Abelina Cruz Toscano, Mynor Moto, Jimmy Brener, Víctor Cruz, Fredy Orellana vienen avanzando en pista rápida en la limpieza de sonados casos de corrupción. Ante ello, ya gozan de libertad y más impunidad: Manuel Baldizón, Gustavo Alejos, Alejandro Sinibaldi, Otto Pérez Molina, Luis Fernando Pérez, Saraí Villavicencio y otras joyas más.
Insisto, todo ello va en pista rápida, con un futuro incierto en las comisiones de postulación, los recambios en el Congreso y los avances en las relaciones internacionales de Bernardo Arévalo. Hoy en día, hay algo que los tiene nerviosos: la posible continuación de los demócratas en el poder en los Estados Unidos.
Mientras los distractores y el desfile de kakistócratas se suceden en el campus de la Universidad Rafael Landívar, los jueces de la impunidad avanzan en sus vergonzosas resoluciones, liberando incluso a los hampones del Banco de Los Trabajadores. En una reciente resolución, se argumentó que el delito de peculado solo puede aplicarse a funcionarios públicos, sellando así también el proceso de Manuel Baldizón.
Por haber estado muy cerca del sector salud en tiempos recientes, el caso de los negociantes de la salud, con Gustavo Alejos a la cabeza de muchos de ellos, es algo que realmente me ha impactado como escribiente.
Muy bien recuerdo a Roberto Kestler, como un ferviente súbdito de Sandra Torres y Álvaro Colom, acudiendo a mi persona para recibir apoyos del Banco Centroamericano de Integración Económica y alimentar bibliotecas escolares en su natal Chimaltenango.
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Además, muy pegado al proyecto PROCHISOTOTO, en donde recibía solicitudes de los comunitarios para trasladarlas a un potencial protocolo de proyectos rurales. Mientras todo ello sucedía, se aprovechaba de su paso por la Comisión de la Salud en el Congreso para hacer transas con la parentela del exministro Villavicencio, acompañado de la exfigura presidencial riosmontista, Luis Fernando Pérez, quien además fue titular de la Junta Monetaria, elegido por el Congreso, en el período 2006-2010.
Resulta ser que en agosto, la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, desarrolló la audiencia de apertura a juicio en contra de 14 implicados en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud. A lo largo de estas nuevas audiencias se observó la marcada inacción del Ministerio Público, luego de un enérgico proceso en contra de los acusados, emprendido por Juan Francisco Sandoval y la extinta CICIG. Este caso evidenció cómo se sustrajeron cerca de Q50 millones a través de plazas fantasma y el cobro de sobornos por construcción y remozamiento de hospitales.
Previo al inicio de esa etapa del caso, y sin que el MP haya iniciado con la descripción de los presuntos hechos de corrupción, la jueza negó la incorporación del informe de Análisis de la Dirección de Evaluación y Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) identificado como DEAC-2018-127. La jueza se valió de la tardanza y negligencia de Curruchiche, muy ocupado en otros menesteres, incluso de índole electoral, en contra del Partido Semilla.
Luego de las parcas acciones de MP y Corte de Constitucionalidad, la jueza Abelina Cruz Toscano decidió el sobreseimiento para siete sindicados en el caso mencionado, incluyendo a un sobrino de Otto Pérez Molina y la presunta líder de la estructura, Cándida Saraí Villavicencio Delgado. Siendo además una resolución que, por conexiones, favoreció al exdiputado Galdámez, también excandidato presidencial sucesor del partido del payaso Morales y, por supuesto, a Luis Fernando Pérez.
El caso fue divulgado por la CICIG en julio de 2019. Se solicitaron 29 órdenes de aprehensión y 84 citaciones. La estructura criminal comenzó a operar durante la gestión de Jorge Villavicencio en el Ministerio de Salud (2012-2014), mediante cobros ilícitos por la construcción y remozamiento de hospitales, adquisición de bienes y servicios, y la contratación de 450 plazas. Los principales articuladores fueron Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez, con el apoyo de los diputados Boris España, Roberto Kestler y Estuardo Galdámez. Se registraron más de 50 eventos irregulares aprovechando los estados de calamidad pública.
Es increíble enterarse de que la hija del ministro, Saraí, era quien organizaba las juntas de licitación, y nadie dijo nada al respecto en su momento.
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