Los tres frentes abiertos que tiene el MP contra lo que queda de las elecciones
Los tres frentes abiertos que tiene el MP contra lo que queda de las elecciones
La visita a Guatemala de la máxima autoridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), implicó una desaceleración en la maquinaria del Ministerio Público contra el proceso electoral. Sin embargo, la fiscalía sigue engrosando al menos tres expedientes, cuyas investigaciones siguen su curso.
«Nos saludamos», dijo la magistrada Elizabeth Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de que el lunes 7 de agosto la institución se reunió con Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP), para discutir el plan conjunto de trabajo para el próximo 20 de agosto, día en que se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala.
A partir de la primera vuelta del pasado 25 de junio se generó una tensión entre ambas instituciones: el MP centró sus acciones en el trabajo del Tribunal, allanó sus oficinas en dos ocasiones, una de ellas con armas y pasamontañas, giró una orden de captura contra uno de sus funcionarios e hizo más de trece solicitudes de información relacionadas a diferentes casos electorales.
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La gestión de Porras en el MP, electa por el expresidente Jimmy Morales y renovada en el cargo por el presidente Alejandro Giammattei, es cuestionada dentro y fuera de Guatemala y le ha costado perder el apoyo de Estados Unidos, que la sancionó a ella, a uno de sus secretarios y a dos de sus principales fiscales.
Por su parte, la magistrada Palencia denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) que le preocupaba la judicialización del proceso y que se pusiera en riesgo la segunda elección. El MP insistió en diferentes comunicados que no obstaculizaría las elecciones del 20 de agosto, mientras continúa engrosando los expedientes relacionados a este proceso.
Estos son los detalles de los casos abiertos y cómo han avanzado:
1. El caso contra el partido Movimiento Semilla
En 23 oportunidades la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, le negó a los abogados del partido Semilla tener acceso al expediente de investigación, pese a que fue la misma organización política la que en 2022 presentó una denuncia por supuestas irregularidades en la afiliación de simpatizantes al partido.
El caso contra Semilla inició en 2022, luego de que Rodrigo Rodas Sánchez, exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Unionista, denunció haber sido afiliado sin su consentimiento a esta organización. Semilla presentó su propia denuncia para que se investigara el hecho.
El caso inicialmente estuvo en la Fiscalía de Delitos Electorales y en marzo de 2023 fue trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) a cargo de Rafael Curruchiche, quien aseguró que la investigación les tomó un año.
En una conferencia de prensa a la que solo fueron citados dos reporteros, Curruchiche dijo que su equipo contactó a personas que aparecen en el mismo listado de adhesión que Rodas Sánchez, y que al menos nueve de ellas dijeron al MP que «su firma y letra fueron falsificadas». El fiscal asegura que tiene indicios de que al menos 5,000 firmas fueron falseadas pero no dio detalles de cómo se llegó a esa conclusión.
Según Curruchiche, en 2018 el mismo TSE detectó a las personas fallecidas en los listados de Semilla pero no envió una denuncia al Ministerio Público, por lo que dijo que «revisaría quiénes eran las autoridades en ese momento porque podrían haber cometido delito de omisión de denuncia»; una nueva advertencia para el TSE.
Juan Gerardo Guerrero Gárnica, abogado de Semilla, dijo que están siendo objeto de «judicialización y criminalización», pero que las acciones ya no solo están orientadas al partido sino también a las autoridades electorales.
«Hemos observado acciones donde el ataque no es solo contra nuestro partido. Se nos sigue negando el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, hemos observado cómo ha aumentado el ataque al TSE, digitadores y voluntarios que participaron en las primera votación. Es decir, este es un ataque sistemático contra el proceso electoral», señaló Guerrero.
Actualmente, el partido prepara acciones legales por la falta de acceso al expediente y está pidiendo en el juzgado de Fredy Orellana ser adherido al caso. Guerrera dijo que hasta el momento solo han podido obtener las grabaciones de audiencias entre Orellana y la fiscal Cinthia Monterroso, donde habrían referido que el partido está cometiendo «obstrucción a la justicia».
Pese a las restricciones legales sobre quién puede ver un expediente del MP, Curruchiche le mostró parte de los documentos del caso contra Semilla a Luis Almagro, Secretario General de la OEA durante su visita a Guatemala, en la que tras días de reuniones entre diversos sectores, anunció que tendrá una misión de observación instalada en el país hasta el 14 de enero de 2024, día en que tome posesión el siguiente gobierno.
2. Los programas de transmisión de datos
En la Fiscalía de Delitos Administrativos hay una investigación abierta por una denuncia contra la adquisición del sistema informático de transmisión de datos a la empresa Datasys, Sociedad Anónima y Podernet, Sociedad Anónima.
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La denuncia fue presentada por Guatemala Inmortal, un grupo de extrema derecha, y es uno de los casos donde el MP ha solicitado información al TSE.
Ambas empresas se aliaron para recibir un contrato de parte del TSE por 148 millones 850 mil quetzales para transmitir los datos preliminares de las elecciones.
3. La denuncia del partido Valor
El pasado 29 de junio, cuatro días después de la primera vuelta electoral,
Jaime Hernández, abogado de Valor, partido de la excandidata presidencial Zury Ríos, presentó una denuncia por supuestas irregularidades detectadas en actas electorales, específicamente contra miembros de las Juntas Electorales Departamentales (JED) y Junta Electoral del Distrito Central (JEDC).
De esta denuncia derivaron diligencias de la Fiscalía de Delitos Electorales, entre ellas las solicitudes al TSE de dar los nombres de los digitadores que participaron en la primera vuelta electoral del pasado 25 de junio. Además el MP requirió los nombres de los integrantes de las Juntas Electorales Municipales y del Departamento de Guatemala.
Esta información fue entregada por el TSE la primera semana de agosto. Los fiscales también realizaron una diligencia en el TSE para obtener una copia certificada de cada una de las 122,293 actas donde constan los resultados de cada centro de votación.
Hernández dijo a Plaza Pública que «no quería dar detalles de su denuncia», y se molestó al escuchar las preguntas: «Usted no me puede cuestionar a mí, yo soy abogado. Sus preguntas son válidas pero no le puedo responder», enfatizó.
Palencia, la presidenta del TSE, ha dicho que este caso podría afectar la participación de digitadores e integrantes de las juntas electorales durante la segunda vuelta de votaciones.
Otros procesos
La Fiscalía contra Delitos Electorales tiene, además, una denuncia relacionada a posibles anomalías en el manejo del sistema Trep (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y también una denuncia por la omisión del logo del partido Creo en la papeleta para la alcaldía de San Miguel Petapa.
Además de estos casos, hay una persona que está ligada a proceso penal por los delitos de coacción al elector y lavado de dinero, por supuestamente llevar 50,000 quetzales el día de las elecciones para repartirlo entre votantes.
También, el Ministerio Público apeló la falta de mérito contra otras diez personas detenidas por supuesta turbación al acto eleccionario por los disturbios registrados en el municipio de San Martín Zapotitlán, donde se ordenó la repetición de la primera vuelta.
Mientras tanto, la OEA concluyó su visita en Guatemala con la presentación de un informe liderado por el secretario general, Luis Almagro, en el que además de describir la crisis política en el país, anunció que una misión acompañará la segunda vuelta y se quedará hasta el 14 de enero, día en que Giammattei entregue el cargo.
«La excesiva judicialización durante los procesos electorales es común en Guatemala. La misma ha sido utilizada en muchos casos para atacar e intimidar. Si bien esta elección fue menos violenta que otras, al crimen organizado le interesa las elecciones a nivel nacional y local. Le interesa toda la inmunidad que pueda obtener», dijo Almagro.
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