La iniciativa de Infraestructura Vial: un parche con muchas brechas y remiendos

La improvisación que caracteriza los diseños institucionales y legales dentro del Congreso de la República debería motivar al Ejecutivo a presentar iniciativas integrales. Además, debería aprovechar las diversas propuestas que permanecen engavetadas en el propio Congreso o que han sido poco discutidas en los círculos académicos, los centros de pensamiento y el mundo tecnocrático, racional y meritocrático; un ámbito, dicho sea de paso, cada vez más escaso en América Central.

Concentrémonos hoy en las adquisiciones estatales, que están en crisis total debido a la existencia de firmas constructoras de quinto patio, debilidades marcadas en el Código de Comercio, abundancia de empresas de cartón y fuera de plaza (offshore), y la presencia de una Ley de Contrataciones que, tras las reformas implementadas luego de los movimientos conocidos como La Plaza, ha resultado aún más engorrosa y deficiente. Todo esto en fechas posteriores a la salida por la puerta de atrás de la pareja presidencial Pérez Molina-Baldetti.

Ante la ausencia de  propuestas de reforma integral los parches van y vienen. El medio eP investiga ha sido insistente en advertir sobre intenciones de cambios al reglamento de la Ley de Contrataciones y otras maromas. En el más reciente Pelex, manifiesta «¿Quiénes son los asesores del diputado de Cabal, Julio Héctor Estrada, que, encantando serpientes, siguen la agenda (de la Muni) de reformar la Ley de Contrataciones para eludir el fraccionamiento en las adquisiciones? Por cierto, eran escoltas en business malhabidos del Sipi»

Ya en una oportunidad anterior, el mismo Pelex había advertido sobre un intento de reforma por parte de ciertos sectores académicos interesados en agilizar las fases de diseño, factibilidad, construcción y mantenimiento de proyectos, tomando como ejemplo el Proyecto Puente Belice II. Este proyecto ha sido impulsado por diversos grupos de interés que se han alineado con el plan previo del giammatteiato denominado Guatemala No se Detiene.

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Al respecto, debe advertirse que todos estos grupos, principalmente corporativos, interesados en el impulso de los grandes proyectos de inversión  pública, no dejan de tener razón en desesperarse de lo engorroso, kafkiano, formalista y, hasta cierto punto estúpido, de las contrataciones del Estado, de las licitaciones y procesos de adjudicación. Sin embargo, desde los tiempos de Álvaro Arzú, las soluciones parciales como los fideicomisos, fondos paralelos, uso de ONG's (como el mal recordado Proyecto Fraijanes II) y, más recientemente, la iniciativa SIVIAL, no son más que parches que descreman la estructura estatal y crean figuras paralelas que complejizan y denigran el rumbo de un verdadero ambiente institucional y democrático basado en el mérito dentro del Organismo Ejecutivo.

Recuerdo, como si fuera ayer, la discusión de la primera iniciativa de la SIVIAL, que ahora ya se encuentra en su segunda lectura en el Congreso, realizada en Radio Infinita, donde este escribiente fue invitado. En esa ocasión, sugerí que, para empezar, se eliminara el articulado que disponía que todo el funcionariado de la nueva institucionalidad SIVIAL no estuviera sujeto a las disposiciones del Servicio Civil. Ello porque se pensaba, y se sigue pensando, crear un cuerpo paralelo, al lado de la Dirección General de Caminos, con honorarios, sueldos y demás por arriba de los que se ubican en la Administración Central. (Así le llama la clasificación presupuestaria a las entidades del Gobierno Central.).

Este modelito, que se inició con el diseño de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) implicó, y sigue implicando, que funcionarios y personal administrativo de todos los estratos migren desde los ministerios a este tipo de entidades paralelas. Las entidades públicas por crearse por medio de la SIVIAL, son entonces paralelas a las de la administración central. Estas últimas con sueldos y pensiones que muestran una brecha grande con respecto a las nuevas.

Y resulta ser que la famosa SIVIAL es una ley que permitirá circunvalar los caminos engorrosos de la Ley de Contrataciones, pero en otros tipos de infraestructura y adquisiciones seguirá conviviendo con sistemas obsoletos. El cambio entonces debería ser integral y, por lo menos, las más altas autoridades del Ejecutivo deberían, cuanto antes, plantear iniciativas integrales. Ello podría ser efectuado con la ayuda de numerosas fuentes de cooperación externa que ya trabajan, y toman ventaja, de la mediocridad de las adquisiciones chapinas, cobrando, por supuesto, una buena comisión de por medio.