidrios, a quemar cosas… y estaban en un monumento de la Municipalidad y estábamos ahí cuando llegaron los antimotines. Un oficial muy amablemente nos dijo que nos fuéramos de ahí, que ya todo se había salido de control», continuó Pochón Berríos.  

Sus declaraciones son contradictorias porque a las 6:00 de la tarde del día de los disturbios, cuando esta última persona dice que salió de su casa (en la colonia Oralia de la zona 3 capitalina), el desorden aún no había empezado. Además, en los videos captados por los medios de comunicación mientras los infiltrados destruían el monumento, en las bancas frente a este no se observa a ninguna persona sentada, como declaró Pochón Berríos.

Otro detalle que los policías omitieron en su informe y en las declaraciones ante la fiscalía, es que a lo largo de toda la Sexta avenida había decenas de cajas y zapatos regados. Varias estaban abiertas y vacías sobre las bancas de la avenida, como cuando alguien se toma el tiempo para probarse los zapatos y luego marcharse.

Además, en la prevención policial, los agentes informaron que la caja de zapatos que le incautaron a Noé Caal Icó era celeste, mientras que en la declaración ante la fiscalía los policías aseguraron que esta era «posible color verde».

Caal Icó, de 18 años, rindió su primera declaración con el apoyo de un traductor del Organismo Judicial (OJ), porque dijo que únicamente hablaba q’eqchi’. Casi toda su declaración la dio ante la jueza en ese idioma; sin embargo, cuando su abogada le preguntó ¿a qué hora lo detuvieron? Caal Icó respondió en español, de inmediato y sin titubear «A las 7:56». Según la PNC, su captura fue a las 20:10 horas.

El joven es originario de Senahú, Alta Verapaz, según los datos que recopiló la PNC y que constan en la prevención policial. Caal Icó calzaba botas negras tipo militar, las mismas aún las tenía puestas al momento de la primera declaración. En esa audiencia dijo que, el 9 de octubre, después de su trabajo llegó a la Plaza de la Constitución y que esa noche estaba corriendo porque vio a muchas personas hacer lo mismo.

En el informe policial también se consignó que el joven trabajaba como agente de seguridad privada. El intérprete del OJ indicó a este medio que Caal Icó laboraba en la zona 10 capitalina, aunque dijo que desconocía en cuál empresa.

El 16 de octubre, al terminar la audiencia donde los seis jóvenes quedaron libres, Plaza Pública le preguntó al auxiliar fiscal De León Girón sobre las debilidades en la sindicación señaladas por la jueza de Turno. El funcionario respondió con una risa nerviosa que él no fue quien investigó los hechos, sino que únicamente lo asignaron para cubrir la audiencia de ese día en la que se buscó implicar a los detenidos.

La abogada Yolanda Pérez Ruiz, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dice que la inconsistencias que presenta la investigación sobre los infiltrados es una muestra de la falta de credibilidad que mantienen la PNC y el Ministerio Público y la «mala fe» de ambas instituciones. Señala, también, que la jueza de Turno cumplió con su deber, porque no había elementos para procesar a los detenidos.

«Si usted, siendo de la PNC, captura a alguien no es solo porque esté ahí (en el lugar de los hechos), sino que tiene que determinar qué acción cometió y si esa acción es delictiva, lo cual es una exigencia porque los delitos en Guatemala, como casi cualquier parte del mundo, son individuales, son personales; no es porque alguien rompió un vidrio y había muchísima gente, entonces estaba cerca alguno (entonces) “me lo llevo”, no», señaló Pérez Ruiz.

La expresidenta de la CSJ, quien también fue abogada de la Cicig, indicó que lo anterior también refleja cómo es el trabajo de la institución que dirige Consuelo Porras: «El solo hecho de solicitar videos de un día posterior denota la ineficiencia. En mi criterio como ciudadana le puedo decir que, como no tenían nada, solo a la gente (a los capturados), tenían que justificar de alguna manera su petición de prisión y el consecuente proceso. Esto me dice: ¡Qué mal Ministerio Público tenemos y qué sospechoso es todo lo que hace!».

El departamento de Comunicación del MP informó que apeló la decisión de la jueza Castellanos Samayoa de declarar la falta de mérito. La fiscalía hizo lo mismo en dos expedientes más: uno en el que también quedaron libres tres personas por falta de elementos para procesarlos y otro en el que cuatro personas fueron beneficiadas con casa por cárcel, a cambio de pagar una fianza de 3,000 quetzales cada una. Sin embargo, los recursos legales no han sido resueltos y ese proceso puede tardar hasta seis meses, admitió el MP.

***

Previo al 9 de octubre de 2023, cuando el presidente Giammattei dio un mensaje incendiario y se registraron los disturbios en la Plaza de la Constitución, no hubo hechos para calificar las protestas como violentas o vandálicas. La fiscal general, Consuelo Porras, también dijo en un mensaje pregrabado que las manifestaciones habían derivado en «saqueos» sin aportar pruebas de lo dicho.

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El vocero de la PNC, Erwin Monroy, trasladó a Plaza Pública información incompleta y contradictoria sobre las capturas durante las manifestaciones. Monroy dijo que, el 7 de octubre, la Policía detuvo a cinco adultos y dos adolescentes por desorden público y «vandalismo en comercios» en regiones diferentes al área metropolitana del país.

Dos de las detenciones, dijo, se realizaron en Chimaltenango. Los datos que remitió el vocero sin mayor explicación fueron estos: «en el kilómetro 54, ruta Interamericana, frente a un centro comercial, de Chimaltenango, fue detenido Miguel “N” de 23 años y se remitió a un menor de 13 años, quienes presuntamente, un día antes participaron en actos de vandalismo, en comercios y tiendas de barrios del sector».

—¿Tenían orden de captura o por qué se les detuvo por hechos ocurridos un día antes? ¿Qué tipo de vandalismo realizaron en comercios y tiendas de barrio? —preguntó Plaza Pública al vocero.

—Fue flagrancia —respondió Monroy sin responder más preguntas.