El pasado lunes ha salido publicado en el Diario Oficial el Decreto 18-2024 que, según fuentes de tal recinto, es un reconocimiento a la dignificación de los más de 109 mil extrabajadores del Estado. La iniciativa pasó con el voto favorable de 129 diputados, siendo que en 36 años no había tenido modificación alguna de mayor consideración. Lo más destacado de esta, según las propias fuentes del Congreso, es que desde ahora los pensionados recibirán mensualmente pensiones no menores al salario mínimo no agrícola vigente, que hoy en día ascienden a Q3,634.59, y llegando las máximas a un pago de siete mil quetzales.
Se agrega también que, cada cuatro años deben hacerse revisiones, y que ello le corresponde a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), a la Contraloría de Cuentas y al Ministerio de Finanzas Públicas. Además se establece un aumento de mil quetzales a todos los jubilados.Tal decisión resulta tan controversial como la relativa al salario mínimo, las negociaciones salariales y temas similares, que suelen generar urticaria en el sector privado. La teoría económica moderna sostiene que se trata de un costo adicional que impacta la productividad de las empresas y, por ende, a los dividendos.
La reforma contenida en el Decreto citado es, sin duda, controversial, ya que proviene de un gobierno con numerosos enemigos en el sector de derecha del espectro político. Desde ya, intelectuales orgánicos de estos grupos advierten sobre una inminente crisis fiscal, atribuida a esta y otras iniciativas similares.
Llama la atención, en este sentido, la columna publicada en Prensa Libre, escrita por José Alejandro Arévalo, exvicerrector admitivo de la Universidad Rafael Landívar, titulada «El dilema de las clases pasivas civiles del Estado». Es relevante señalar que José Alejandro Arévalo también tuvo presencia en Plaza Pública en un pasado reciente, lo que hace valioso analizar sus criterios, que, supongo, se buscaban generalizar en diversas fuentes del periodismo independiente e investigativo.
De acuerdo con don José se suman a este beneficio un número de 109,427 jubilados. Quienes estarán sosteniendo esta reforma, por el momento, son los contribuyentes y el total de trabajadores del Estado que pagan IGSS, que en estos momentos asciende a 387,668.
Vale aclarar que tales trabajadores cotizan a un Montepío, administrado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC)y a la vez al programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) del IGSS. Al mencionarse esta última entidad descentralizada, bien podemos imaginarnos que, a futuro, bien merece la pena una discusión renovada sobre el rediseño de la reforma previsional guatemalteca, que abarque a los trabajadores del sector público y a los del privado.
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Además, conviene recordar que dentro del IGSS no se han ajustado los montos de las pensiones desde 1995, un tema que provoca escozor en la Junta Directiva cada vez que se intenta abordarlo, especialmente ahora que están tan ocupados en favorecer y regular en beneficio de algunas droguerías muy conocidas. Para ellos, este asunto resulta ser una discusión secundaria, ya que la entidad está bajo la amenaza de los riesgos que enfrenta su programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), el cual sostiene compras sumamente onerosas para un grupo reducido de afiliados, judicializados y protegidos por las altas cortes del país.
Pero sigamos con lo publicado por don José Alejandro. El columnista investigó que «en el proyecto de presupuesto para 2025 se contemplaron Q7.8 millardos para cubrir las clases pasivas del Estado», una cifra que, sin duda, deberá incrementarse para poder atender los beneficios actuales. Está claro que los aportes de los afiliados están disminuidos, lo que requiere de redimensionamientos de fondo, como la incorporación de un grueso rubro de profesionales que no cotizan y otros temas por el estilo.
El columnista citado atribuye una obvia ignorancia de los diputados. Conviene resaltar que él mismo fue diputado Unionista (2008-2014) y un alto asesor de la bancada de Alvaro Arzú. Además, menciona otras cargas relacionadas con beneficios a grupos poblacionales, como el de los veteranos militares, que obligó a un pago de Q36 mil y al aumento del rubro de beneficiarios. Está claro que, a diferencia de los veteranos, el Decreto que beneficia a los jubilados estatales es más que merecido.
Pero bien vale detenerse en los veteranos y en lo que acontece en el mundo de la previsión social. Resulta ser que la Constitución Política fue magnánima con lo relativo al régimen de servicio civil guatemalteco. Y ello porque respetó en demasía las autonomías de las entidades descentralizadas y de las empresas públicas.
Dos regímenes de previsión fueron víctimas de toda una piñata: me refiero al del IGSS y el de la Universidad de San Carlos. El primero, incorporó actitudes ventajistas de exdirectivos y extrabajadores y llegó a pensiones mayores a los Q30,000. amenazando la estabilidad de este. El segundo, en tiempos de Jafeth Cabrera, también llevó a posiciones ventajistas, tan comunes, desafortunadamente, en la Universidad de San Carlos. El fondo llegó casi a su quiebra y hubo de ser reformado.
Y eso que aún no hemos hablado del régimen de previsión de los militares retirados, ni del Banco de Guatemala, ni de la Superintendencia de Bancos, que encierran toda una serie de privilegios. Estos incluyen, además, altos seguros privados internacionales, en caso de que un empleado de alto nivel sufra un padecimiento que requiera asistencia de algún hospital houstoniano.
En fin, lo que tenemos claro es que en los regímenes de previsión persiste un desorden y variados privilegios. Es indispensable que, incluyendo a la Ley del Adulto Mayor, nos sentemos a revisar todo lo relativo a la política previsional guatemalteca. Y que conste que, en este asunto, el más interesado debiera ser el Ministerio de Trabajo y PREVISIÓN SOCIAL, que no se oye por ningún lado.
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