No hay futuro bajo este modelo

El pasado lunes, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de la República realizar la elección de magistradas y magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, para el período 2019-2024. Esta acción no solo es tardía, sino que, en el contexto en el que ocurre, es sumamente sospechosa, debido al interés que los grupos tradicionales de poder tienen en mantener el control del Estado, principalmente frente al arribo del nuevo gobierno.

La lista de la que deberán elegir a las magistradas y los magistrados es la misma de 2019, que está integrada por 26 candidaturas, de las cuales cinco tienen señalamientos en el caso Comisiones Paralelas, cuya investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, presidida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval, que en 2020 dio a conocer la existencia de una red que de forma criminal estaba operando para garantizar la elección de estos cinco candidatos.

Es a partir de esto que en 2020 la CC ordena al Congreso de la República elegir magistrados, sin embargo, esto nunca fue resuelto en el Congreso, debido principalmente al papel que el oficialismo tuvo para impedir que avanzara en la agenda legislativa. Es necesario señalar que la CC tampoco tomó acciones o una posición contundente ante ello en ese momento y es hasta ahora, cuatro años después, que reactivan el tema en medio de un contexto en el que hemos visto actuar al Estado colonial en esplendor, haciendo legal lo ilegítimo y viceversa.

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La desconfianza está completamente fundamentada y una vez más nada garantiza transparencia para esto que se avecina. Sabemos que no basta con confiar en las leyes, porque estas, junto con las instancias que las administran, están sujetas a una estructura de poder plagada de corrupción y servilismo, que se ha venido afianzando por décadas y en ello radica la complejidad de su remoción. La aplicación de la justicia está en manos de verdugos.

Cuarenta días de manifestación y movilización pacífica han transcurrido y el Estado colonial sigue necio en no remover a los malos funcionarios, a los cuales los pueblos y comunidades exigen su renuncia o su destitución del cargo. El Estado colonial no acciona en correspondencia a la voluntad ciudadana, sino que, por el contrario, insiste en responder únicamente a intereses espurios yéndose en contra del bien común. ¿De qué nos sirve un Estado como este?

¿Qué cambios a nivel de las Cortes podemos esperar si para empezar quienes las dirigen son criminales y descaradamente deshonestos? ¿Qué tipo de justicia nos espera si quienes la imparten no son ecuánimes, sino que son aliados, protectores o la encarnación misma de la criminalidad?

Estas preguntas tienen respuestas y son un recordatorio de que, para que las cosas cambien para la mayoría, el modelo necesariamente tiene que ser otro.