Hogar Seguro: una bocina rota y otros retrasos impiden el inicio del juicio
Hogar Seguro: una bocina rota y otros retrasos impiden el inicio del juicio
Cada vez que hay audiencia del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Anabelly y Sabas salen a las 4 de la mañana de la aldea Hierba Buena, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Los últimos 11 viajes los han hecho en vano, ya que el Tribunal Séptimo Penal ha suspendido el inicio del juicio por la muerte de 41 niñas y adolescentes, y las quemaduras graves a otras 15, entre ellas Ana Roselia Pérez Junay.
Anabelly Junay y Sabas Pérez caminan lento y tomados del brazo mientras ingresan a la Torre de Tribunales. No cargan consigo nada más que sus suéteres y el pasaje del día. En las audiencias se sientan junto a otras familias que como ellos, perdieron a una hija en el Hogar Seguro.
La pareja de esposos tuvo 15 hijos e hijas, y Ana Roselia, a quien llamaban Chela, era la penúltima. Ana tenía 12 años cuando murió en el incendio del 8 de marzo de 2017. Llegó allí porque los vecinos denunciaron que la familia vivía en situación de pobreza y la Procuraduría General de la Nación la llevó a esa institución.
Cuando se enteraron del incendio, Anabelly y Sabas se movilizaron y buscaron a su hija durante una semana hasta que la encontraron en la morgue.
«Yo tenía la esperanza de que iba a estar viva, la busqué por todos lados. Para mí fue bien duro recibir la noticia de que estaba muerta. Hasta el día de hoy, que ya van a pasar seis años, yo siento cómo que fue el día de ayer», recordó Anabelly el 7 de febrero, día en que, pese a salir de su casa a las cuatro de la mañana, pasó menos de diez minutos en la sala de audiencias donde ahora busca justicia para su hija.
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Para esa fecha el Tribunal Séptimo Penal iniciaría el juicio contra ocho personas acusadas de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad, lesiones culposas y abuso de autoridad. Era el undécimo intento para que iniciara el debate, sin embargo, como en todas las ocasiones anteriores, en el último momento surgió algo que lo impidió.
El caso está estancado en laberintos legales y de logística en las audiencias, mientras las madres y familiares de las víctimas insisten en que se haga justicia y sus abogados denuncian que ven intentos de dejar impune la muerte de las niñas.
Los enredos
Solo durante enero y la primera semana de febrero, ya hubo cuatro intentos de iniciar el debate . En la primera ocasión, una bocina del Organismo Judicial no funcionaba. En el segundo intento seguía sin funcionar pese a que la jueza ordenó que la repararan. La siguiente ocasión, el sindicado Luis Armando Pérez Borja, excomisario de la Policía Nacional Civil se quedó sin abogado; y la última vez, el mismo procesado presentó una recusación para que la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes Arrivillaga deje de conocer el caso.
«Están retrasando las audiencias. Es triste porque nosotros nunca jamás vamos a volver a ver a mi hija, pero de todas formas vamos a hacer la lucha, queremos justicia, que ellos paguen porque no es justo que hagan lo que quieran con ellas allá adentro», dijo Anabelly.
Edgar Pérez, abogado del Bufete de Derechos Humanos, organización que representa a un grupo de familiares de las víctimas, explicó que hay un sentimiento de impotencia alrededor del caso y que identifica que hay un grupo de sindicados, quienes gozan de arresto domiciliario, que no quiere que se celebre el debate.
«Iniciar un juicio beneficia a todas las partes, tanto para quienes piden justicia y para los acusados, porque se resolverá si tienen o no una responsabilidad. (Para retrasar el juicio) se usan herramientas legales pero desde el punto de vista moral y ético no son idóneas», explicó.
En este caso, solo dos de los ocho sindicados están en prisión: Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín. Ambos eran parte de la Policía Nacional Civil cuando ocurrió el incendio. Gozan de medida sustitutiva Anahí Keller, ex subsecretaria de Bienestar Social; Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social; Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos; Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; y Brenda Yulissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección contra el Maltrato.
Entre otras pruebas, en este caso hay declaraciones testimoniales de las sobrevivientes, documentos que prueban cuáles eran las funciones de los acusados y cuáles dejaron de cumplir, peritajes que demuestran el grado de lesiones en las adolescentes, estudios sobre cómo estaba diseñado el hogar y cómo se expandió el fuego dentro del aula donde murieron 41 de ellas.
Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, entidad que también representa a las víctimas y sobrevivientes, señaló que los delitos en este caso tienen penas mínimas y que la acusación de homicidio culposo se quedaría corto con la gravedad de los hechos.
«No hemos avanzado y según la ley deberían pasar solo seis meses para llegar a esta etapa procesal, pero ya casi vamos para los seis años», reclamó.
Hasta este 8 de febrero, han pasado 2,163 días desde el incendio y ninguna persona ha sido condenada. Por el contrario, durante este tiempo seis de los ocho acusados han conseguido salir de la cárcel.
En medio de los enredos legales quedan las familias, que como Anabelly y Sabas dependen de sus abogados y abogadas para entender qué está pasando.
«Ella ya no está, pero aquí estamos nosotros para reclamar por ella», dijo Anabelly.
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Insistirán
Nuevamente el caso quedará en impasse y la espera para que se retome será más larga. Una sala de apelaciones deberá resolver si acepta o rechaza la petición de separar a la jueza Ingrid Cifuentes, lo que debido a la mora judicial podría tomar meses o un año.
«Él me dice: yo voy a seguirte siempre acompañándo, no te voy a dejar sola, somos padres y yo te voy a acompañar hasta el final. Vamos a seguir luchando hasta el final a ver qué va a decidir Dios. Ahí miramos cómo nos venimos para estar en las audiencias», dijo Anabelly antes de despedirse y perderse entre la gente que a diario llega a Tribunales a resolver su caso o a reclamar justicia.
Un aniversario más del incendio llegara sin que el juicio haya iniciado. Afuera de Tribunales un grupo de artistas pegó afiches de denuncia por este caso. En uno de ellos se leía: « Justicia tardía no es justicia».
«Los patojos me dicen: ‘Dios vaya con usted, es cierto que la perdió pero que Dios le dé fuerzas’. Yo les digo: ‘Sí mis hijos, yo sigo luchando por ustedes pero a ella siempre la llevo en mi corazón y no la voy a olvidar’».
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