Juicio a Zamora, días 4 y 5: Las dudas alrededor de la principal prueba del Ministerio Público
Juicio a Zamora, días 4 y 5: Las dudas alrededor de la principal prueba del Ministerio Público
El MP acusa al periodista José Rubén Zamora con la grabación que hizo Ronald García Navarijo, el banquero que le habría montado una trampa para que fuera detenido. Ese audio fue presentado en el juicio, donde la analista que lo extrajo del iPad fue interrogada y entre confusión, reveló posibles contradicciones en el manejo de la prueba.
En las últimas dos jornadas de audiencias en el juicio contra Zamora y la exfiscal Samari Gómez, han declarado ocho personas, entre testigos, analistas y peritos. Con sus exposiciones se van juntando las piezas del rompecabezas de este caso por supuesto lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y revelación de información confidencial.
Unas de las principales pruebas de la nueva Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), representada en el juicio por la fiscal Cinthia Monterroso y su auxiliar Edvin Alexander de León Menchú, son las grabaciones que hizo en secreto Ronald García Navarijo, el exbanquero del Banco de los Trabajadores, quien durante muchos años fue una fuente de información para Zamora, a quien le montó una trampa para denunciarlo.
La reproducción de esas imágenes y audios durante el juicio y el interrogatorio hecho por las partes revelaron fallos del Ministerio Público, que no le entregó al Tribunal toda la documentación disponible y dejó dudas sobre cómo se hizo la extracción de información de los aparatos de García Navarijo.
Mientras tanto, Zamora avizora que será condenado y anuncia que aunque demuestre su inocencia, será hasta que su caso llegue a una corte internacional, podrá salir de la cárcel. La exfiscal Gómez, señalada de filtrar información, insiste en que el MP no tiene pruebas en su contra, ya que no especifica cómo, cuándo, dónde, ni qué datos habría revelado.
Esto pasó.
Las grabaciones del agente secreto no autorizado
García Navarijo, según Zamora, empezó a grabarlo a escondidas en agosto del 2021, once meses antes de su captura en julio de 2022.
«García Navarijo estuvo en un proceso continuado de grabarme en tres o cuatro ocasiones para comprometerme, para pedir cosas que solo lo beneficiaban a él. Lo hizo antes de notificarlo al MP, sin autorización judicial», señaló Zamora.
Para ese tiempo, la entonces fiscal Samari Gómez acababa de iniciar una nueva investigación que relacionaba a directivos de Bantrab con financiamiento a partidos políticos entre 2011 y 2015.
El entonces banquero se enteró y acudió a la Feci a pedir copia del expediente, al cual tenía derecho de acceder por estar implicado;al revisarlo detectó que había tres cheques que giró a favor de la empresa Aldea Global, S.A., la casa editora de elPeriódico.
Con esa información, García Navarijo le dijo a la entonces fiscal Gómez y a la Feci, que quería convertirse en colaborador eficaz, sin embargo, a escondidas del Ministerio Público, inició reuniones con personas que podrían estar implicadas para buscar justificar las transacciones.
Entre ellas, se comunicó con Zamora, lo citó a una reunión junto a sus abogados y la contadora de elPeriódico, y los grabó mientras discutían cómo crear una estrategia legal que le permitiera «cerrar el ciclo» de esos cheques y evitar que la Feci lo persiguiera.
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«Por un lado, el sindicado (García Navarijo) se estaba reuniendo con otras personas para tratar de desviar la investigación, mientras que a nosotros (en la Feci) en teoría nos estaba entregando información; estaba jugando un doble papel», explicó Gómez a los periodistas durante un receso del juicio.
Dicha reunión ocurrió en agosto de 2021, once meses antes de la captura del periodista. La grabación fue reproducida en el juicio el lunes 8 de mayo, donde también fue interrogada Maritza Marleny Pérez Pérez, analista del Centro de Recopilación, Análisis y Difusión de Información Criminal de la Policía Nacional Civil, quien fue la encargada de extraer los datos del iPad y iPhone de García Navarijo.
Entre los datos que extrajo de los aparatos, hay un audio de una llamada entre García Navarijo y Zamora, donde el periodista le dice «me llamó Juan Francisco (Sandoval), y sus amigos de la Feci dicen que Curruchiche va a retomar el caso del Bantrab».
La Fiscalía usa esa grabación para acusar a Gómez de revelar información del caso a su exjefe en la Feci, Sandoval, cuando este ya no trabajaba en el Ministerio Público. Durante el juicio, ella negó los hechos, y aseguró que en ese tiempo solo recibió un mensaje de él, donde la felicitaba por su graduación como abogada.
Durante el interrogatorio, la defensa de la exfiscal Gómez le preguntó con insistencia a Pérez por qué si según las fechas ella recibió el aparto el 5 de septiembre, cómo es posible que la fecha de la descompresión del archivo digital es del 28 de agosto. La analista se mostró confundida ante la pregunta, y no aclaró la diferencia de fechas; dijo que no tenía la cadena de custodia a la mano.
El juez Otto Hugo Valvert Veras intervino y le preguntó a Pérez si era posible establecer que el aparato de donde ella extrajo la información, es el original, es decir, donde la llamada fue grababa. Ella respondió que no podía establecer si ese dispositivo es el original donde se grabó el audio.
La emboscada
Jorge González Barrios Santos, fue el mensajero de elPeriódico a quien el 28 de julio de 2022, Flora Silva, la contadora del medio, le asignó la entrega en una oficina de la zona 10, una factura y un recibo de caja, donde a cambio le darían un cheque.
A la misma oficina llegó Roberto Vicente, piloto del medio, quien tenía asignado entregar una bolsa que contenía adentro los 300,000 (unos US$38,400)en efectivo que están en disputa en este caso. 265,000 (unos US$33,900)tenían un cintillo del Banco Industrial, dijo Zamora.
Lo que ambos desconocían es que todo era parte de un operativo de la Feci y García Navarijo. Esa misma mañana la fiscalía solicitó a la Policía Nacional Civil a agentes encubiertos para tomar fotografías y hacer seguimiento a los trabajadores.
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Ambos entraron a una sala de reuniones donde un aparato fue colocado en posición para grabar. Martín Lorenzo Godoy fue el agente asignado para hacer la vigilancia y fue citado a declarar. Allí confirmó que ese mismo día lo citó la Feci, y que al llegar a la oficina fue recibido por García Navarijo y que tomó fotografías desde la sala de espera.
Otro de los testigos que declaró fue Luis Humberto Chinchilla Estrada, amigo desde hace diez años de García Navarijo, quien dijo que este le llamó para pedirle el favor de ir a su oficina a recibir un dinero. Chinchilla accedió y fue quien recibió a los exempleados de elPeriódico, a quienes les dijo un nombre falso. Allí recibió la bolsa con los 300,000 quetzales en efectivo y contó solo una parte, 100,000 (unos US$12,800). En su declaración confirmó que sabía que sería grabado, que los fardos de 200 quetzales tenían un cintillo del Banco Industrial, lo que según la defensa, demuestra que el dinero tenía origen lícito.
La grabación de este encuentro, que duró unos 20 minutos, fue reproducida en la audiencia, donde la defensa cuestionó la metadata, ya que tenía una fecha de modificación posterior al día en que ocurrieron los hechos. En el juicio también se escuchó el día de la reunión, Chinchilla bromeó con los extrabajadores del medio, y al despedirse les dijo:
—Están servidos, si se portan mal me avisan
Chinchilla dijo que le entregó el sobre con el dinero a García Navarijo.
Al salir de la oficina, el mensajero llegó a una agencia del Banco Industrial ubicada en la Calzada Roosevelt e intentó depositarlo. Allí la agente de la caja cuatro le notificó que la cuenta estaba inactiva. La joven también fue citada a declarar en el juicio.
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Durante el interrogatorio hecho al mensajero, la fiscal Monterroso le cuestionó si alguna otra vez estuvo en una reunión similar. Respondió que un día, no recordó la fecha, él y Roberto Vicente llevaron 150,000 en efectivo (unos US$19,200) a una tienda de accesorios deportivos ubicada en un pequeño centro comercial. Allí contaron todo el dinero, él entregó una factura y recibo de caja y le entregaron un cheque.
Se queda sin uno de sus abogados
En menos de un año desde que fue capturado, Zamora perdió a seis de sus abogados; cuatro fueron capturados, y dos de ellos fueron condenados por obstrucción de la justicia y dos más siguen en prisión; otro más se fue del país.
El más reciente fue Ricardo Sergio Szejner, quien ejercía la defensa durante el juicio junto a Patricia Guillermo de Chea. En el quinto día del debate, la abogada anunció al Tribunal Octavo que su colega no continuaría en el caso porque sufrió de arritmia cardíaca y que no podía seguir sometido a presión, sino reposar completamente durante un mes.
Con esto, Zamora se quedó en el juicio solo junto a Guillermo de Chea, a quien el Tribunal le ha llamado la atención constantemente por su uso de las técnicas para interrogar a los testigos. El periodista se sienta detrás de ella y en muchas ocasiones él toma la palabra para hacerle peticiones al tribunal y preguntas a quienes declaran. Pero esta situación ha incomodado al Tribunal.
«Usted tiene el derecho de preguntar a los testigos, pero señor José Ruben Zamora, coordine con sus abogados porque no le voy a estar dando la palabra a los tres. La ley dice que si hay 100 abogados defensores, en el debate solo pueden haber dos y puede preguntar uno», dijo la jueza Oly González.
Mientras más avanza el juicio, Zamora se visualiza condenado. En una entrevista hecha momentos antes de que empezara la audiencia, el periodista dijo que llevará su caso a cortes internacionales.
«Estoy convencido de que antes de que termine mayo, en uno de los casos judiciales más rápidos de la historia de Guatemala, voy a ser sentenciado; aunque demuestre la trazabilidad del dinero, voy a ser sentenciado. Hasta que (el caso) llegue a una corte internacional, en unos seis o siete años, tengo chance de ser declarado inocente», dijo.
elPeriódico constantemente denunció que las y los integrantes de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, fueron electos bajo componendas en el Congreso, que al no votar por los nuevos magistrados, ha permitido que los actuales continúen en sus funciones tres años más que el mandato establecido en la Constitución.
Zamora sigue firme en asegurar que los 300,000 por los que lo acusan, son lícitos, ya que 265,000 quetzales contaban con cintillos que prueban que venían del Banco Industrial.
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