Salvo excepciones, las empresas eléctricas municipales son mal gestionadas porque imperan los intereses políticos, de manera que, por su mala administración, han ido incrementado sus deudas con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
El caso paradigmático es la de Quetzaltenango, la cual suma poco más de la tercera parte del monto reclamado por el generador, pues sistemáticamente se ha negado a pagar. En ese sentido, desde 2009 sus autoridades se han heredado el argumento de que el INDE les cambió las reglas y han pretendido que la relación comercial corresponda a los costos de la séptima década del siglo pasado.
De las 16 empresas eléctricas en operación, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República busca favorecer a la mencionada y diez más: Gualán y Zacapa cabecera; Jalapa; Puerto Barrios, Izabal; Guastatoya, El Progreso; Retalhuleu; Santa Eulalia y Huehuetenango, cabecera; Playa Grande, Quiché, y San Pedro, San Marcos.
Al respecto, el alcalde de Quetzaltenango Juan Fernando López Fuentes, califica de impagable lo que se debe, por lo que es uno de quienes acuerpan la intención de la sala parlamentaria presidida por el exjefe edil de Ipala, Chiquimula, Esduín Javier. «Ni en mil años las comunas podrían pagar», afirma, por su lado, el ahora legislador.
Repleta de demagogia y sofismas, la iniciativa 6349, entre otros argumentos incluye que con la condonación las comunas estabilizarán sus finanzas. También que se destinarían recursos a áreas prioritarias, servicios sociales y básicos, infraestructura, fomento de las relaciones público-privadas y habría una atención financiera más sólida (sic). En esencia, resulta que, si el engendro se concreta, los ayuntamientos empezarían a hacer lo que deben hacer desde siempre.
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Vale apuntar que el trámite para aprobar una ley comienza con presentar la iniciativa en la Dirección Legislativa, la cual la lleva al pleno para su lectura y traslado a la comisión respectiva. El tercer momento es la emisión del dictamen. La aduana siguiente se divide en tres debates hasta llegar a la discusión y aprobación por artículos y redacción final, fase en la que cualquier congresista puede proponer enmiendas. Ya como decreto es enviado al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto; de ser sancionado debe publicarse en el Diario de Centro América para que entre en vigencia ocho días después, a menos que la misma ley reduzca o amplíe el lapso. Por cierto, las discusiones pueden reducirse a una de declararse la propuesta como urgencia nacional.
No cabe duda de que las empresas eléctricas municipales son manejadas con visión clientelar y discrecional, lo cual redunda en una mala administración traducida en comportamiento tipo Don Ramón del Chavo del 8. Al comprar al proveedor, vender al cliente y no pagar lo adquirido han causado dificultades al INDE y golpeado al sistema eléctrico.
Como los años han transcurrido, la deuda sigue elevándose. A los Q1,700 millones de Quetzaltenango se añaden los Q205, Q376 y Q533 millones que deben Jalapa, Zacapa y Puerto Barrios, respectivamente, las cuatro que dominan la mora. Es muy probable que el diputado Javier emule a un profeta, pero mientras tanto, la condonación sería un premio y monumento a la desfachatez.
Bien harían las corporaciones ediles en honrar compromisos o, por lo menos, promover salidas que no impliquen matar a la gallina de los huevos de oro y la Comisión de Asuntos Municipales no zarandear la piñata, que es como tratan al INDE.
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